Argentina: Duro informe en la Corte Interamericana por las
cárceles mendocinas
Jorge Hirschbrand
MDZOL
Ocurrió durante la audiencia fijada en México por el máximo tribunal regional en
materia de Derechos Humanos. El objetivo era conocer si existieron mejoras en
las condiciones de detención luego de las medidas provisionales que tanto el
Estado nacional como el provincial deberían haber puesto en marcha. Los abogados
peticionarios y el representante de la Comisión Interamericana aseguraron que la
situación no cambió.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesionó ayer en la Ciudad de
México, recibió un durísimo informe sobre la situación carcelaria en Mendoza.
Ocurrió durante la audiencia en la que participaron los abogados mendocinos
peticionarios ante el tribunal y representantes del gobierno mendocino,
funcionarios de la Nación y el comisionado de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Florentín Menéndez.
Los discursos escuchados por los jueces –menos por el argentino Leonardo Franco,
quien se excusó por tratarse de un asunto de su país- concluyeron en que la
situación penitenciaria sigue en crisis, y actualmente no están dadas las
condiciones para levantar las medidas provisionales, a pesar de las promesas
hechas por subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Godoy Lemos,
que viajó a México acompañado por la directora de Derechos Humanos, María José
Ubaldini.
La postura del gobierno de Jaque fue insistir con que no existe la necesidad de
mantener en vigencia estas medidas, y manifestaron que no es necesario que la
Corte Interamericana siga interviniendo porque se trata de un asunto que se
puede resolver en Argentina.
Los abogados Alfredo Guevara y Carlos Varela Álvarez, quienes fueron los
primeros en tener la palabra, hicieron una exposición basada en cuatro puntos
principales: una encuesta realizada a 400 presos de la cárcel de Boulgone Sur
Mer sobre las condiciones de detención; un informe redactado por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados –donde se sugiere demoler el viejo penal-, un
hábeas corpus aceptado por el conjuez Roberto Lemos, para mejorar la situación
del pabellón 3, y un documento entregado por el capellán Roberto Juárez con una
serie de planteos y reclamos hechos por personal penitenciario.
"Esto demuestra que no sólo nos interesa que se respeten los derechos de las
personas detenidas, sino también de quienes trabajan en el penal en condiciones
que no se pueden aceptar", afirmó Varela Álvarez.
En la agenda de la Corte había cuatro temas que debían ser tratados, y todos
vinculados con las medidas que deberían haberse cumplido desde octubre del año
pasado a la fecha. El interés de los magistrados era conocer el efecto causado,
el estado actual de las cárceles, una evaluación y si se habían registrado
nuevos hechos de violencia.
En esta última parte existió una diferencia entre los funcionarios mendocinos y
los peticionarios. Los primeros aceptaron una sola muerte violenta, como
consecuencia de un homicidio, mientras que los abogados consideraron que los
suicidios registrados y el hecho de que un interno se haya electrocutado son
ejemplos de la falta de atención profesional y de los problemas de
infraestructura que tiene el sistema penitenciario local.
Jorge Cardozo y Javier Salgado fueron las personas designadas por la Cancillería
argentina para exponer frente a la Corte. El discurso de quienes representaron
al Estado nacional resultó ambiguo hasta que Cardozo hizo público el
reconocimiento de que no están dadas las condiciones para que se levanten las
medidas.
Esa posición fue consolidada posteriormente por Florentín Menéndez, cuyas
palabras resultaron contundentes, al considerar que las cárceles mendocinas
continúan siendo "inhumanas". Y solicitó a la Corte autorización para hacer una
visitar personal, que se concretaría entre marzo y mayo del año que viene.
