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Comenzó como asistente en el proyecto de documentación de Guatemala que apoyó el trabajo de la Comisión de esclarecimiento histórico de Naciones Unidas en ese país. Desde el año 2000 es director de los proyectos de documentación de Argentina, Paraguay y Uruguay. El objetivo es recabar documentos desclasificados de las Agencias de Inteligencia de Estados Unidos que ayuden a aclarar violaciones de Derechos Humanos y hacerlas accesibles a jueces, organismos de Derechos Humanos y familiares de las víctimas. Además, es supervisor de los sistemas informáticos del National Security Archive.

Plan B - ¿Alguna vez el gobierno uruguayo solicitó información o envió por su desclasificación?
Carlos Osorio - Sabemos que la Comisión para la Paz hizo una solicitud, y el Departamento de Estado respondió que luego de la desclasificación sobre Argentina haría búsquedas y entregaría documentos sobre Uruguay. Pero esta política no fue seguida bajo la administración Bush.

Plan B - ¿Cómo se vincularon ustedes, desde el NSA, con la Comisión para la Paz, respecto de este pedido?
Carlos Osorio - Aunque ofrecimos nuestra asesoría a la Comisión para la Paz para continuar estos esfuerzos, la Comisión para la Paz no tomó esa oferta.  Tampoco supimos si se hicieron más gestiones posteriormente.

Plan B - ¿Es posible que las autoridades uruguayas actuales no conozcan la existencia de los mismos?
Carlos Osorio - Es posible que las autoridades uruguayas no la conozcan, pues no sabemos nosotros con qué grado de interés y acuciosidad se ha dado seguimiento a lo que la Comisión para la Paz nos informó, respecto de que el gobierno de EE.UU. les entregaría documentos. Debido a nuestra vasta experiencia en la materia, ése es uno de los papeles que ha jugado el NSA en el pasado con comisiones de la verdad, gobiernos y jueces: informar y guiar al tipo de documentación, informar sobre cómo acceder a la misma.

Plan B - ¿Ustedes no desclasifican esta información por su propia cuenta por falta de recursos o por algún otro motivo?
Carlos Osorio - Nuestra organización es una ONG pequeña con recursos limitados. Si tuviéramos más recursos podríamos promover más desclasificación, más transparencia por parte del gobierno. Como la mayoría de nuestros proyectos, los de Argentina, Paraguay y Uruguay cuentan con un asistente y uno o dos pasantes esporádicos. El 14 de junio de 2006, el NSA inició un pleito contra la CIA en la Corte Distrital de Columbia, reclamando que la CIA dejara de cobrar a los periodistas por la información desclasificada de la Central de Inteligencia. La CIA comenzó a reclamar autoridad para incrementar el canon cobrado si estima que la información pedida por el periodista no es de interés público. Los representantes legales del NSA rechazan esta postura y creen que si la CIA triunfa en esta iniciativa, en el futuro sólo se podrá saber lo que el gobierno determine.

Respecto de la situación de cobro por la información de la CIA, ¿cuál es su opinión y en qué momento está esta disputa, si es que no se ha resuelto?  Desde finales de 2005, la CIA comenzó a denegar la exención de tasa de prensa al NSA, no basándose en la Foia sino en una serie de parámetros nuevos en sus regulaciones, exigiendo que el NSA demostrara que la información que se pedía fuera noticia. O sea, que la CÍA desplazaba el patrón de medida y no sólo no cumplía la ley al obstaculizar la información a una entidad de prensa, sino que, además, se autoinvestía como la autoridad estatal en determinar qué es noticia.
 
El director del NSA, Tom Blanton, ha dicho que esta actitud de la CÍA es un intento de "minar el crecimiento de un cada vez más extenso debate público en los medios de comunicación cuando la comunidad de Inteligencia y sus actividades están bajo un serio escrutinio público". ¿Puede ejemplificar a qué se refiere Blanton con estas afirmaciones? Son numerosos los ejemplos de que la CÍA obstaculiza el acceso a la información como este reciente en convertirse en comisario político de la prensa. Por otra parte, por años hemos luchado contra la práctica de la CIA dé no confirmar ni negar tener información sobre los casos solicitados. Y ello consiste en decir que, debido a su mandato legal, no pueden confirmar ni negar la existencia de información respecto de una petición particular, evadiendo nuevamente dar respuesta a peticiones amparadas en la Foia.

Plan B - ¿Por qué se creó esta situación, si la ley es muy clara respecto a si la CÍA tiene interés periodístico o no?
Carlos Osorio - La CIA tiene mucho espacio de juego en cómo elabora su reglamentación respecto de la aplicación de la ley de Foia y hace valer el fantasma de la amenaza terrorista que usa el Ejecutivo para abusar de las libertades. No hay duda de que la CÍA no sólo subestima a los periodistas y a la ciudadanía, sino que, más allá, se abroga prerrogativas que no le corresponden ni se corresponden en un sistema democrático.                         

Fuente: lafogata.org