Paro agropecuario
No al chantaje de la Sociedad Rural

Por una solución en favor de los trabajadores, los chacareros y el pueblo pobre
 
Corriente Praxis

El paro agropecuario está entando en su segunda semana. Se comenzó a sentir la escasez de carne y lácteos en los supermercados y las entidades del campo han insistido en que no levantarán los piquetes, aunque han comenzado negociaciones entre el gobierno y las entidades del campo. La oposición de derecha ha encontrado una trinchera política. El gobierno torpemente ha logrado un "frente unido" del pequeño productor y los terratenientes. Se necesitan medidas de fondo para distribuir la riqueza generada por las superganancias de la renta agraria y modificar de raíz la estructura agroexportadora sojera que se instaló en nuestro país desde los años 90, algo que el gobierno no ha estado dispuesto a encarar.
 
Un paro reaccionario
 
El motivo central del conflicto es la exigencia ruralista para que el gobierno dé marcha atrás con las retenciones móviles que comenzó a aplicar desde el 11 de marzo pasado. Aunque en los piquetes desplegados en las rutas la gran mayoría de sus integrantes son pequeños y medianos chacareros y aunque muchos de sus reclamos son justos, el contenido económico y político del paro agrario es la de impedir la redistribución de las extraordinarias rentas agrarias generadas por la conjunción del valor de los precios agropecuarios en el marcado mundial y la devaluación de la moneda local desde el año 2002. La combinación de ambos fenómenos ha permitido una expansión histórica de la superficie sembrada, de las toneladas de cosecha y exportación y del valor de las propiedades, que se triplicaron en pocos años y hoy pueden alcanzar en la zona fértil de la pampa húmeda a la friolera de 15 mil dólares por hectárea.

El gobierno ha tenido la torpeza de no distinguir entre los pequeños y grandes productores. Aún así, por efecto del aumento del 70% de los precios de la soja desde el mes de octubre, incluso los pequeños productores, con la aplicación de las polémicas retenciones móviles, ven incrementar sus ingresos de 231,4 dólares la tonelada en octubre a 282 dólares. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en ninguna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir nuevos records año tras año. En la cosecha 2006-2007 se superaron los 85 millones de toneladas. La última campaña llegó a 95 millones de toneladas y para la actual se esperan 100 millones. Los ruralistas se han beneficiado también por la licuación de sus deudas con la pesificación de las mismas en el año 2000, operación de rescate que pagaron el resto de los argentinos. Por ese motivo la deuda incobrable se redujo en estos años de más del 20 % al 2,2 %. En las empresas agropecuarias trabajan más de 300 mil trabajadores asalariados rurales en blanco con un sueldo miserable de 1200 pesos promedio y más de 700 mil trabajadores en negro que generan una cuota de ganancia mayor a las empresas agrícolas. Esta situación se ve favorecida por el modelo sojero que elimina puestos de trabajo y la riqueza agrícola de las regiones del interior.

El paro agrario se ha transformado también en una trinchera política de la oposición de derecha que pretende la liberalización de la economía, propugna por el retiro de cualquier regulación sobre los precios y los costos de producción y exige vía libre a los grandes grupos capitalistas del campo. Los Macri, Carrió, López Murphy y compañía son los abogados de una regresión política y social cuyo objetivo es el retorno al período previo al 2001.

Los cacerolazos que hemos visto los últimos días en la Capital y otros centros urbanos del país son motorizados por sectores altos de la sociedad y por la oposición de derecha que ya se había manifestado en las elecciones legislativas y en las presidenciales de octubre pasado.

Creer que cualquier movilización contra el gobierno es positiva y hay que apoyarla más allá del contenido político-social del que es portador, es un grave error que vienen cometiendo algunos sectores del espacio de la militancia de izquierda.
 
El carácter de las retenciones
 
Las retenciones que el gobierno elevó en los últimos días son un instrumento de política fiscal utilizada en muchísimos países para transferir rentas de un sector a otro de la economía y para orientar la producción estimulando determinados sectores y no otros. Son medidas progresivas. Pero son insuficientes para modificar de raíz la estructura primarizante y oligopólica del agronegocio. Aunque el gobierno hoy denuncia la sojización del campo, la realidad es que la ha incentivado porque de ella extrae parte importante del superávit fiscal y porque fiel a su filosofía de reconciliar al capital y al trabajo nunca pretendió ni pretende tocar la propiedad privada ni de la tierra ni de la industria ni de la banca. Tampoco modificó el sistema de intervención estatal y regulación. Ni siquiera fomentó la constitución de una junta nacional para el manejo de los precios de los granos y la carne. Al revés, favoreció la concentración oligopólica del negocio de los alimentos y de la exportación agropecuaria en pocas manos, con lo que su lucha contra la inflación se limitó a realizar acuerdos con esos grupos capitalistas y a manipular groseramente la metodología estadística del Indec.
 
Defensa del pequeño productor
 
La torpeza política del gobierno de Cristina Fernández de generalizar las medidas a todos los sectores sin diferenciar sectorial y regionalmente los impuestos e incentivos facilitó la unidad de todas las entidades y arrojó a la Federación Agraria en brazos del programa económico político de la burguesía terrateniente. Pero es una ficción creer que de la mano de la Sociedad Rural y la CRA, de los Grobocopatel, los Fortabat, los Cargill y Bunge y Born, los pool sojeros y las grades comercializadoras, el pequeño chacarero saldrá favorecido. El modelo de los grandes es el de la concentración de la producción y la propiedad. El micro y pequeño productor está condenado y lo estará más aún en el futuro a ser un arrendatario o a vender la propiedad, emigrar o asalarizarse. La Federación Agraria debe romper con los grandes capitalistas y terratenientes.
 
Para facilitar el fortalecimiento de las economías regionales diversificadas y la pequeña propiedad, hace falta tomar medidas básicas como la diferenciación de impuestos según región, tamaño y sector agrícola. Control estatal de los precios y la producción de insumos básicos para impedir la suba de precios que imponen las grandes firmas de agroquímicos y fertilizantes, precios sostén para asegurar rentabilidad mínima al pequeño productor. Promoción a la formación de cooperativas agrícolas para multiplicar la productividad, y otras medidas de fomento, aseguradas con fondos provenientes de las retenciones. Estas son medidas indispensables políticamente para ganar base social de cualquier proyecto popular que enfrente a la burguesía terrateniente.
 Combate a la inflación
 
Un combate eficaz al proceso de concentración, sojización y expulsión de la mano de obra en el campo no puede implementarse por el sólo efecto de una retención diferencial a la soja. Las retenciones han sido también un instrumento para frenar relativamente la suba de los precios de los alimentos, que en nuestro país son al mismo tiempo productos de exportación que en el mercado mundial han alcanzado los valores más altos desde 1845 y la base del salario que se deprecia con cada disparada. Es verdad que las retenciones permitieron subsidiar alimentos de la canasta básica como la leche, el pan o la carne. Pero de ninguna manera pueden ser la única medida pues se ha demostrado un instrumento débil para contener la inflación que orada los ingresos de los asalariados. Para ello se requiere un control mucho más eficaz, por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior que permite al estado fijar precios. También hace falta promover un sistema de industrialización de los productos agrícolas que permitiría incluir valor agregado y crear puestos de trabajo, algo que no hará por si mismo el "libre mercado" que promueven los grandes capitalistas. Requiere un plan nacional para desarrollar el ferrocarril, el petróleo y la energía barata, cuestión que exige la nacionalización de los recursos estratégicos. El gobierno que hoy denuncia a los grandes grupos del campo y su añoranza de los años 90 es el mismo que entregó y sigue entregando las concesiones petroleras y mineras a los grandes pulpos extranjeros y nativos que han saqueado los recursos naturales, que no han realizado nuevas exploraciones y han desatado una catástrofe ecológica sin precedentes en los pueblos mineros.

El modelo de desarrollo que se ha seguido hasta hoy lo grafica la orientación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que se ha transformado en un apéndice asesor de las multinacionales de granos y agroquímicos. Los puertos son privados y manejados por las multinacionales.
 
Distribución de la riqueza
 
Todas las medidas que graven las ganancias y la riqueza son potencialmente favorables a un proceso distributivo que revierta la lógica imperante en los años 90. Cristina Kirchner ha insistido en que ese es el objetivo de las retenciones. Pero la realidad es que el gobierno no ha impulsado una verdadera política redistributiva ni ha revertido la desastrosa situación de la salud y la educación públicas. El manejo de la deuda externa, la licuación de las deudas a los bancos y los grandes grupos económicos, así como la persistente precariedad laboral y reducción de los costos salariales han demostrado que a pesar de las tasas fenomenales de crecimiento la brecha social es escandalosamente grande, persiste la segmentación del mercado de trabajo y se conservan leyes laborales de los años 90 e incluso de la dictadura (justamente la de los trabajadores rurales).
 
Piquetes y cacerolas que no son las del 2001
 
Los medios masivos de comunicación han jugado un papel fundamental a la hora de fogonear los piquetes en las rutas y las caceroleadas en las ciudades. Cuando los trabajadores en lucha –ocupados o desocupados– apelan al piquete o a la huelga, llueven las denuncias sobre el avasallamiento del derecho constitucional a transitar, se nos alecciona sobre que el derecho de unos termina cuando empieza el de los otros, o se enfatiza en la falta de imaginación para formular otro tipo de protestas. Para la gran prensa y los partidos de la derecha vernácula los piquetes rurales o los cacerolazos de las clases medias que avanzan desde Recoleta, Belgrano y Palermo hacia el centro poseen siempre más legitimidad que la de los piqueteros sin trabajo, de los que se sospecha son violentos simplemente por portación de cara. El tractorazo tiene mejor reputación que los cortes de puentes de los maestros, en uno de los cuales fue asesinado brutalmente el maestro Fuentealba, ocasión que los medios periodísticos como La Nación no desaprovecharon para defender a capa y espada el desalojo de puentes y rutas. Estamos viviendo en tiempo real una ofensiva ideológica de la derecha más recalcitrante, que esgrimiendo al pequeño productor como excusa, ha extraído del arcón de los recuerdos las denuncias más extravagantes sobre el comunismo gubernamental, azuzó el revanchismo más gorila y aglutinó a toda la escoria social, desde los que reivindican a Videla y su dictadura militar hasta los grupos neonazis, sin olvidar que el "paro del campo" es también el trampolín para los que pretenden que Argentina rompa sus relaciones de amistad con Venezuela, para los que se oponen a que los milicos sean juzgados o que se dicte una ley legalizando el consumo drogas. En fin, ha servido para catalizar toda la fauna derechista, gorila y neoliberal que considera la más mínima medida progresiva como una afrenta a los valores cristianos y occidentales y un pecado de leso "autoritarismo".

Algunos sectores de izquierda se equivocan cuando creen ver en los actuales piquetes y cacerolazos un revival del 2001 o la apertura de una crisis que el movimiento popular pueda capitalizar como parte de una salida favorable a los trabajadores y los explotados.

Por nuestra parte tenemos muy en claro que nuestra delimitación con la política gubernamental no puede hacerse desde el lugar equivocado o mezclando las banderas históricas de la reforma agraria y la expropiación de los grandes terratenientes con la propaganda pro oligárquica del diario La Nación, la Sociedad Rural o el macrismo.
 
Por una salida popular a la crisis política
 
La crisis política abierta por la amenaza del paro agrario puede empujar al gobierno hacia una negociación en la que finalmente la retórica anti-monopolio, anti-sojización y de confrontación con la burguesía terrateniente quede en la nada. No hay que olvidar que si no fuera por la presión inflacionaria, el gobierno no hubiera tocado una política agraria que es continuidad con la ofrecida por los gobiernos precedentes.

Cristina Fernández propuso el diálogo si las entidades levantan el paro. Pero no queremos que detrás del diálogo se hagan concesiones a la Sociedad Rural y a los terratenientes que mantengan las estructuras oligopólicas del campo y no resuelvan el problema de fondo del pequeño productor, los chacareros y los trabajadores del campo. No se necesita dialogar con la Sociedad Rural sino con los pequeños y medianos productores y los trabajadores del campo y la ciudad para darle soluciones de fondo y encarar una política de distribución de la riqueza.

Para el movimiento popular y las fuerzas consecuentemente anti-imperialistas y anti-capitalistas se trata de desarrollar de manera consecuente la lucha por la reforma agraria, la distribución de la riqueza y el salario más allá de las disputas de coyuntura y la retórica vacía de un gobierno que no ha tocado los grandes intereses con los que dice confrontar.

Hasta ahora la conducción de la CGT ha defendido sin fisuras la propuesta gubernamental y ha empleado métodos patoteriles que muchas veces utiliza contra las corrientes opositoras en los gremios y que reciben el repudio masivo de la población. Hay que darle una orientación distinta a la política de la central sindical e impulsar junto a la CTA, los movimientos campesinos como el Mocase, el movimiento piquetero, las organizaciones de izquierda y todo el movimiento popular y llamando a la Federación Agraria a romper con la Sociedad Rural, un frente único para movilizarse en torno a un programa mínimo en defensa de las retenciones a la gran producción agrícola, retenciones diferenciales y fomento para la pequeña producción, constitución de juntas de granos y carnes para regular el precio, congelamiento del precio de los alimentos básicos, blanqueo de los trabajadores rurales en negro y aumento de salarios y expropiación de los grandes terratenientes.