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Argentina: La lucha continúa
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Correpi - Boletín informativo
Número 441 - 19 de agosto de 2007
SUMARIO
CONDENA EN QUILMES, GATILLO FÁCIL EN CASEROS, PEDIDO DE PENA EN MORÓN
Entre los números que hacen las cifras de gatillo fácil, muchas son las víctimas
que fueron heridas de muerte por un policía que intentaba matar a un supuesto
ladrón y terminó matando a lo que los medios gustan llamar "víctima inocente".
El jueves 16 se dio a conocer el fallo en que el Tribunal Oral nº 3 de Quilmes
condenó a 17 años de prisión al policía bonaerense Antonio Fabián Sosa, que
disparando contra unos chicos que jugaban al carnaval, mató de un tiro en la
cabeza a Verónica Gauto (19). Quizás el hecho de que el caso involucre la muerte
de una "víctima inocente" y en circunstancias tan especiales (Verónica estaba
embarazada de 8 meses, y su bebé nacida en una cesárea de emergencia del cuerpo
ya muerto de su madre sobrevivió milagrosamente) es lo que impulsó al TOC 3 a
condenar al policía, en vez de dejarlo libre como hizo con todos los
torturadores de Andrea Viera (la única condenada tiene arresto domiciliario), y
con el policía que disparó contra Carla Lacorte.
Esta misma semana, Sergio Niznik fue víctima de la "seguridad" que brindan los
uniformados en las calles. Un ex-policía federal que estaba haciendo lo que
hacen los ex-policías, es decir, trabajando de custodio, intentó frustrar un
robo y mató de un tiro en la cabeza y otro en la espalda al hombre, que se
hallaba en la vereda de su casa. El hecho ocurrió en Caseros, partido de Tres de
Febrero y quedó a cargo de la fiscal Carina Carbonella de la fiscalía número 12
de San Martín. Como Verónica, que estaba llevándole un mate a su marido, Niznik
estaba en la puerta de su casa cuando recibió la bala del estado que
"combatiendo la inseguridad" es el peor peligro para la población.
Finalmente en Morón, el fiscal Patricio Pagani pidió esta semana, al término del
juicio oral contra el ex cabo de la federal Daniel Carlos López, que se lo
condene a la pena de 25 años de prisión por haber asesinado a balazos, delante
de su hijo de un año y medio, a su ex concubina y a su suegra, con las que
mantuvo una discusión. Las víctimas, Gisella Yanina Dorosario (22), y su madre,
Cecilia Alicia Gerbio (51), murieron el 19 de abril de 2004 frente a su propia
casa en Morón, con entre cuatro y cinco tiros cada una.
El policía entregó su arma reglamentaria y esperó confiado los resultados
periciales, pues había usado otra, una .45, que fue posteriormente hallada en su
poder y confirmada como el arma homicida. Se trata del mismo fiscal y el mismo
tribunal que intervinieron el año pasado en el juicio oral al policía Cristian
Solanas, asesino de Rodrigo Corzo. La sentencia se conocerá el miércoles.
OTRA ESTAFA IDEOLÓGICA DEL GOBIERNO K
Una parte de la estrategia del gobierno K en materia de derechos humanos se basó
en circunscribir la cuestión a los crímenes de la dictadura militar, con lo que
se granjeó la simpatía de los organismos tradicionales a los que terminó
cooptando, además, mediante jugosos subsidios y financiamientos de proyectos de
todo tipo, incluso arquitectónicos. Siempre dijimos que esa política era el
manto para ocultar las víctimas de la "democracia" y con más precisión a las de
su propio gobierno, escondiendo bajo la alfombra de los campos de concentración
de los militares la inmensa cantidad de muertos (más de 700) cometidos por las
fuerzas de seguridad de Kirchner, y enarbolando ante cualquier acusación de
represor las fotos del presidente con las señoras Pastor de Bonafini o Barnes de
Carlotto. Pero como dice el slogan de campaña de su señora candidata, "el cambio
recién comienza". Y para muestra, basta un botón.
Otra vez el tema de los derechos humanos para posicionarse y enmascarar la
ideología de este gobierno populista y de derecha. La noticia dice que el
gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que apunta a proteger
del maltrato en todas sus formas a niños, niñas, mujeres, ancianos y
discapacitados, lo que nada objetable tiene. Es encomiable que la violencia
familiar sea condenada y sus víctimas amparadas legalmente. La iniciativa tiene
una trampa, no es una nimiedad, sino que devela el verdadero objetivo del
proyecto y lo intoxica convirtiéndolo en una nueva estafa ideológica del
gobierno K. El proyecto define "la violencia y el abuso de poder en el ámbito
de las organizaciones familiares" como una violación a los derechos humanos.
No es casualidad que el mentor de esta nueva ley haya sido el ministerio del
interior, el ministerio político, el ministerio represor, a cargo de Aníbal
Fernández, el ministro que más hecho para relegitimar a la policía federal y que
ha "gendarmizado" la política nacional. Lo transcendente es que hechos
delictivos absolutamente comunes e individuales, por repudiables que resulten,
se conviertan en "violaciones a los derechos humanos". No minimizamos la
gravedad de la vulneración a los derechos subjetivos como la vida, la integridad
física o psíquica que pueden ser cometidos en el ámbito familiar. No quitamos
seriedad a la enorme cantidad de mujeres, niños y ancianos víctimas de violencia
intrafamiliar. Pero si el victimario, el que comete el hecho injusto, no inviste
la condición de agente represor del estado, el hecho no pasa de ser un delito
común, y nunca puede ser una violación a los derechos humanos.
Insistimos hasta el cansancio, el único que puede violar los derechos humanos es
el estado, a través de sus fuerzas armadas o de seguridad, o de grupos
paramilitares o parapoliciales. No hay violación a los derechos humanos si el
victimario es un particular.
El repetido discurso de periodistas, políticos y "juristas" de derecha que ante
cualquier hecho criminal hablan de "violación de los derechos humanos", que se
alarman de que los organismos de DDHH somos "tuertos", o procuramos sólo el
respeto de los "derechos humanos de los delincuentes", es un chantaje para
equiparar las responsabilidades del estado en materia represiva y diluir la
noción real de "derechos humanos".
Si todo es una violación a los derechos humanos, en realidad, nada lo es.
Integrar la violencia intrafamiliar a la noción de derechos humanos no busca
elevar su repudio social, sino equiparar hechos reprochables pero individuales
con otros que son contrarios a la condición humana porque los comete el estado.
Así, se reduce la entidad de los segundos, y se diluye la responsabilidad del
estado como violador de los DDHH.
Ni los ladrones comunes, ni los golpeadores de niños o de mujeres, por
repudiables que sean sus delitos, cometen una violación a los derechos humanos.
Sí a los derechos individuales, subjetivos, de sus víctimas. Sólo en aquellos
casos en que se conjugan ambas categorías, como es el repetido caso de
violaciones y homicidios de mujeres (esposas, novias, hijas) por parte de
policías u otros uniformados, podrá la violencia familiar ingresar al territorio
de la violación a los derechos humanos.
Estas iniciativas no son inocentes confusiones. Es una nueva vuelta de rosca de
la estrategia K para los DDHH, que mete todo en la misma bolsa, lo mezcla
creando confusión, y con ello, busca diluir la verdadera esencia de los DDHH,
para poder, desde el estado, seguirlos violando, mientras "vende" que es el
campeón de los Derechos Humanos.
ABUSO SEXUAL: UN MÉTODO DE TORTURA POLICIAL
La violación de los derechos humanos en forma sistemática en nuestro país, pese
a sendas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que la ubican y congelan en
el pasado dictatorial militar, se sigue manifestando en nuestro país con métodos
diversos. En barrios humildes, donde la represión es moneda común, la violación
como método de tortura de parte de los agentes policiales sirve al doble
objetivo de disciplinar y sumar esclavas a la red de prostitución de la que son
explotadores.
Pese a que la policía de Córdoba procuró ocultar desde la información del
suceso, tomó trascendencia pública esta semana que el 27 de julio pasado,
personal de la comisaría 19ª, dependiente del Distrito 2, ingresó a un domicilio
del barrio San Roque en un procedimiento y atacó, golpeó y se llevó en un
patrullero a María Victoria Suárez, junto a su hermana quien intentó defenderla
de los golpes a la vez que les advertía que María Victoria estaba embarazada de
tres meses.
Ya dentro de la dependencia policial del barrio Los Naranjos, continuaron
golpeando a Maria Victoria y le ordenaron que se desnudara en presencia de otros
efectivos policiales que observaban a la vez que la manoseaban, tocándole sus
partes pudendas.
Toda la sesión de tortura se desplegó en horas de la mañana, en el mismo lugar
donde funciona la Unidad Fiscal Nº 21 cuyos empleados, como reconoció el Fiscal
Matheu, podrían haber conocido el hecho y no hicieron nada para impedirlo.
Luego, cuando la joven estaba encerrada en un calabozo, comenzó a perder sangre.
Recién siete horas después recibió atención médica en la maternidad provincial,
donde se le efectuó un legrado ya que no se podía salvar el bebé.
Matheu, presionado por la denuncia pública, detuvo por un breve tiempo al
sargento Jorge Zapata, imputado de vejámenes y abuso sexual agravado por abuso
de la función policial, y a los oficiales Marcos Carnevale, Sergio Campos y Luis
Miranda, quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones leves agravadas
por el abuso de la función policial y aborto preterintencional. Ni bien pudo,
los puso en libertad con excusas procesales. La víctima, mientras tanto, vive
junto a su madre y sus dos hijos, de 6 y 4 años, en una casa que actualmente
está bajo custodia de los compañeros de los torturadores.
Un hecho de similares características habría ocurrido en otro barrio de la
ciudad de Córdoba, el mismo día. En este caso aún no se habría realizado la
denuncia. Al igual que en el episodio de barrio San Roque, una mujer habría
sufrido la pérdida de su embarazo al ser brutalmente agredida por policías que
realizaban un allanamiento en barrio de trabajadores, Ampliación San Jorge. La
víctima, cuyas iniciales serían M.R., de 26 años, habría intentado impedir la
detención de su esposo, momento en el que habría sido golpeada por los efectivos
que quisieron retirarla.
A comienzos de agosto se conoció también el caso de Débora Correa, una joven de
19 años con retraso madurativo que, tras haber sido reportada como perdida por
su padre, que exhibió su fotografía y proporcionó sus datos a los patrulleros de
la zona de Benavidez, Partido de Tigre, fue interceptada por un patrullero de la
comisaría cuarta de la localidad. Entonces el sargento René Romero y su
compañero la llamaron por su nombre y la subieron. Pasaron por la comisaría
porque en el camino le avisaron al acompañante de Romero, por radio, que debía
relevar la guardia de los calabozos. El sargento Romero llevó a Débora a un
descampado la violó en el patrullero, luego de lo cual la dejó correr
advirtiéndole que "no le dijera nadie, que no era la primera vez que lo hacía".
Con la presión del estado público del caso, unos días después, Romero fue
aprehendido por orden del fiscal Gonzalo Acosta y desafectado –una simple
suspensión en las tareas anteriores, no es exoneración- de la policía bonaerense
por orden de Asuntos Internos. El sistema de rastreo satelital demostró que el
auto estuvo detenido dieciséis minutos en un descampado. También se encontraron
pelos y semen en el móvil policial. Y los peritos comprobaron que Débora tenía
un desgarro perineal.
El sargento Romero quedó imputado por el delito de abuso sexual agravado con el
acceso carnal y por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad,
en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto el caso de la menor de 16 años violada en mayo pasado, por dos policías
de General Rodríguez, que entraron al albergue transitorio en patrullero, dio un
giro gracias a un doble aporte: la colaboración de otros compañeros que
declararon haber tenido relaciones consentidas con la víctima y el "profundo"
interés de los funcionarios judiciales de investigar el delito de peculado por
el uso indebido del auto público.
Se suman estos casos que se conocen recientemente a otros en que al abuso o la
violación siguió la muerte, como el crimen de Natalia Melmann, de 15 años, en
febrero del 2001, en Miramar, por parte de los policías bonaerenses Ricardo
Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini y los asesinatos en serie a mujeres
en estado de prostitución perpretados por la policía marplatense cuando no
transaban con dinero o con sexo.
ESTILO K: PATOTA INCENDIA CARPA DOCENTE Y FUNCIONARIO ATROPELLA TRABAJADORES
Tras cinco meses de ausencia como consecuencia de la organización y movilización
de distintos gremios estatales, Néstor Kirchner volvió a Río Gallegos para
presentar en su feudo, saturado de policías y gendarmes, la candidatura de su
esposa Cristina Fernández. En la madrugada del último viernes, tres personas
arrojaron bombas incendiarias sobre las carpas que los docentes levantaron
frente a la gobernación en reclamo de mejoras salariales. De casualidad no hubo
ningún herido. Resulta muy extraño -o no tanto- que mientras los agresores
huían, los policías que custodian la gobernación salieron con matafuegos para
sofocar el incendio. De los incendiarios, que si se tratara de militantes de
alguna organización no cooptada por el oficialismo ya estarían encarcelados y
hasta acusados de terrorismo, ni noticias.
Por otra parte, este mismo viernes por la noche, Néstor y Cristina se
encontraban en pleno acto proselitista en un club de la capital santacruceña.
Una marcha organizada por la Mesa de Unidad Sindical había logrado convocar
3.000 personas para repudiar las "ilustres" visitas. La columna se desplazaba
por la avenida San Martín cuando una camioneta 4 x 4, con el ex ministro de la
gobernación Daniel Varizat al volante, quiso salir entre la
multitud. Al reconocerlo, los manifestantes lo rodearon y comenzaron a
insultarlo. Sin importarle la presencia de jubilados, mujeres y niños, Varizat
aceleró el vehículo, atropellando a 19 personas de las cuales cinco se
encuentran internadas con heridas graves. El ex funcionario nacional, ex
ministro de gobierno provincial y actual miembro del directorio de una empresa
provincial de minería, se encuentra "detenido comunicado", y bien cuidado de la
indignación popular, en la escuela de policía provincial.
A escasas cuadras de allí, la histriónica Cristina vociferaba al micrófono del
Boxing Club que "no puede ser que la intolerancia y la violencia ganen
las calles de Santa Cruz". Mientras tanto, sus patotas queman carpas de docentes
y sus funcionarios atropellan trabajadores.
PALOMAR: VECINOS ORGANIZADOS FRENAN OPERATIVO
Los vecinos del barrio de monoblocs Nueva Italia, en la localidad del Palomar,
impidieron la represión dirigida a los pibes del barrio, a cargo de integrantes
de la comisaría de Villa Tessei, a las 16:00 de este domingo. Primero fue un
móvil que apareció por la calle Jufré a toda velocidad disparando contra cinco
jóvenes, algunos de ellos menores, que se encontraban sentados en la entrada de
los pasillos de sus casas. A los pocos minutos de esta balacera, llegaron al
lugar cuatro patrulleros y dos camionetas 4x4, pero fueron detenidos por los
vecinos.
Cuando los efectivos se bajaron de los móviles para entrar al barrio, fueron
atajados por una veintena de vecinos que muy amablemente les pidieron que antes
de realizar el operativo se identificaran, de manera de saber después a quiénes
reclamar si de casualidad rompían algo. El jefe de calle se negó y luego de unos
minutos de conciliábulo, ordenó el retiro del lugar.
Las víctimas del primer ataque, junto a militantes de CORREPI Zona Oeste (entre
ellos, la familia Mansilla) y quince vecinos del barrio, concurrieron luego a
las fiscalías de Morón, donde la UFI 4, de turno, les tomó la denuncia.
Los ataques armados y las amenazas de muerte de parte de la patrulla de calle de
Villa Tessei a los jóvenes del lugar es moneda común en la zona, donde hace poco
más de un año, integrantes de la comisaría 6ª de Palomar fusilaron a Tato
Mansilla desde la camioneta 4x4 conducida por Marcos Rubén Rojas con un
escopetazo de Sergio Nogueira.
MERCOSUR, MERCADO COMÚN DE LA TORTURA
Como nuestro país con el caso Bulacio hace 4 años, Brasil fue condenado en 2006
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
de Damião Ximenes Lopes, muerto hace 8 años por tortura en una clínica
psiquiátrica en el Estado do Paraná, según lo informa el matutino O ESTADO DE
PARANA en su edición del sábado pasado. Recién en estos últimos días se "empezó
a cumplir" con la sentencia que dictara el organismo continental de justicia,
depositando la indemnización para los familiares de la víctima.
Precisamente fue la hermana quien denunció ante la CIDH al Estado Brasilero por
la muerte de Damião en la Casa de Repouso Guararapes ocurrida el 4/10/99, donde
fue internado para recibir tratamiento psiquiátrico por padecer una enfermedad
mental. Dos días después, su madre lo encontró con marcas visibles de tortura,
las manos atadas, la nariz sangrando, el rostro y el abdomen hinchados. Horas
más tarde, pese a haber sido medicado, Damião falleció.
Como en el caso Bulacio, el estado brasileño sólo está dispuesto al cumplimiento
parcial de la condena en su parte más sencilla, como es la reparación material,
sin acatar los puntos más importantes del fallo, que ordenan al estado brasileño
la aceleración de los procesos internos que investigan la muerte de Damião
Ximenes Lopes. Evidentemente, los gobiernos de Kirchner y Lula tienen más de un
punto en común: tortura, muerte, represión como parte del control social, son
elementos estructurales de su política. No importa quién administre el estado,
no importa cuánto tenga su discurso de "popular". Las balas y los tormentos van
dirigidos siempre a la misma clase, consolidándose aquello de que EL ESTADO ES
EL APARATO REPRESIVO.
LULA: ¿"PRONASCI" o PRONAZI?
El gobierno de Lula Da Silva, a través de su ministro de justicia Tarso Genro,
anunció a los medios de comunicación de Curitiba un plan de seguridad al que
bautizaron "Pronasci" (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania).
Dicho programa, según el gobierno, apunta a "promover la integración de acciones
de seguridad pública y políticas sociales para enfrentar la criminalidad".
Inicialmente se implementará en once regiones metropolitanas del país con
grandes índices de criminalidad, con un presupuesto actual de $R 483 millones
(algo así como 240 millones de dólares), suma que deberá aumentar a la suma de
6.7 billones de dólares hacia el 2012, es decir más de 11 veces en 5 años.
El ministro hizo hincapié en la necesidad de dar respuesta a los estados en los
que se incrementa el índice de criminalidad, lo que se traduce en la
construcción de 6 penitenciarías en el Estado Do Paraná, una de las cuales
alojará a jóvenes entre los 18 y 24 años bajo el argumento de la "necesidad de
separar los presos por edades", mientras otras dos albergarán población
carcelaria femenina.
Para lograr la ejecución efectiva de este plan, en los últimos días asumió el
nuevo superintendente regional de policía en Paraná, Delci Teixeira, a quien
próximamente le han prometido poner en funcionamiento el nuevo predio para
centralizar la tarea "laboriosa" de los distintos servicios represivos de la
policía federal distribuidos hoy en distintos predios. Los antecedentes de este
nuevo jefe no fueron otros que la comandancia de unidades en Mato Grosso Do Sul
y Río de Janeiro. El hombre se jacta de saber combatir al narcotráfico en
regiones de frontera.
El Plan Pronasci tiene incorporadas las directrices del departamento de estado
yanqui, no tan novedosas en su concepto: si para el régimen nazi los negros,
judíos y gitanos representaban el peligro social, el poder hoy lo visualiza en
jóvenes marginalizados y pobres, a los que si no se puede exterminar de hambre o
con el gatillo fácil, hay que encerrar en modernas cárceles... y tirar la llave.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
6 y 7 de septiembre, charlas sobre la ley antiterrorista a cargo de María del
Carmen Verdú y Nicolás Espósito de CORREPI en localidades de Río Negro y Neuquén.
Informaremos horarios y lugares precisos a la brevedad.
En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a
las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el
programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio
Ciudad, AM 1110,
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