Los glaciares no son, simplemente, una atracci�n tur�stica, un escenario suntuoso para desfiles de modelos. Constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y aunque castigados ellos mismos por el calentamiento global siguen siendo, pese a todo, un factor que atempera y ralenta ese calentamiento. Impedir que los destruyan o contaminen es una cuesti�n de vida o muerte.

El dicho popular sentencia: "Sin oro podemos vivir, sin agua no". Sin embargo, hay quienes siguen considerando, como el Rey Midas, que el oro es la medida de todas las cosas de la Tierra, aunque la Tierra perezca.

Por eso, el debate sobre la ley de protecci�n a los glaciares que fue vetada d�as atr�s por el Poder Ejecutivo debe ser asumido por los legisladores que votaron por unanimidad esa norma y por el conjunto de la sociedad que puede ver afectados sus intereses vitales si el rechazo presidencial se impone.

Estamos frente a una de esas decisiones capitales que sobrevuelan los intereses parciales, la disciplina partidaria que exige la obediencia debida o las chicanas entre oficialistas y opositores. Estamos frente a una decisi�n de Estado. Del Estado entendido como s�ntesis institucional de las necesidades actuales y futuras de la sociedad y no como expresi�n circunstancial de tal o cual gobierno.

Un breve resumen para que el lector entienda de qu� estamos hablando.

El 13 de noviembre de 2007, en la Comisi�n de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la C�mara de Diputados que presido, aprobamos por unanimidad un proyecto de ley de la diputada (mandato cumplido) Marta Maffei de "presupuestos m�nimos para la protecci�n de los glaciares y del ambiente periglacial". La norma ten�a como objeto preservar los glaciares y sus zonas aleda�as cubiertas de hielo (permafrost), para mantenerlos como reservas estrat�gicas de recursos h�dricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrogr�ficas que vienen desde la cordillera de los Andes hacia el oc�ano Atl�ntico. Tambi�n propon�a la creaci�n de un inventario de glaciares y geoformas periglaciales de todo el territorio nacional. Y, como es l�gico, prohib�a la explotaci�n minera o petrol�fera sobre los glaciares y sus heladas adyacencias.

El proyecto de la entonces diputada del ARI cont� con el asesoramiento cient�fico del Instituto Argentino de Nivolog�a, Glaciolog�a y Ciencias Ambientales (Ianiglia), a trav�s de su propio director, el doctor Ricardo Villalba.

El dictamen de Comisi�n fue elevado al pleno sin disidencias ni observaciones y fue aprobado por unanimidad en el recinto el 22 de noviembre de 2007. Reitero: no tuvo votos negativos. Hubo solamente dos abstenciones, la del juje�o Carlos Snopek y la mendocina Susana Amanda Genem. Lo votaron los diputados de las "provincias cordilleranas" que estaban presentes. Incluidos los sanjuaninos y sanjuaninas Margarita Ferr� de Bartol, Juan Carlos Gioja, Ruperto Eduardo Godoy y Jos� Rub�n U�ac.

El 22 de octubre de este a�o fue tambi�n aprobado en general por unanimidad en el Senado. Solamente interpusieron objeciones formales al art�culo quinto los senadores Adolfo Rodr�guez Sa� (San Luis), Liliana Teresa Negre de Alonso (San Luis) y Roberto Gustavo Basualdo (San Juan).

Antes de la votaci�n, pronunci� un elocuente discurso Daniel Filmus, titular de la Comisi�n de Recursos Naturales de la C�mara alta. Dijo, entre otras cosas: "Hablamos de uno de los temas m�s importantes que puede tener la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislaci�n espec�fica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos principalmente a las reservas de agua de nuestro pa�s". Con la media sanci�n del Senado, el proyecto se convirti� en la ley 26.418. Faltaba solamente que el Poder Ejecutivo la promulgara. Pero la vet� mediante el decreto presidencial 1837/08, que lleva las firmas de Cristina Fern�ndez de Kirchner y del jefe de Gabinete, Sergio Massa.

Los argumentos para el rechazo de la ley son endebles y seg�n se desprende del texto mismo, se basan en preocupaciones de la Secretar�a de Miner�a y de "gobernadores de la zona cordillerana". El secretario de Miner�a es el sanjuanino Jorge Mayoral, relacionado con intereses mineros y el gobernador de San Juan, Jos� Luis Gioja, tambi�n se�alado p�blicamente por sus v�nculos con la empresa canadiense Barrick Gold, la misma que fue rechazada por la protesta p�blica en Esquel y ahora capitanea el proyecto binacional Pascua- Lama (entre Chile y la Argentina), de 2.400 millones de d�lares, casualmente en zona de glaciares.

Seg�n la Secretar�a de Miner�a, que depende del Ministerio de Planificaci�n, a cargo del arquitecto Julio De Vido, "el establecimiento de presupuestos m�nimos no puede limitarse a la absoluta prohibici�n de actividades". La ley no proh�be "absolutamente" cualquier tipo de actividad sino aquellas que se realicen directamente sobre los glaciares, destruy�ndolos o contamin�ndolos. Pero, adem�s, �qu� autoridad tiene para opinar sobre el derecho ambiental esta secretar�a de Estado y no la del ramo, que es la de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci�n, a cargo de Romina Picolotti, ausente en las menciones del decreto?

La observaci�n del Poder Ejecutivo argumenta, tambi�n, que la Ley General de Ambiente (25.675) prev� "el sistema de evaluaci�n ambiental previo a la autorizaci�n de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente" y que, por lo tanto, "la prohibici�n contenida en el art�culo 6� del Proyecto de Ley sancionado resulta excesiva". El decreto ignora que los informes de impacto ambiental que present� la Barrick Gold en Chile y la Argentina omit�an la existencia de glaciares en su zona de operaci�n.

El n�cleo del veto aparece n�tido en esta definici�n negativa sobre la ley al considerar que "dar�a preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podr�an autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente". De eso se trata, precisamente, de otorgar preeminencia al derecho ambiental, consagrado por el art�culo 41 de la Constituci�n, por sobre cualquier otra actividad que pueda lesionarlo.

Por �ltimo, el art�culo 3� del decreto propone: "Inv�tase a los Se�ores Gobernadores, Senadores Nacionales y Diputados Nacionales de las provincias cordilleranas, a constituir un foro interdisciplinario para la discusi�n de las medidas a adoptar en orden a la protecci�n de los glaciares y el ambiente periglacial".

Como es obvio, ning�n foro puede subrogar al Congreso de la Naci�n. Por eso, diputados y senadores debemos insistir en la ley original para que el veto se caiga. Hacen falta dos tercios de los votos, es verdad, pero tambi�n es cierto que la ley fue votada por unanimidad. Que cada uno se haga cargo de lo que vot�.