Ya hay diez congresistas detenidos, acusados de tener vínculos con los
paramilitares. El escándalo sacude a los más reconocidos parlamentarios (incluso
un hermano de la canciller María Consuelo Araújo), alcaldes, concejales y
gobernadores del país.
A la parapolítica colombiana algunos le dicen fenómeno. Pero ya casi nadie
cree que se trate de algo extraño, aunque a muchos los sigue sorprendiendo saber
que sí es cierto que hay congresistas y gobernantes que recibieron y entregaron
dinero y poder a los paramilitares. Esos políticos que se aliaron con los paras
fueron los gestores de lo que hoy se conoce como parapolítica. Ellos son,
entonces, los parapolíticos y el jueves tres fueron arrestados: los senadores
Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof. Los detenidos fueron llamados a
indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que ya había ordenado la captura
de otros tres congresistas. Están detenidos, después de indagatoria, Alvaro
García Romero, Jairo Merlano y Erick Morris, también congresista, y la ex
representante Muriel Benitorebollo. Así son ya diez los "padres de la patria"
que están tras las rejas por sus relaciones con las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC).
Este es uno de los momentos de más alta tensión desde que la parapolítica está
en la agenda pública de los colombianos. Durante los últimos años se murmuraba
que la política y las fuerzas militares habían sido infiltradas por los paras,
esos colombianos que se armaron hace tres décadas para defenderse de las
guerrillas y poco después se convirtieron en extorsionistas, asesinos y
narcotraficantes, que hoy están desmovilizados (ver aparte), en el marco de un
proceso de negociación con el gobierno nacional. Y hasta del mismo presidente de
la república, Alvaro Uribe, se ha dicho que tiene vínculos peligrosos con las
autodefensas. El senador Gustavo Petro, del partido de oposición Polo
Democrático Alternativo, anuncia para marzo un debate en el Senado sobre el
papel de Uribe en la conformación de fuerzas paramilitares en los años noventa,
cuando fue gobernador de Antioquia, una de las provincias más importantes del
país, cuya capital es Medellín.
Así que las sospechas sobre la parapolítica no son recientes, pero sí se
hicieron mayores y más tarde se demostraron cuando el ex jefe para Salvatore
Mancuso entregó a la opinión pública el llamado Acuerdo de Ralito. Se trata de
un documento firmado el 23 de julio de 2001 por 11 congresistas y los jefes
paras Jorge 40, Diego Vecino, Don Berna y el mismo Mancuso. Los políticos y los
paras se reunieron en Santa Fe de Ralito, al norte del país, para acordar y
firmar un documento que define los términos para "construir una nueva patria".
Los legisladores firmaron, entonces, un acuerdo con los jefes en una de las
épocas de terror más agudas del paramilitarismo, y con delincuentes que eran, en
ese momento, buscados por la Justicia.
"La infiltración de los grupos ilegales en la política no es un asunto nuevo. Lo
que sucede ahora es que se hizo público un documento firmado por senadores y se
están entregando pruebas de que hubo relaciones y pactos entre ellos y miembros
de autodefensas", explicó para Página/12 el ex asesor de Paz Jaime Fajardo
Landaeta.
Hoy el escándalo sacude a los más reconocidos parlamentarios, alcaldes,
concejales y gobernadores del país. Son 60 las personas que la Corte Suprema ha
llamado a declarar en el proceso que espera aclarar quiénes, por qué y con qué
fines, han establecido relaciones de poder con los paras colombianos. El ex
candidato presidencial Horacio Serpa, que dijo que "la curva de ascenso del
presidente coincide con la consolidación del poder paramilitar y la celebración
de pactos entre políticos y autodefensas", está en la lista de los llamados a
hablar sobre este fenómeno que es la parapolítica colombiana.
Cinco mil paras rearmándose
María Laura Carpineta
Página 12
En Colombia, los paramilitares no son un problema del pasado. A sólo meses de
las masivas desmovilizaciones que el gobierno de Alvaro Uribe tanto celebró,
miles de paramilitares habrían retomado las armas y reorganizado sus actividades
en las regiones dominadas por el narcotráfico. El gobierno reconoció que no sabe
qué sucedió con casi cinco mil desmovilizados y que no tiene suficientes
recursos como para asegurarles cobertura médica y una salida laboral a todos los
hombres que participaron hasta ahora del proceso. Dos de los jefes paramilitares
que se encuentran en prisión, Salvador Mancuso y Carlos Mario Jiménez,
advirtieron a la Justicia que más de cinco mil de sus antiguos hombres,
incluyendo 500 mandos medios, se están rearmando.
Como si estas cifras no fueran una alarma suficiente, cuatro dirigentes sociales
que habían denunciado los crímenes del paramilitarismo fueron asesinados este
último mes. Carmen Santana, Yolanda Izquierdo, Oscar Cuadrado Suárez y Gustavo
Espitia habían ayudado a otras personas a denunciar las violaciones a los
derechos humanos de estos grupos armados a la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación. Este organismo es uno de los pilares que soporta el proceso de
desmovilización y debería haberles garantizado seguridad a los denunciantes.
Pero no sucedió. Como tampoco sucede con las cientos de familias que ya
denunciaron amenazas y siguen desprotegidas de una red paramilitar que dista de
estar disuelta, como asegura Uribe.
Pero para el gobierno los asesinatos, la quema de sedes de organismos de
derechos humanos y las amenazas a intelectuales no son síntomas de la
supervivencia del paramilitarismo. Como tampoco lo es que los territorios
manejados por los nuevos grupos armados –simples bandas criminales para el
ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín– coincidan casi hasta el
último centímetro con las regiones que antes manejaban los distintos bloques de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar del
país que oficialmente ya no fue desmovilizado.
Estos nuevos grupos armados se hacen llamar Aguilas Negras y estarían ganando
presencia en todo el país, especialmente en aquellas zonas donde el negocio del
narcotráfico es más fuerte. "Hay lugares, como el departamento de Cauca, donde
los narcos han contratado a personas desmovilizadas y otras que nunca se
desmovilizaron para que les den protección", explicó a Página/12 Régulo Madero,
uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
La visión de Madero y la del gobierno son parte de un debate que incluye a
funcionarios, organizaciones sociales, intelectuales y a los propios jefes
paramilitares. ¿Quiénes son estos nuevos grupos? Según el politólogo del
Instituto Popular de Capacitación de Medellín, Jesús Balbín, hay tres
respuestas. Para el uribismo son nuevos criminales que simplemente empezaron a
ganar poder. Para las víctimas son la prueba de que no todos los paramilitares
se desmovilizaron y no todas las armas fueron entregadas. Para Balbín, en
cambio, la cuestión es un poco más complicada. Hay hombres y armas que no se
entregaron, hay otros que se desmovilizaron pero al encontrarse sin dinero ni
trabajo decidieron volver al oficio que mejor conocían, hay un negocio
multimillonario ilegal que necesita protección ilegal y hay un sinfín de jóvenes
desesperados y sin futuro que compran la promesa de poder y riqueza fácil.
El propio jefe paramilitar Ernesto Báez había advertido no hace tanto desde su
prisión sobre las consecuencias de un proceso de paz hecho a medias: "Si no los
ayudan a los desmovilizados, la próxima generación paramilitar será más violenta
y sanguinaria que las anteriores".
Estudio Para entender la para-política
Una investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris da nuevas pistas sobre
cómo los paramilitares ejecutaron un plan macabro para tomarse la política
regional.
Revista Semana
Cada vez que Colombia atraviesa un proceso extraordinario de su ya particular
realidad, nace una nueva palabra. En los 80 se hablaba de 'narcoguerrilla', y en
los 90, de 'caguanización'. Hoy la 'para-política' es el término de moda. Pero,
a pesar de estar de boca en boca, es preciso organizar los elementos que
expliquen su verdadero significado.
¿Se trató de una estrategia de los paramilitares para convertir en cómplices a
los políticos? ¿Por qué confluyeron sus intereses? ¿Fue un meticuloso cálculo
para apoderarse de las finanzas públicas? ¿De qué les servían a los
paramilitares los políticos, y viceversa? ¿Llegar a la política regional era el
camino para que los paras consiguieran una negociación con el gobierno?
Estas preguntas motivaron a la Corporación Nuevo Arco Iris, en cabeza del
analista León Valencia, a investigar durante dos años el fenómeno. El equipo de
investigadores, en su mayoría de la Universidad Nacional, cruzó variables
numéricas de acciones armadas con circunstancias políticas, recorrió regiones y
realizó entrevistas directas con los protagonistas. Los resultados de esta
investigación permiten tener una visión sobre la penetración armada en el poder
legislativo que en la actualidad tiene alarmada a la sociedad, y a prueba a las
instituciones.
El punto de quiebre
La investigación no puede decir con exactitud el momento ni la razón por la que
se empezó a gestar este fenómeno. Pero para la Corporación Arco Iris hay hechos
que confirman coincidencias entre la expansión del ejército paramilitar, que
entre 1999 y 2003 llegó a 223 municipios en todo el país y se hizo especialmente
fuerte en 12 departamentos; y la consolidación en las urnas de los mismos
municipios de desconocidos movimientos políticos que aparecieron de un momento a
otro con fórmulas electorales que juntaban candidatos tradicionales con otros
nunca antes mencionados.
La llegada de estos mini partidos contribuyó a debilitar a los tradicionales,
liberal y conservador. No sólo minaron sus bases, sino que les crearon una
debilidad mayor de la que ya sufrían por sus propias culpas. Muchos políticos
prefirieron el aval de estas singulares siglas (Mipol, Moral, MPU) como la vía
mas expedita para mantener su poder, y en la mayoría de los casos los votos les
dieron la razón.
La investigación que hace Valencia con Mauricio Romero, un conocido analista del
tema paramilitar, atribuye este fenómeno a una especie de resistencia por
sobrevivir a la apertura democrática que planteó la Constitución del 91 con la
circunscripción nacional para Senado. Para los investigadores, en la pirámide de
la política la figura del senador es la cúspide: desde ella emana el poder hacia
abajo. Por eso el estudio hizo énfasis en casos de la Cámara alta.
Del cruce de las dos variables -municipios de expansión paramilitar y la
votación de los nuevos movimientos- se concluye que en las elecciones de 2002 al
Congreso llegaron 26 senadores sobre los cuales cabría algún tipo de sospecha.
En 2006, este número, según el estudio, habría aumentado en siete más: llegaron
a 33, con una votación de 1.845.773 votos que, según cálculos del informe,
representan "una tercera parte de la votación para Senado y un punto muy alto en
la votación para Presidente".
El estudio es cuidadoso en mencionar que las coincidencias no son prueba de la
relación entre políticos y paras. Pero un vocero autorizado de la organización
ilegal, Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', les confirmó a los investigadores
que sus miembros tuvieron reuniones con políticos para "actuar mancomunadamente
en el ámbito electoral" y les hizo un detallado recuento del proceso.
El inicio
El análisis destaca las entrevistas que dio Carlos Castaño a los canales de
televisión como un escenario minuciosamente calculado. Para esa época ya los
paras sabían que necesitaban defender la existencia de su ejército, la toma de
territorios, el narcotráfico y el enriquecimiento personal, y lo hicieron con un
discurso contrainsurgente que justificaba estas prácticas como receta para
contrarrestar la incapacidad del Estado. 'Báez' se había encontrado con Castaño
en un hotel en Bogotá meses atrás y le había insistido en que la unión de todo
el movimiento de autodefensa era posible, pero que la motivación de la venganza
por el asesinato de su padre a manos de las Farc no era suficiente para montar
un proyecto político-militar. Fue así como decidieron, según lo narra la
investigación, que éste y Hernán Gómez se dedicaran durante un año a crear un
discurso más elaborado y que sirviera de argumento para plantear una negociación
política. El resultado fueron las entrevistas de Castaño en televisión, que
causaron un impacto enorme.
Pero necesitaban más. Las autodefensas requerían una amplia cobertura política
que sólo podrían obtener recurriendo a las elites regionales y empezaron a
convertir esos movimientos pequeños en los vehículos para alcanzar el
protagonismo en las altas esferas de la política.
El texto utiliza un concepto elaborado por el investigador Edward Gibson, de la
Universidad Northwestern University: los "autoritarismos subnacionales", que son
la respuesta de las regiones a los signos democráticos del centro. Se crean,
dice Gibson, "enclaves autoritarios" en las provincias, que acentúan la
antidemocracia y capturan el poder local.
Elecciones de 2002
La investigación estudia las votaciones de 33 senadores, sus movimientos y sus
compañeros de lista. Algunos casos ya son conocidos por la opinión pública
porque forman parte de investigaciones de la Fiscalía o la Corte Suprema. Otros
apenas se han mencionado.
Desde luego, las coincidencias no necesariamente significan que el incremento de
una votación por un candidato sólo se puede producir por acción de los
paramilitares. Pero en algunos lugares la investigación infiere la sospecha por
el inmenso poder que tuvieron las autodefensas en ese territorio.
En Córdoba, por ejemplo, se hace explícita la alianza. El Movimiento Popular
Unido llevó al Congreso a Miguel de la Espriella y a Eleonora Pineda, y a Juan
Carlos Sinisterra. Y señala que de las listas de este grupo hacían parte David
Turbay Turbay, ex contralor, y Rodolfo González García, ambos inhabilitados para
ser senadores por haber sido condenados en el Proceso 8.000.
Otro ejemplo es el de Convergencia Popular Cívica, movimiento político que nació
en el bajo Cauca antioqueño y todo el Magdalena medio, Caldas y Boyacá. La
investigación señala cómo eligió en 2002 la fórmula de Carlos Clavijo al senado
y Rocío Arias a la Cámara, y también a Óscar Iván Zuluaga, hoy súper ministro de
Uribe, que obtuvo mayorías en Caldas.
La referencia a éste último dio pie para una fuerte arremetida del presidente
Uribe contra León Valencia la semana pasada. Valencia sostiene que a su equipo
le parece curioso que personas tan diferentes y con distancias territoriales tan
grandes terminen en una misma lista. Y se pregunta: "¿qué lazo podía existir
entre Carlos Clavijo, un hombre del campo en Santa Rosa, sur de Bolívar, con
Zuluaga, un empresario de Caldas?"
El estudio menciona casos como el de Cambio Radial en 2002, que eligió a Jairo
Merlano como senador, con Cámara de Muriel Benito Revollo. Los dos hoy están en
la cárcel. Y dice que también eligió al senado a Rubén Darío Quintero "con votos
en zonas de evidente control paramilitar". Este partido tuvo candidatos en Meta
y Casanare, como Miguel Ángel Pérez, quien después como gobernador fue capturado
por vínculos con las autodefensas y hoy está preso.
Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira fueron el escenario para el Movimiento
de Integración Popular (Mipol), por el cual salieron elegidos senadores Dieb
Maloof, Vicente Blel Saade, Luis Vives Lacouture y Mario Salomón Nader. Con
excepción del último, todos los demás están investigados por la Corte o han sido
separados de las listas uribistas en la famosa purga de febrero de 2006.
Hay casos en los que la corporación Arco Iris se pregunta por qué los que no
tuvieron nada que ver, y estuvieron en esas listas, no se percataron de que con
su presencia fortalecían un proyecto paramilitar. ¿Buscaron los paras en ellos
una cobija para desarrollar su proyecto? Y le deja esta respuesta a la justicia.
Llegó 2006
El año 2006 pintaba un panorama nuevo. Después de un largo camino del proceso de
desmovilización y cuando 'su' bancada se había lucido al lograr que los jefes
paras echaran discursos en pleno salón elíptico del Congreso y la Ley de
Justicia y Paz se había aprobado, llegaban unas nuevas elecciones, y con ellas
la pregunta de cuál era el paso a seguir.
Los investigadores cuentan que el debate suscitó una fuerte tensión en las
autodefensas. Por un lado, Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40' insistían en que el
camino ya estaba despejado para formar su propio movimiento político nacional y
participar directamente en la política. Por otro, 'Ernesto Baez', Carlos Mario
Jiménez, alias 'Macaco', y Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar',
insistían en mantener las alianzas con los políticos. Esta última ganó, y se
adoptó como estrategia electoral previa al posterior objetivo de presionar la
negociación con las elites nacionales.
En las elecciones del año pasado, según los cálculos del estudio, ampliaron su
poder en el Congreso, ya que esos pequeños movimientos se fusionaron con
partidos más fuertes, y en otros casos gracias a que unieron fuerzas y
mantuvieron su umbral, también se llegó el momento en que todo se empezó a
enredar. Valencia resume la teoría en el título del último capítulo de la
investigación: "El presidente y los parlamentarios les cumplieron a los
paramilitares, el Estado no".
Esa referencia al Estado tiene que ver con la decisión de la Corte
Constitucional que limitó los beneficios a los paramilitares incluídos en la Ley
de Justicia y Paz. Sobre todo en lo referente al delito político que los blinda
de la extradición. Gobierno y parlamentarios dieron vueltas para cambiar la
situación, pero ningún esfuerzo surtió efecto. Los jefes paras dijeron sentirse
traicionados y poco a poco el proceso se fue tensionando, hasta que muchos de
ellos hoy día están recluidos en la cárel de Itagüí. Para los investigadores, la
poca claridad del gobierno en este proceso hizo que el gavirismo, representado
en Rudolf Hommes y Rafael Pardo, se alejara de Uribe y se atrincherara en el
oposicionista Partido Liberal.
Lo cierto es que el famoso 35 por ciento de "amigos en el Congreso" del que
hablaron en su momento los jefes de las autodefensas Salvatore Mancuso y Vicente
Castaño sobre los parlamentos de 2002 y de 2006 pareciera confirmarse con los
datos de la investigación. Si en 2002 tuvieron 26 senadores y sus fórmulas a la
cámara, y en 2006, 33 senadores y 50 representantes, la suma da 83, que se
acerca al 32 por ciento de las 268 curules disponibles.
La conclusión del estudio -auspiciado en su totalidad por el gobierno sueco- es
que el seguimiento de las relaciones entre los paramilitares y la clase política
fue un ejercicio apasionante pero doloroso, al constatar que al tiempo que se
urdía esta trama macabra, por el camino iban quedando miles de víctimas.
El fenómeno se empieza a develar, pero será la justicia la que pronuncie la
última palabra.
