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Argentina: La lucha continúa

Impunidades

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"La justicia no avanzó en las responsabilidades políticas por la masacre de Coronda" dijo Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y recordó que la confección del expediente "estuvo sujeta a muchas presiones… nada se dice de la responsabilidad penal que le cabe a funcionarios policiales y políticos a pesar de los indicios que adelantaban que algo pasaría", dijo en referencia a los datos que surgieron después para la opinión pública pero sucedieron antes de la masacre y hablan de una "preparación del terreno" al recordar que se encontraron llaves en el piso o en medio del patio, chuzas que se hallaron en los baños, puertas abiertas en varias celdas…
Coronda y la impunidad

"La justicia no avanzó en las responsabilidades políticas por la masacre de Coronda" dijo Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y recordó que la confección del expediente "estuvo sujeta a muchas presiones… y nada se dice de la responsabilidad penal que le cabe a funcionarios policiales y políticos "a pesar de los indicios que adelantaban que algo pasaría", dijo en referencia a los datos que surgieron después para la opinión pública pero sucedieron antes de la masacre y hablan de una "preparación del terreno" al recordar que se encontraron llaves en el piso o en medio del patio, chuzas que se hallaron en los baños, puertas abiertas en varias celdas…
Esta semana se solicitará, desde la CTC, a los Diputados Nacionales que pidan informes al Gobierno y a la Justicia provincial sobre lo actuado hasta hoy, a 24 meses del suceso más violento del que se tenga registro en Santa Fe. Hace dos años, 14 internos de la cárcel de Coronda morían a manos de sus propios compañeros.


Pasaron ya dos años de aquel sangriento lunes 11 de abril cuando 14 presos pertenecientes a la Unidad Penitenciaria Modelo de la santafesina localidad de Coronda fueron masacrados en el interior de la cárcel por sus propios compañeros. La noticia conmovió a los medios de comunicación de todo el país que permanecieron varios días en nuestra provincia para seguir los sucesos y conocer detalles de los mismos. Es que asombraba la saña con que los atacantes eligieron cuidadosamente a sus presas y se dedicaron a incinerarlas, degollarlas y destrozar sus cadáveres.

La horda de reclusos santafesinos alojados en el pabellón 7 tomó como rehenes a los guardias Oscar Yosviak y Eduardo Marchesín, lo que les permitió llegar hasta los pabellones 1 y 11 y matar a 14 rosarinos -en lo que pareció ser una disputa entre la capital y el interior- después de atravesar varios sectores del edificio a punta de chuzas y lanzas.

Las víctimas fueron Ramón Andrés Valenzuela, de 30 años; Diego Hernán Aguirre, de 23; Cristian Adrián Heredia, de 27; Walter Enrique Gómez, de 33; José Itatí García, de 29; Juan Manuel Ortigoza, 27; Amelio Abel Mercado, de 26; Ramón Alberto Duarte, de 27; su hermano Sergio Damián Duarte, de 24; Sergio Pablo Frías, de 32; Carlos Ariel Barreto, de 26; Jorge Jorge Raúl Yanuzzi, de 27; Juan Díaz y Fabián Ezequiel Benítez, de 22 años.

La primera explicación oficial adjudicó el hecho a la rivalidad entre santafesinos y rosarinos. Sin embargo, esa hipótesis no alcanzó a explicar las facilidades que tuvieron los reclusos para concretar la masacre y entonces tomó fuerza otra explicación que enmarcaba la masacre en la tensión interna entre dos facciones antagónicas en el SP: los dialoguistas que ganaban terreno y el ala dura y represiva que lo cedía.

Si bien hoy los 12 autores materiales de los crímenes fueron procesados y esperan su sentencia mientras los familiares de las víctimas aguardan la resolución de sus demandas civiles, el lento accionar de la Justicia en cuanto a las responsabilidad políticas y penitenciarias obliga a la constante presentación de documentos formales por parte de organismos locales e internacionales.

Esta mañana Lilian Etchegoy, integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, confirmó que en el transcurso de esta semana se solicitará a la Cámara de Diputados de la Nación que eleve un pedido de informes a los poderes Ejecutivo y Judicial de nuestra provincia para conocer los alcances que tiene hoy la investigación, a 24 meses de los trágicos hechos. De este modo –de prosperar la iniciativa- será tarea del Gabinete del Gobernador, Ing. Jorge Alberto Obeid, explicar qué resoluciones que se tomaron; y de los Magistrados, expresar el estado actual de la causa y el mecanismo de investigación que se ha seguido.

La referente, consultada esta mañana por LT10, volvió a cargar contra los funcionarios al recordar que "hay una responsabilidad del Estado en todo esto que no hace más que agregar una nueva mancha a la Justicia santafesina". Cabe recordar que si bien existió un sumario administrativo -confeccionado por la Dirección General del Servicio Penitenciario- donde se resuelve la destitución de varios integrantes del personal (Jefes de Vigilancia, Seguridad, Subdirectores, etc.), el documento permanece a disposición de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y es potestad exclusiva del Jefe de la Casa Gris quien aún no lo ha rubricado, según lo que explicó Etchegoy.

Por otra parte, la mujer recordó que la confección del expediente "estuvo sujeta a muchas presiones, pero a pesar de eso concluyó dejando abierto el camino a la justicia para una investigación más profunda". Sin embargo, nada se dice de la responsabilidad penal que le cabe a funcionarios policiales y políticos "a pesar de los indicios que adelantaban que algo pasaría", dijo en referencia a los datos que surgieron después para la opinión pública pero sucedieron antes de la masacre y hablan de una "preparación del terreno" al recordar que se encontraron llaves en el piso o en medio del patio, chuzas que se hallaron en los baños, puertas abiertas en varias celdas, etc.

"La Justicia, por lo que tenemos entendido, no ha avanzado. Por ejemplo, se avanzó en el pedido de cesantía de algunos funcionarios pero sólo quedó en eso: un pedido y acá hay responsabilidades políticas. Sí se avanzó en la condena a los presos ejecutores de los homicidios, pero no se investigó de qué manera participó el Servicio Penitenciario, si por acción o por omisión", detalló.

Para Etchegoy, como lo indicó en innumerables oportunidades la CTC, "queda sobrentendido que hubo una zona liberada y se faltó a los deberes de funcionario público (…) entonces el problema no eran los presos, sino el propio servicio", finalizó. 
 

Fuente: lafogata.org