Latinoamérica

Ricardo Jimenez
 
El gobierno de Alan García y su cúpula aprista, junto a sus hermanos siameses de la mafia fujimontesinista, y la tradicional derecha oligárquica, muestran una vez más esa cobardía cínica, disfrazada de envalentonamiento, tan típica de la oligarquía peruana ya desde la época en que fueron los últimos servidores del decadente poder colonial español.
A raíz del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado peruano a indemnizar a los familiares de los presos por terrorismo que fueron ejecutados al margen de la Ley en el develamiento carcelario de 1992, personajes públicos de estos sectores, encabezados por el propio presidente, se muestra unánimes en rechazar y desconocer, escandalizados, el fallo. "No conocen la realidad del Perú", "Cómo es posible indemnizar a los terroristas y no a sus víctimas", son algunas de las recurrentes frases de este discurso, por supuesto, trasmitido totalitariamente a través del monopolio derechista oligárquico de los medios masivos de comunicación.
Se muestra así la voluntad de este "triunvirato" de perfeccionar el aparato anti democrático y mediático heredado del fujimontesinismo, desde su Constitución espuria hasta su control totalitario de los medios, concientes de que ello es condición para mantener el neoliberalismo a ultranza, en severa crisis en todo el continente.
Afiebrados por el éxito en las pasadas elecciones, donde lograron frustrar la salida antimperialista y antioligárquica de Ollanta Humala y consolidar el "triunvirato" que les ha permitido instalar la política antipopular casi sin oposición de mayorías, se envalentonan airados frente a la CIDH, que se atreve a incomodarlos desde afuera, cuando ya han logrado la tranquilidad adentro.
En este acto, muestran además como el sistema neoliberal, para sostenerse, además del componente antipopular económico, de autoritarismo político, y totalitarismo mediático, requiere uno de "des-ciudadanización", de empobrecimiento ético y de inteligencia de las mayorías. A las que se despierta sus traumas y pasiones más irracionales, evocando el fantasma del terrorismo indiscriminado de Sendero Luminoso y el justificado rechazo que provocó en la mayoría de la población, como única variable a tomar en cuenta para evaluar el fallo de la CIDH. Pasando de contrabando el falso supuesto de que el fallo va a dar "un premio" a los deudos por el sólo hecho de que sus familiares terroristas murieron en la lucha antisubversiva.
Se silencia y tergiversa así la cuestión fundamental involucrada. El hecho de que fue probado en el proceso de aquella Corte Internacional que los presos por terrorismo fueron "ejecutados extrajudicialmente", es decir, al margen de la Ley. Que de esa violación de la Ley es responsable el Estado ya que fueron sus funcionarios, en uso de sus prerrogativas y recursos, los que la cometieron. Y que de ahí emana su obligación de indemnizar a los afectados por ese procedimiento ilegal.
Lamentablemente, esa falta de responsabilidad social de la clase política peruana tradicional, para con su deber de ciudadanizar, de enriquecer la capacidad de análisis de sus ciudadanos, y no de empobrecerla, es ya una característica estructural, cuando hasta el propio presidente piensa más en la próxima encuesta que en construir verdadera ciudadanía e institucionalidad para el país. Olvidando que, a la larga, ella resulta un piso endeble para todos, una suerte de caja de Pandora que termina volviéndose también contra ellos, llegado el momento.
Sin entrar en el debate sobre la obligación de los Estados en el respeto de los Derechos Humanos y de sus compromisos internacionales en esta materia, importa mostrar aquí la cobardía cínica que esta clase política esconde tras estas bravatas, signo inequívoco de su impotencia y decadencia de fondo.
Verdaderos "halcones", seguros de su potencia y rol director, como los dirigentes norteamericanos y sionistas israelíes, declaran al mundo, públicamente, sin ambigüedades, que poseen y ejercen su derecho a realizar guerras, asesinatos, encarcelamientos y torturas "preventivos", al margen de la Ley, en la lucha contra el terrorismo. Resuelven el problema de la incomoda intromisión legal de los Derechos Humanos, a través de institucionalidad propia clara y explicita, como las Leyes norteamericanas conocidas como "Actas Patrióticas", su cárcel de torturas en Guantánamo, declarada como "hoyo negro jurídico" por las Naciones Unidas, y la legalización de asesinatos selectivos de líderes de la resistencia palestina por el Mossad sionista israelí.
Por el contrario, el presidente peruano y las figuras de su cúpula aprista y los fujimontesinistas se muestran impotentes y temerosos de ese mínimo de soberanía oligárquica. Tras sus voces impostadas, y sus muecas agresivas, revelan la tragicomedia de las clases dominantes locales. Sus bravatas son el símbolo de su tragicomedia, la de creerse "halcones", pero no ser más que cuervos carroñeros. El patetismo de un discurso y modelo al que siguen como propio, pero que la realidad aterriza a su límite infranqueable de sombra, de copia simulada, de subordinación menor.
El hecho es que García y sus siameses fujimontesinistas y oligárquicos simplemente no pueden dar ese paso, no durarían ni diez minutos. Ya apenas pueden sostenerse, aislados en un continente que apuesta por su soberanía, su propio camino al desarrollo y la inclusión. Justamente, es allí, donde la CIDH representa la "frontera" de su éxito hasta ahora en bloquear la salida política de mayorías a la crisis estructural de exclusión y déficit democrático del Perú. Apenas sacan un paso de su territorio, la realidad de su defensiva decadencia los golpea y enfurece. Peor aún, viene a "entrometerse" y pretender amenazar la totalitaria manipulación triunfalista de sus medios de comunicación.
Como en la época de las batallas de Pichincha y Ayacucho, de San Martín y Bolívar, la decadencia de las clases serviles peruanas tarda pero llega y de cuando en cuando hace incursiones rompiendo la ilusión de permanencia. Por ahora, habrá que esperar por una nueva clase política peruana que decida romper con este decadente ciclo de empobrecimiento mediático ciudadano. O que, menos pusilánime, siguiendo el ejemplo de las clases políticas judías y norteamericanas, simplemente decreten "su derecho" a violar leyes y principios jurídicos en el combate al terrorismo. Seguiremos, en el intertanto, viendo la tragicomedia, pero ya conocemos el drama de la impotencia profunda que ocultan las bravatas de sus personajes.

Fuente: lafogata.org