Seg�n la Organizaci�n Internacional para las Migraciones (OIM), en Argentina desaparecieron 400 mujeres con el fin de ser explotadas sexual y comercialmente durante 2006. Esto es posible por la falta de legislaci�n adecuada y una connivencia policial y pol�tica para evitar investigaciones serias de los casos de trata.

El informe sobre la trata de personas en Sudam�rica, difundido en diciembre pasado, revela un panorama grave. Ahora, la atenci�n est� puesta en el Congreso Nacional donde se espera que antes de fin de mes se sancione la ley que tipifica la trata de personas como delito federal. 'La trata de personas es un delito que a nivel mundial somete anualmente a millones de personas -4 millones de adultos y 2 millones de ni�as y ni�os- a condiciones de esclavitud y genera ganancias estimadas en 32 mil millones de d�lares, donde m�s del 85 por ciento proviene del comercio sexual', asegura la OIM en base a datos recopilados por la Organizaci�n Internacional del Trabajo en 2005. La investigaci�n de Migraciones revela que 'en Am�rica Latina, organizaciones criminales transnacionales y redes internas involucradas en la trata cuentan con un escenario ideal para su desarrollo frente al desconocimiento de su din�mica y dimensi�n. Este problema es escasamente conocido por la ciudadan�a y a nivel institucional, proporcionando altos �ndices de impunidad, ya que no se puede perseguir ni castigar'. Se estima que en esta regi�n entre 700 mil y 2 millones de personas son v�ctimas de tratantes cada a�o, aunque no existen cifras precisas.

'A nivel internacional, Argentina es considerada un pa�s de destino para mujeres y ni�os v�ctimas de trata con fines de explotaci�n sexual. La situaci�n compromete a todo el territorio', establece el informe Estudio Exploratorio sobre la Trata de Personas con fines de Explotaci�n Sexual en la Argentina, Chile y Uruguay, que se realiz� con el fin de contribuir 'a un mayor conocimiento y permitir as� la toma de medidas por parte de los

Estados y de la sociedad en general'. De acuerdo a este documento de m�s de 300 p�ginas, se 'importan' muchas j�venes paraguayas y 'exportan' argentinas a Chile, Santa Cruz de la Sierra, Colombia, Espa�a, pero sobre todo existe una intensa 'trata interna', de una provincia a otra. Las rutas m�s usadas van de Misiones a Buenos Aires, C�rdoba, Entre R�os y al Sur; de Tucum�n a La Rioja; de Chaco a C�rdoba; de Santa Fe a C�rdoba y del Noroeste a Chubut. 'La provincia mesopot�mica de Misiones es el territorio proveedor m�s importante'. Los tratantes son reclutadores, proxenetas o regentes de prost�bulos y, seg�n el organismo internacional, 'para su trabajo recurren a la protecci�n de funcionarios p�blicos y de miembros de las fuerzas de seguridad. Tambi�n necesitan operadores secundarios, como empleados de empresas de transporte -garantizan pasajes para el traslado de mujeres y ni�os o documentaci�n de viaje-, personal de compa��as de telefon�a celular que proveen l�neas seguras y encargados de confeccionar documentaci�n falsa para menores y extranjeros'. En general se intercepta a las v�ctimas en pueblos del interior y las trasladan a prost�bulos de ciudades o 'wisker�as' de caminos. 'Tambi�n las rotan e intercambian de provincia en provincia a trav�s de un sistema denominado de plazas'.

La actividad de reclutamiento muchas veces queda en manos de mujeres que ejercen la prostituci�n. 'Los regentes de los prost�bulos las amenazan con da�ar a su familia en su lugar de origen si no regresan o si lo hacen con menos chicas de las encargadas', advierte el estudio. 'Los proxenetas no tienen establecimientos propios, por eso env�an a las mujeres a prost�bulos, donde son explotadas por un per�odo que puede variar entre una semana y 45 d�as -una chica significa para el explotador alrededor de 12 mil pesos mensuales-', dice el documento. 'Si la mujer vuelve enferma, golpeada o mal alimentada, el regente del prost�bulo donde estuvo debe pagar una indemnizaci�n al proxeneta'.

Cuando captan mujeres (y/o a ni�as o ni�os), los embaucadores las eligen por su origen humilde, bajo nivel de educaci�n -ambos factores reducen sus posibilidades laborales- y un entorno familiar inestable. Suelen enga�ar a las v�ctimas con ofertas de trabajo, aunque tambi�n utilizan la violencia y las raptan.

Los secuestros

Los secuestradores pueden ser proxenetas, regentes de prost�bulos o sus empleados, personas u organizaciones que en general las venden a otros miembros de las redes de trata: 'una chica joven puede venderse por 5 mil pesos, pero a veces los valores son mucho menores: una mujer que fue comprada por 500 pesos y un viejo Ford Falcon'.

La OIM constat� que la pr�ctica del secuestro es com�n particularmente desde Tucum�n hacia La Rioja y detect� operadores de estas redes en Santa Fe, Chaco y en el noroeste argentino.

En Tucum�n, por ejemplo, Mar�a 'Marita' de los Angeles Ver�n fue secuestrada el 3 de abril de 2002 cuando caminaba por una calle de una ciudad del interior. Como consecuencia de la lucha de sus padres por recuperarla, en espacial de su madre Susana Trimarco, se supo que fue cautiva de una red de trata, cuyo paradero a�n se desconoce.

Ahora la labor de esta mujer, que en los �ltimos cinco a�os rescat� alrededor de 90 chicas explotadas sexualmente, fue recompensada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje otorgado por el Departamento de Estado estadounidense de manos de su titular, Condoleezza Rice.

Otros casos se conocieron a trav�s de los medios de comunicaci�n: Mar�a Fernanda Aguirre desapareci� en Entre R�os en julio de 2004; en abril de ese mismo a�o, en la Rioja, no se supo m�s nada de Ramona Mercado de s�lo 13 a�os, mientras que en febrero de 2004, en La Pampa, desaparec�a Andrea L�pez de 23 a�os. En Bariloche, en diciembre de 2002, corr�a igual suerte la ciudadana alemana Incola Henckler de 28 a�os.

Sobre todas estas circunstancias desafortunadas existen denuncias y tr�mites judiciales, sin embargo el an�lisis de las causas revel� que fiscales y jueces 'carecen de conocimientos b�sicos para el abordaje de estas formas de delincuencia'. Adem�s existe un escaso n�mero de condenas tras extendidas investigaciones y, en el mejor de los casos, 'la comprobaci�n de los hechos se agota en la identificaci�n del regente o due�o del prost�bulo'.

Por otra parte, en las investigaciones judiciales aparecen implicados 'en forma recurrente funcionarios p�blicos y pol�ticos'. Se observaron 'con preocupaci�n' pr�cticas que van desde 'la tolerancia omisiva hasta la activa protecci�n de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad'.

Seg�n el informe, los casos judicializados analizados muestran que quienes utilizan el secuestro como medio de captaci�n o reclutamiento 'gozar�an de v�nculos directos con autoridades pol�ticas, judiciales y policiales'.

De acuerdo al documento de OIM, del total de mujeres ingresadas a Chile por organizaciones de trata, 40 por ciento son argentinas. Al mismo tiempo, m�s de la mitad de las chicas paraguayas captadas por bandas de proxenetas terminan esclavizadas en prost�bulos argentinos.

Estas y otras situaciones grav�simas se sustentar�an en 'la falta de legislaci�n adecuada, la inexistencia de estudios, la escasa capacitaci�n y desidia de los funcionarios que no efect�an investigaciones serias de los casos de trata'. Tambi�n en 'la connivencia policial y pol�tica que en muchos casos dificulta las investigaciones y los procedimientos', aunque 'el principal obst�culo para la persecuci�n penal de la trata es el desconocimiento de los jueces y fiscales'.

Por otra parte, los cientos de v�ctimas que caen en estas redes y logran huir se encuentran desamparadas y necesitadas de atenci�n m�dica y psicol�gica. En muchos casos son extorsionadas por sus captores para que no declaren e incluso secuestradas de nuevo, como el difundido caso de Cristina Ojeda, de Santa Fe.

Llenando un vac�o legal

La C�mara de Senadores aprob� en noviembre de 2005 un proyecto de ley que modifica el C�digo Penal, caracterizando la trata de personas como delito federal, y de asistencia integral a las v�ctimas de ese flagelo. Hubo muchas discusiones y postergaciones pero finalmente se logr� compatibilizar numerosas iniciativas y propuestas, entre ellas la de Eva Giberti, responsable de un programa estatal sobre violencia.

Un a�o m�s tarde, la C�mara de Diputados abordar�a el proyecto de la tucumana Stella Maris C�rdoba (Frente para la Victoria). A pesar de presiones como la ejercida por Susana Trimarco, que en diciembre concurri� al recinto para reclamar la sanci�n de la ley, �sta nunca lleg� a discutirse sobre tablas (en el pleno): fue retenida en la Comisi�n de Justicia.

Lo que ahora discuten legisladoras, legisladores, asesoras y asesores en la Comisi�n de Legislaci�n Penal es el texto que sacar�n adelante. Influy� la difusi�n del informe de la OIM por parte de los medios nacionales.

El objetivo de la mayor�a es compatibilizar la propuesta de Senadores con la iniciativa de la legisladora tucumana para evitar que �sta �ltima transite el tr�mite parlamentario requerido para la sanci�n definitiva, ya que incurrir�an en nuevas demoras.

Si modifican la iniciativa, que ya cuenta con una media sanci�n, bastar�a con la aprobaci�n de Diputados y la confirmaci�n de Senadores, por eso la unificaci�n de ambas iniciativas tambi�n se est� negociando con los representantes de la C�mara alta.

La propuesta de la diputada nacional intenta llenar el vac�o legal denunciado por el informe de la Organizaci�n Internacional de Migraciones. 'Se trata de un delito nuevo, tal vez por eso existe un vac�o legal en nuestro pa�s y por lo tanto no est� tipificado.

En Argentina se aprob� en 2002 la Ley que aprueba la Convenci�n de las Naciones Unidas contra el crimen organizado y el protocolo de Palermo, espec�ficamente referido a la trata de personas en mujeres y ni�os, sin embargo todav�a no tenemos una ley antitrata', explic� la legisladora.

'Esto nos brinda la oportunidad de tomar la iniciativa -continu�- y de profundizar el debate para que cuando se apruebe en el Congreso de la Naci�n, el proyecto que se apruebe constituya la mejor herramienta para combatir este fen�meno, prevenir a los sectores vulnerables y asistir a las v�ctimas y sancionar a los victimarios'.

La kirchnerista C�rdoba propone castigar con hasta 20 a�os de presi�n a los tratantes de ni�os, ni�as y mayores de 18 a�os; es decir que sanciona la captaci�n, transporte o traslado de las v�ctimas en el pa�s, desde �ste hacia el exterior o en forma inversa, mediante enga�o, fraude, violencia, amenaza o medios de intimidaci�n o coerci�n para su explotaci�n comercial.

Establece tambi�n que el delito se configura con o sin el consentimiento de las v�ctimas y que �stas no podr�n ser castigadas por infracciones cometidas durante el tiempo en que estuvieron en condiciones de esclavitud. En s�ntesis, fija sanciones m�s severas para reprimir el delito de trata y la creaci�n de un organismo de aplicaci�n de la ley.

'Es necesario un fuerte rol del Estado -precis� la legisladora-. Esto es la definici�n de objetivos, dise�o y ejecuci�n de una pol�tica de prevenci�n y protecci�n a las v�ctimas, y sanci�n del delito, desplegando una acci�n interdisciplinaria y multisectorial.

Y cumpliendo la funci�n de articulador entre los diferentes niveles gubernamentales de coordinaci�n interestatal y cooperaci�n regional e interregional.

Por eso sostenemos la creaci�n de un organismo espec�fico que sea el �rgano de aplicaci�n de la ley, ya que para llevar adelante un plan de acci�n antitrata se involucran actividades de diferentes sectores del Estado nacional: Ministerio del Interior, Migraciones, Fuerzas de Seguridad, Organismos de Inteligencia; Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y otros. Le incumbe tambi�n al Estado garantizar la sustentabilidad en el tiempo de las medidas y programas implementados'.