Argentina: La lucha contin�a
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V�ctimas de la dictadura, c�mplices de la Operaci�n Independencia
Marcos Taire
Un importante n�mero de dirigentes tucumanos, v�ctimas de la dictadura
militar que los detuvo, secuestr�, tortur�, encarcel� y en muchos casos los
desapareci�, fueron c�mplices de la Operaci�n Independencia, primer paso del
genocidio argentino.
En la madrugada del 24 de marzo los grupos de tareas militares y policiales de
Antonio Bussi realizaron centenares de operativos para allanar domicilios de
funcionarios y dirigentes del peronismo derrocado. Muchos de ellos pasaron a�os
en las c�rceles del "Proceso de Reorganizaci�n Nacional", sometidos a todo tipo
de vejaciones y tormentos antes de recuperar su libertad. Otros, los menos
afortunados, desaparecieron para siempre, asesinados en los campos de
concentraci�n diseminados en todo el territorio tucumano.
La mayor parte de esos dirigentes pol�ticos y gremiales, hasta el d�a antes de
comenzar sus suplicios, eran abanderados del sector m�s virulento del gobierno
de Isabel Per�n y hab�an apoyado y aplaudido la Operaci�n Independencia, que
desde hac�a m�s de un a�o ensangrentaba la provincia. Sus discursos y
declaraciones los mostraban como halcones de una cruzada anticomunista, en
muchos casos m�s agresivos que los propios militares.
"Mercenarios ap�tridas, sin Dios y sin bandera"
La Operaci�n Independencia, supuestamente ordenada para erradicar a un grupo
guerrillero instalado en la zona monta�osa del suroeste tucumano, militariz� la
provincia a partir del 9 de febrero de 1975. En realidad, fue el comienzo de la
aplicaci�n de la doctrina de seguridad nacional: los enemigos a aniquilar fueron
los sectores m�s esclarecidos y luchadores del movimiento popular y estudiantil.
Desde ese d�a, las fuerzas de tareas y los grupos operativos encapuchados, bajo
las �rdenes de un militar alienado, el general Adel Vilas, instalaron el terror
en el peque�o territorio tucumano y sembraron de cad�veres los campos, los
caminos y las plazas provinciales.
Dos campos de concentraci�n �Jefatura de Polic�a y Escuelita de Famaill�- fueron
las bases desde las cuales operaron d�a y noche las patotas, secuestrando,
torturando y asesinando a miles de tucumanos.
Un par de d�as antes de lanzarse la Operaci�n Independencia, el intendente de
San Miguel de Tucum�n, Carlos Mar�a Torres, acompa�ado de Vilas, inaugur� una
plazoleta que bautiz� con el nombre del extinto capit�n Humberto Viola,
ejecutado por el ERP el 1 de diciembre de 1974. El muerto integraba un grupo
clandestino de militares, polic�as y civiles que desde hac�a varios meses
operaba ilegalmente, deteniendo, secuestrando, matando y poniendo bombas casi
todas las noches, para crear el terror que necesitaban los militares como
justificaci�n para su intervenci�n.
Apenas iniciadas las "acciones" militares (secuestros, torturas, asesinatos,
desapariciones), las dirigencias pol�ticas y gremiales del peronismo gobernante
se lanzaron a una competencia para mostrar qui�n era m�s duro contra "el
extremismo y la subversi�n". El gobernador de la provincia, Amado Juri, afirmaba
el 12 de febrero que "la intervenci�n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra
la subversi�n ap�trida (�) ha encontrado el apoyo y la solidaridad del pueblo y
el gobierno".
El interventor del Partido Justicialista, Adolfo C�sar Philippeau, un ex
militar, saludaba la llegada del jefe del Ej�rcito, Leandro Anaya a Tucum�n,
expresando "solidaridad plena con el glorioso Ej�rcito Argentino en sus
operaciones contra la antipatria". No le iba a la zaga el presidente del bloque
de senadores provinciales del PJ, Ernesto Corbal�n, quien afirmaba que "ning�n
argentino puede estar ausente en la defensa de las instituciones amenazadas por
los elementos del caos y el crimen ap�trida". Su colega, el titular del bloque
de diputados provinciales del PJ, Juan Jos� Pino se enfervorizaba al destacar su
"total e incondicional apoyo (a los militares del operativo) en la lucha contra
la subversi�n".
La burocracia sindical peronista tambi�n jug� un papel significativo en la
construcci�n del enemigo, tarea imprescindible para concretar el genocidio. Un
documento difundido por la CGT Regional, con la firma del secretariado en pleno
(H�ctor P�rez, Juan Palavecino, Esther de Bulacio, Fausto V�lez y Horacio
C�ceres) no deja lugar a dudas: "adherimos fervientemente a la decisi�n de
nuestra Presidente de combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las
�ltimas consecuencias". Su colega de las 62 Organizaciones Peronistas, el
metal�rgico Florencio Robles fue m�s contundente a�n: "s�lo cuando eliminemos
los focos disociantes de nuestra nacionalidad podremos trabajar en paz y en
armon�a patri�tica". Robles, un caracterizado mat�n sindical, se alegra por la
presencia de un compa�ero de ruta al frente de la Operaci�n Independencia y
expresa sus "felicitaciones a nuestro comandante de la Quinta Brigada de
Infanter�a, general Adel Vilas por la firmeza y decisi�n en los procedimientos".
Y como no pod�a ser menos, los pichones de bur�cratas y matones de la Juventud
Sindical Peronista (Juan Acosta, Antonio Brito y Oscar Ch�vez) elogian la
carnicer�a desatada en la tierra tucumana, al decir que "deben desaparecer del
suelo patrio las minor�as al servicio de la anarqu�a y las ideas
extranjerizantes".
Hay que destacar que la dirigencia gremial peronista en pleno comprometi� su
apoyo a Vilas en una reuni�n efectuada en la Casa de Gobierno, lo que se
concret� a trav�s de denuncias y delaciones y de su seno salieron matones que
integraron las patotas secuestradoras.
El Partido Justicialista, con motivo de la festividad del 25 de Mayo de 1975,
publica una solicitada en los diarios locales. En ella se refiere a "min�sculos
grupos de extraviados" y elogia el accionar militar "para erradicar de nuestro
suelo a los elementos ap�tridas que intentan cambiar la gloriosa y pura ense�a
celeste y blanca por un trapo cualquiera".
Pocos d�as despu�s, el 29 de mayo, por la celebraci�n del D�a del Ej�rcito, el
gobernador Juri elogia a esa fuerza "al enfrentar con patri�tico valor a un
enemigo cruel y despiadado". Su colega Eduardo Posse Cuezzo, Presidente de la
C�mara de Diputados, se enorgullece de "la lucha que todos los argentinos
estamos librando contra los agentes de la subversi�n internacional", en tanto el
titular del Senado provincial., Gofredo Cuozzo, haciendo gala de una
religiosidad integrista propia de los momentos m�s oscuros de la historia de la
humanidad, afirma: "elevamos al alt�simo la devota plegaria para que proteja y
gu�e a nuestro Ej�rcito por la senda de la gloria, haciendo honor a la consigna
y tradici�n de vencer o morir por la rep�blica y despejando de su cielo la
borrasca de la antipatria". Este impresentable pol�tico tucumano lleg� a decir
que "San Mart�n vive en los generales que organizan la defensa y trazan la
estrategia que aplastar� al enemigo".
Como desde el primer d�a de la Operaci�n Independencia se denunciaba y se
conoc�an las arbitrariedades y los cr�menes de los militares, el gobernador Juri
sali� al cruce de quienes trataban de oponerse al genocidio, acus�ndolos: "la
m�s en�rgica repulsa por el tremendo desprecio que han demostrado hacia
fundamentales derechos humanos aquellos que declaman y reclaman esa protecci�n".
Adem�s, se pronuncia por "erradicar definitivamente del territorio nacional a la
violencia subversiva, ap�trida y criminal".
Obviamente, la virulencia del discurso oficial, en el que jam�s hubo una
invocaci�n a la paz y en cambio se incitaba a los represores a ser implacables
con los que hab�an osado desafiar el "estilo de vida occidental y cristiano",
sirvi� para cimentar la justificaci�n militar posterior de que los hab�an
enviado a Tucum�n a "aniquilar a la subversi�n".
El compa�ero general en su esplendor y apogeo
El peronismo tucumano en el poder compart�a muchas cosas con el criminal jefe de
la Operaci�n Independencia. Entre otras, la pertenencia a ese sector pol�tico.
Vilas se reivindicaba peronista y hab�a accedido al generalato y a la
comandancia de la Operaci�n gracias a sus vinculaciones en el seno del
peronismo. Adem�s, desde el comienzo de la Operaci�n Independencia el gobierno
nacional, a trav�s del ministerio de Bienestar Social le brind� millonarias
ayudas para "acci�n c�vica" y su titular, Jos� L�pez Rega le aport� una patota
que caus� estragos entre las barriadas humildes y en el interior tucumano. Hay
que recordar que, en el final de la dictadura, Vilas fue precandidato
presidencial del peronismo. Para ello se realiz� una reuni�n en una quinta en
Del Viso a la que acudieron numerosos dirigentes peronistas de primer nivel que
le manifestaron su apoyo para la nominaci�n. Sin embargo, un acto realizado en
el Luna Park marc� el final de sus aspiraciones pol�ticas: no fueron ni los que
hab�an compartido el asado con �l en la quinta.
Desde el comienzo de las acciones, el 9 de febrero, el Comando T�ctico de
Famaill� fue escenario de reuniones diarias de Vilas con lo m�s granado del
peronismo tucumano, a tal punto que muchos dirigentes se sent�an honrados y
exhib�an orgullosos su v�nculo con el jefe de la Operaci�n Independencia. No
s�lo eso: numerosos dirigentes visitaron la Escuelita de Famaill�, donde seg�n
el propio Vilas entre febrero y diciembre fueron atormentados 1567 tucumanos, la
mayor�a de los cuales fueron asesinados.
Cuando Videla, Viola y compa��a resolvieron desembarazarse de Vilas y anunciaron
su desplazamiento de la jefatura de la Operaci�n Independencia, el peronismo
tucumano en pleno �pol�ticos y sindicalistas- clamaron por su continuidad en el
mando. Y cuando se confirm� la partida, lo condecoraron. La gobernaci�n, con
Juri a la cabeza y las C�maras de Diputados y Senadores le colocaron medallas de
honor como premio a su desembozada criminalidad. Muchos de los que aplaudieron y
condecoraron a Vilas, despu�s conocer�an en carne propia la ferocidad represiva
de Bussi y sus secuaces, metodolog�a que hab�an elogiado hasta la groser�a.
Las v�ctimas, en su ca�da
La madrugada del 24 de marzo el gobernador Juri y todos sus ministros y
secretarios fueron llevados a los empujones a la Casa de Gobierno. All� fueron
obligados, en medio de insultos e improperios, a hacer entrega del poder.
Algunos no hab�an tenido el tiempo ni el derecho a vestirse completamente, al
ser arrancados de sus camas. Juri pas� un par de a�os en la C�rcel de Villa
Urquiza, de donde sali� con un inmerecido prestigio democr�tico.
Algunos de sus m�s estrechos colaboradores, como Jos� Chebaia y Juan Tenreyro,
fueron secuestrados y probablemente asesinados esa misma noche, aparentemente
porque sus captores quer�an adue�arse de valiosas propiedades que seg�n los
militares, eran mal habidas.
Los senadores Dardo Molina, Guillermo Vargas Aignasse y Dami�n M�rquez fueron
secuestrados y nunca m�s aparecieron. Ninguno de ellos pod�a ser acusado de la
m�s m�nima simpat�a con la izquierda, mucho menos con "la subversi�n".
El intendente de San Miguel de Tucum�n, Carlos Mar�a Torres fue detenido,
maltratado y encarcelado durante tres a�os. Igual suerte corri� el diputado
nacional Antonio Isaac Guerrero, lo mismo que los ministros Jorge Ra�l Mart�nez
y Carlos Prats Ruiz.
Hasta ahora, la Justicia est� en mora con la sociedad: lo �nico palpable es que
probablemente dentro de medio a�o comience el juicio oral a Bussi por la
desaparici�n de un senador, es decir, un crimen solamente en una provincia que
sufri� miles de cr�menes. Y lo �nico cierto es que la �nica persona que fue
llevada a la c�rcel por m�s de un a�o y medio es una ex desaparecida acusada de
haber cometido delitos cuando era prisionera en el campo de concentraci�n del
Arsenal Miguel de Azcu�naga.
La lista de las v�ctimas de la dictadura, que integraron un gobierno provincial
c�mplice del comienzo del genocidio -la Operaci�n Independencia- es larga y
dolorosa. M�s grande y vergonzosa es la lista de represores impunes: ning�n
militar, polic�a, gendarme o civil integrante de las patotas, fue llevado ante
la Justicia. Esa impunidad tiene estrecha relaci�n con la complicidad civil
iniciada en la Operaci�n Independencia: son muchos los que no quieren que se
sepa la verdad. Intereses pol�ticos y econ�micos han sepultado, por ahora, la
posibilidad de desentra�ar los cr�menes, todos los cr�menes, no solo una porci�n
de ellos, cometidos en la m�s peque�a de las provincias argentinas.