Por orden de la justicia federal, el 13 de marzo de 2007, se produjo la
detención de miembros de la temible patota de la D2 (División de Informaciones
de la Policía de Córdoba). Una reciente investigación publicada por el diario
local Día a Día, pone de manifiesto "las inadmisibles condiciones de detención
de las que gozan algunos de los imputados de cometer los peores delitos
posibles", expresa HIJOS en un comunicado. Permanecen en la ex Guardia de
Infantería, gozando de privilegios.
La organización HIJOS, haciéndose eco de una investigación realizada por el
periodista Dante Leguizamón, en el periódico Día a Día, emitió un documento
crítico que interpela a los responsables de controlar que los represores presos
no gocen de ningún privilegio. Texto del documento.
"En el marco de las causas que investiga la justicia federal, el 13 de marzo de
2007 se ordenó la detención de parte de lo que fuera la temible patota de la D2
(división de informaciones de la policía de Córdoba).Una reciente investigación
publicada por el diario local Día a Día, pone de manifiesto las inadmisibles
condiciones de detención de las que gozan algunos de los imputados de cometer
los peores delitos posibles. Permanecen presos en la ex Guardia de infantería,
gozando de privilegios.
Fue entonces que la jueza Cristina Garzón de Lascano dispuso que fuese la
Guardia de Infantería la que albergara a estos genocidas. Ante esta
irregularidad y en un marco de crecientes amenazas y agresiones a distintos
compañeros, los organismos de Derechos Humanos realizamos numerosos planteos
ante la jueza y la Cámara Federal, para que sean trasladados a unidades
penitenciarias, como Bouwer.
Este año logramos la primer condena a ocho genocidas, pero sabemos que la lucha
sigue, son 93 los represores que actualmente se encuentran procesados y deben
ser juzgados, al tiempo que la fiscalía avanza en nuevos procesamientos. El
camino de la verdad y la justicia es largo y difícil. Los represores y sus
cómplices intentan dilatar los tiempos y entorpecer las investigaciones, es por
esto que privilegios como los descriptos en la nota son inadmisibles.
La valiente investigación de Dante Leguizamón aporta un nuevo elemento que de
confirmarse, se constituye en una grave violación a las condiciones de
detención. Desde H.I.J.O.S. exigimos que la justicia federal arbitre las medidas
necesarias para esclarecer este episodio.
De la misma manera reiteramos nuestro reclamo de que el único lugar posible para
que los genocidas esperen los juicios y cumplan sus condenas, son las cárceles.
Tampoco olvidamos que otro de los miembros de esta patota, Herminio Jesús Antón
sigue prófugo burlando el pedido de captura interpuesto por la jueza, otra
vergüenza a la que exigimos cartas en el asunto.
Es de destacar que tanto el ministerio de defensa y el de justicia de la Nación,
a cargo de Nilda Garré y Aníbal Fernández respectivamente, como también el
ejecutivo provincial, ya se han pronunciado a través de distintas resoluciones
manifestando que las unidades policiales y militares no deben ser utilizadas
como prisiones.
Por último, valoramos la iniciativa del diario Día a Día que desde la práctica
periodística aporta a la construcción de la justicia".
