Argentina: La lucha contin�a

El mi�rcoles 9 de abril, el Congreso aprob� la Ley de Trata y Tr�fico de Personas. La pol�mica ley fue impulsada por el poder ejecutivo, luego que Estados Unidos (el gendarme del mundo) considerara a la Argentina como "pa�s en observaci�n", por no contar con una ley federal que reprima esta practica delictiva. El proyecto fue impulsado por el actual Ministro de Justicia An�bal Fern�ndez y defendida en el Senado y en el Congreso por la legisladora oficialista Vilma Ibarra.
El proyecto, ahora ley, fue fuertemente resistido por organizaciones feministas y sociales que luchan contra este flagelo, por considerar que no sirve para perseguir a proxenetas y tratantes, y mucho menos para garantizar los derechos humanos de las v�ctimas. Esto se debe a que la ley hace una diferencia entre v�ctimas mayores y menores de 18 a�os, debiendo las primeras probar que fueron enga�adas, violentadas, torturadas y/o abusadas. En este punto, la ley y sus impulsores caen en dos falacias: la primera, es suponer que puede existir alguna persona capaz de consentir su propia esclavitud; la segunda, en el caso de la prostituci�n, es creer que en un pa�s empobrecido (con m�s de la mitad de la poblaci�n bajo la l�nea de la pobreza), una mujer puede elegir libremente entre prostituirse o buscar otra forma de sustentar sus necesidades b�sicas.
Sin embargo la ley llega m�s lejos, al modificar el art. 145 del C�digo Penal, establece una sanci�n para quien "captare, trasportare o trasladare, dentro del pa�s o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas". Curiosamente, esta ley se "olvida" de aquellos que se benefician o quienes organizan esta situaci�n. En otras palabras, la ley protege a los organizadores de la trata de personas, sancionando solo a los que hacen el trabajo sucio. Por ejemplo, pueden ser sancionados los empleados de los burdeles pero no los due�os del negocio (ni los pol�ticos que los apoyan, ni la polic�a que se beneficia). Adem�s, la norma sanciona con una pena de 3 a 6 a�os a quienes realizan trata de personas mayores, cuando, de no existir la ley se aplicar�a el art. 142 bis del C�digo Penal que dice que "Se impondr� prisi�n o reclusi�n de cinco (5) a quince (15) a�os, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la v�ctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su prop�sito, el m�nimo de la pena se elevar� a ocho (8) a�os". En otras palabras, la ley de trata reduce la pena que se aplicaba hasta ahora para los mismos hechos.
Muchas de las mujeres en situaci�n de prostituci�n comenzaron siendo menores de edad y, por lo general, de forma gradual. Incluso muchas veces inducidas por la familia. Por lo general, los primeros proxenetas son novios o parientes y tambi�n sucede que son personas cercanas quienes las entregan a los tratantes. Si una chica de 16 a�os es entregada por un familiar a una red de prostituci�n y es rescatada reci�n a los 19 a�os cuando intentaban llevarla a Espa�a, esa joven es mayor de edad al momento de comprobarse el delito. Entonces la ley, �c�mo considerar�a esos 3 a�os previos de explotaci�n?
De hecho, es esta realidad de pobreza la que arrastra a miles de personas a manos de tratantes. Muchas/os acuden al llamado de trabajos que prometen un mejor futuro, y luego son introducidas en redes mafiosas de explotaci�n sexual o esclavizadas/os en talleres clandestinos de costura, por ejemplo. Adem�s, esta demostrado que el accionar de estas redes mafiosas no s�lo no se limita a la explotaci�n, sino que cuenta con la suficiente impunidad y capacidad operativa como para adem�s de secuestrar, enga�ar y torturar, da�ar a las familias de sus victimas.
Esta es una raz�n m�s para argumentar que en el caso de existir un "supuesto" consentimiento, �ste tiene una alta posibilidad de estar viciado. Pero tampoco estos argumentos fueron escuchados por los/as "representantes del pueblo", m�s preocupados por cumplir (con las necesidades del poder ejecutivo y con las normas internacionales), que en solucionar el problema de fondo. Un fondo en el que se debate la libertad y hasta la vida de much�simas mujeres y ni�as secuestradas en burdeles, de inmigrantes con ilusiones y sin papeles, mano de obra barata para la floreciente industria textil, entre otros/as.
"Los traficantes de personas, due�os y capataces de las redes de prostituci�n, amos y se�ores en talleres clandestinos de costura o calzado, de quintas u obras de construcci�n que prostituyen y esclavizan a m�s de medio mill�n de migrantes en todo el pa�s, pueden dormir en paz. Ya tienen una ley que los ampara, aunque aparente combatirlos. La ley votada por el Congreso Nacional concebida para reprimir la trata de personas es una manifestaci�n m�s del �como si� al que ya nos tienen acostumbrados.", expresa Gustavo Vera integrante de la Cooperativa La Alameda. En el caso de que se compruebe que una persona mayor fue enga�ada y violentada para luego ser esclavizada, las penas son �nfimas, apenas 3 a�os de prisi�n, lo que hace que sean excarcelables.
Para las organizaciones integrantes de la Campa�a "Ni una mujer m�s victima de la redes de prostituci�n", la ley establece que existe una "trata leg�tima: aquella en que estas circunstancias no puedan ser probadas, lo que convertir� a los tratantes en inocentes empresarios de la trata de personas, en esclavistas legales, aunque se demuestre que el fin que persiguen es la explotaci�n de la prostituci�n ajena, del trabajo esclavo o los dem�s previstos por la ley.
Informes recientes producidos por Naciones Unidas y la Organizaci�n Mundial del Trabajo, consignan que 4.000.000 de mujeres y ni�os en el mundo son victimas del "negocio" de trata. Am�rica Latina y el Caribe aportan 1mill�n 300 personas. En Argentina, una mujer puede ser vendida por 5.000 pesos o 150 pesos y aportan una ganancia anual de 15 mil d�lares. Queda claro que esta pantomima de ley contra la trata �que llega 59 a�os tarde porque la Argentina firm� en el a�o 1949 el Convenio para la represi�n de la trata de personas y de la explotaci�n de la prostituci�n ajena-, es s�lo un intento de cumplir con los requisitos de correcci�n pol�tica de la Casa Blanca y no el firme deseo de terminar con esta cat�strofe humanitaria considerada la esclavitud del siglo XXI.

Fuente: lafogata.org

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