"Alan García no ha venido a corregir sus errores de los 80 sino a completar la obra de Fujimori"

Alvaro Campana Ocampo

Hoy después de seis meses de gobierno Aprista, el Partido Nacionalista, alerta al pueblo peruano que estamos frente a un gobierno que ha asumido la tarea de completar la obra del Fujimontesinismo en el Perú.
Acabó el tiempo de las promesas, la máscara del candidato del "cambio responsable" ha sido dejada a un lado, Alan García ya no pide perdón por el desastre del 85’ al 90’, seis meses resultan suficientes para sacar una conclusión: una nueva modalidad del continuismo económico, político y moral se ha instalado en el país: el fujialanismo. Este no es el gobierno del partido que ganó las elecciones, sino el de la alianza de Alan García con su viejo socio, que hoy reside en Chile a la espera de una decisión de extradición que el gobierno viene saboteando desde el primer día.
La mentira como método político
Alan García mintió en casi todas las promesas que hizo al país para ganar las elecciones:
·       Se negó a cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras que hubieran permitido al país y a las regiones participar del auge de los precios internacionales de los minerales, y ha querido sorprender con el cuento del "aporte minero", que recoge las migajas del gran banquete de las trasnacionales.
En seis meses, la política del gobierno frente a la minería ha sido la de ofrecer espacio libre para la inversión, sin que los contratos vigentes, que consideraban ganancias desmedidas para el inversionista en perjuicio del Estado, sean modificados. La velocidad del crecimiento de los precios de los minerales ha empezado a reducirse y puede esperarse que esa tendencia se mantenga este año, con lo cual, el Perú habrá desaprovechado una oportunidad excepcional. El "aporte voluntario" es una maniobra política para salvar la promesa incumplida del impuesto a la sobreganancia. Este llamado "óbolo" no responde, por lo demás, a un fondo del presupuesto nacional, no es controlado por el Estado, ni responde a un plan de desarrollo programado. Nadie, hasta la fecha, ha visto ese famoso aporte o remotamente sentido una mejora de las condiciones de vida; la realidad de los departamentos mineros, no se ha modificado en absoluto.
Mas que anunciar medidas y no cumplirlas, lo que debería hacer el gobierno es obligar, a las empresas mineras a cumplir los acuerdos, cosa que no está ocurriendo por ejemplo en Arequipa, donde la minera Cerro Verde se empeña en desconocer sus compromisos con el pueblo arequipeño contraído a través de sus municipalidades.
·       Alan García ha frenado iniciativas trascendentales como la ley de eliminación de la renta básica, estableciendo un acuerdo con la Telefónica para adelantar los ajustes futuros y presentarlos como una rebaja. No ha sido capaz de impulsar la ley de desafiliación de las AFPs manteniendo a los jubilados prisioneros de estas empresas; ha paralizado las propuestas del Congreso para restituir los derechos laborales y está asumiendo la posición de algunos empresarios en la crítica al proyecto de la Ley General del Trabajo.

·       En materia económica, se ha negado, a revisar el TLC y más bien se ha constituido en el principal defensor de esta propuesta que le ha demandado no sólo tiempo sino también hacer el ridículo en la gestión, para finalmente, terminar entregando la tarea de lograr airadamente el acuerdo al lobby de Alfredo Ferrero, vinculado a los principales grupos exportadores. Esta posición errónea en nuestro concepto, le impide explorar una potencial participación del Perú en los acuerdos del ALBA (Alternativa Bolivariana para América).
Igualmente, el shock de inversiones que prometió, se ha convertido en un show de inversiones, donde sólo una pequeña parte del presupuesto ha podido ejecutarse, debido a la ineficacia del gobierno central.
Este gobierno no ha cumplido el mandato del pueblo en las dos vueltas electorales del 2006, que demandaba el cambio urgente de la política económica neoliberal hacia una de mayor sentido nacional y popular. Carece de la voluntad política para cambiar un modelo primario-exportador que es polarizador per se al concentrar la riqueza en pocas manos y condenar a la fractura social y geográfica al país. No se tiene la más remota idea de cómo iniciar un plan de desarrollo industrial apoyándose en nuestro capital nacional constituido por los pequeños y microempresarios. Por eso, la clave es modificar dicho modelo económico, que es la causa más profunda de la pobreza existente en el país y el obstáculo más fuerte al desarrollo del mismo.
·       Ha mantenido el viejo y tradicional concepto de "programa Social", como sinónimo de limosna para los pobres, sea esta disimulada como "cachuelitos" por algunos meses, o directamente en productos. El gobierno no comprende que el verdadero concepto de Programa Social, significa, la actividad promotora del Estado en ciertos sectores económicos, para incluir a un sector importante del pueblo que se encuentra marginado, discriminado y excluido fundamentalmente por la política económica, en nuestra sociedad.
Todo esto a través de la responsabilidad que tiene todo Estado en generar empleos dignos, educación y salud de calidad, y accesible a los más pobres, proporcionar a estas familias; los servicios básicos para crear ciudadanía como son; servicio de agua y desagüe, luz, viviendas formales, postas medicas, escuelas y seguridad. Para esto, el actual gobierno debe defender los intereses nacionales reflejados en una nueva relación entre el Estado y el capital trasnacional, cobrando los impuestos necesarios y no pasando el sombrero con programas no gubernamentales como "sembrando" que, en la práctica ha sustituido a una política seria de lucha contra la pobreza.
Pero por otro lado, el gobierno en el campo del apoyo social tiene problemas ajenos a su gestión como son fundamentalmente los desastres naturales producidos en la región del Huallaga; sin embargo, también debemos señalar que no ha cumplido con la meta de conectar a medio millón de familias peruanas con las redes de agua en sus primeros seis meses, y esperamos que este programa adquiera una mayor atención de las autoridades.
·       En política educativa, no hay un norte claro. El Ejecutivo, no comprende que no hay educación de calidad porque ni el Estado ni los grandes capitales foráneos requieren de mano de obra educada. Lo que este modelo económico exige es el "cholo barato", que este dispuesto a regalar su fuerza laboral y su dignidad por poca plata.
Su política educativa, hasta ahora, sólo pasa por haber exigido una supuesta evaluación a los maestros "por las buenas o por las malas". Indudablemente, lo que está ausente es un criterio que parte de identificar el tipo de sociedad para la cual preparamos a nuestros hijos, para a partir de allí, definir hacia dónde debe ir la educación. Dentro de una radical reforma educativa, la evaluación del desempeño docente no puede reducirse a una simple prueba escrita.
La evaluación ha servido sólo como mecanismo de discriminación para golpear a los sectores resistentes y demostrar que, al igual que Fujimori, García no respeta las organizaciones de los trabajadores. Es casi seguro, además, que el gobierno haya impulsado esta evaluación a los maestros, enfrentándose al principal sindicato de profesores del país, buscando justificar el próximo endeudamiento externo para alimentar la corrupción gubernamental, pero no, para solucionar el problema de la baja calidad en la educación.
García no cumple porque nunca quiso hacer lo que ofreció. Sabía antes, como sabe ahora, que poner impuestos genera controversias, que la Telefónica resiste los ajustes a su contrato, que las AFPs tienen tremenda influencia, que retornar a la Constitución de 1979 implica renunciar al capítulo económico que protege a las transnacionales, y así sucesivamente. A seis meses, sabemos que mintió cínicamente para robar el voto ciudadano. Esa es una enorme responsabilidad que va más allá de lo meramente político, e ingresa lo moral y la legitimidad política para mantenerse en el cargo.
Lejos de afrontar los grandes temas pendientes, por la incapacidad de aquel que tiene las manos atadas por compromisos políticos y económicos anteriores, Alan García construye problemas virtuales en el país para ocultar los reales. Mientras en gran parte de Latinoamérica se debate cómo satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, cómo mejorar la educación, la salud o combatir la corrupción; en el Perú, se discute si se implanta o no la pena de muerte.
Sin embargo, García dice que el debate con el que ha dividido al país, pulverizado a sus ministros, dispersado su bancada, enfrentado las instituciones y quebrado la unanimidad de la prensa que le daba su apoyo, es una promesa que si está dispuesto a cumplir, apelando a la supuesta legitimidad de las encuestas y de las marchas callejeras que le organizan sus amigos fujimoristas.
La pena de muerte convertida en problema principal sobre el que debemos definirnos los peruanos, es un invento típico de García, como lo fue la fallida estatización de la banca en 1987. Él sabe, que no va a eliminar las violaciones de menores porque mate alguno de esos infelices o porque elimine a un presunto subversivo. Hay suficiente experiencia para saber que también en este punto miente y crea un conflicto artificial que esconde sus propósitos.
¿Qué busca García? Todo indica que son varios objetivos: (1) apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reducir los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos; (2) provocar un desacato a los fallos internacionales so pretexto de soberanía, que puede ser extensible a la OIT y otros ámbitos; (3) impulsar un proyecto autoritario que tiende a prescindir del Congreso y otras instituciones, que no se someten a los caprichos presidenciales.
La última muestra ha sido la liquidación del Consejo Nacional de Descentralización (CND), trasgrediendo principios jurídicos básicos y pretendiendo gobernar el país a través de Decretos Supremos.
El gobierno de Alan García está usando la demagogia para intentar acallar a la Corte Interamericana y su voluntad real es denunciar el Pacto de San José para con ello, deslegitimar las decisiones de la Corte. Algo que no se atrevió hacer directamente ni Fujimori y Montesinos juntos. El fujialanismo va a ser más duro y peligroso.
Estas dotes de abuso de poder de García, comulgan estrechamente con la represión y persecución a autoridades, ex presidentes y opositores políticos. Hace unas semanas también se intentó utilizar argucias legales para despojar de inscripción al Partido Nacionalista. La reciente ley de control de las ONGs, que las convierte en OSGs (Organizaciones semi gubernamentales), es una clara muestra de esto. Todos estos métodos, que plantean un dominio y control de las instituciones del país, configuran una regresión política lamentable.
El gobierno confunde al adversario político con el enemigo, cuando el enemigo del Perú es el analfabetismo, la desnutrición infantil, la violencia, la corrupción, el desempleo, la injusticia económico-social, la indiferencia del Estado con nuestros jubilados, con nuestros reservistas, con nuestras Fuerzas armadas y policiales.

Una alianza para repartirse el país

El fujimontesinismo fue el régimen más corrupto de la historia del Perú que además avasalló implacablemente los derechos humanos de muchísimas personas. Estableció una Constitución hecha a la medida del poder presidencial, que el dictador creyó poder prolongar indefinidamente, y de los intereses del capital transnacional que fueron sus mejores aliados. García es ahora el puntal de esta Constitución, que se opone a la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, como lo están haciendo otros países del continente y tampoco se atreve a dar un solo paso en relación a su promesa de restablecer la vigencia de la carta de 1979.
La propuesta regeneradora del Partido Nacionalista de proponer una Asamblea Constituyente que liquide la Constitución Fujimontesinista y establezca un verdadero orden democrático en el país, con la participación soberana del pueblo, ha sido airosamente rechazada por el Gobierno, que teme a la decisión popular, como le teme cualquier régimen autoritario. La Constitución Fujimontesinista es, en estos momentos, una Constitución Fujialanista.
García es el Fujimori sustituto, que ya está soñando con hacerse reelegible, mientras está trabajando una alternancia con su alter ego. Las votaciones en el Congreso que han sido sistemáticamente coincidentes daban un indicio que se estaba más allá de un asunto circunstancial de puntos de vista comunes. Lo fundamental es, sin embargo, que el acuerdo Fujimori-García no se da sobre los temas clásicos del APRA ni sobre lo que se ofreció en campaña. En términos programáticos García se ha pasado a Fujimori. Ese es el discurso del autoritarismo, de ver terroristas por todas partes, de enarbolar la muerte como si se tratara de cualquier cosa, de empujar la judicialización del presidente del Partido Nacionalista, de los congresistas nacionalistas, del ex presidente Toledo y de algunos de sus ministros, las agresiones contra el SUTEP, entre otros. Un clima que evoca al Perú de 1992 y que García atiza irresponsablemente porque cree que saldrá ganando con la confrontación.
Alan García ha traicionado a las bases apristas y al pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus políticas no tienen nada que ver con los fundamentos del nacimiento de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, cuyos pilares eran los principios nacionalistas, antiimperialistas y latinoamericanistas de raigambre popular.
La política exterior de Alan García aísla al Perú
En cuanto a la política exterior García es un gran misterio. Viaja a Estados Unidos a abrazarse con Bush y anuncia una cruzada contra el "fundamentalismo andino", como si tuviera su propio Irak en Bolivia; y luego busca una reconciliación forzada con el presidente Chávez de Venezuela. Apresura un acercamiento, con visos de entreguismo a Chile, con el que ha firmado un TLC negociado en secreto que favorece las inversiones de ese país en el Perú. Un equivocado y pusilánime manejo de las relaciones bilaterales con Chile que nuevamente nos coloca en el ridículo, al nosotros buscar besos y abrazos con los ministros chilenos en Santiago, nombrar un Embajador Político que es mitad chileno y mitad peruano en Chile, permitir condecoraciones chilenas a nuestros altos mandos militares, mientras que ellos siguen comprando armas modernas para su Fuerza Armada y ahora pretenden anexarse aprox. 20,000 mts2 de tierra que pertenece a la heroica Tacna.
Habla de alianza estratégica con Lula y trata de seducir a empresarios brasileños con una supuesta oferta de gas que permita dejar de lado a nuestros hermanos bolivianos, y se expone a que el presidente de ese país lo declare "estrafalario". Pretende que su gran amigo es el gobierno colombiano, pero acepta presiones para convertir la negociación del TLC, como una jugada para ganarle al país norteño.  Perú se está aislando de las grandes tendencias latinoamericanas que, desde Nicaragua hasta Argentina, toman decisiones en el continente. Lejos de discutir, por ejemplo, si al Perú le interesa entrar en el Mercosur, o reforzar la Comunidad Suramericana de Naciones fortaleciendo a la Comunidad Andina, Alan García se niega a hacerse presente en Río de Janeiro.
El Sr. García, se convierte en un tipo errático, sin principios que está comprometiendo los intereses y la imagen del Perú en el escenario latinoamericano y mundial. Es una triste realidad que refleja su manejo interno sobre el plano de las relaciones con el exterior. El Perú, por tanto, debe probarle a García que no puede hacer lo que le da la gana. Que la mayoría del país no está de acuerdo con que lo gobierne la alianza de la corrupción y el abuso del poder. Que en todas partes se exige cambio del modelo económico. Son voces claras que el gobierno debe escuchar si no quiere agravar la crisis política y poner en riesgo la democracia peruana.

Muchas gracias