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Colombia es líder mundial en crímenes contra sindicalistas Los trabajadores agremiados padecen los más altos índices de asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas en el mundo. Algunas empresas multinacionales con presencia en el país están en la mira por crímenes contra sus trabajadores. De 1.165 crímenes solo en 10 casos ha habido condena.
Un informe dado a conocer por el semanario colombiano El Espectador, el sábado anterior, recuerda que desde 1994 hasta la fecha, se han cometido 1.165 crímenes contra sindicalistas en Colombia, que podrían ascender a 1.369, pues en varias ocasiones se produjeron homicidios colectivos.
A mediados del año pasado, una comisión de fiscalías seccionales, elaboró un balance sobre las investigaciones que se llevaban a cabo en todo el país por crímenes contra trabajadores agremiados cuyo resultado fue desolador.
Se encontraron 1.165 crímenes contra sindicalistas desde 1994 hasta la fecha, con más del 95 por ciento de los casos en total impunidad. El informe dice, que el número de víctimas puede ascender a 1.369 ya que en varias oportunidades los asesinatos a trabajadores  fueron colectivos.
De los 1.165 crímenes contabilizados por la Fiscalía, solo en 10 casos se ha dictado sentencia condenatoria contra los victimarios y 56 están en etapa de juicio.
Al respecto, el propio coordinador de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Leonardo Cabana, le dijo al fiscal general Mario Iguarán: "doctor Iguarán, cuando nos pregunten por las investigaciones por crímenes contra sindicalistas, no vamos a tener alternativa distinta a pedirles excusas al país y al mundo por no haber hecho prácticamente nada para esclarecer tan delicados hechos".
Según informaciones de las centrales obreras y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los paramilitares y la Fuerza Pública son los mayores victimarios de los trabajadores colombianos. Señalan a "Jorge  40" como uno de los mayores criminales contra sindicalistas de los últimos tiempos. Al jefe narcoparamilitar, le atribuyen cientos de asesinatos, entre ellos el del profesor Alfredo Correa de Andaréis perpetuado en septiembre de 2004 en Barranquilla, luego de que el profesor saliera de la cárcel sindicado injustamente de ser guerrillero.
En varios países se siguen procesos contra empresas multinacionales por el asesinato de trabajadores en Colombia, entre estas, Coca cola y Drummond.
Rafael García, ex funcionario del DAS, actualmente detenido por corrupción y testigo clave en el proceso de la "parapolítica", advirtió que una importante empresa extranjera, con sede en la Costa Atlántica, les pagó a los 'paras' para que asesinaran a dirigentes sindicales. También dijo, que el DAS elaboraba listas de sindicalistas y líderes sociales para que fueran exterminados por las bandas narcoparamilitares, como se ha venido comprobando que así ocurrió.
Bombardeos indiscriminados en Arauca La Asociación Campesina de Arauca, denunció, que desde el 18 de diciembre anterior, tropas del Batallón Héroes de Saraguro del Ejército Nacional, ha realizado bombardeos indiscriminados sobre poblaciones civiles de zonas rurales del municipio de Arauquita (Arauca).
Los Bombardeos, que se ejecutan desde las instalaciones militares del complejo petrolero de Caño Limón han afectado a las comunidades campesinas de las veredas Fundación y Santa Ana. Aunque no se reportaron víctimas mortales, la población está temerosa y, teme que de seguir las agresiones, tendrían que desplazarse.
Las comunidades de las veredas Fundación y Santa Ana, y la Asociación Campesina de Arauca hacen un llamado a los militares para que suspendan estas maniobras que ponen en alto riesgo a la población civil. Así mismo, solicitan a la Defensoría Regional del Pueblo a que interceda ante las autoridades para que se respete la integridad del campesinado y se verifiquen los hechos denunciados.
Amenazas y hostigamientos El día 21 de diciembre, llegaron dos personas vestidas de civil a la casa de Pedro Pablo Zamudio Delgado, habitante de la vereda Caño Tigre, zona rural de Remedios (Antioquia). Los sujetos le preguntaron a Zamudio por el paradero del ejército, lo que el campesino desconocía. Se sospecha que las dos personas son soldados del Ejército Nacional, ya que a uno se le ha visto en otras ocasiones portando uniforme con la tropa oficial. El 25 de diciembre, a las 7 de la mañana, llegaron unos 20 soldados de la Brigada 14 a la casa del mismo campesino sin respetar su enfermedad, le dijeron que él era el "famoso Pedro Zamudio" y que la guerrilla "se mantenía en su casa haciendo llamadas", ya que la casa está dotada con un teléfono. Dijeron que si la guerrilla seguía apareciendo en su casa, se lo iban a llevar "vivo o muerto". Los soldados se cuidaban de no mostrar sus apellidos, pero uno llevaba una gorra militar con el apellido "Guerrero". Además de amenazarlo, los soldados le tomaron las huellas dactilares y le hicieron firmar dos hojas, de las cuales se desconocen los motivos.
Ejército hostiga a campesinos en Sumapaz Prensa Rural). El miércoles 13 de diciembre en la vereda Las Sopas, corregimiento de Nazareth en el sitio conocido como Los Pinos, tropas del batallón 39 Sumapaz irrumpieron sin orden de allanamiento en una casa campesina. Durante el allanamiento ilegal fue retenida contra su voluntad la familia que allí habita (entre ellos una menor de edad), ya que no le permitieron a ninguno de sus miembros abandonar el inmueble hasta tanto no decidió irse de los predios la unidad militar.
La justificación que esgrimió el encargado de la tropa para darle visos de legalidad a este atropello era que tenían información de que en esa casa se ocultaban elementos ilegales pertenecientes a la guerrilla, particularmente una caneca con explosivos. Procedieron a registrar la casa revolcando los enseres personales, el dormitorio, la huerta casera y la cocina, dejando destrozos y un completo desorden. Tomaron el nombre de cada uno de los habitantes de la casa con su respectivo documento de identidad y en vista de que no hallaron nada ilegal se retiraron, no sin antes ordenarles firmar una constancia de buen trato, la cual los asustados campesinos firmaron coaccionados por el imponente operativo y la ferocidad de las tropas del ejército que entraron a su morada a las 4:00 a.m. de forma violenta empujando objetos y personas.
Aparte de los daños materiales causados a esta familia, entre los que resaltan la destrucción de los cultivos de la huerta, también sufren los resultados del amedrentamiento y las amenazas: "si encontramos algo, les va ir muy mal", y otra serie de acciones como tocarle el pecho a uno de los habitantes de la casa preguntándole por qué le latía tanto el corazón, si era que estaba nervioso, que si ocultaba algo. Como resultado de estos vejámenes en sus personas y morada, la menor de edad presenta crisis nerviosas que le han llegado a causar ataques de pánico y desmayos.
Como si esto fuera poco, el viernes siguiente, 15 de diciembre a las 9:00 a.m. nuevamente arribó la citada unidad militar, esta vez solicitándole a la familia que firmaran un documento en el cual quedaba claro que las tropas del Ejército Nacional apenas patrullaron en cercanías de los predios de la finca autorizados por los dueños de casa sin presentarse allanamiento u arbitrariedad alguna. Frente a tamaño descaro los campesinos no pudieron menos que negarse a firmar el papel. Los soldados en tono afable pidieron el favor a los campesinos de que firmaran, pues de eso dependía que no removieran de su cargo al encargado de la unidad porque el procedimiento realizado no se ajustaba a la ley. Pero los campesinos tampoco firmaron.
Entonces los soldados se distribuyeron por la finca tomando fotografías del lugar evitando claramente enfocar los elementos destruidos por ellos mismos.
Según denuncian los campesinos de la región, este no es un caso aislado en el Sumapaz, sino que a las familias les ha dado miedo denunciar y en casi todos los casos han firmado el documento que la unidad militar les enseña y guardan finalmente silencio por temor a las represalias que puedan tomar los militares. Otras familias se han desplazado luego de ser víctimas de hechos similares o peores como injustos encarcelamientos y amenazas de muerte. En otros casos los campesinos indefensos no han tenido ni siquiera esa oprobiosa oportunidad, pues han sido asesinados cruelmente por el ejército, acusados mediante burdos montajes de pertenecer a grupos subversivos en calidad de militantes o auxiliadores.
El desplazamiento sigue creciendo A continuación, algunos apartes del informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, sobre conflicto y desplazamiento en Colombia.
"Con la desmovilización del Élmer Cárdenas, podemos dar por terminado el proceso de desmovilización de las autodefensas y anunciarle entonces al país y al mundo, que las autodefensas y el paramilitarismo son una cosa del pasado", dijo Luis Carlos Restrepo Alto Comisionado de Paz, el 28 de marzo de 2006.
Desde el pronunciamiento del Comisionado de Paz, la realidad es otra bien diferente. 63.117 personas fueron desplazadas en Colombia durante el tercer trimestre de 2006, lo que indica que en los primeros nueve meses del año alrededor de 172.216 colombianos y colombianas (en promedio 637 por día) fueron víctimas de este delito, que sigue caracterizando la crisis humanitaria que persiste en el país en el marco del conflicto armado.
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos Sisdhes de Codhes, del total de población desplazada entre julio y septiembre de 2006, por lo menos 12.701 personas huyeron de manera colectiva (lo que consolida la creciente tendencia de éxodos en 2006), alrededor de 1.758 corresponden a pueblos indígenas y 495 a comunidades afro colombianas.
Las zonas de expulsión coinciden con regiones en las que prevalecen el control armado y las acciones intimidatorias de grupos paramilitares, ocurren combates entre grupos guerrilleros y Fuerza Pública, hay fumigaciones de cultivos de uso ilícito, se realizan detenciones masivas y se reactivan amenazas y formas de presión contra la población civil por parte de los actores armados.
Según el testimonio de las víctimas, el desplazamiento forzado no para en Colombia y el anuncio oficial del fin del paramilitarismo como consecuencia de la desmovilización de 31.671 de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, no necesariamente significó un alivio para la población civil. Así ocurrió en aquellos lugares en los que se rearmaron estructuras narco-paramilitares, surgieron nuevos grupos (Codhes constató la existencia de 36 nuevos grupos paramilitares en 22 departamentos del país), continuaron operando aquellos que jamás se desmovilizaron o, siguieron delinquiendo algunos desmovilizados, vinculados a cooperativas de seguridad o redes de informantes.
Para las personas desplazadas es evidente que no todos los paramilitares se desmovilizaron, no todos los que se desmovilizaron están cumpliendo y que el anuncio oficial de la desmovilización de las Auc no significó el fin del paramilitarismo en Colombia.
Por supuesto que en este tercer trimestre se mantienen algunos signos alentadores y positivos de reducción de algunos índices de violencia, sobre todo en casos de homicidios y secuestros. Sin embargo, es imposible ocultar la persistencia de diversos factores que configuran una grave y no resuelta crisis humanitaria y derechos humanos asociados a la continuidad de la guerra interna que, lejos de superarse, se agudiza, con manifestaciones críticas de pérdida de vidas humanas, personas heridas, desplazadas, mutiladas, desaparecidas o detenidas en forma arbitraria, que involucra a los grupos armados ilegales y también, en forma creciente, a la Fuerza Pública y organismos del Estado como la Fiscalía General de la Nación.
El gobierno, en desarrollo de una cuestionada política de "seguridad democrática" insiste en involucrar civiles en el conflicto armado a través de la Red de Informantes, los soldados campesinos y el pago de recompensas en zonas de confrontación armada, además de promover capturas masivas que derivan en detenciones arbitrarias.
La situación en las fronteras, en especial la zona limítrofe con Ecuador, es crítica por las acciones de la guerrilla de las Farc, la presencia paramilitar, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y el flujo de solicitantes de refugio al vecino país. En los primeros nueve meses de 2006, un total de 7.372 personas solicitaron refugio en Ecuador (5.073) Venezuela (2.063) y Panamá (236), lo que indica que se mantiene la tendencia de afectación de la crisis humanitaria más allá de las fronteras.
El nuevo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez no presenta cambios sustanciales en la política oficial, a pesar de los llamados iniciales a un acuerdo con las Farc para la liberación de personas secuestradas a cambio de la libertad de guerrilleros presos y de propuestas de negociación que rápidamente sucumbieron en medio de extraños atentados y escándalos por los llamados "falsos positivos".
Los tímidos avances con el Eln apenas advierten un posible escenario de negociación que podría ayudar a recuperar los espacios de diálogo y solución política y, sobre todo, a consolidar acuerdos humanitarios para que se reconozcan y respeten los derechos de la población civil, incluido el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Una iniciativa orientada a parar el desplazamiento mientras se supera la contienda armada y a asegurar un desminado humanitario, puede contribuir a una nueva fase del proceso, pensada en términos de construcción colectiva de soluciones de fondo a las causas del conflicto.
Otros aspectos que incidieron en el desplazamiento forzado durante el tercer trimestre de 2006 tienen relación con la política de fumigaciones de cultivos de uso ilícito que provocan la salida forzada de campesinos afectados por los operativos militares que siguen a la aspersión aérea.
Estos desplazamientos afectan a los cultivadores de hoja de coca y también de cultivos lícitos, lo que crea situaciones críticas para la seguridad alimentaria.
Por último, emerge una tendencia preocupante de desplazamientos intra urbanos, como resultado de nuevas formas de violencia en las grandes ciudades. Esta violencia está asociada a milicias, bandas de traficantes de droga, pandillas y grupos dedicados a la eliminación física de personas, especialmente por su orientación sexual.
¿Un nuevo mapa de la guerra? En el tercer trimestre de 2006 se registraron 135 combates, de los cuales 109 corresponden a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc y muchos de éstos enfrentamientos ocurrieron fuera de la zona de operaciones del Plan Patriota. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia no da cuenta de combates entre Fuerza Pública y grupos paramilitares en este período.
Entre tanto, las víctimas de desplazamiento forzado dan testimonio del surgimiento de por lo menos 36 nuevos grupos armados en 22 departamentos del país, que, con excepción de las masacres, siguen el modus operandi tradicional de los paramilitares, es decir, asesinatos selectivos, amenazas contra la población civil, tráfico de drogas, relaciones con sectores políticos y permisividad y complicidad de miembros de la Fuerza Pública.
Si bien hay personas desmovilizadas que están cumpliendo con el proceso de reinserción a la vida civil, hay quienes se burlan de la desmovilización, otras que jamás se acogieron al proceso y otras más que están siendo reclutadas en nuevas estructuras, de tal manera que el paramilitarismo, como expresión de la defensa de intereses privados asociados a la tenencia de la tierra y al narcotráfico, sigue siendo una realidad nacional no superada.
La zona más crítica sigue siendo el cordón Pacífico que se extiende desde el departamento del Chocó hasta la zona costera del departamento de Nariño, en donde confluyen todos los actores del conflicto armado e impera una lógica de economía política de la guerra, estrechamente vinculada a la siembra y fumigación de cultivos de uso ilícito, procesamiento y tráfico de drogas, contrabando de armas e insumos químicos, explotación ilegal de territorios colectivos para imponer mono cultivos industriales y extracción de recursos naturales.
De otro lado, la presencia de grupos de las Farc en zonas de influencia paramilitar se ratificó en el tercer trimestre del año con acciones en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Norte de Santander y hay noticias de la reactivación de estructuras de ese grupo guerrillero en el departamento de Cundinamarca, escenario del mayor repliegue de este grupo ilegal en el marco de la ofensiva del primer gobierno del presidente Uribe.
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos de Codhes, durante el tercer trimestre del año 2006 (1 de julio al 30 de septiembre) en Colombia se desplazaron por situaciones conflicto armado interno alrededor de 63.117 personas que integran en promedio 14.026 hogares, asentados en 341 municipios de 30 departamentos del país. Entre enero y septiembre de 2006 fueron desplazadas alrededor de 175.216 personas que integran, en promedio 38.937 hogares, es decir 381 personas desplazadas por cada cien mil habitantes.
A las ciudades capitales llegaron alrededor de 29.271 personas, lo que representa el 47% sobre total nacional para el tercer trimestre del 2006, en donde las principales ciudades fueron Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Florencia y Riohacha entre otras y sus áreas metropolitanas que se están convirtiendo en focos de hacinamiento, por estar cerca de las ciudades capitales. De otra parte municipios de San Juan Nepomuceno (Bolivar), Soledad (Atlántico), Soacha (Cundinamarca), Garzon, Pitalito (Huila), Puerto Asis (Putumayo), Apartadó (Antioquia), y Puerto Libertador (Córdoba), se mantienen dentro de los 50 primeros municipios que recibieron población desplazada con respecto al primer semestre del año.
El impacto del desplazamiento también se mide por el número de municipios de cada departamento afectados por la llegada de población desplazada. La lista la encabeza el departamento de Cundinamarca en donde se reportó la llegada de personas desplazadas a 42 de sus municipios, en un hecho significativo que sugiere situaciones de orden público internas o agravamiento de la confrontación armada en departamentos vecinos. Otros departamentos afectados son: Valle del Cauca (31 municipios), Huila (26 municipios), Norte de Santander (23 municipios), Santander (21 municipios), Córdoba (17 municipios) y Boyacá (16 municipios), entre otros.
Si bien el desplazamiento forzado interno durante el tercer trimestre de 2006 disminuyó en un 36% con respecto al mismo periodo del año 2005 (pasó de 99.338 a 63.117 personas), los hechos determinantes del destierro y el desarraigo persisten en las zonas de expulsión, de tal manera que prolongan en forma crónica y sostenida la crisis humanitaria y de derechos humanos que plantea el desplazamiento. En esta contracción de la cifra también inciden situaciones como: Las amenazas de actores armados a la población desplazada para que no declare ante alguna autoridad competente. La negativa de algunas autoridades para reconocer y registrar personas desplazadas por grupos paramilitares, bajo el argumento de que "en Colombia ya no hay paramilitarismo. La continuidad de formas de confinamiento de población civil y de bloqueos alimentarios en zonas de conflicto por la Fuerza pública. La invisibilidad de desplazamientos intra urbanos y en zonas selváticas.
Vuelven los éxodos La intensidad del conflicto y su degradación han sido, tradicionalmente, causa de desplazamientos masivos de población civil. De acuerdo con el Sistema de Información de Codhes por causas relacionadas al conflicto armado interno, durante el tercer trimestre del año 2006 se presentaron 12 eventos de desplazamientos masivos y multifamiliares que afectaron a por lo menos 12.701 personas, lo que representa un incremento con respecto al mismo período del año 2005 (10.380 personas). Esta población en situación de desplazamiento llegó a 17 municipios de siete regiones del país, algunas de ellas afectadas reiteradamente por violencia y desplazamiento.
Los departamentos más afectados por el fenómeno del desplazamiento masivo fueron Nariño con cuatro eventos masivos (2.095 personas), Chocó y Antioquia con dos casos respectivamente (1.515 y 3.014 personas) y los departamentos de Arauca (750 personas), Norte de Santander (327 personas), Caldas (4.000 personas) y Bolívar (1.000) con uno.
Líos en el vecindario En un contexto político de cambio, Colombia emerge como un país en contravía de la agenda de la mayoría de países de América Latina en temas como la seguridad, los Tratados de Libre Comercio, la lucha contra el narcotráfico y la integración. Algunos factores determinan esta posición un tanto aislada en la región: Primer factor, la persistencia de un crónico y prolongado conflicto armado interno, que afecta territorio y poblaciones de países vecinos y, por la vía de las personas solicitantes de refugio, a otros países del mundo. En este contexto, la incapacidad del gobierno y la sociedad colombiana para superar este conflicto por la vía militar (el Plan Colombia y el Plan Patriota no ofrecen los resultados anunciados) o por la vía de la negociación política (hay mucha preocupación internacional por el proceso que se adelanta con los grupos paramilitares y poco entusiasmo frente a una mesa de negociación con el Eln). Así mismo, el escándalo vigente de la "parapolítica", que salpica a los partidos de la coalición de gobierno y, particularmente a la canciller colombiana, parte de cuya familia es investigada por presunto nexos con grupos paramilitares.
Segundo factor, el alineamiento del gobierno colombiano frente a la estrategia antiterrorista y antidrogas del gobierno de los Estados Unidos y las acciones militares que implica esta política en las fronteras terrestres, incluida la fumigación de cultivos de uso ilícito.
Tercer factor, la inseguridad en las zonas de frontera en territorio colombiano. Pese a la militarización, se mantiene presencia de grupos guerrilleros (Farc-Eln), paramilitares (AUC y grupos emergentes) y delincuencia organizada de mafias de tráficos ilícitos (drogas, armas, insumos químicos, combustible, etc.) que generan una situación de inestabilidad y riego para los países vecinos.
Estos tres factores, entre otros, inciden en forma significativa en la política exterior de los vecinos (Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y Brasil), condiciona los procesos de integración regional y genera dudas y preocupaciones en la región.
Algunos hechos que afectan las fronteras de Colombia: Ecuador. Según las propias comunidades y voceros de la Pastoral Fronteriza que reúne jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia Católica, hay una grave situación de violencia contra pueblos indígenas en la frontera colombo ecuatoriana que se manifiesta en asesinatos, masacres, desapariciones, detenciones arbitrarias, señalamientos, amenazas, desplazamiento y refugio de las comunidades Awá, Cofanes, Sionas y Kichwa, en el marco de un conflicto armado que se prolonga y extiende en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, con grave afectación a la población civil.
En el cordón fronterizo que separa la provincia de Esmeraldas con el municipio de Tumaco en el departamento colombiano de Nariño se registra una afectación desproporcionada, sistemática y continúa del conflicto armado en comunidades afro descendientes del pacífico colombiano que se manifiesta en diversas formas de violencia y en un flujo migratorio permanente en territorio colombiano que se amplía hacia territorio ecuatoriano.
El ministro de Defensa ecuatoriana, Oswaldo Jarrín, alertó sobre infiltraciones de grupos irregulares armados en tierras ecuatorianas "hay un incremento -de estas actividades del crimen organizado, y es evidente que se genera un ambiente de temor de que puedan existir desplazamientos internos".
En respuesta el gobierno ecuatoriano reforzó el control militar en su frontera con Colombia. Según el Ministro de Defensa el plan incluye la reducción de varias unidades y el cierre de quince destacamentos y campamentos ubicados en la frontera con Perú para reubicarlos en la frontera norte, así como la creación de un Viceministerio de Defensa liderado por un civil, para atender estos asuntos.
El ministro aceptó que la reubicación de los destacamentos y campamentos del Sur tiene como objetivo fortalecer el control en la frontera norte con Colombia. El ministro indicó que "debido a las condiciones actuales y al surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad exterior, ahora el problema de seguridad se debe entender como algo multidimensional". En el momento cuidan la frontera colombo-ecuatoriana unos 10.000 efectivos a un costo anual de 28 millones de dólares.
Estas circunstancias alimentan nuevas formas de estigmatización y xenofobia contra la población colombiana asentada en el Ecuador que se convierte en otra forma de violación de sus derechos.
La crisis en las relaciones colombo ecuatoriana por la decisión del gobierno de reiniciar las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito en la zona de frontera, tiene como antecedentes diversos incidentes que involucran Fuerzas Militares y grupos irregulares en la zona de frontera.
Diversas organizaciones con asiento en la frontera advirtieron desde agosto de 2006 que a pesar de los anuncios oficiales y los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, continúan las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito en la franja de diez kilómetros en la frontera colombiana, con graves consecuencias sociales y ambientales Queda claro para las comunidades afectadas en la frontera entre el departamento del Putumayo y la Provincia de Sucumbíos que esta estrategia de fumigaciones, así como el Plan Colombia no resuelven el problema del narcotráfico. El efecto contrario es la diseminación de cultivos y la fragmentación de carteles para satisfacer una demanda que persiste en los países afectados por el consumo.
Venezuela. La frontera común entre Colombia y Venezuela sigue registrando altos niveles de inseguridad generada por la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia según afirmó el embajador venezolano en Colombia Carlos Rodolfo Santiago. "Lamentablemente, sobre todo en Táchira y Zulia, se ha incrementado el delito, los secuestros, el sicariato y se están tomando acciones con el fin de minimizar esto", dijo al concluir su misión de más de 4 años en Colombia.
Hasta 1995, los secuestros se registraban fundamentalmente en los estados fronterizos. En 1997 se extienden a Mérida, Guárico, Bolívar y Portuguesa y desde 1999 y hasta la fecha (2006), a todo el país. En la actualidad, Táchira es el estado con mayor número de secuestros, con 30% de los plagios, seguido por Zulia y Apure con 18% y 14% respectivamente.
El promedio de secuestros en la zona de frontera anualmente se mantiene por encima de 100 desde el año 1997 hasta el año 2006. Estas estadísticas fueron presentadas por Fedenaga, Fundación Libertad, Cicpc y Gaes (Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional). El 25% de las víctimas de secuestro ocurridas en los primeros nueve meses de 2006 fueron asesinadas.
En 2005 se registró el asesinato de 6% de las personas secuestradas.
Desplazamientos transfronterizos y refugiados Por causa de la intensificación de la confrontación armada en zonas de fronteras y departamentos aledaños en territorio colombiano se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, el numero de colombianos que cruzan las fronteras escapando de las confrontaciones armadas entre los diferentes actores del conflicto para solicitare refugio en el vecino país o asumir una condición de indocumentados o migrantes irregulares.
En su mayoría son colombianos que han sido a)Señalados de ser simpatizantes o presuntos simpatizantes de las partes en conflicto, b)Ex miembros de partes en conflicto, c)Autoridades municipales y departamentales en ejercicio y retiradas, d) personas relacionadas con la administración de justicia, e) defensores de derechos humanos, f) lideres sindicales o individuos con un alto perfil comunitarios, g) periodistas, h) miembros de pueblos indígenas y afrocolombianos, i) niños soldados, j) grupos sociales marginales y k)Victimas de trata de personas.
En Ecuador, Panamá y Venezuela se encuentran colombianos en situación migratoria irregular, algunos de los cuales reúnen las condiciones de la definición de refugiado estipuladas en la Convención de 1951 y la definición ampliada de refugiado contemplada en la declaración de Cartagena de 1984 y ratificada en el Plan de Acción de México suscrito por los países de América Latina en el año 2004.
Estas personas son referidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como personas de interés para el Acnur  en un hecho que ratifica su condición de personas que necesitan protección internacional porque están dentro de los parámetros establecido el Derechos Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. Huyen de un conflicto armado interno, aunque no lo reconozcan, les de miedo enfrentar esa condición o pecan de ignorancia al no conocer el derecho de protección internacional del cual se benefician.
Un censo ignorado Es muy difícil tener cifras consolidadas frente al número de colombianos que cruzan la frontera huyendo de la confrontación armada en Colombia. Varias organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos de Ecuador, Panamá y Venezuela cuentan con información fragmentada de acuerdo a las personas que atienden directamente o al monitoreo que realizan en algunas zonas de frontera donde tienen trabajo recurrente. Pero estos datos no son consolidados en el ámbito nacional.
Acnur que como mandato debe garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados hace lo posible para asegurarse de que cada uno de ellos pueda ejercer el derecho a solicitar asilo, encontrar un refugio seguro en otro país y regresar voluntariamente a su país de origen.
En este sentido presenta cifras de las personas que solicitan refugio formalmente ante el gobierno y esa institución. Esto significa que hay un alto sub registro en las zonas de frontera de las personas que necesitan de la protección internacional y se invisibilizan  los flujos migratorios mixtos.
La tendencia de la salida de colombianos hacia países vecinos ha ido en aumento en los últimos 6 años, pero cada vez es más difícil registrar el numero de colombianos que anualmente cruzan las fronteras terrestres porque 1) No hay sistemas de información consolidados y fuentes contrastadas, 2) las personas cruzan las fronteras terrestres en momentos críticos de confrontación armada pero una vez superada la situación vuelven a sus hogares sin haber registrado el desplazamiento transfronterizo ante ninguna institución, 3) las personas que cruzan fronteras no se registran como solicitantes de refugio, al contrario se quedan en una situación migratoria irregular por falta de conocimiento de los procedimientos para solicitar refugio y de los alcances de la protección internacional, por miedo a que continué la persecución en el lugar de recepción o por la presencia de actores armados ilegales en las zonas de frontera y en las comunidades receptoras de población colombiana.
De acuerdo a declaraciones de funcionarios de Acnur en Ecuador en el año 2006, "es muy difícil saber exactamente cuanta gente ha cruzado la frontera.
Esta oficina ha incrementado su presencia en la franja fronteriza, donde 85 nuevos casos fueron registrados durante el mes de octubre y 15 en las primeras semanas de noviembre solamente en un pueblo llamado Lita al norte de Ecuador. En este país el número de solicitantes de asilo registrados podría ser tan solo la punta del iceberg.
En otros puntos de la frontera norte de Ecuador cada mes se registran más de 200 nuevos casos de solicitantes de asilo, las oficinas de Acnur en terreno trabajan con el gobierno ecuatoriano para asegurar que las personas con necesidades de protección obtengan la ayuda a la que tienen derecho. Pero la necesidad más inmediata es ubicar las personas que no se acercan a solicitar refugio o que están muy lejos de las oficinas de terreno para hacerlo. Un ejemplo de esta situación sucede en Puerto El Carmen que dista a 4 horas de Lago Agrio, donde el Acnur tiene una oficina y en otras comunidades de la zona se puede acceder únicamente por vía fluvial desde esta localidad.
El temor y la ignorancia se suman al aislamiento de las personas con mayores necesidades. Colombia se encuentra a pocos minutos de distancia y muchas personas aún están traumatizadas y atemorizadas que no quieren hablar, ni siquiera para buscar protección. Muchos no saben que, si fuera el caso, tendrían derecho a protección y asistencia. Un ejemplo de esto es el pequeño pueblo de Lurimagua, en Ecuador donde La gente no sabe solicitar refugio.
A pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos ecuatorianos en torno al problema de los refugiados colombianos en ese país, todavía no es un tema que tenga un buen recibimiento en la sociedad ecuatoriana y aunque este sea el estado de la región andina que mejor ha respondido en el tema todavía no se ve reflejado lo suficiente en los medios de comunicación ni en el trato hacia los refugiados. Guillermo Rovay, del Servicio Jesuita a Refugiados en Quito, señala que existe un miedo cada vez fuerte a los colombianos. "El ser colombiano se transforma en un estigma, dando lugar a veces a la xenofobia" y esta situación ha presionado a los refugiados aún más hacia los márgenes de la pobreza.
Detenciones arbitrarias de indígenas en Florida (Valle) El siguiente comunicado, fue emitido por las autoridades indígenas el pasado 4 de enero de 2007 y, va dirigido a la opinión pública nacional  e internacional sobre los atropellos de la Fuerza Pública en la detención ilegal de indígenas y campesinos en el sur occidente colombiano: No entendemos como la fuerza publica, nuevamente arremete contra la tranquilidad de la comunidades indígenas, campesinas y sectores populares de la zona rural y urbana de nuestro municipio de Florida Valle del Cauca, es así como siendo la hora 1:30 p.m. de hoy domingo 31 de 2006, Fuero detenidos y echados a un camión de la Policía de placas "ICF941 Salamina" con el pretexto de registrarlos y verificar vínculos con grupos al margen de la Ley , señalados por desertores que trabajan como informantes de las fuerzas publica, la cual circulaban en vehículos de vidrios polarizados, con el objeto de cumplir políticas de la Seguridad democrática que tanto pregona el gobierno. Deteniendo arbitrariamente a la mayor parte a personas inocentes.
Operativo que esta al mando del Coronel Mora de la Sijin.
Los Detenido estaban en la Plaza de mercado, otros en establecimientos públicos degustando de refrescos, otros circulando en la galería y otros alistándose para regresar a sus casas, cuando fueros sorprendidos y conduciéndolo al camión con destino a Palmira.
Situación que rechazamos terminantemente, teniendo en cuenta que en redadas similares ocurridos hace dos años en el mismo sitio, involucraron a la mayor parte de personas indígenas y campesinas de pertenecer a grupos al margen de la ley, inclusive utilizando montajes con fotografías tomadas en ese entonces. Cosa que algunos les han costado la vida y desplazamiento fuera de nuestro territorio.
Los indígenas y campesinos detenidos de forma arbitraria por la Fuerza Pública son los siguientes: Los indígenas Luis Elio Mestizo Casamachín, Basilio Dagua Peña, Robinson Dagua Ramos, David Otero, Libardo Perdomo, Israel Ipia, Hernán Conda Labio, Jhon Fredy Lemos, Nestor Javier Rivera, Luis Fernando Rivera y Jairo Guanas Dagua. Los campesinos, Wiliam Otero, Alcides Salgado, Wilander Otero Ramos y César Augusto Otero.   

Fuente: lafogata.org