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Argentina: La lucha continúa

Amenazas en Santa Fe
El reciclaje

Carlos del Frade
Argenpress

Las amenazas sufridas por Celina "Queca" Koffman y Stella Vallejos, militantes en defensa de los derechos humanos de la ciudad de Santa Fe, remarcan la necesidad de investigar por qué se repiten estos hechos en la capital del segundo estado argentino. Uno de los puntos a tener en cuenta es el reciclaje dentro de la policía provincial de oficiales imputados por haber cometido delitos de lesa humanidad y que, por obra y gracia de diversas impunidades y la escasa vocación por la memoria de la clase política vernácula, han ascendido en la pirámide de cargos y hoy están al frente de departamentos estratégicos. Este es el caso del Comisario Mayor, Hugo Carlos Colombo, actual subjefe del Departamento Operaciones (D - 3) de la policía de la provincia de Santa Fe y que estuvo imputado por el delito de privación ilegítima de libertad y apremios ilegales. También hay que sumarle el nombre del comisario, Alberto José Antegiovanni, a punto de ser jubilado y ascendido a comisario mayor, según informan distintas fuentes policiales. En esta historia, en forma paralela, aparece el nombre del ex teniente coronel, Rodolfo Riegé, encargado de la seguridad provincial durante la primera administración de Carlos Reutemann y, por entonces -en tiempos finales del terrorismo de estado-, continuador de la política implementada por los titulares del Segundo Cuerpo de Ejército cuando ocupó el lugar de interventor de la policía rosarina a dos años de la salida de Agustín Feced. Los casos de Colombo y Antegiovanni no son los únicos que permiten verificar el reciclaje de aquellos que integraron los grupos de tareas en la policía de la democracia. La repetición de los actores habla de una repetición del guión. La repetición de los atentados contra quienes construyen memoria y justicia evidencia el mantenimiento de engranajes y hombres que necesitan el olvido y la impunidad. No se trata de una cuestión judicial, sino política.

El secuestro de Schilman

El jefe de la División Informaciones de la Unidad Regional II, comisario inspector Rubén Mario Guzmán, reconoció, el 14 de noviembre de 1980, la detención del 'llamado Sergio Hugo Schilman' que 'permaneció alojado como detenido en uno de los ambientes de la División Informaciones', desde las 01.00 del 23 de agosto de 1979 hasta las 20.00 del 28 del mismo mes. A su vez remitió al juzgado federal número 3 de Rosario, a cargo del doctor Rafael Carrillo Avila, la 'nómina completa del personal' de la mencionada división.

Schilman denunció: 'Durante mi detención he sido víctima de todo tipo de tormentos que pusieron en peligro mi propia vida...las torturas de que fui objeto con posterioridad a las 12.30 del 24 de agosto de 1979 fueron de tal magnitud que motivaron mi internación en terapia intensiva de CAMI, ubicado en Pellegrini 1353 de esta ciudad, donde estuve al borde de la muerte'

Por este caso, el Comisario Mayor, Hugo Carlos Colombo, actual subjefe del Departamento Operaciones (D - 3) de la policía de la provincia de Santa Fe, estuvo imputado por el delito de privación ilegítima de libertad y apremios ilegales.

Sin embargo, Colombo siguió ascendiendo en democracia.

Cuando le tocó declarar en los tribunales federales rosarinos recordó que había ingresado al Servicio de Informaciones de la policía rosarina en enero de 1978 y permaneció allí hasta setiembre de 1979.

"No tenía tratos con los detenidos y había varios en aquel entonces", recordó ante la justicia federal el 13 de marzo de 1981.

Sus compañeros de la sección en la parte "investigaciones" eran los oficiales José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Antonio Tuttolomondo y el agente Miguel Luján Monzón. Colombo dijo que el encargado de tomar declaraciones e "instructor en todas las causas era el oficial Lofiego", que "lo hacía solo". Colombo admitió haber visto la copia de la declaración de Schilman.

Agregó que "las declaraciones se podían tomar no sólo en dicho lugar sino también abajo y en cualquier oficina de dicho lugar".

El mismo 13 de marzo de 1981, el también entonces oficial subayudante Alberto José Antegiovanni aseguró que 'se desempeñaba en la división Informaciones en la sección reunión...lo hizo desde mediados de enero de 1978 hasta el 19 de setiembre de 1979 y que desde esa fecha se encuentra en situación de pasivo y sometido a proceso militar'. Agregó que no conoció a Schilman, pero reconoció que el trato directo con los detenidos, lo llevaba adelante el denominado Centro de Operación de Informaciones y la guardia a través del 'comisario Scardino, el principal Lofiego, el auxiliar Marcote, el oficial Colombo, el oficial

Ramírez y no recuerda el nombre de otros integrantes'. Ellos 'se encargan de tomarle declaración a los detenidos'.

Sin embargo, cuatro días después, el entonces oficial auxiliar de la policía, Roberto Sacardino, informó que participó en la detención de Schilman. Agregó que le encomendaron 'la conducción de uno de los vehículos que participó en dicha detención, recordando que entre otro personal se encontraban el oficial Altamirano, el oficial Antegiovanni...'.

Las internas de la patota

El 17 de marzo de 1981, el actualmente prófugo, César Heriberto Peralta, declaró que participó de la detención de Schilman, junto a los oficiales Carlos Ulpiano Altamamirano (17 veces denunciado en causas de violación de derechos humanos y acusado por 16 casos de tormentos y apremios), hoy también prófugo y el actual comisario Alberto José Antegiovanni, a punto de ser ascendido a comisario mayor y ser jubilado.

Peralta había ingresado en la División Informaciones en marzo de 1975 y tiene que responder ante la justicia federal rosarina por 27 denuncias de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 23 lo imputan directamente por haber aplicado tormentos y apremios.

Más explícito fue el entonces oficial auxiliar, Lucio César Nast: Schilman antes de ser liberado "estuvo en el despacho del delegado interventor de la Unidad Regional, teniente coronel Milcíades Verdaguer, conjuntamente con el jefe del Departamento de Inteligencia, comisario inspector, Rubén Guzmán".

Indicó que "todo detenido que ingresara al departamento de informaciones policiales, debía permanecer durante su estado de detención con los ojos vendados por orden del delegado interventor de la unidad y a su vez, procedente del Comando de Cuerpo por razones de seguridad. El comandante era el general Luciano Jáuregui. La orden fue transmitida en forma verbal y con el objeto de que los detenidos no se vieran entre si, como así también pudiesen ver planos de operaciones referentes a la seguridad interna y externa del área".

Nast apuntó que recorrían las oficinas del servicio de informaciones de la policía rosarina, "cantidad de personal de distintas jerarquías de fuerzas armadas y de seguridad que en forma constante visitaba el departamento. En alguno de los casos para indagar a los detenidos".

Agregó que los días 12 de enero y 27 de febrero de 1980, por orden del delegado interventor de la Unidad Regional II, teniente coronel Rodolfo Riegé, luego nombrado Secretario de Seguridad Pública durante la primera administración de Carlos Reutemann, "le fueron tomadas vistas fotográficas de frente, perfil izquierdo, derecho, cuerpo entero y medio cuerpo, figurando constancia en el libro memorandum de la sección fotografías de la Unidad Regionl II, donde dice cuarenta copias, al igual que a otros oficiales relacionados con el caso Schilman. Que algunas de ellas fueron incautadas el 7 de julio de 1980 por el doctor René Bazet, juez de instrucción de la segunda nominación del fuero local a un miembro de la embajada argentina en el Paraguay, de nombre Obdulio Vitale, obrando constancia de lo expuesto en el juzgado de instrucción de la quinta nominación y crimen segunda a cargo del doctor Benjamín Abalos de los fueros provinciales", dijo Nast.

Y denunció a sus "compañeros" al sostener que "tomó conocimiento que personal policial de la Unidad Regional II de Rosario, integrando una comisión investigadora clandestina formada por los oficiales Lofiego, Moore, Trueta, Aguilera, Sies y el subcomisario Santa Cruz, dirigida por el delegado interventor de la unidad, exhibieron su fotografía y, siempre de acuerdo a las manifestaciones de las presuntas víctimas, de robos calificados, en distintas partes del país y en hechos acaecidos en los últimos tres años en Rosario, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, exhibición que realizaron con el objeto que el declarante fuera reconocido como autor de los ilícitos".

Nada más que sumarios

El entonces delegado interventor de la UR II, teniente coronel Rodolfo Enrique Riegé, escribió el 25 de junio de 1981 que 'el procedimiento policial en el cual resultara detenido el causante así como su permanencia, alojado en la división Informaciones de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, durante el período comprendido entre los días 23 al 28 de agosto de 1979, fue concretado bajo 'control operacional' producto de órdenes impartidas por la ex jefatura de Area 211 (actual Comando Sub Zona 21) del Comando Cuerpo Ejército II, habiéndose ya instruido actuaciones sumariales con motivo de presuntas irregularidades cometidas por personal policial bajo control operacional durante esas fechas'.

Entre los sumariados, los actuales comisarios Antegiovanni y Colombo.

Con anterioridad, el 4 de noviembre de 1980, la doctora María de las Mercedes Caballero, del poder judicial de la provincia de Córdoba, sobreseyó a los policías rosarinos José Carlos Scortechini, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, Nicolás Citriglia, Alberto José Antegiovanni y Enrique Daniel Ferrara, imputados de los delitos de 'privación ilegítima de la libertad y robo calificado o reiterados'.

La medicina del olvido

El legajo número 8.093 de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, incluye el testimonio del bioquímico Alfonso Tomás Rimada.

Allí denuncia la desaparición de su hijo Héctor Ariel Rimada y de Olga Pattacini, producida el 2 de diciembre de 1976.

También da cuenta de los dichos del doctor Jorge Velasco, en aquel entonces médico del Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía de Rosario. 'En este momento todos corremos peligro de muerte', le dijo el profesional.

De acuerdo a aquel documento de la CONADEP, Velasco era radiólogo y trabajó en el Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás.

El testimonio de Rimada sostiene que Velasco le confió su visión de la manera de resolverse el problema de la subversión: 'El tenía una forma de hacer desaparecer la guerrilla, que llevaría al público a la cancha de Ñuls y pondría a todos los subversivos en el campo de juego y los fusilaría'.

En setiembre de 1984, Jorge Alberto Velasco, estaba a cargo de sanidad policial de San Lorenzo. Nació el 3 de junio de 1942.

En la actualidad, el comisario mayor, Jorge Alberto Velasco, es el Director General de Medicina General de la policía provincial de Santa Fe. 
 

Fuente: lafogata.org