Carlos Neo

A pocos días de asumir el gobierno, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, identificó rápidamente como una operación desestabilizadora de los Estados Unidos al denominado caso de la valija con 800.000 dólares ingresada al país por el ciudadano venezolano-norteamericano Antonini Wilson: el gobierno del presidente Bush y su agencia de inteligencia habían lanzando una acción para intentar disciplinar y condicionar a los Kirchner, no solo en su relación con Hugo Chávez, sino en sus políticas no alineadas totalmente a los designios de los centros de poder ecónómicos.
La matriz de opinión instalada a través de los medios masivos de comunicación daba cuenta que la mencionada suma de dinero era destinada a financiar la campaña presidencial que la entronaría presidenta, los Kirchner estaban realmente enfadados.
Así, la mandataria instruyó a su canciller para citar al embajador norteamericano en Buenos Aires, Ear Anthony Wayne, anoticiándolo del hecho que a partir de ese momento tendría vedada la visita a los despachos de funcionarios del gobierno argentino y solo podría realizar gestiones a través del canciller Jorge Taiana. Los Kirchner culpaban a la administración Bush de querer "ensuciar" su gobierno y solo levantaría la restricción diplomática si la Argentina no era mencionada en el juicio instruido en los tribunales de Miami.
Tras varias semanas de negociaciones, la justicia norteamericana deslindaba al gobierno argentino de responsabilidades en el caso de la valija, era nombrado el señor Tímerman embajador argentino en E.E. U.U, y Wayne retornaba a sus actividades habituales visitando funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial con la misión de monitorearlos y proteger los intereses del país del Norte en territorio rioplatense.
La inteligencia argentina no se equivocaba entonces: como ha sucedido a lo largo de la historia, el edificio de la embajada norteamericana en cada país Latinoamericano y Caribeño es el sitio geográfico desde donde se coordinan las operaciones destinadas al control, manipulación y aplicación de planes desestabilizadores y acciones de instalación de "realidades" propias de la actual fase de la guerra de cuarta generación impulsada por la CIA y sus brazos corporativos locales, todo ello en defensa de "la paz y la democracia" usa-americanas.
Luego de los destituyentes acontecimientos relacionados con los empresarios-productores agroganaderos y la posterior derrota en la votación del parlamento, un nuevo "evento" debía instalarse en la sociedad argentina que transmitiera sensaciones de zozobra, inseguridad y corrupción: en los primeros días del mes de agosto, la sociedad argentina se conmocionaba al enterarse del hallazgo de tres cuerpos baleados correspondientes a jóvenes empresarios que falsificaban medicamentos e importaban precursores químicos destinados a la elaboración de drogas peligrosas. Se trataba así del comienzo de otro operativo de inteligencia desestabilizador que esta vez resultara creíble por sutil.
La noticia mencionaba específicamente que los empresarios asesinados en una acción mafiosa habían coincidentemente con el caso Antonini "realizado aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner" producto de la comercialización ilegal de efedrina; un intermediario en la producción de estupefacientes. Narcos mexicanos formaban parte de la banda (con agentes de la DEA aún no develados) y quienes ordenaron ajusticiar a los empresarios que comercializaban la efedrina (componente normal de medicamentos antigripales y descongestivos) por causas que, seguramente, nunca se conocerán con exactitud.
Paradójicamente, el confundido ministro de seguridad, justicia y derechos humanos de Argentina, Anibal Fernández, daba explicaciones al "indultado" embajador Wayne por la falta de controles en la importación y comercialización de estos precursores químicos destinados al mercado de los Estados Unidos, principal consumidor de drogas peligrosas tal como la cocaína, y primer productor y consumidor mundial de marihuana.
Rápidamente, instituciones del estado relacionadas con la salud, los medicamentos y la lucha contra las drogas (ANMAT, SEDRONAR) impulsan aceleradamente ahora registros y controles, mientras el embajador relaciona los medicamentos y el narcotráfico (como lo hace con el falsificación de productos y la financiación del terrorismo), exigiendo el mayor control en las aduanas y la modificación en las leyes de patentes y marcas, realizando reiteradas campañas mediáticas contra la supuesta falsificación.
La operación norteamericana no detectada por el gobierno Kirchner adquiere veracidad, al parecer de especialistas de inteligencia norteamericanos, quienes sostienen como de utilización común por las agencias de EE. UU esta clase de operaciones violentas para lograr varios objetivos múltiples y convergentes: "desestabilizar, debilitar, condicionar y obligar a gobiernos a colaborar en la defensa de intereses considerados prioritarios para las transnacionales americanas", seleccionando en particular a países considerados referencia en un área determinada (Argentina en medicamentos) y erráticos en sus políticas hacia los Estados Unidos (hecho catalogado como debilidad)
Estas afirmaciones parecen emerger en el caso del "triple crimen" pues el gobierno de Bush, tras reiteradas visitas de Tom Shannon, realizó lobby no solo para vender un nuevo sistema de software en el control de productos en aduanas, sino para presionar a la Argentina en la adhesión a acuerdos relacionados con la Falsificación de Productos o "fraude marcario", en especial medicamentos, que ha sido recientemente tratado en reuniones ministeriales de salud en el ámbitos regionales e impulsados recientemente por E.E. U.U. en reuniones del poderoso G-8.