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"No somos parte de la ‘media luna’, nunca hemos compartido ese denominativo, Bolivia es una sola y queremos defender la democracia para todo el país", solía decir el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca John Caba. Hoy su discurso cambió radicalmente: de ahora en adelante "cualquier negociación sobre la capitalidad y la Constituyente se tendrá que hacer no sólo con Chuquisaca sino con seis departamentos", cuatro de ellos pertenecientes a la "media luna".
Comenzó a gestarse un bloque político conservador antigubernamental y con rasgos fascistas desde el momento mismo en el que Evo Morales piso Palacio de Gobierno. La caterva de las burguesías de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando sobrevivió casi aislada en los llanos orientales en los primeros meses del nuevo gobierno, y su influencia comenzó a crecer hacia el occidente no precisamente porque su discurso haya penetrado en las masas sino básicamente por su poderío económico y mediático y la habilidad de sus operadores en la Asamblea Constituyente.
El debate sobre la capitalidad estaba ausente de la agenda en los primeros meses de deliberaciones en la Constituyente. El traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre no fue sugerido ni propuesto en ninguno de los nueve foros territoriales departamentales y tampoco fue presentado en alguna audiencia pública. 
La demanda de capitalía fue introducida en seis comisiones de la Constituyente como una estrategia política de constituyentes de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija de las fuerzas de PODEMOS, MIR, MNR, a último momento, casi en los últimos tres meses en los que se presentaron informes de comisiones. En algunas comisiones, ingresó en los anexos y en otras, en artículos conexos con otros articulados que se referían a la sede del Poder Judicial. En cinco de esas comisiones el tema apareció en el informe de minorías; en la comisión Otros Órganos del Estado el tema fue registrado en el informe de mayoría porque la instancia está conformada por chuquisaqueños que priorizaron la demanda regional y soslayaron las demandas nacionales, recuerda la constituyente de Cochabamba por el MAS Rebeca Delgado Burgoa, miembro de la Comisión Técnica Jurídica.
La derecha (la extrema y la "centrista") a la cabeza de Podemos usó la capitalidad para bloquear los debates en la Asamblea, como lo hiciera antes con las discusiones referidas al carácter originario o "derivado" de la Constituyente, a la autonomía (departamental o indígena) y a la caracterización del Estado (Plurinacional o Unitario). 
Los sectores políticos más reaccionarios del país se sumaron a la lucha cívica chuquisaqueña por el traslado de la sede de gobierno a Sucre organizando un paro en seis departamentos el martes 28 de agosto. Aunque la medida fue parcial, la derecha empresarial dio un paso hacia el occidente aprovechándose de una demanda legítima de los chuquisaqueños y superó su aislamiento. Este jueves la patronal del oriente formalizó su alianza con los cívicos de dos departamentos de occidente.
Los cívicos Jhon Cava (Chuquisaca), Oscar Zurita (Cochabamba), Alberto Melgar (Beni), Reynaldo Bayar (Tarija), Ana Belén de Suzuki (Pando) y Branco Marinkovic (Santa Cruz) conformaron la denominada "Junta Democrática de Bolivia" en instalaciones de la Universidad de San Francisco Xavier de Sucre, una plataforma política nacida con el objetivo expreso de "defender la democracia" frente a los afanes totalitarios del gobernante MAS.  
En su primer manifiesto, la inédita articulación cívica –que está asumiendo las funciones de un partido político sobrepuesto a las desacreditadas organizaciones políticas formales de la derecha– exige al gobierno y a la directiva de la Asamblea Constituyente que garanticen la continuidad de su trabajo en Sucre y que se convoque de manera inmediata a las sesiones para restituir la legalidad del magno evento, previa anulación de la resolución del 15 de agosto que eliminó el tratamiento de la capitalidad de sus sesiones.
El bloque aclara que de ahora en adelante cualquier tipo de diálogo del gobierno con Chuquisaca necesariamente deberá considerar la participación de los seis departamentos. El "partido cívico" advierte que se definirán medidas de fuerza el 3 de septiembre en Cobija junto a los prefectos de los seis departamentos si la Constituyente no anula la resolución. "La solidaridad del pueblo boliviano en apoyo a las medidas de protesta de Chuquisaca hicieron despertar en los bolivianos de todos los sectores, más allá de sus diferencias, la conciencia de que Bolivia necesita el consenso y la democracia", declara el bloque cívico. Caba remata: "No aceptaremos un texto constitucional que sea aprobado solo entre masistas y de forma ilegal".

De pesadilla a realidad

El conservadurismo radical está empezando a imponerse en las decisiones de las instituciones y organizaciones de Chuquisaca, las cuales, junto a pequeños sectores de Cochabamba, se anexan a partir de hoy a la "medida luna". Las decisiones radicales de los cívicos en Sucre demuestran su poquísima, mínima, inexistente voluntad de diálogo, de resolver los problemas, de concertar. Es lamentable que los comités cívicos, copados por sectores reaccionarios y conservadores que todavía existen en el país, confronten y dividan, opina el coordinador del Comité de Emergencia del Consejo de La Paz Luís Revilla del gubernamental MSM.
Se confirma lo que desde hace mucho tiempo venimos denunciando: el Comité Cívico de Cochabamba, sin representación, sólo tiene intereses políticos y responde a los intereses del Comité Pro Santa Cruz, se ha convertido en una sucursal de los cívicos cruceños. Lo lamentable es que a nombre de toda Cochabamba se están asumiendo decisiones sin consultar a las organizaciones que pertenecen al Comité, dice el diputado del MAS Iván Canelas.
Ante la debilidad comunicacional, se posiciona un falso debate que no hace más que bloquear la Asamblea y evitar los cambios que demanda el pueblo boliviano. Se manipula a la opinión pública con falsa información de que el MAS atentará contra la propiedad y la educación privadas, que se propugnará el ateismo. Curiosamente, hablan de dictadura sectores que jamás han creído en la democracia y menos han actuado en consecuencia a ella, quienes han ejercido una dictadura de las minorías y que ahora están financiando el movimiento de Sucre desde la llamada "media luna", señala la constituyente Rebeca Delgado.
El Consejo de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas alrtó que el debate de la capitalía atentaba contra la seguridad interna de Bolivia. Se argumentó que el traslado de Poderes no era un asunto constitucional sino que debería ser considerado en una ley posterior en base a un objetivo análisis geopolítico. Se reivindicó el fin supremo de la Constituyente: la ejecución de cambios estructurales demandados por pueblo boliviano para mejorar la calidad de vida de todo el país y no solo de Chuquisaca. En estos tiempos de fiebre descentralizadora es un despropósito concentrar todos los poderes del Estado en una sola ciudad, pero el movimiento cívico oriental y sus nuevos epígonos siguen presionando al punto de desestabilizar al gobierno prefectural de Chuquisaca. 
La Directiva de la Asamblea Constituyente intentó acercar a Chuquisaca y La Paz en una mesa de diálogo sin ningún resultado. Igual suerte corrió la propuesta de crear una comisión política que trate el tema mientras se avanza en las demás comisiones de la Asamblea. El 15 de agosto, la Asamblea en plenaria resolvió por mayoría sacar la capitalía de los debates,  134 votos de siete fuerzas políticas (PODEMOS, UN, AYRA, ASP,AS,CN,MAS) de los nueve Departamentos. Y se sucedieron los paros, las huelgas de hambre masivas y una ola racista en la capital que precipitó la suspensión indefinida de las sesiones en la Asamblea y la dimisión del primer gobernador elegido por voto directo. Ahora en las marchas de Sucre ya se no pide capitalidad sino "democracia" y "autonomías".
Proliferan en Internet mensajes sin fuente en los que se alerta que Evo Morales ya tiene listo el nombramiento de cinco "acólitos" suyos para llenar las acefalías en el Tribunal Constitucional, lo que le permitirá dar sus siguientes pasos: "Abrogar la ley de sucesiones, por lo que ya no existirá la sucesión hereditaria y el Estado se apropiará sin lugar a reclamo alguno de nuestros bienes (…) Abolir el derecho propietario (…) emitir una ley que permita que el Estado controle nuestros ahorros bancarios, (…) y emitir antes de fin de año por simple mayoría una Constitución comunista chavista…".  

Fuente: lafogata.org