Gustavo Espinoza M. (*)

Finalmente, 21 años más tarde, por mandato de la juez  María Leon Yarango, fue posible procesar la reconstrucción de los hechos ocurridos en el Penal de El Frontón los días 18 y 19 de junio de 1986, que dejaran una estela dolorosa de muerte y sangre. Más de 250 reclusos fueron allí simplemente asesinados por efectivos militares empeñados en debelar lo que se llamó un "motín", es decir, un reclamo carcelario demandando celeridad en los juicios penales y condiciones elementales humanas para los internados en el lugar.

A la reconstrucción de los hechos no se permitió el acceso de los medios de comunicación, de tal modo que la opinión pública conoció de los mismos a través de terceros, y de versiones formales proporcionadas por una nota de prensa del  Poder judicial. Se supo así que la diligencia se inició a las 6 de la mañana y se prolongó por más de nueve horas en el mismo lugar en el que ocurrieron originalmente los hechos. Estuvieron allí efectivos militares que intervinieron en las acciones, funcionarios judiciales, abogados de la causa, representantes del Ministerio Público y sobrevivientes que testificaron dramáticamente las circunstancias vividas.

Ausentes, sin embargo, fueron dos de los principales actores  de la situación, el entonces Vice Ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos, ex secretario personal de Alan García; y el actual Vicepresidente de la República, el almirante Luis Giampietri, hoy también Presidente de la Comisión de Inteligencia del Poder Legislativo. Ni una, ni otra ausencia, fue justificada.

De acuerdo a las versiones proporcionadas por ex miembros de la Marina de Guerra que estuvieron presentes en aquellos días en El frontón y que ratificaron su testimonio ayer, Agustín Mantilla llegó a la zona poco antes de iniciarse las acciones militares y dijo a quienes lo recibieron que se haría cargo de todas las operaciones militares "por expresa disposición del Presidente García". Esto fue corroborado por ex agentes del Instituto nacional Penitenciario y publicado también por el diario limeño "Perú 21". 

Conforme la misma versión, Mantilla "tenía una radio de largo alcance con la cual hablaba con otra persona describiendo la situación de ese momento, y daba órdenes a los militares". La deducción natural fue que su interlocutor era el entonces Jefe del estado, y hoy nuevamente Presidente Alan García Pérez quien, sin embargo declaró ante la misma Jueza la semana pasada que "no supo ni ordenó nada". En todo caso, Mantilla en ese momento estaba en relación directa con el entonces Jefe de Operaciones Navales, el almirante Giampietri el mismo que se hallaba rodeado por varios marinos que lo custodiaban.

La reconstrucción, pese a todas sus limitaciones, permitió confirmar la idea de que hubo allí ejecuciones extrajudiciales, las mismas que tuvieron lugar fuera del pabellón demolido por la acción de la Infantería de Marina de Guerra, y a un costado del mismo una vez que todos los presos de habían rendido. Solo sobrevivieron algunos reclusos que fueron dados por muertos, como Julio Yovera y Juan Laura Coronado, quienes estuvieron ayer en la abandonada isla.

Adicionalmente la reconstrucción permitiò comprobar que los reclusos "amotinados" carecían de armas propias y que sólo contaban con tres fusiles con sus cacerinas -un total de 60 balas- que les quitaron a tres custodios del penal a los que tomaron como rehenes. Esto último, sin embargo, no interesó, al parecer, a la jueza Leon, según refirió Juan Laura Coronado en versión proporcionada por el diario "La República".

Hay que subrayar que la diligencia hecha se circunscribió al Frontón, pero la matanza de los Penales ocurrió también en otros centros penitenciarios. En el Pabellón Industrial del Penal San Pedro de Lurigancho, por ejemplo, fueron ejecutados 124 presos que se rindieron. Extraídos del pabellón fueron colocados de rodillas en la pampa donde recibieron, cada uno, un balazo en la nuca.

Inmensos han sido los esfuerzos hechos por los gobiernos y las personas involucradas en estas acciones para impedir la investigación de los hechos y el deslinde de las responsabilidades. La magnitud de los delitos, el intenso trabajo de los organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos y las presiones del exterior han impedido que el caso sea archivado, como lo exigieran en forma reiterada altos funcionarios del Estado Peruano y en particular el propio Presidente García.

La propaganda oficial se empeñó siempre en presentar lo ocurrido como producto de una "asonada terrorista" y los ejecutores del crimen como "héroes que opusieron en riesgo sus vidas para debelar un motín que puso e peligro la estabilidad del país". Aún hoy hay quienes, ciertamente, insisten en la misma versión.

No fue esa, sin duda la conducta de quienes tuvimos la posibilidad de hablar en ese entonces.

En la interpelación que hiciéramos en ese entonces en la Cámara de Diputados al Gabinete Alva Castro los días 16 y 17 de septiembre del mismo año, dijimos sin ambages: "Los sucesos de los Penales constituyen un delito. Este delito tiene un nombre. Se llama genocidio, es decir matanza colectiva de gentes". Y a continuación precisamos, desenmascarando a los autores del hecho: "Los que combatieron en Angamos, son héroes; pero los que combatieron en El frontón, no son héroes. Los que combatieron en el Morro de Arica, son héroes, pero los que combatieron en Lurigancho y el Frontón, señor, no son héroes. Son asesinos".

Hoy, no obstante todos los ardides seudo legales, y aunque 21 años más tarde, los penales comienzan a contar su verdad.

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera