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Alan García pide la instauración de pena de muerte que equivaldría a la impunidad en Perú
David Arrabalí / Jefferson Cárdenas
El presidente peruano, el socialdemócrata Alan García, impulsa en la cámara
legislativa una reforma constitucional que permita establecer la pena de muerte,
primero defendió esta medida durante la pasada campaña electoral para los
violadores de niños, pero según sus ultimas declaraciones esta se aplicaría
también para delitos "terroristas". Ante estos hechos, multitud de
organizaciones pro derechos humanos, agrupaciones de familiares y víctimas,
organizaciones diversas de la sociedad civil que están desarrollando una campaña
internacional contra la impunidad en el Perú, han protestado para que el
gobierno detenga esta iniciativa.
La instauración de pena de muerte equivaldría a la impunidad para sujetos como
Fujimori o el propio Alan García que están acusados de crímenes y violaciones de
los derechos humanos. Esto es debido a que el hecho de instaurar la pena de
muerte implica la necesidad de que el Perú se retire de el "Pacto de Costa
Rica", un convenio iberoamericano que firmaron la mayoría de países del
continente ratificando la carta de Derechos Humanos de la ONU y asumiendo la
protección de estos derechos con medidas como por ejemplo, la
imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, el rechazo a la pena de muerte,
entre otros.
Esta medida, planteada desde la demagógica, esconde un objetivo más oscuro,
asegurar la inmunidad de Alan García una vez terminado su mandato (para él y su
"socio" Fujimori con cuyos partidarios gobierna), así como frenar en seco
cualquier tentativa de insurgencia ante las medidas neoliberales y la cada vez
menor popularidad de su gobierno.
Tras la firma de este convenio, y gracias al mismo, se iniciaron procesos contra
varios ex mandatarios y miembros del gobierno peruano. Después de ganar las
elecciones por un minúsculo margen de votos, Alan García, asumió la
presidencia del Perú en medio de la resignación de un gran número de ciudadanos
peruanos en el exilio, víctimas de las violaciones de derechos humanos que se
dieron bajo su gobierno, familiares de desaparecidos, etc. Días antes de su
toma de posesión, fue admitida a tramite una solicitud internacional (iniciada
por un tribunal chileno) por la cual era acusado por delitos de lesa humanidad y
genocidio, por los bombardeos de cárceles, casos Pucayacu, Accomarca, Cayara,
Chumbivilcas, entre otras, así como de la creación del grupo paramilitar
"Rodrigo Franco". Los procesos está paralizados al adquirir este la inmunidad
presidencial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó recientemente al
régimen de ex pesidente Alberto Fujimori, prófugo sobre quien pende una
solicitud de extradición, de la masacre de 41 guerrilleros presos en el penal
Miguel Castro Castro. La eventual extradición y juzgamiento de Alberto Fujimori
sentarían un hito muy importante en la lucha contra la impunidad.
Transcurridos cien días desde el inicio de su gestión al mando del ejecutivo
peruano en el que ha mantenido la impronta neoliberal de su predecesor Alejandro
Toledo (también buscado por la justicia por malversación de fondos y
prevaricación), Alan García ha tenido varios escándalos de corrupción y un
descalabro electoral en las ultimas elecciones regionales, en las que ha perdido
seis de las nueve regiones que gobernaba en la anterior legislatura su partido,
el Partido Aprista Peruano (PAP).
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