Latinoamérica

Edurne Martínez y Paolo Albanese
Gara

El pasado 16 de enero, la Sala Penal I de la Corte suprema de Justicia Boliviana declaraba en rebeldía al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros. Este paso, importantísimo para que avance la fase preparatoria del juicio de responsabilidades en su contra por los hechos de septiembre y octubre del 2003, llega después de más de tres años de espera, trabas y obstáculos que han tenido que soportar los familiares de las 67 victimas mortales de aquellas jornadas que, conocidas como Octubre Negro, han sido decisivas en la historia y el proceso de cambios que vive actualmente el país.
Hemos perdido a nuestros seres querido y nos duele que después de más de tres años nadie haya pagado por ello. Ya estamos cansados de esperar». Con estas palabras Doña Juana, que perdió esos días a su marido, expresa y resume, entre lágrimas y dolor, el sentir, no solo de los familiares, sino de toda la ciudad de El Alto y de gran parte de la sociedad boliviana. Un sentir reflejado en las múltiples pintadas de «Goni a Chonchocoro» que abundan en las paredes de la joven ciudad aymara.
La ciudad más pobre del país más pobre de América del Sur, que en setiembre y octubre del 2003 alzó su voz por lo que Rogelio Mayta, abogado del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, considera un reclamo de dignidad histórica.
«Los recursos naturales siempre nos han sido arrebatados y han beneficiado a otros. Esa es una realidad que está marcada en la mente del pueblo», por lo que en 2003, cuando se conocen los planes del Gobierno de exportar el gas a California, «la gente vincula que ese es el último recurso natural que nos queda y la única esperanza para salir de la pobreza. Fue un proceso de resistencia generado por la memoria histórica, al que Sánchez de Lozada sólo supo responder con represión».
Años antes, en su primer mandato, de 1993 a 1997, Sánchez de Lozada, que se estima tiene una fortuna de más de 220 millones de dólares (147,8 millones de euros) e intereses en cerca de una decena de países, llevó a cabo la capitalización, eufemismo bajo el cual se transfirieron a manos privadas las más importantes empresas estatales, y advirtió que estas políticas neoliberales se llevarían a cabo «pese a quien pese, cueste lo que cueste». El 9 de abril de 2003, en su segundo mandato, amenazó, en un acto en la ciudad de Santa Cruz, con el uso de las armas para mantener un gobierno que gozaba cada vez de menos legitimidad y respaldo popular.
Este lenguaje autoritario y militarista se convirtió en macabra realidad en setiembre de ese año, cuando un operativo militar, bajo el pretexto de «rescatar» a un grupo de turistas norteamericanos atrapados en un bloqueo, dejó un saldo de seis muertos en la localidad de Warisata. «Este fue un golpe calculado y medido, destinado a aterrorizar y vencer la moral de la gente que estaba resistiendo mediante bloqueos pacíficos en el altiplano paceño», afirma Mayta, quien considera que este «primer escarmiento», no logró su objetivo, sino más bien al contrario, «pues generó una respuesta de dignidad, que extendió las protestas, en especial en la ciudad de El Alto».
Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Guerra del Gas, recuerda cómo en esos días su hermano Constantino le comentaba que la situación se parecía cada vez más a la de las dictaduras de los años setenta. «Nos decía que teníamos que andar con mucho cuidado, que estaban volviendo los métodos dictatoriales en los que se militarizaba la sociedad y no se permitía ninguna protesta».
Días después, el 12 de octubre, recibió la noticia de que su hermano se encontraba grave. Falleció el 15 de ese mes víctima de la brutal represión y el terror que extendieron los militares amparándose en el decreto 27209, que, emitido el 11 de octubre del 2003, declaró el Estado de Emergencia Nacional, ordenando a las fuerzas armadas, al mando de su ministro de Defensa Sánchez Berzaín, también declarado en rebeldía, hacerse cargo del transporte de combustible y garantizar su distribución y suministro a la población.
Así, en su Artículo 3, el Estado asumía y garantizaba el resarcimiento de «cualquier daño sobre bienes y personas que se pudiesen producir como efecto de su cumplimiento». Es decir, licencia para matar que, a fin de surtir de combustible a La Paz, dejó cerca de cuarenta muertos.
Este decreto es una de las principales pruebas, pero no la única, pues según Mayta, «también hay órdenes anteriores al decreto, firmadas de su puño y letra en las que se dispone el uso de la fuerza y se ordena a los militares salir a las calles». Todo esto sostendría la principal acusación, genocidio. «Aunque -puntualiza el abogado- en el tipo penal boliviano equivaldría más bien al termino masacre. Es decir, lo que se buscaba no era la eliminación del pueblo aymara, al menos no en esta acción, sino quebrar la resistencia, mediante acciones de terror y matando, para poder seguir haciendo buenos negocios».
Represión y matanzas
Sin embargo, la brutal represión que trajo consigo el Decreto 27209, no logró sino su efecto contrario. «A partir de las matanzas la cosa ya se puso bien fregada», recuerda Juan Patricio. «La gente salía temprano de casa a bloquear y no volvía hasta tarde en la noche. Se masificaron las movilizaciones», hasta que, finalmente, el 17 de octubre Sánchez de Lozada renuncia y huye. No sin antes emitir un último Decreto, el 27213, mediante el cual se retiraron 1,5 millones de dólares (1,1 millones de euros) del Banco Central de Bolivia y se eximía de rendir cuentas sobre los gastos reservados.
Es a partir de su huida a EEUU y respondiendo a «un clamor de la sociedad boliviana», cuando se inicia la lucha por llevar a Sánchez de Lozada ante la justicia. Un largo camino de la memoria en busca de justicia, que ha sido andado entre trabas burocráticas y obstáculos políticos.
Desde la aprobación, necesaria para empezar el proceso, por dos tercios del Congreso, que tardó un año en llegar, tiempo en el que, mientras las familias de las víctimas no cesaron de movilizarse, los acusados pudieron, según Rogelio Mayta, «eliminar pruebas, cambiar bienes a nombres de terceros y otras maniobras que dificultan la investigación»; hasta la actitud de EEUU, que durante un año y medio provocó la obstrucción del proceso al negarse a cumplir un formalismo tan sencillo como entregar una notificación a Sánchez de Lozada. Así, mientras nueve ex ministros fueron imputados en mayo del 2005, a Sánchez de Lozada y otros dos ex ministros residentes en EEUU, la imputación les llegó el pasado mes de diciembre, después de que el Fiscal General de la República, considerara que, aún sin haberse cumplido la notificación, estos eran plenamente conscientes de la existencia de un proceso en su contra.
Esta imputación abrió las puertas a que fueran declarados en rebeldía y se emitiera, el pasado 16 de enero, una orden de aprehensión para ser juzgados en Bolivia por, entre otros delitos, genocidio, homicidio, vejaciones y torturas -«los bloqueadores eran obligados a punta de fusil a desbloquear con los pantalones bajados»-, libertad de prensa -«militares retiraron de la circulación medios que pedían su renuncia»- y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
También delitos económicos
Sin embargo, el proceso por delitos económicos derivados del decreto 27213, se encuentra todavía en fase embrionaria, a la espera de la aprobación por el Congreso, lo cual «desvirtúa por si solo el argumento empleado por la defensa de que se trata de un juicio político. De ser esto cierto, ahora que la mayoría del Congreso es del MAS, se aprobaría de inmediato el proceso por delitos económicos», sostiene Mayta, quien advierte que este argumento está siendo empleado por la defensa para desacreditar el juicio a nivel internacional. De esta manera evitaría que se pusiese en práctica el convenio de extradición existente entre Bolivia y Estados Unidos, paradójicamente firmado por el propio Sánchez de Lozada en su primer mandato.
De momento, las palabras de Philip Goldberg, embajador de EEUU en Bolivia, a la revista ``Times'' ya dan una pista. «La extradición es teóricamente posible, siempre que se trate de un proceso jurídico y no político». Lo que deja entrever que el trato que reciba Goni, puede ser similar al que recibe Posada Carriles. Lo que, en opinión de Mayta, sí constituiría una acción política por parte de EEUU. «Pues estarían protegiendo a quien ha sido uno de los abanderados en América Latina de las políticas neoliberales impuestas desde el Norte».
A pesar de esto, Mayta prefiere no hacer pronósticos sobre lo que pueda suceder o dejar de suceder, y tanto él como los familiares de las víctimas, insisten en la importancia que tiene el trabajo a nivel internacional, «para que nadie olvide el profundo desprecio que Sánchez de Lozada sentía por los indígenas y la gente pobre, lo que le llevó a pensar que su gobierno se podía mantener matándoles», pues ambos coinciden que la presión internacional puede evitar que Estados Unidos se erija en juez y gendarme y cumpla con el tratado de extradición, para que de esta manera se pueda llegar al final del juicio.
Un juicio que, al igual que las jornadas de septiembre y octubre del 2003, Mayta califica como de dignidad histórica. «El descuartizamiento de Tupak Katari, la muerte de Zárate Willca y de otros miles de indígenas son crímenes históricos que han quedado en la impunidad. Eso quiere decir que en este país la vida del indígena no vale nada. Y precisamente ahora, que hay en marcha una Asamblea Constituyente y se quiere refundar Bolivia, es importantísimo que se juzguen estos hechos, pues es imposible construir un país nuevo sobre la base de la impunidad».
El penal de Chonchocoro espera
Entre tanto, y mientras no haya ningún pronunciamiento oficial, los familiares de las víctimas no pierden la esperanza de que la memoria encuentre un día justicia y se cumpla con una demanda mayoritaria de la sociedad boliviana, tan bien resumida en las paredes de El Alto, y Goni acabe en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. «Entonces habremos cumplido como familiares y como ciudadanos bolivianos», sentencia Juan Patricio.
Sánchez de Lozada ejerció de presidente de Bolivia durante dos mandatos. El primero de ellos, entre 1993 y 1997, se caracterizó por las masivas privatizaciones que llevó a cabo siguiendo las directrices marcadas por el FMI y el Banco Mundial y que afectaron al 50% de los ferrocarriles bolivianos, así como al petróleo, a las telecomunicaciones, a la electricidad y a las líneas aéreas. Los ferrocarriles fueron vendidos a una empresa chilena, lo que suscitó una gran oposición.
Sin embargo, logró volver a la Presidencia en 2002, aunque sólo sacó un 2% a Evo Morales. Continuó con la política neoliberal y trató de exportar gas natural a EEUU y México por puertos chilenos, lo que provocó fuertes protestas, que fueron duramente reprimidas. Fue obligado a dimitir en 2003.
En 2004 fue acusado por Evo Morales de «genocidio y asesinato de manifestantes políticos» en las protestas del gas, además de otras violaciones de derechos humanos.
La riqueza estimada de Sánchez de Lozada -en dólares- contrasta con la pobreza y las condiciones de vida a las que tienen que hacer frente los bolivianos.    

Fuente: lafogata.org