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Latinoamérica
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Un pacto entre Colombia y Ecuador
Inspectores ecuatorianos verificarán las fumigaciones que Colombia realice en las plantaciones de coca ubicadas en la frontera común. El acuerdo fue alcanzado entre el presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, y su par colombiano, Alvaro Uribe.
Reacciones encontradas en ambos países
El conflicto entre Colombia y Ecuador por las fumigaciones de las
plantaciones de coca en la frontera que los países comparten se distendió ayer,
a partir de un acuerdo alcanzado por los mandatarios de ambas naciones en un
encuentro mantenido en Nicaragua durante la asunción del presidente de ese país,
Daniel Ortega.
A partir de ese acuerdo, inspectores ecuatorianos verificarán las fumigaciones
colombianas de coca con glifosato. El anuncio lo hizo el presidente electo de
Ecuador, Rafael Correa, que afirmó haber llegado a ese consenso con su par
colombiano, Alvaro Uribe.
"Tuvimos una extensa reunión y acordamos, primero, que cada vez que vayan a
fumigar cerca de la frontera nos avisen, para enviar inspectores que verifiquen
que no esté pasando glifosato al lado ecuatoriano", dijo Correa.
En lo principal, decidimos hacer una comisión tripartita (Ecuador, Colombia y un
delegado de la OEA) para verificar que cuando se fumigue el glifosato no pase al
lado ecuatoriano ni directa ni indirectamente", añadió después de un encuentro
de 40 minutos con su colega colombiano.
Correa y Uribe también acordaron "poner los términos de referencia para un
estudio prospectivo para ver si el glifosato afecta o no la salud" y "apoyar la
segunda parte del estudio de la OEA, en ese sentido".
Se recabarán también testimonios de habitantes de ambas partes de la frontera
para determinar el nivel de impacto de esta sustancia química sobre la salud de
los pobladores y el medio ambiente.
Pese al acuerdo, Correa no indicó si éste implicaría una suspensión inmediata de
las aspersiones que Colombia viene realizando en una franja de 10 km. colindante
con Ecuador.
El martes, el canciller ecuatoriano, Francisco Carrión, había exigido a Colombia
la suspensión de la fumigación aérea de los cultivos, y logró el apoyo de
Venezuela, mientras Bogotá replicó que se trata de "un asunto interno" del país.
La tensión aumentó cuando el vicecanciller colombiano, Camilo Reyes, respondió
que la decisión de reanudar en diciembre pasado las fumigaciones "era una
soberana del gobierno colombiano y, por lo tanto, un asunto interno cuya
discusión no corresponde" a la OEA.
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