Argentina: La lucha contin�a

Argentina Indymedia

"Antes fue Ana Mar�a Acevedo en Santa Fe. Hoy, una menor, discapacitada, v�ctima de una violaci�n, pobre e indefensa, a la que la Justicia le impide realizarse un aborto en Entre R�os. El sistema es el mismo, quienes decidieron son los/as de siempre. Otra vez violaron todos los derechos contemplados en nuestra legislaci�n, sometiendo y condenando la vida de una mujer. Marta Raquel Gauna exige justicia para su hija, aborto seguro para que viva, exige condena y castigo para el violador y para conseguirlo est� dispuesta a encadenarse en la puerta de los tribunales de Paran�." As� comienza el comunicado que dieron a conocer diversas organizaciones de mujeres en Santa Fe y Entre R�os, refiri�ndose a la nueva judicializaci�n del pedido de aborto legal para una joven discapacitada violada.
En la ciudad de Paran�, Entre R�os, una joven discapacitada fue violada y producto del abuso quedo embarazada. Cuando la madre de la menor realiz� la denuncia por violaci�n le informaron que no era necesaria, en este caso, una autorizaci�n judicial para realizar la interrupci�n del embarazo.
Sin embargo, la "justicia", a ra�z de la actuaci�n de la defensora de menores e incapaces que tom� parte en el expediente como representante del feto, orden� que no se realice la interrupci�n del embarazo como hab�a solicitado su madre.
La jueza Claudia Salom�n hizo lugar a una medida cautelar que interpuso la defensora Mar�a Marcela Piterson con el objetivo de preservar "los derechos de la persona por nacer" y orden� al Hospital Materno Infantil San Roque, de Paran�, que se abstenga de realizar esa pr�ctica.
La arbitrariedad y crueldad de esta situaci�n se agrava, ya que adem�s el Consejo del Menor ha intervenido y mediante enga�os ha separado a Marta y a su hija, quien est� actualmente en un Instituto, sin posibilidades de comunicarse con su madre desde el viernes pasado, retras�ndose tambi�n el pedido de aborto.
Adem�s, la resoluci�n de la jueza Salom�n a�n no pudo ser apelada porque, si bien el Defensor General de la Provincia, Arsenio Mendoza design� al Dr. Pablo Barbirotto para que represente a la menor, a �ste no le han dejado ver el expediente.
La joven tiene 19 a�os, pero su coeficiente intelectual corresponde al de una nena de cinco a�os. Pertenece a una familia numerosa que viven en condiciones precarias en el barrio Humito, cercano a la capital entrerriana. La joven fue violada hace cuatro meses por una persona cercana a la familia. La denuncia del hecho est� radicada en el juzgado de instrucci�n a cargo de Ricardo Bonazola. El Defensor General, Arsenio Mendoza, explic� que "Cuando se dan los requisitos previstos en el C�digo Penal no es necesaria la autorizaci�n judicial para el aborto. Sobre este punto, la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la provincia es similar a la de la Corte bonaerense". Tambi�n consider� que "hay mucha hipocres�a porque estos casos salen a la luz cuando los involucrados son pobres: los otros arreglan sus problemas pagando sin que nadie se entere".
Por su parte, la Fiscal�a N�2 a cargo de la Dra. Cecilia B�rtora inform� que en estos casos, seg�n el inciso 2� del art�culo 86 del C�digo Penal "no se requiere la autorizaci�n de la justicia".
A pesar de toda la jurisprudencia citada y de que la situaci�n se enmarca perfectamente en los casos en que la interrupci�n del embarazo no es punible, la defensora Mar�a Piterson, al explicar la presentaci�n de su medida cautelar, sostuvo: "mi obligaci�n es hacer cumplir la ley y la persona por nacer es un ser humano."
Adem�s bas� su argumentaci�n en "un reciente fallo de la Corte Suprema donde establece que el derecho a la vida es el derecho natural por excelencia, que es preexistente al ordenamiento positivo", haciendo referencia a una causa en la que se le reconoce a una abuela el derecho de tener una indemnizaci�n por el nieto que no naci�, en el caso de una joven embarazada asesinada durante la Dictadura. En esa oportunidad la Corte Suprema no se expres� sobre la interrupci�n voluntaria de un embarazo sino ante un crimen de lesa humanidad ocurrido en el marco de la ultima dictadura c�vico militar. (Ver editorial )
Como sosten�amos en aquella oportunidad, no se debe confundir el real esp�ritu del fallo, interpretando que la Corte Suprema defiende el derecho a la vida desde la concepci�n. En ese caso, lo que la Corte hizo fue expedirse sobre un homicidio, sobre el asesinato de una mujer y del beb� de m�s de 36 semanas que llevaba en su vientre y que podr�a haber nacido sin riesgo si un grupo de genocidas no hubiesen fusilado a su madre.
Lo que la defensora hace al tomarse de este fallo en un caso nada similar es lo que, desde aquel editorial del diario La Naci�n, pretend�an: confundir ambas nociones, tomando as� una actitud profundamente patriarcal, al considerar que la mujer que aborta mata como la persona que golpea a una mujer embarazada y el resultado es la muerte del beb� que espera.
Nada ni nadie puede, en el caso de M.C., obligarla a mantener un embarazo producto de una violaci�n. Ya hay versiones de que el Consejo del Menor lleg� incluso a ofrecerle a su madre que si la joven tiene a la criatura el Estado se har�a cargo de su manutenci�n. Una "soluci�n" tambi�n aberrante que pretende menospreciar los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.    

Fuente: lafogata.org

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