Argentina: La lucha contin�a

Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik
Agencia de Noticias Biodiversidadla

- Desde hace varias semanas miembros del MoCaSE-VC vienen sufriendo persecusiones y detenciones arbitrarias en distintos parajes de Santiago del Estero. �podr�as relatarnos lo que estuvo sucediendo?
Empez� el 5 de septiembre por la ma�ana temprano, siempre con una metodolog�a similar, en algunos casos con m�s o menos violencia, en un paraje que llamamos nosotros "Hornos Colorados" Lote 5, a 45 km de la ciudad de Quimil�, que es donde est� la sede m�s intercomunicada de relaciones nacionales e internacionales. Todas las sedes nuestras, que son 9, tienen galpones, dormitorios, oficinas, y algunas estamos teniendo FM. Pero, el caso nuestro, de la que nos ocupamos, es la primera que tuvo luz el�ctrica, tel�fono. Ah� atacaron a 6 compa�eros, 16 polic�as violentamente como a las 8 de la ma�ana. Se supone que iban a notificar a uno que ten�a que presentarse ante el juez, uno de ellos ten�a notificaci�n, pero entraron con violencia y sa�a para detener a los otros. Ya hab�a una intencionalidad malsana de llevarse presos a los 6 que estaban ah�. Estaban en la casa, trabajando, alba�iler�a estaba terminando de arreglar una de las casas de Santos Gonz�lez. Son la familia Gonz�lez y los Lescano, los detuvieron y los llevaron a la comisar�a.
El tema tiene que ver con el a�o 2003, cuando Carlos Morel Bullez, empresario de Monte Ma�z, C�rdoba, cerealero, un tipo que tiene silos, adquiri� malsanamente a trav�s de Musa Azar, condenado a perpetuidad en Santiago porque fue uno de los polic�as de la dictadura militar, estos lotes, cay� con grupos de matones y parapoliciales, y finalmente logramos que el tipo se fuera. Pero ahora vuelve a hacer de las suyas, se ve que como nosotros decimos no es verdad que "muerto el perro se acab� la rabia", cre�amos que cayendo Carlos Arturo Ju�rez[1] se acababa la rabia en esta provincia. Parece que es la rabia la que manda.
Al d�a siguiente, a 200 km de ac� y con el mismo tipo de acusaci�n que nos hacen desde hace un a�o, con este gobierno democr�tico que supuestamente iba a terminar con todo el problema campesino, donde se comprometi� el gobierno de Zamora, el Vice Gobernador Emilio Rached, que despu�s vot� en contra de parar la sojizaci�n, detienen a un compa�erito de 23 a�os durmiendo en su casa. Un d�a s�bado, 33 polic�as armados allanan 5 casas busc�ndolo a �l y a su hermano por "supuesto" robo de un caballo, sin orden del juez, que dice que la da "de palabra" la orden de allanamiento, as� cara a cara te contesta, a un comunicador, a un miembro de un observatorio de derechos humanos internacional, el Juez Mansilla de A�atuya dice "yo nunca doy �rdenes por escrito". O sea, la Constituci�n Nacional, el art. 18[2]se lo "pasa por el culo", disc�lpenme este t�rmino, me hago cargo de lo que digo. Estos se�ores jueces que tenemos en la provincia les importa nada la Constituci�n Nacional. Est� claro por qu� act�an como act�an.
- �Cu�ntos compa�eros detenidos hay en este momento?
Hay 12 compa�eros detenidos, han atacado 4 regiones de Santiago, al norte, al sur Pinto, al este, y al oeste, en la zona cerca de Salta, y la causa con la que acusan a la inmensa cantidad de compa�eros es el supuesto robo de un caballo, pero despu�s ya le "encuentran" una causa que ten�an de antes y que no sab�amos que ten�an, "privaci�n ileg�tima de la libertad", se supone que los campesinos secuestran al administrador, al empresario, al que maneja la topadora y que le privamos de la libertad. Est� armado por una misma autoridad ideol�gica la acusaci�n que ahora nos est�n inventando. "Privaci�n ileg�tima de la libertad" permite a un juez no dar la excarcelaci�n a un imputado.
- �Cu�les son los pasos a seguir?, �qu� lectura pol�tica hacen de estos hechos?
Est�n por venir las elecciones, hay una disputa interna en este gobierno de Santiago del Estero, un gobierno que internamente tiene enemigos, que tiene alg�n sentido com�n sobre la cuesti�n campesina, algunos primeros pasos. Ha dado pie a un partido, "Compromiso Social", de gente muy interesante, muy respetable, mujeres y hombres que trabajan con algunos movimientos sociales y urbanos, algunos rurales. Como Emilio Rached, candidato a gobernador por los sojeros, tiene un socio que es Ricardo Daives, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, le est� socavando el piso al MoCaSE, a los campesinos y a este gobierno. Est� es una de las primeras lecturas que tenemos, es� claro que es un ataque pol�tico el que nos est�n haciendo, a nosotros, y haciendo quedar mal a este gobierno. Para nosotros el Gobierno se tiene que hacer cargo, no los candidatos futuros que se est�n peleando entre ellos.
Tampoco tiene claro este gobierno que una propuesta de desarrollo sin el campesinado no ha sido posible en ning�n pa�s desarrollado del mundo, de donde van y buscan inversores, como por ejemplo ahora Zamora[3] en EE.UU. Lindo lugar para buscar ahora inversores, justo el momento. No se si se va a buscar saqueadores para que se salve la econom�a norteamericana. Estamos en un momento, donde claramente hay una serie de articulado de leyes que nos contienen por fin, como la "ley de bosques"[4], presentada por Miguel Bonasso el a�o pasado y aprobada por todo el parlamento nacional. La Ley 26.160, de moratoria a desalojos de comunidades ind�genas, que tambi�n nos contiene, y obviamente esto no les ha gustado a los intereses econ�micos del sector sojero.
- Igualmente ninguna de estas leyes se est� aplicando para defender a las familias campesinas.
Seg�n los jueces cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros s� son hechos delictivos. Nosotros denunciamos privaci�n ileg�tima de la libertad, denunciamos que una topadora viene a destruir los bosques y no tiene ni permiso de bosques, ni permiso para desmontar, no est� inscripta ni registrada, es trucha la topadora. Nosotros denunciamos que nos amenazan, que el empresario con matones, con concejales de turno amenaza a nuestras mujeres cuando van a hacer compras a la ciudad de Monte Quemado, de Pinto, de Quimil�, de Tintina, de Termas de R�o Hondo, casos, nosotros vamos guardando archivos de esas denuncias.
Jam�s hemos visto ni siquiera que se haya detenido al topadorista, pobre tipo, empleado de un empresario, cuando ha realizado hechos delictivos, hasta pasar por arriba de una casa y no tener ning�n tipo de autorizaci�n, incluso reconocer la Direcci�n de Bosques que esa topadora est� haciendo un acto delictivo, jam�s para los jueces hay un s�lo delincuente. Como para Julio A. Roca, los indigenas y los campesinos nacieron delincuentes. De esencia uno nace ind�gena, uno nace campesino, uno nace en un movimiento social, y es criminal.
- �Algo que te parezca importante agregar?
Muchas veces tenemos ganas de escuchar lo que dice alg�n compa�ero, hagamos un hecho delictivo y que realmente nos lleven en cana, en serio, quememos un juzgado, prend�mosle fuego a todo el edificio de un juzgado, el de A�atuya, el de Monte Quemado, o alguno de Santiago, ah� s�, marche preso. Es un delito quemar un edificio p�blico, m�tannos en cana. Ahora, como priman los 30 a�os de legitimidad que tenemos como movimiento, bajamos un cambio, serenamos la mente. Tenemos reuni�n desde las 7 de la ma�ana, 70 compa�eros que van llegando de todos estos lugares, delegando compa�eros, algunos esquivando que los detengan, porque est� anunciado que se los va a detener, se les cagan de risa, tipos que trabajan para los empresarios y dicen "a vos tambi�n te van a meter en cana", ac� somos culpables, no hay presunci�n de inocencia. Vamos a llegar a poner carpas al Parlamento Nacional, que intervengan el Poder Judicial, las escriban�as y el Colegio de Abogados de Santiago del Estero.
Hay que investigar a fondo al Poder Judicial de Santiago. �Por qu� act�a con la clara tendenciosidad y opci�n econ�mica, ideol�gica y pol�tica con la que act�a?
Los hechos ocurridos durante septiembre en las comunidades campesinas:El 5 de septiembre, dos grupos de 16 polic�as, al estilo comando terrorista de la dictadura, y sin dar aviso ni mostrar orden de juez, comenzaron a golpear y disparar con escopetas con balas de goma sobre el cuerpo de Santos Ram�n Gonz�lez, Luis Gonz�lez y Carlos Argentino Lescano, quien intentaba separar a las personas que golpeaban con alevos�a y sin ninguna explicaci�n m�s que insultos y amenazas de muerte a los dos primeros.

Mientras tanto un grupo m�s peque�o, tra�a a las rastras a don Rom�n Gonz�lez, hombre de m�s de 60 a�os, permanentemente cacheteado por dos mujeres polic�as para que no mirara las escenas de tortura y agresiones f�sicas y verbales de todo tipo que recib�an sus hijos.

Fueron arrastrados, agredidos grupalmente y llevados hasta la Comisar�a 29 de Quimil�, los compa�eros nombrados junto con Jos� Rub�n Lescano y Ram�n Gonz�lez.El 6 de septiembre a las 8 de la ma�ana un grupo de 33 polic�as, allan� intempestivamente e ilegalmente cinco viviendas de la comunidad campesina de un paraje cercano a al ciudad de Pinto, deteniendo a Luis Aguirre y secuestrando una moto de la familia. Lo trasladaron a la Comisar�a de Pinto. Luis Aguirre es hijo de Cristina Loaiza y Pocholo Aguirre, quienes han sido encarcelados en tres oportunidades antes de la intervenci�n federal al gobierno de los Ju�rez. En una de las detenciones encarcelaron a Cristina con su beb� de 11 meses. La detenci�n con tan impresionante despliegue, era por supuesto robo de un caballo.

El 19 de septiembre detienen a Sabino Ch�vez de un paraje vecino a la ciudad de Pinto, tambi�n miembro de la Central Campesina de Pinto. Don Sabino estaba cumpliendo un servicio con su camioneta cuando fue brutalmente bajado de la misma sin ning�n tipo de orden escrita, en medio de su trabajo pac�fico.

El 22 de septiembre, en medio de la noche, un grupo de m�s de 40 personas, civiles con uniformes, algunos de gendarmes, y polic�as comandados por una concejala de la ciudad de Monte Quemado, llegaron violentamente con cinco camionetas, y comenzaron a allanar, robar, destruir bienes de las viviendas de campesinas y campesinos del Paraje El Quebradito, miembro de la Central Campesina de Productores del Norte.

Arrancaron de la cama en medio del p�nico de ni�os y ancianos a Mercedes Far�as, Matildo Ediverto Maldonado, Andr�s Peralta y Ubaldo Peralta, les robaron dinero que ten�an de ventas de sus cabritos y vacas, y la camioneta y herramientas de trabajo de Juan Orellana.

La ma�ana del 24 de septiembre con la misma metodolog�a y el mismo grupo de 40 personas arrancaron violentamente de sus casas al matrimonio de Olga Peralta y Juan Cisneros, dejando a los ni�os sin la presencia de sus padres en medio del p�nico y el terror.

Pod�s encontrar la columna de la Revista Biodiversidad todas las semanas en Radio Mundo Real.
Notas:
[1] Carlos Arturo Ju�rez (6 de febrero de 1916, La Banda, provincia de Santiago del Estero) es un pol�tico argentino del Partido Justicialista. Gobern� directa o indirectamente su provincia natal durante m�s de medio siglo, lo que le vali� la consideraci�n de caudillo, hasta que un esc�ndalo suscitado en 2004 motiv� la intervenci�n federal de la provincia y numerosas acusaciones civiles y penales por cargos que van desde la corrupc�on hasta la violaci�n de los derechos humanos. http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ju�rez.
[2] Art�culo 18 (fragmento). Ning�n habitante de la Naci�n puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra s� mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como tambi�n la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinar� en qu� casos y con qu� justificativos podr� procederse a su allanamiento y ocupaci�n.
[3] Gerardo Zamora, Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero.
[4] La Ley nacional 26.331 de Presupuestos M�nimos de Protecci�n Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecol�gicos y categor�as de conservaci�n que apuntan a evitar la fragmentaci�n y degradaci�n del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e ind�genas. http://www.greenpeace.org/argentina/

Fuente: lafogata.org

������