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La discusión sobre la reforma del Estado requiere un análisis teórico que clarifique los intereses en juego. Los objetivos de mejorar la "eficacia" y la "eficiencia" del Estado no tienen significado concreto si no se identifica el modelo económico social en que se inscriben y los intereses que serán beneficiados con dichas mejoras.

"Los trabajadores, en esta etapa, debemos enfrentar al bloque hegemónico dominante y a las impersonales leyes de la economía a través de un Estado que cumpla con el deber ético-político de crear instituciones que permitan implementar un modelo de desarrollo alternativo."[1]

Las investigaciones sobre las instituciones – el Estado es una de las principales – y el cambio institucional – una reforma lo es – tienen un paradigma en el que se relaciona el cambio científico tecnológico y el poder de negociación de los sujetos involucrados. Una de las principales decisiones de un dirigente consiste en resolver si usa sus acumulaciones y capacidades para producir dentro de las reglas existentes o si las usa para tratar de modificar el marco institucional.

El estudio de las reglas formales e informales que ordenan el funcionamiento de una sociedad enfatiza en las variables de poder, que dan forma a la estructura institucional y orientan la distribución de costos y beneficios entre los diferentes actores sociales, determinando quienes serán beneficiados y quienes perjudicados. El énfasis en las variables de poder no significa desconocer la importancia de otras dimensiones, pero es necesario resaltar un aspecto generalmente dejado de lado por la teoría económica para explicar los procesos de cambio institucional.

El orden social capitalista tiene dos instituciones fundamentales: el Estado y el mercado. La resolución de que cometidos y atribuciones tiene el primero define los límites del segundo. El poder del capital se expresa tanto en el mercado, el cual controla a través de la propiedad de los medios de producción y de su capacidad de inversión, como en el Estado, a través de múltiples interrelaciones entre el ámbito político y el económico. El poder de los trabajadores se refleja en el mercado, básicamente, a través de las luchas por ampliar sus derechos y reducir la cuota de plusvalía que se apropia el capital, pero el ámbito donde tiene mayor nivel de incidencia, al menos en forma potencial, es el Estado. Por otra parte todos aquellos que tienen poca o ninguna capacidad de pago dependen de la acción estatal para poder satisfacer sus necesidades básicas.

Lo anteriormente señalado explica, en gran medida, que el principal paradigma de los capitalistas sea la "mano invisible" del mercado y la reducción del Estado a su mínima expresión como juez y gendarme que haga respetar los derechos de propiedad y los contratos; a la vez que el principal paradigma de los trabajadores sea el fortalecimiento del Estado y la socialización de los medios de producción. Con todos los matices y contradicciones que se pueden presentar en uno y otro caso, el paradigma del capital sigue siendo el libre mercado y el paradigma de los trabajadores alguna forma de socialismo.

La práctica social ha demostrado que ni el Estado ni el mercado cumplen adecuadamente los roles definidos en la teoría, ambos son utilizados por el poder económico y sus socios en el ámbito político para satisfacer sus intereses y ejercer su dominio.

Ante las carencias señaladas en el papel y funcionamiento del Estado existen dos respuestas institucionales básicas. Una es la que asume que el principal factor distorsionante del proceso económico es el poder político y apunta, por tanto, a restringir al máximo la intervención pública en los mercados y propone sustituir políticos por técnicos en los organismos que necesariamente deben regular el proceso económico. La otra es la que sostiene que el Estado es el instrumento fundamental para garantizar los derechos humanos en el ámbito económico – satisfacción de las necesidades básicas y participación efectiva en los espacios de decisión –, por lo cual los cambios institucionales deben apuntar al fortalecimiento de su capacidad de intervención, creando mecanismos que reduzcan las fallas del Estado – reglas de control, transparencia y rendición de cuentas - y permitan acotar las fallas del mercado, a la vez, que se fijan límites al accionar del gran capital transnacional.

Los modelos que apuntan a la reducción del papel del Estado y a la disminución del papel de la política en el proceso económico van en claro detrimento de los intereses de los trabajadores y de las fuerzas que apuntan al cambio social, en tanto fortalecen los intereses del poder económico.

Se aduce que los trabajadores cuestionan pero no tienen propuestas concretas o que las mismas tienen un mero carácter corporativo. Quienes así se expresan pretenden que se asuma su supuesta neutralidad respecto a los intereses contrapuestos de las clases y los sectores sociales. En su IX Congreso, el PIT-CNT reclamó una profunda transformación del Estado, pero rechazan la filosofía de las "reformas neoliberales" que proponen una simple racionalización de funciones o achicamiento de la burocracia. Tampoco acordó con los criterios "de ‘eficientismo’ o ‘productivismo’ de mercado que han venido reduciendo sistemáticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios y en la protección de los sectores más necesitados."[2].

La transformación del Estado para el PIT-CNT pasa, entre otros aspectos, por "impulsar mecanismos de renegociación de la deuda pública, disminuyendo su peso en el presupuesto nacional". Y en la medida que considera que gran parte de la deuda externa del país es ilegítima plantean además "la necesidad de una auditoría ciudadana de la misma". Como no hay desarrollo sin financiamiento proponen que "el ahorro de los uruguayos, y su contrapartida, el crédito, estén realmente bajo la égida de un BCU bajo control del gobierno(…), el control de los flujos de capital como condición esencial para que el estado asuma la conducción real de la economía y la ponga a cubierto de las acciones desestabilizadoras del capital golondrina. La preponderancia del BROU como dinamizador de la economía y de la generación de puestos de trabajo mediante el apoyo selectivo al sector productivo".

Afirman que el Estado "debe cambiar su actitud actual de mero garante y sustento de decisiones de los empresarios; para pasar a ser el promotor fundamental de las actividades económicas del país". Proponen que el Estado impulse "la reactivación productiva, garantice e implemente programas sociales, distribuya equitativamente la riqueza y controle la explotación y cuidado de los recursos naturales del país (medio ambiente, agua, explotación de la tierra, el mar, aire, subsuelo, etc.)". Como contrapartida la central de los trabajadores rechaza "cualquier intento de privatización (asociaciones o Sociedades Anónimas) de las Empresas Públicas así como a eventuales propuestas de pasaje al derecho privado de los trabajadores públicos, haciendo especial énfasis en la recuperación y especificidad de los roles de los Organismos Públicos".

El mantenimiento de las empresas públicas en manos del Estado y su fortalecimiento "luego de una década de debilitamiento sistemático" son elementos imprescindibles de la soberanía e instrumento esencial para el desarrollo del país productivo con justicia social. Y propone, además, "recuperar las áreas estratégicas (…) que se han entregado a empresas transnacionales".

Paralelamente impulsa la modificación de la estructura orgánica de las Empresas Públicas, "que han quedado vetustas en función de avances tecnológicos"; reincorporar a las empresas las "áreas, sectores y funciones" que fueron tercerizados; "pautar un plan de inversiones tanto en sus contenidos como en su secuencia"; consideran clave, además, reformar, entre otros, "la gestión de recursos humanos, carrera funcional, concursos, formación profesional, salud ocupacional".

Los trabajadores del Estado, como actores centrales del proceso productivo y del cambio social, reivindican "el derecho a la participación en la toma de decisiones que hacen a la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de la gestión pública y de sus recursos materiales y humanos" y reclaman "un presupuesto participativo con intervención de los trabajadores y la sociedad, con acceso pleno y previo a la información, como así a reales ámbitos de decisión".

Con respecto a los ámbitos de participación los trabajadores la central pide que "el Acuerdo Marco firmado el 22 de julio de 2005 sea respetado por el gobierno" y "la incorporación de los trabajadores en todos los ámbitos de decisión, incluyendo a los Directorios de Entes y Servicios Descentralizados afín de ser parte de la planificación de las políticas estratégicas en dichas áreas". En el marco del proceso de profundización democrática consideran esencial "la consagración de los principios de autonomía y cogobierno para la enseñanza no universitaria(…) ya que supone junto con el reclamo anterior la generación de espacios concretos de poder popular".

Una de las propuestas más concretas realizadas por los trabajadores ha sido la creación de un sistema articulado de compras públicas y de fomento productivo que permitiría racionalizar el sistema de adquisiciones del Estado mejorando su productividad y estimular la producción e alta calidad, con lo que el país resolvería un tema de política industrial y productiva elevando su competitividad sistémica, y evitar las relaciones clientelísticas tradicionales generando elementos para una necesaria reforma del Estado. Esta propuesta fue discutida y apoyada, el año pasado, en el marco del Compromiso Nacional, pero al día de hoy sigue sin implementarse.

En conclusión, hay diferencias reales y objetivas entre el modelo que aplica el equipo económico y el que impulsan los trabajadores, lo cual no ha sido obstáculo para que el PIT-CNT presentara propuestas concretas y viables en los diferentes ámbitos de participación que impulsó el gobierno. Luego del rechazo al TLC con Estados Unidos, la correlación de fuerzas parece haber cambiado. Es de desear que así sea y que la nueva convocatoria al Compromiso Nacional, en la que se buscará acordar sobre la transformación del Estado, encuentre un Poder Ejecutivo dispuesto a incorporar y llevar a la práctica aquellas propuestas que apunten a un país productivo, con justicia social y profundización democrática.            

Fuente: lafogata.org