Argentina: TBA, el gobierno y la burocracia sindical, contra
los trabajadores
CORREPI
El 90% de quienes usan el transporte ferroviario lo hace para ir y venir de su
trabajo. Las continuas demoras, cancelaciones, las condiciones calamitosas en
las que se viaja, ponen a diario en peligro la vida de los trabajadores que se
trasladan, hartos de ver además peligrar sus presentismos y hasta su mismo
puesto de trabajo.
Más del 70% de ellos sostiene que los organismos de control de las empresas son
absolutamente ineficientes e incapaces de resolver el problema (el 30% envió
quejas por escrito que nunca fueron contestadas). Más del 50% de los usuarios
reivindica los métodos de acción directa como única manera de encontrar
respuesta a tanta disconformidad con el pésimo servicio que prestan.
Lejos de ser números y porcentajes obtenidos a partir de los hechos recientes en
las estaciones de Merlo y Castelar (TBA), los que anteceden son el resultado de
una encuesta efectuada por investigadores del CONICET después de otros hechos
similares ocurridos en la estación Constitución del ex Roca en junio de 2007. Es
decir, se trata de una auténtica reacción popular fundada en la bronca y en el
cansancio de los trabajadores que soportan cada vez menos situaciones de tensión
provocadas desde los resortes del poder.
Por supuesto, el "gobierno de los derechos humanos" atribuyó esta pueblada a un
sabotaje y a un presunto accionar premeditado de organizaciones y militantes
populares (a un mes de los hechos, no existe una sola prueba de semejante
acusación), desconociendo la indelegable responsabilidad que le cabe por
respaldar a uno de sus empresarios estrella (Cirigliano, dueño de TBA, y junto
al impresentable intendente de Merlo, Raúl Otacehé, de gran parte de la red de
autotransportes de pasajeros del Oeste). Fue imprescindible la participación de
las fuerzas de seguridad y del poder judicial, que detuvieron y procesaron a
cuanto albañil, pintor o garrapiñero encontraron, "sospechosos" por contar entre
sus ropas monedas de 25 centavos, presuntamente recogidas de las máquinas
expendedoras rotas en los incidentes. Según el Juez Federal Salas de Morón, la
imputación es "robo doblemente agravado y daño agravado", entre otras figuras.
La situación de aislamiento en la que pretendieron sumir a los detenidos (más de
10 hs. sin comunicar la lista, sin avisar a sus familias, incomunicados,
dispersos en varias comisarías de la zona) así como el tenor de las preguntas
efectuadas en sus indagatorias, demuestran claramente dónde está parado el
estado en esta etapa de agudización del conflicto social: "¿Milita en algún
partido político?¿Va a las movilizaciones? ¿Cobra algún plan social?...",
reafirmando que ser pobre y con conciencia es presupuesto ineludible de delito.
Ni más ni menos que naturalización de métodos dictatoriales con legitimidad
democrática.
Por otro lado, es inocultable el rol de la burocracia sindical ferroviaria, que
decretó un paro para exigir el recrudecimiento del control policial, de
gendarmería y privado del "servicio ferroviario", usando el discurso de la
"inseguridad", tan afín a la política de la dupla Fernández-Stornelli, que le
dieron "respuesta" de inmediato.
Debe destacarse el trabajo militante que dieron los compañeros nucleados en la
Coordinadora Antirrepresiva del Oeste para contribuir a la defensa de los
detenidos, la capacidad de movilización y de contención de las familias, así
como la solidaridad que se ha recibido desde distintas organizaciones.
Mantenemos la defensa de varios de los detenidos, hoy excarcelados, todos ellos
trabajadores doblemente victimizados por usar el ferrocarril concesionado a
Cirigliano, y administrado por el gobierno a través de Jaime, secretario de
transporte, que tiene más de 20 denuncias penales pero nunca fue indagado.
No debe soslayarse ni relativizarse el esquema diseñado en el discurso y el
accionar del estado a través de sus agencias (ministerios, fuerzas de seguridad
y justicia). La imputación infundada sobre las organizaciones populares, los
procesamientos a los trabajadores detenidos, las preguntas formuladas en las
indagatorias, la alianza entre el empresario y el oficialismo, el acompañamiento
de la oposición frente al recrudecimiento del accionar represivo, la negación de
una situación insostenible en materia de transporte, claramente percibida por el
grueso de la población, es entre otras cuestiones, un claro ejemplo de lo que
representa un gobierno ni derecho ni humano…Como dijo un viejo ferroviario: es
en la vía donde se ven los trenes.
