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Un análisis realizado por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) concluyó que cerca del 80% del contexto político-socio-económico brasilero en 2007 fue desfavorable para la población indígena. Reunido entre los días 3 y 7 de noviembre, en Luziânia, Estado de Goiás, el Consejo del Cimi tomó como base para la evaluación las políticas públicas que han afectado negativamente a la población indígena, además de acciones practicadas por hacendados, dueños de ingenios y madereros de regiones cercanas a las aldeas.
Uno de los datos más alarmantes es el número de asesinatos entre la población indígena. Según el análisis, hasta principios del mes de noviembre de 2007, fueron asesinados 58 indios, de los cuales, 36 son del estado de Mato Grosso do Sul. Además, las aldeas continúan siendo "atacadas por bandas armadas al mando de madereros, agrediendo a comunidades, quemando casas y asesinando personas", informó el Cimi.
De acuerdo con el vicepresidente del Cimi, Roberto Liebgott, el pueblo Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, es un ejemplo de la precariedad en que se encuentran diversos pueblos indígenas de Brasil. La comunidad actualmente está marcada por altos índices de violencia, además de sufrir intensamente por la negación de sus territorios, totalmente invadidos, donde imperan la desestructuración de las comunidades, los suicidios, los asesinatos, las enfermedades, la mortalidad infantil por desnutrición, el alcoholismo y el uso de drogas.
En el análisis, el Cimi señala al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), punta de lanza del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como uno de los mayores perjuicios para los territorios indígenas. Constituidas por diversas obras de infraestructura, las acciones del PAC afectan a por lo menos 201 territorios y amenazan la vida de comunidades indígenas, inclusive la de 21 pueblos nunca contactados por la sociedad.
Según Liebgoot, la región Amazónica es una de las áreas más afectadas por las obras del PAC. La construcción de carreteras e hidroeléctricas, dice el vicepresidente, ocupan territorios tradicionales indígenas, obligando a los indios a desplazarse de sus propias tierras. Otro factor preocupante es la ocupación de extensas fajas de tierras que han realizado las papeleras para la siembra de monocultivo, principalmente de eucaliptos.
Políticas anti-indigenistas fueron detectadas también en las iniciativas parlamentarias, como las innumerables proposiciones legislativas contra decretos ministeriales declaratorios y la instalación de una comisión especial que discutirá el proyecto de ley nº 1610, del senador Romero Jucá, que pretende reglamentar la actividad minera en tierras indígenas, a pesar de haber un acuerdo en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI) para que este tema sea tratado en el proyecto de ley que instituye el Estatuto de los Pueblos Indígenas
A pesar de las innumerables políticas anti-indígenas detectadas por el Consejo, el Cimi considera positiva la actuación de la población indígena en la lucha por sus derechos. "La fuerza y las luchas de las comunidades indígenas se han intensificado a través de las articulaciones entre pueblos y organizaciones indígenas, así como las alianzas de esos pueblos con movimientos sociales y otros sectores de la sociedad nacional", indica el análisis.
Ejemplo de esto fueron las alianzas de los pueblos indígenas con movimientos sociales del campo, particularmente con Vía Campesina, en el caso de la victoriosa lucha conjunta contra la invasión de las tierras indígenas Tupinikim y Guaraní, en Espírito Santo, por la multinacional Aracruz Celulose. Otro ejemplo son las movilizaciones que han obligado a la Fundación Nacional del Indio (Funai) a discutir la realidad territorial y aceptar la perspectiva de la constitución de nuevos Grupos de Trabajo de identificación y demarcación de tierras indígenas.
El vicepresidente del Cimi informó que para el próximo año ya están siendo planeadas nuevas acciones de movilización para fortalecer la lucha de los pueblos indígenas. Según él, los 450 misioneros y misioneras que constituyen el Cimi en Brasil ya están encaminados para ampliar la formación de las comunidades indígenas en el sentido de concientizarlas de la importancia de articularse para defender sus derechos y exigir acciones como la aprobación del Estatuto del Indio.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com