El Fiscal Federal Nº 1 de Tucumán, doctor Emilio Ferrer, afirmó que en las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en esa provincia "no encontramos nada sobre los desaparecidos (como por ejemplo en el Pozo de Vargas)". También dijo, respecto de los represores que ejecutaron el genocidio (mandos medios) que "no se encuentran pruebas que los involucren directamente". El funcionario estimó que "si los imputados no relatan o aportan nuevos elementos, no se conocerá más de lo que ya hay en los expedientes".

Las declaraciones del Fiscal, formuladas al sitio web "PRIMERA FUENTE", de la Asociación de Prensa de Tucumán, reflejan la impotencia de la Justicia para esclarecer los miles de crímenes cometidos en esa provincia y desconocen las decenas de testimonios que identificaron a responsables del terrorismo de estado con grados, nombres y apellidos, circunstancias de los secuestros, lugares y personas que aplicaron tormentos a los prisioneros, etc.

Según Ferrer, "los genocidas han tenido mucho cuidado y han sido muy eficientes en borrar los rastros que dejaron". Con una candidez digna de otros menesteres, el Fiscal señala que "es muy difícil encontrar pruebas, (…) no hay colaboración o arrepentimiento por parte de los responsables y ni siquiera quieren declarar y si lo hacen dicen falsedades".

Mentiras y ocultamiento para lograr la impunidad

El Fiscal Ferrer miente y oculta verdades reveladas en los expedientes y desconoce testimonios que son públicos. También ignora las pruebas contenidas en la investigación llevada a cabo por la justicia española, que no dudó en pedir la captura de decenas de represores que cometieron crímenes en Tucumán y sobre quienes ahora dice que "no es fácil encontrar elementos probatorios de hechos que sucedieron hace 32 años".

Pareciera que el doctor Ferrer desconoce que la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, cuando condenó a los integrantes de la Junta Militar, probó la existencia de un plan sistemático para el exterminio. Y que estableció que la metodología empleada, si se investiga, permite esclarecer la función de cada uno de los jefes militares, sus grupos de tareas y sus cómplices civiles.

Un sobreviviente describió con lujo de detalles los varios campos de concentración donde fue sometido a tormentos e identificó con nombres, apellidos y grados a los integrantes del Servicio de Información Confidencial (SIC) que operaban en el campo de concentración que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán. Eso está en los expedientes girados hace más de 20 años a la Justicia por la Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia. Además, está publicado en un libro editado en España, con gran difusión en nuestro país y que se lo puede encontrar en varios sitios web.

Varias decenas de testimonios identificaron a los represores que actuaron en la Escuelita de Famaillá y en las bases militares que funcionaron en los ex ingenios Nueva Baviera, Santa Lucía y Lules.

Por lo menos media docena de testimonios relataron los horrores cometidos en el centro clandestino de detención conocido como El Reformatorio, lo mismo que en la Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad de Tucumán, identificando a varios represores.

Los sobrevivientes del campo de concentración y exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga identificaron a militares del Ejército, oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional y civiles integrantes de los grupos de tareas que secuestraron, torturaron y mataron centenares de prisioneros.

Una sobreviviente de este campo identificó con nombre y apellido al capitán del Ejército que comandaba un denominado "Grupo calle" que operaba desde allí, lo que fue confirmado por otro prisionero liberado que la justicia colocó en condición de testigo protegido. Este hecho es de suma importancia porque el Fiscal Ferrer se excusó en el caso ya que anteriormente había denunciado a este sobreviviente, acusándolo de haber cometido delitos dentro del campo, cuando estaba prisionero.

El Fiscal, en base a declaraciones de sobrevivientes del Arsenal, acusó a una ex desaparecida, la que fue encarcelada durante un año y medio, hasta que la Cámara Federal ordenó su libertad. Curiosamente, las declaraciones de esos ex detenidos sirvieron a Ferrer para acusar a la mujer, pero no lo motivaron para denunciar a los represores identificados en los mismos testimonios.

Tucumán, paraíso de los represores y sus cómplices

La provincia de Tucumán, proporcionalmente la más castigada por la represión militar, es la que exhibe el mayor grado de impunidad en el marco del genocidio cometido. Y no es casual que estas declaraciones de Ferrer aparezcan cuando un escándalo de proporciones, debido al reciclaje de elementos vinculados a la dictadura, envuelve al gobierno provincial.

La semana pasada el gobierno nacional impidió que asumiera como integrante de la Corte Suprema provincial un personaje que tuvo tareas de relevancia durante la dictadura. Se trata de un ex funcionario de la Fiscalía de Estado en tiempos de la gobernación del general Antonio Merlo. Casualmente, en esa repartición inició su carrera en el Estado el fiscal Ferrer, también en tiempos de la dictadura militar.

La Fiscalía de Estado cumplió un rol central durante la dictadura. Allí se elaboraban las "leyes" y decretos que permitieron vulnerar todas las normas constitucionales, tanto nacionales como provinciales. Allí también operaba un grupo de tareas que se encargaba de la investigación y seguimiento de causas escandalosas, tales como las detenciones masivas de ex funcionarios a quienes se encarceló durante años, sin probárseles ningún delito. En ese lugar se obtuvo, con amenazas, que propietarios de campos del interior tucumano "donaran" sus tierras para que los genocidas construyeran los "pueblos" Sargento Moya, Soldado Maldonado, Teniente Berdina y Capitán Cáceres. En realidad no eran otra cosa que las aldeas estratégicas que Bussi copió de los norteamericanos en Vietnam y a donde obligó a trasladarse a centenares de humildes jornaleros víctimas del Operativo Independencia