Argentina: La lucha continúa

Emilio Marín
La Arena

Era previsible pero a la vez no deja de llamar la atención la masividad y emotividad de las marchas, actos y homenajes que tuvieron como centro a los derechos humanos y a los desaparecidos. Los pañuelos blancos, no se rinden. Hace tres años, el aniversario del golpe de Estado había tenido dos epicentros. Uno, en el acto de recuperación de la Esma como lugar destinado a Museo de la Memoria, y otro, horas más tarde, en la tradicional manifestación a la Plaza de Mayo.

Ayer hubo también dos escenarios, porque la recuperación de la memoria le tocó al ex centro clandestino de detención 'La Perla', ubicado a la vera del camino a Carlos Paz, Córdoba. El lugar sirvió para tortura y exterminio bajo la bota del general Luciano Benjamín Menéndez -apellido con prosapia golpista en la historia de la institución- y ahora fue visitado por una multitud bajo el agua, para celebrar su pase a un destino diferente, emparentado con los derechos humanos.

El otro lugar de peregrinación fue el histórico paseo en la Capital Federal. En la ocasión la manifestación llegó bifurcada en dos grandes mareas. Una fue de los organismos de derechos humanos y partidos políticos que entendieron que la clave era condenar la dictadura y la represión ilegal, amén de pedir por la aparición con vida de Julio López, y mantener en un segundo plano las críticas al gobierno de Néstor Kirchner. La otra marcha expresó al espectro que planteó como prioritaria una demostración antigubernamental.

De cualquier modo, ambas demostraciones, las dos caminatas, declaraciones, documentos y consignas tenían muchos puntos en común, aún con diferencias importantes y matices entre sí. En este caso los defensores de la pasada dictadura militar no pudieron congratularse de esa división, aunque lo mejor hubiera sido no permitirles ni siquiera ese resquicio de apuesta a la fractura del movimiento humanitario. Hubiera sido óptimo un gran acto de unidad. De todas maneras, aún con dos marchas por separado, los amigos del general Jorge R. Videla y el empresario José A. Martínez de Hoz salieron maltrechos políticamente de la jornada.

Es que las nuevas generaciones de argentinos están creciendo con mayor conocimiento de lo que fue aquel horror de 1976 y del entramado castrense, político y empresario que lo posibilitaron.

Del discurso presidencial en 'La Perla' sobresalió su demanda a la justicia, particularmente mencionó a la Cámara de Casación Penal. Cuatro de sus integrantes fueron denunciados días atrás por un grupo de 61 sobrevivientes de los campos de exterminio. La acusación, recibida por la legisladora Delia Conti, fue que en ese ámbito hay maniobras dilatorias y hasta complicidad con la defensa de los genocidas. 'Basta por favor, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren', disparó el patagónico frente a un público que pedía la cabeza de Menéndez.

El orador también se refirió a la otra gran bandera de la jornada: el reclamo por la aparición de López, el testigo contra el juicio a Etchecolatz. El presidente imputó esa desaparición forzada 'a ellos, los de siempre', en referencia a los grupos parapoliciales y paramilitares que actuaron durante la dictadura y quieren paralizar los juicios.

Sigue la presión

Si la pulseada para llevar a juicio a los responsables del genocidio no es tarea fácil, aunque se han logrado algunos avances, más peliaguda se pone la relación política con los poderosos del mundo y sus representaciones empresariales.

El embajador argentino en Washington, José O. Bordón, tuvo que escuchar de boca del número tres del Departamento de Estado, Nicholas Burns, una crítica al gobierno por haber permitido el acto de Hugo Chávez en Ferro en coincidencia con la llegada de George Bush a Uruguay. 'No nos parece una decisión correcta', cuestionó Burns en una conferencia ante el Consejo de las Américas, un ámbito muy cortejado por Kirchner y su esposa.

La injerencia del estadounidense en nuestros asuntos motivó la airada réplica del canciller Jorge Taiana, quien dijo se trataba de una queja inaceptable. También se anotó en la partida el jefe de gabinete, Alberto Fernández, para recomendar que los norteamericanos 'no deben entrometerse en las decisiones de otro país'.

Pero más allá de estos consejos de política exterior, en el Norte van a seguir teniendo injerencia en los asuntos argentinos y de muchos otros países del mundo. Está en su naturaleza imperial, como en la fábula del escorpión que picó a la rana que lo ayudaba a cruzar un río.

Esa misma sensación de presión adversa habrá tenido Felisa Miceli en la reunión de dos días del BID en Guatemala. Representantes financieros estadounidenses y de países europeos ratificaron que -para negociar la deuda con el Club de París- Argentina tendrá primero que acordar algún programa con el Fondo Monetario Internacional. El jefe de Estado había rechazado esa posibilidad en su mensaje legislativo del 1 de marzo pero eso no les entra en el bocho a los funcionarios del Departamento del Tesoro y del capital financiero internacional.

Los diferendos se plantean incluso con los monopolios con casa central en Latinoamérica, no ya en el Primer Mundo. Así se pudo apreciar cuando el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, reclamó mejoras de precios en los combustibles en nuestro país pues de lo contrario 'no se estimula a las inversiones'. La poco velada amenaza fue pronunciada en un seminario organizado por Reuters en Río de Janeiro y el ministro Julio de Vido salió al ruedo como un toro miura con las lancetas en el pescuezo. 'Si no invierten se tendrán que ir', espetó en un tono subido, antes de montarse a un avión junto a Cristina de Kirchner que partía de excursión político-electoral a Ecuador y Venezuela.

La cartera de Planificación Federal y la Cancillería hicieron saber al embajador brasileño en Buenos Aires la calentura que habían provocado los dichos de Gabrielli. Por supuesto, desde Petrobras alegaron que las palabras de su directivo habían sido mal interpretadas por la prensa. Pero el incidente corroboró que al interior del Mercosur también se cuecen habas.

Salario del miedo

Hasta mediados de semana el presidente Kirchner estuvo atareado en contrarrestar los efectos negativos que para su gobierno tiene el conflicto docente en Santa Cruz. En rigor, no sólo allí están los maestros que trinan sino en varias provincias más como Salta y Catamarca, donde continúan las medidas de fuerza.

Pero, ya se sabe, lo que ocurre en el pago chico del primer mandatario siempre tendrá un sabor especial.

El paro de los trabajadores de la educación en Santa Cruz, secundado por otros gremios de CTA y acompañado por otros sectores sociales y políticos, puso el miércoles unas 7.000 personas en las calles de Río Gallegos. La vivienda particular de Kirchner tuvo que ser acordonada por la Gendarmería en previsión de incidentes aunque no era ese el sentido de los manifestantes.

Por eso la reacción presidencial, que disparó públicamente frases de condena al nuevo obispo de aquella ciudad y contra la multitud que, según su visión un poco paranoica, lo quiere 'extorsionar'.

El petitorio de los maestros no tiene ese objetivo sino otro mucho más sencillo de exponer aunque no tanto de satisfacer para un Estado que tiene otras prioridades de pago: que el salario básico docente deje de ser de $161,10 e incorpore aumentos en blanco. Dicho sea de paso, al actuar de ese modo el Estado sigue ubicándose a la cabeza de las patronales que 'negrean' a sus empleados, sacándolos de la formalidad y la ley al abonar la mayor parte de sus haberes en negro.

En vez de acceder a esas peticiones, el Estado busca pagar en cómodas y salteadas cuotas sus sempiternas promesas a la educación como el presunto vector de los nuevos tiempos. Peor aún, otros gobernadores como Juan Carlos Romero, se dedican a espiar con la policía salteña las vidas de los huelguistas de hambre y de los delegados de las asambleas de educadores. Esto es temible porque se trata de un gobernante que poco tiempo atrás reprimió con ferocidad una huelga docente.

A propósito, si de año en año se reiteran esas masivas protestas, eso está indicando que hay una falencia muy grave en las políticas oficiales. Dicho en otras palabras: el problema son los gobernantes que no cumplen, y no los maestros que protestan y son descalificados como 'extorsionadores'.

Los números cantan claramente cuál es la realidad. Cuando un maestro de Río Gallegos muestra su recibo de sueldo con ese básico miserable, se acabó toda discusión. Incluso una consultora afín al gobierno, como Equis, de Artemio López, reiteró que la desigualdad del ingreso es escandalosa. En base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de diciembre último, afirmó que el 10 por ciento más rico de la población se lleva un ingreso 25 veces más alto que el 10 por ciento más pobre.

Esto deja una gran enseñanza este 24 de marzo. No se trata sólo de perseguir a los militares que se llevaron con vida a treinta mil desaparecidos. Eso está muy bien. Pero también hay que recuperar los resortes básicos de la economía, que están en manos de los 'capitanes de la industria', de los banqueros, petroleros y exportadores, para dar vida e ingresos a la mayoría de la población. Esto también hace a los derechos humanos fundamentales, de comer, vestirse, educarse, tener una vivienda digna y poder mandar los chicos a la escuela, ver un buen concierto o recital, darse algún gusto y viajar de vez en cuando.     

Fuente: lafogata.org