Roberto Romero
Aporrea

Separados por cinco mil kilómetros, Argentina y Colombia, tienen muchas cosas en común. Casi todas de signo positivo. Son dos pueblos hermanados por la historia y un mismo destino.

Sin embargo, las dos naciones han sufrido los embates de la intolerancia y el autoritarismo. Argentina vivió décadas de oprobio bajo las dictaduras militares. Una de las más crueles, la del general Jorge Rafael Videla.

Colombia aun no sale del túnel de la arbitrariedad y miles de crímenes de lesa humanidad, perpetrados en las últimas décadas siguen en la impunidad.

Pero hoy 10 de octubre, dos noticias simultáneas hermanaron aun más a los dos pueblos. La Justicia argentina decidió trasladar a una cárcel común al ex dictador Jorge Rafael Videla, quien se encontraba bajo arresto domiciliario acusado de violaciones a los derechos humanos en el último Gobierno militar.

Los cables, invisibles para la gran prensa colombiana señalan que la medida fue dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, que lleva dos causas contra Videla, una por robo de bebés y otra por un secuestro durante la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

En Bogotá, mientras tanto, la Fiscalía ordenaba la captura del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la tenebrosa Brigada XIII, acusado por un fiscal de Derechos Humanos de ser uno de los responsables de la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En el hecho murió un centenar de personas, entre ellos varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la operación militar, se ha demostrado que varias personas que salieron con vida del edificio, desaparecieron. El general Rafael Samudio era comandante general del Ejército y su voz está registrada como 'Paladín 6' en varias grabaciones de la época. Allí se le escucha impartiendo instrucciones que, a juicio de la Fiscalía, son sospechosas.

Dentro de esta misma investigación la Fiscalía ya había librado órdenes de detención contra otros seis militares, entre ellos los coroneles Alfonso Plazas Vega e Iván Ramírez Quintero, quienes están detenidos en guarniciones militares a la espera de ser llamados a juicio.

Bajo la dictadura militar en Argentina, más 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, según las denuncias de organismos de derechos humanos. Una comisión independiente confirmó unos 11.000 casos.

Videla, que comandó la junta militar entre 1976 y 1981, fue sentenciado por delitos de lesa humanidad tras el retorno de la democracia al país.

Luego fue indultado por el ex presidente Carlos Menem, pero años más tarde volvió a prisión por el delito de robo de bebés. Sin embargo, se determinó que cumpliera arresto domiciliario debido a su avanzada edad.

Y mientras el general Videla debe pagar el resto de su pena en una cárcel común, las noticias de Colombia dan cuenta que el general Arias, quien se entregó a la Fiscalía, irá a las cómodas instalaciones de un cuartel militar. Una especie de arresto domiciliario.
Y algo también tuvieron en común Argentina y Colombia, para su desgracia: generales como Videla y Arias, abrevaron en la doctrina de la seguridad nacional auspiciada por el Pentágono con todas sus nefastas consecuencias para los dos pueblos.

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