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        Argentina: La lucha continúa 
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Transformaciones económicas y dinámicas políticas después de la crisis (Parte I)
Introducción
Argentina se ha vuelto un quebradero de cabeza para los analistas políticos. 
¿Estamos viviendo acaso un "retorno a lo político" entendiendo esto como la 
vuelta al estado distribuidor, asignador de recursos, con su tonalidad nacional 
popular que retomaría los motivos y la tradición del peronismo del 73? Y además, 
¿hemos dejado atrás el período neoliberal abierto a comienzos de los años 90 
pero ya anticipado, preparado y aplicado desde el golpe militar del 76? En 
definitiva, que tipo de bisagra significó la crisis y rebelión popular del 2001? 
¿Qué cambios, o mejor, qué combinación de cambios y continuidades dan contorno, 
aún móvil y abierto, al nuevo patrón de acumulación, a las nuevas formas 
políticas aún en transición y a la nueva institucionalidad surgida de una de las 
mayores crisis que registra la historia argentina?
Seamos más directos. Nos preocupa entender qué tipo de gobierno y que tipo de 
Estado emergió de la crisis y que rupturas y continuidades podríamos enlazar con 
la historia de los últimos 30 años. Comprender los caracteres de la nueva 
hegemonía del capital puede contribuir a colocar en un terreno más seguro todos 
los problemas y desafíos que la izquierda radical debe encarar en el futuro.
Aquí sólo nos proponemos contribuir con algunos elementos, a modo de apuntes y 
anotaciones, una tarea ardua que hoy puede brindar algunas certezas y muchos 
interrogantes.
Tres son los elementos que desarrollaré y que se irán cruzando y ensamblando 
analíticamente.
1) El tipo de hegemonía que el bloque de clases en el poder ha logrado articular 
como respuesta a la crisis del 2001 en relación al "consenso negativo" o 
"hegemonía débil" que representaron los gobiernos de Menem y De La Rua y que 
abarcan los diez años que van desde la estabilización monetaria y el rumbo 
decididamente neoliberal desde 1991 hasta la crisis y caída del gobierno de la 
Alianza en diciembre del 2001.
Nos interesa comprender la fuerza combinada de un nuevo patrón de acumulación 
sustentado en la modificación de los precios relativos al que llamamos 
neodesarrollista, con las modalidades consensuales del ejercicio político, es 
decir las particularidades de un tipo especial de "bloque histórico" que resulta 
novedoso respecto a los períodos anteriores.
2) El contenido estructural que esta nueva modalidad hegemónica encierra en 
relación a los períodos anteriores, lo que nos permitirá comprender las bases 
estructurales, económicas, políticas y culturales que moldean su fisonomía y que 
en nuestra hipótesis la hacen muy distinta al período 45-76.
3) Por último y como consecuencia de los dos puntos anteriores, alumbrar también 
el papel distintivo de los sindicatos, de la clase obrera, y de las relaciones 
sociales de fuerza históricas y en consecuencia de las hipótesis estratégicas de 
rupturas anticapitalistas que deban perfilarse.
Los caracteres del nuevo ciclo
La crisis de autoridad de 2001, que también hemos denominado crisis orgánica, no 
se resolvió ni con algún tipo de ruptura sistémica de características 
anticapitalistas, ni con la ascensión de algún cesarismo, incluso uno progresivo 
bajo formas nacionalistas de izquierda como en el caso de Venezuela con la 
emergencia desde el 92 del fenómeno Chávez, ni bajo la forma histórica del golpe 
militar de derecha. Por diversos motivos ella lo hizo bajo formas de reciclado 
institucional gracias, entre otros motivos, a la capacidad de liderazgo del 
único partido con posibilidades de lograrlo, el Partido Justicialista 
(Peronismo), que volvió a mostrar sus credenciales como partido del orden y que 
supo reciclar en poco tiempo sus caracteres neoconservadores, neoliberales y 
pronorteamericanos hacia las banderas históricas de justicia social, 
independencia económica y soberanía política. Con ellas el nuevo gobierno 
inauguró una nueva etapa llena de consecuencias.
La canalización institucional de la eclosión financiera, la cesación de pagos, 
el impasse político y la concomitante rebelión popular, incluyó más de dos años 
de transición y en ella jugó un papel relevante la recomposición económica bajo 
modalidades totalmente diferentes al período previo. El sustrato de relaciones 
económicas nunca ha sido una base suficiente para cualificar el alcance 
hegemónico de cierta gobernanza. Sin ir más lejos períodos de crecimiento e 
incluso de desarrollo económico se ven acosados a menudo por crisis de 
autoridad. El régimen militar inaugurado por Onganía (1966-1973), por ejemplo, 
tuvo todas las características de ese tipo de disociación entre un auge 
económico vigoroso y la crisis creciente que lo corrompió, tanto entre 
fracciones burguesas como con la clase trabajadora, y su resultado fue la 
liquidación temprana del proyecto más ambicioso de reconstitución hegemónica del 
capital concentrado. Pero en el análisis sobre la capacidad regenerativa de la 
legitimidad social y política del gobierno de Kirchner (que en parte comenzó el 
anterior gobierno de Duhalde), la reconstrucción del sistema productivo y el 
crecimiento económicos han jugado un papel relevante, por lo que no es posible 
minimizar su alcance. Comenzaremos entonces por definir sus elementos 
fundamentales.
Transformaciones en el patrón de acumulación
A lo largo de lo primeros dos años de recuperación económica, los analistas 
creían que una expansión semejante era el producto de los típicos rebotes de una 
economía espástica de bruscos cambios de sentido. El crecimiento del PBI a tasas 
del 8 y 9 % y la evolución formidable de la manufactura parecía deberse a la 
capacidad ociosa y la demanda reprimida arrastrada desde la recesión iniciada en 
1998. Sin embargo, luego de aquel inicio la economía siguió creciendo, igual que 
los niveles de inversión y empleo. Se trataba de un cambio de mayor alcance que 
modificó en pocos años el patrón de crecimiento de los años 90. Su primera 
característica fue la de favorecer la recuperación de la industria, revirtiendo 
la tendencia desindustrializadora que lleva más de 30 años. Así, el esquema de 
acumulación amplía su base de apoyo, pues resultó un factor multiplicador del 
empleo y la inversión.
En un contexto latinoamericano de alto crecimiento empujado por el alto precio 
de los commodities, la Argentina tuvo la particularidad de impulsar, gracias a 
la devaluación, la producción industrial. La base de ese empuje estuvo dada por 
la devaluación de 2002, que permitió una transferencia de valor desde la fuerza 
de trabajo hacia el capital al modificar los valores relativos de las 
mercancías, lo que permitió la reducción de los costos laborales y el inicio de 
un ciclo de acumulación ampliada basado en un importante aumento de la tasa de 
ganancia. Además, la devaluación de la moneda al favorecer las exportaciones y 
desalentar las importaciones permitió altos niveles de superávit comercial, 
ingreso de divisas suficientes para acumular reservas y un relanzamiento de 
ramas de producción antes agonizantes como la textil y la metalmecánica. Los 
niveles de inversión, aunque no llegan a alcanzar a algunos países del sudeste 
asiático que alcanzan o superan el 30 % del PBI, sin embargo son históricamente 
altos, alcanzando en 2006 un 21,7%, por arriba de los niveles registrados 
durante la convertibilidad, aunque menor a los promedios del 23 % del PBI 
registrados entre 1969 y 1972. Los niveles más bajos de la tasa de interés 
respecto a los 90 contribuyeron a orientar las inversiones hacia sectores 
productivos. Dentro de ellos la adquisición de equipos para la producción se 
encuentra en sus máximos niveles históricos. Medido a precios corrientes estos 
niveles son aún más relevantes (CENDA, 2007a).
El gráfico 1 extraído del informe nº 3 del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Argentino (CENDA) muestra la curva entre 1958 y 2006 de la inversión bruta 
interna fija.
La construcción y el agro viven una expansión formidable. Incluso los servicios, 
con un retroceso relativo en su participación del PBI en relación a los años 90, 
siguieron creciendo. Los bancos sufrieron un proceso de reestructuración y 
gracias al rescate estatal de sus quiebras volvieron a obtener altas ganancias y 
a relanzar líneas de crédito a la producción y al consumo.
Ver Gráfico 1.
En los años 90 el anclaje cambiario sobrevaluado requirió de un permanente 
ingreso de divisas. En los primeros años gracias la venta de activos de empresas 
privatizadas e inversiones extranjeras y luego por la vía del endeudamiento 
externo. La devaluación del 2002 y la reestructuración de la deuda externa 
facilitaron, por lo menos a mediano plazo, un flujo inverso del capital dinero, 
repatriando capitales, disminuyendo la participación de la deuda respeto al PBI 
y favoreciendo una política de exportación y producción manufacturera interna.
La sobrevaluación cambiara de los 90 facilitó un ingreso de bienes de capital 
baratos que permitió un reequipamiento de las grandes empresas y capitales en la 
industria concentrada y el agro, mientras que los capitales más débiles y menos 
competitivos, sobre todo en el sector industrial quebraron, favoreciendo una 
concentración y extranjerización del capital nunca antes vista. Esto implicó un 
reemplazo de mano de obra por tecnologías capital intensivas. Además el tipo de 
cambio favoreció a los sectores de bienes no transables frente a los transables. 
Pero a medida que el impulso de la convertibilidad se fue agotando, que las 
condiciones del crédito internacional se hicieron muy duras a partir de la 
crisis del 97, y que el ancla cambiaria exigía aumentos de productividad como 
condición para sostener la competitividad externa, se hacía cada vez más 
perentoria una política deflacionaria y una extorsión creciente de plusvalía 
absoluta a una fuerza de trabajo fragmentada y segmentada pero que conservaba 
aún fuerza
organizada y grandes sindicatos. Es que las condiciones de un nuevo modo de 
acumulación se basaron en el funcionamiento más irrestricto de la ley del valor 
en la producción capitalista internacional y en la capacidad de una movilidad de 
los flujos del capital financiero hacia aquellas zonas y regiones con mejores 
posibilidades de valorización. La clase obrera argentina se vio así sometida a 
una competencia renovada en la arena internacional, habiendo perdido buena parte 
de las barreras que en el período previo permitían, si no aislar, sí reducir el 
impacto mediante leyes y regulaciones nacionales que protegían el mercado local 
y ciertas conquistas laborales.
En resumen: el esquema de acumulación de tipo neoliberal basado en la 
convertibilidad cambiaria sólo podía funcionar sobre la base de una política 
deflacionaria, crecientes niveles de desempleo y finalmente de reducciones 
salariales directas, tanto en el sector privado como en el estatal, que debía 
ajustar el déficit fiscal para alcanzar los compromisos con el FMI y renegociar 
los vencimientos de la deuda. En las contradicciones entre aquellas exigencias 
de valorización y la pérdida de legitimidad política que implicaban, algo a lo 
que nos referiremos más adelante, está la base de la crisis orgánica y el 
estallido económico, social y político del 2001. Pero lo que nos interesa 
retener por el momento, es la reversión actual de aquel ciclo, no sólo de una 
política cambiaria, sino de un esquema de acumulación: no se trata sólo de 
cambios en el esquema monetario sino lo que ellos traen aparejado desde el punto 
de vista de los sectores dinámicos de la producción, de los cambios relativos al 
interior del bloque de poder, de los flujos de dinero, de los niveles y sectores 
donde fluye la inversión, y de las nuevas condiciones laborales y de las 
relaciones de fuerza sociales que él trae aparejado.
Como consecuencia de la devaluación y la reducción del costo laboral, los 
primeros años experimentaron una dramática suba de la tasa de ganancia aún sin 
incremento de la productividad y fueron el motor del asombroso crecimiento de la 
economía. Esa tasa extraordinaria fue normalizándose en la medida que fue 
aumentando los salarios nominales y reales, aunque como demuestran los gráficos 
2 y 3, la masa de ganancias siguió creciendo y asegurando altos niveles de 
rentabilidad empresaria. Entre los más beneficiados están el agro y la 
industria, mientras que los servicios han perdido rentabilidad, aunque los 
subsidios estatales se han orientado a sostenerlas o impedir una caída mayor, 
sobre todo en servicios públicos y transporte (CENDA, 2007b).
Ver Gráfico 2.
Ver Gráfico 3.
Sin embargo, donde puede perfilarse el nuevo esquema de la economía es en la 
participación del selecto grupo de las 500 empresas líderes, que en los últimos 
años han aumentado su participación en el valor agregado casi en un 50%, 
acaparando un 23% del producto bruto nacional mientras en 1997 se alzaban sólo 
con el 14 %. En este esquema las pequeñas y medianas empresas deben transferir 
valor hacia aquellas empresas más concentradas y de alta productividad, 
resultado por completo diferente de las políticas económicas mercado internistas 
que en 1973 promovía el segundo y efímero gobierno peronista.
Este nuevo esquema favorece una política exportadora no sólo de bienes 
agropecuarios sino de productos industriales. Tanto las MOA (Manufactura de 
Origen Agropecuario) como las MOI (Manufactura de Origen Industrial) han 
incrementado su participación en el total de las exportaciones, aún si ellas 
muestran niveles altos de productos primarios o de bajo valor agregado.
En lo que respecta al mercado laboral éste ha visto un marcado descenso de todas 
sus variables en el período de la devaluación, para retomar el sentido alcista 
con posterioridad. En oposición al esquema convertible, en el período actual se 
ha incorporado una masa creciente de mano de obra mientras que el nivel de las 
remuneraciones y la participación del salario en el PBI están creciendo aunque 
por debajo del ciclo de los 90 (Lindemboin, 2007). El gráfico 4 muestra esta 
evolución aunque no cuenta los últimos 16 meses donde la participación siguió 
creciendo superando el 40 % según los datos del INDEC. En efecto, se han creado 
más de 3 millones de puestos de trabajo, con el consiguiente descenso del 
desempleo que se proyecta hacia fines del 2008 en torno al 7 u 8%, un nivel 
cercado al de los años 80 y que parecía hasta hace poco imposible de imaginar. A 
su vez los niveles de pobreza e indigencia han descendido marcadamente, si bien 
aún está por debajo del nivel de los años 90 y ni hablar del 80. En lo que 
respecta a la calidad del empleo, aunque los índices han mejorado, la 
precarización subsiste. El sector de los empleados contratados así como el 
trabajo en negro siguen siendo una plaga heredada del período anterior y que 
parece consolidarse culturalmente en las familias obreras, transformándose en un 
arma poderosa de presión del capital sobre el trabajo, lo que permite fuertes 
niveles de fragmentación y segmentación del mundo laboral.
Ver Gráfico 4.
El comportamiento del mercado laboral evidenció un fenómeno poco esperado y 
revela el proceso antes mencionado de inversión productiva, pues al declive de 
la elasticidad del empleo-producto a medida que se ocupaba la capacidad 
instalada, le siguió desde el 2005 un nuevo crecimiento del índice mostrando una 
creación de empleo genuino. ¿Durará varios años más o este tipo de esquema se 
agotará con la próxima crisis recesiva? ¿Sentará las bases para una extensión en 
el tiempo de este tipo de patrón de desarrollo?
Mientras que el techo de este tipo de acumulación no podemos saberlo por 
anticipado, sucede algo similar respecto al mercado laboral. Existen límites 
teóricos para una recuperación histórica del tipo de empleo que supo conquistar 
la clase obrera en el período de la sustitución de importaciones. Desde el golpe 
del 76 se ha operado una transformación radical en las relaciones 
capital-trabajo y entre las diversas fracciones burguesas. La primacía del 
capital más concentrado con tecnologías intensivas, presupone una tendencia a la 
producción con vistas al mercado externo más que al interno y al consumo medio y 
alto de tipo sofisticado más que al de bienes salarios. Ello tiende a reproducir 
el debilitamiento estructural de la clase trabajadora como núcleo del proceso de 
producción y consumo, tal como viene sucediendo desde el 76.
En este sentido el sesgo de desarrollo impuesto desde mediados del 70, aún con 
los cambios que se vienen operando, no parecen modificar la estructura de 
relaciones sociales en cuya cúspide se encuentran los grandes capitales.
Asimismo existen también teóricamente bloqueos para un desarrollo sustentable: 
una economía dependiente, colonizada en su mayoría por las empresas 
transnacionales con tecnología de segunda generación y menor productividad en el 
mercado internacional, con la exigencia de girar utilidades al exterior, que se 
abastece de insumos en sus propias filiales o en otras en el extranjero, con un 
estado incapaz de generar un mercado de capitales local y que se vuelve 
vulnerable a los vaivenes del mercado de capitales internacional, a las tasas de 
interés y los flujos de inversión extranjera y que por ello pierde autonomía. 
Las pérdida de control sobre los recursos estratégicos en energía, 
telecomunicaciones y otros, potencian esa carencia. Las contradicciones de éste 
modelo son amplias y muchas de ellas han sido referidas en varias oportunidades 
(Katz, 2007). Pero todos estos límites también podrían ser franqueados de manera 
regresiva, profundizando un patrón de desarrollo capital intensivo pero de 
profundos rasgos regresivos que bloquee una expansión en la distribución de la 
riqueza como presupuesto a un proceso de acumulación ampliada.
En este sentido este ciclo de crecimiento fenomenal no modifica la cadena de 
ciclos de pauperización que desde mediados de los años 70 viene azotando a la 
Argentina, aunque las mejoras en la calidad del empleo y la disminución de las 
penurias a que fueron arrojadas durante más de 15 años porciones enteras de la 
clase trabajadora y de amplísimos sectores empobrecidos, incluso capas medias en 
declive, tienen un efecto de importancia sustantiva para entender el nivel de 
legitimidad y apoyo populares que reúne la administración actual.
El esquema ha conservado la supremacía del impulso privatizador de los 90 y sólo 
ha revisado las mismas o renacionalizado allí donde las empresas entraron en 
default o sus dueños decidieron abandonarlas, como en el caso del Correo o el 
servicio de Agua. Lo mismo puede decirse del tema energético, y del petróleo y 
gas en particular, donde el cuello de botella del crecimiento evidenció el 
despropósito de una política de explotación sin exploración que buscó 
rentabilidad rápida y fácil a costa del agotamiento de reservas, mostrando los 
límites de la empresa privada allí donde se requiere una explotación racional y 
equilibrada en recursos de tipo estratégicos.
En el esquema actual, en definitiva, con el tipo de cambio alto, retenciones 
diferenciales a las exportaciones y otras medidas impositivas, se favorece la 
transferencia de ganancias y renta hacia los sectores productivos de bienes 
transables y hacia la cúpula económica más poderosa, sin dejar de asegurar altas 
rentas a la producción agropecuaria y al sector financiero.
Pero el esquema puede ser caracterizado también con elementos provenientes del 
período de la sustitución de importaciones (1945-1955), así como del 
desarrollismo (1958-1962) o con medidas fiscales como en los 80. Combinación 
particular, creación original y aún incierta, su fortaleza se evidenció en el 
sólido bloque de poder sobre el que descansa.
Por lo característico del gobierno que lo lleva adelante es que conserva, luego 
de cuatro años de administración, un porcentaje muy alto de adhesión entre los 
sectores asalariados y las capas más empobrecidas. Esta recuperación de 
autoridad y persistente legitimidad debe comprenderse en sus diversas facetas y 
no solo en sus resultados económicos.
Jorge Sanmartino es integrante del EDI (Economistas de Izquierda) y de la 
Corriente Praxis.