Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Argentina desaparecieron 400 mujeres con el fin de ser explotadas sexual y comercialmente durante 2006. Esto es posible por la falta de legislación adecuada y una connivencia policial y política para evitar investigaciones serias de los casos de trata.

El informe sobre la trata de personas en Sudamérica, difundido en diciembre pasado, revela un panorama grave. Ahora, la atención está puesta en el Congreso Nacional donde se espera que antes de fin de mes se sancione la ley que tipifica la trata de personas como delito federal. 'La trata de personas es un delito que a nivel mundial somete anualmente a millones de personas -4 millones de adultos y 2 millones de niñas y niños- a condiciones de esclavitud y genera ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares, donde más del 85 por ciento proviene del comercio sexual', asegura la OIM en base a datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo en 2005. La investigación de Migraciones revela que 'en América Latina, organizaciones criminales transnacionales y redes internas involucradas en la trata cuentan con un escenario ideal para su desarrollo frente al desconocimiento de su dinámica y dimensión. Este problema es escasamente conocido por la ciudadanía y a nivel institucional, proporcionando altos índices de impunidad, ya que no se puede perseguir ni castigar'. Se estima que en esta región entre 700 mil y 2 millones de personas son víctimas de tratantes cada año, aunque no existen cifras precisas.

'A nivel internacional, Argentina es considerada un país de destino para mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual. La situación compromete a todo el territorio', establece el informe Estudio Exploratorio sobre la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en la Argentina, Chile y Uruguay, que se realizó con el fin de contribuir 'a un mayor conocimiento y permitir así la toma de medidas por parte de los

Estados y de la sociedad en general'. De acuerdo a este documento de más de 300 páginas, se 'importan' muchas jóvenes paraguayas y 'exportan' argentinas a Chile, Santa Cruz de la Sierra, Colombia, España, pero sobre todo existe una intensa 'trata interna', de una provincia a otra. Las rutas más usadas van de Misiones a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y al Sur; de Tucumán a La Rioja; de Chaco a Córdoba; de Santa Fe a Córdoba y del Noroeste a Chubut. 'La provincia mesopotámica de Misiones es el territorio proveedor más importante'. Los tratantes son reclutadores, proxenetas o regentes de prostíbulos y, según el organismo internacional, 'para su trabajo recurren a la protección de funcionarios públicos y de miembros de las fuerzas de seguridad. También necesitan operadores secundarios, como empleados de empresas de transporte -garantizan pasajes para el traslado de mujeres y niños o documentación de viaje-, personal de compañías de telefonía celular que proveen líneas seguras y encargados de confeccionar documentación falsa para menores y extranjeros'. En general se intercepta a las víctimas en pueblos del interior y las trasladan a prostíbulos de ciudades o 'wiskerías' de caminos. 'También las rotan e intercambian de provincia en provincia a través de un sistema denominado de plazas'.

La actividad de reclutamiento muchas veces queda en manos de mujeres que ejercen la prostitución. 'Los regentes de los prostíbulos las amenazan con dañar a su familia en su lugar de origen si no regresan o si lo hacen con menos chicas de las encargadas', advierte el estudio. 'Los proxenetas no tienen establecimientos propios, por eso envían a las mujeres a prostíbulos, donde son explotadas por un período que puede variar entre una semana y 45 días -una chica significa para el explotador alrededor de 12 mil pesos mensuales-', dice el documento. 'Si la mujer vuelve enferma, golpeada o mal alimentada, el regente del prostíbulo donde estuvo debe pagar una indemnización al proxeneta'.

Cuando captan mujeres (y/o a niñas o niños), los embaucadores las eligen por su origen humilde, bajo nivel de educación -ambos factores reducen sus posibilidades laborales- y un entorno familiar inestable. Suelen engañar a las víctimas con ofertas de trabajo, aunque también utilizan la violencia y las raptan.

Los secuestros

Los secuestradores pueden ser proxenetas, regentes de prostíbulos o sus empleados, personas u organizaciones que en general las venden a otros miembros de las redes de trata: 'una chica joven puede venderse por 5 mil pesos, pero a veces los valores son mucho menores: una mujer que fue comprada por 500 pesos y un viejo Ford Falcon'.

La OIM constató que la práctica del secuestro es común particularmente desde Tucumán hacia La Rioja y detectó operadores de estas redes en Santa Fe, Chaco y en el noroeste argentino.

En Tucumán, por ejemplo, María 'Marita' de los Angeles Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002 cuando caminaba por una calle de una ciudad del interior. Como consecuencia de la lucha de sus padres por recuperarla, en espacial de su madre Susana Trimarco, se supo que fue cautiva de una red de trata, cuyo paradero aún se desconoce.

Ahora la labor de esta mujer, que en los últimos cinco años rescató alrededor de 90 chicas explotadas sexualmente, fue recompensada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje otorgado por el Departamento de Estado estadounidense de manos de su titular, Condoleezza Rice.

Otros casos se conocieron a través de los medios de comunicación: María Fernanda Aguirre desapareció en Entre Ríos en julio de 2004; en abril de ese mismo año, en la Rioja, no se supo más nada de Ramona Mercado de sólo 13 años, mientras que en febrero de 2004, en La Pampa, desaparecía Andrea López de 23 años. En Bariloche, en diciembre de 2002, corría igual suerte la ciudadana alemana Incola Henckler de 28 años.

Sobre todas estas circunstancias desafortunadas existen denuncias y trámites judiciales, sin embargo el análisis de las causas reveló que fiscales y jueces 'carecen de conocimientos básicos para el abordaje de estas formas de delincuencia'. Además existe un escaso número de condenas tras extendidas investigaciones y, en el mejor de los casos, 'la comprobación de los hechos se agota en la identificación del regente o dueño del prostíbulo'.

Por otra parte, en las investigaciones judiciales aparecen implicados 'en forma recurrente funcionarios públicos y políticos'. Se observaron 'con preocupación' prácticas que van desde 'la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad'.

Según el informe, los casos judicializados analizados muestran que quienes utilizan el secuestro como medio de captación o reclutamiento 'gozarían de vínculos directos con autoridades políticas, judiciales y policiales'.

De acuerdo al documento de OIM, del total de mujeres ingresadas a Chile por organizaciones de trata, 40 por ciento son argentinas. Al mismo tiempo, más de la mitad de las chicas paraguayas captadas por bandas de proxenetas terminan esclavizadas en prostíbulos argentinos.

Estas y otras situaciones gravísimas se sustentarían en 'la falta de legislación adecuada, la inexistencia de estudios, la escasa capacitación y desidia de los funcionarios que no efectúan investigaciones serias de los casos de trata'. También en 'la connivencia policial y política que en muchos casos dificulta las investigaciones y los procedimientos', aunque 'el principal obstáculo para la persecución penal de la trata es el desconocimiento de los jueces y fiscales'.

Por otra parte, los cientos de víctimas que caen en estas redes y logran huir se encuentran desamparadas y necesitadas de atención médica y psicológica. En muchos casos son extorsionadas por sus captores para que no declaren e incluso secuestradas de nuevo, como el difundido caso de Cristina Ojeda, de Santa Fe.

Llenando un vacío legal

La Cámara de Senadores aprobó en noviembre de 2005 un proyecto de ley que modifica el Código Penal, caracterizando la trata de personas como delito federal, y de asistencia integral a las víctimas de ese flagelo. Hubo muchas discusiones y postergaciones pero finalmente se logró compatibilizar numerosas iniciativas y propuestas, entre ellas la de Eva Giberti, responsable de un programa estatal sobre violencia.

Un año más tarde, la Cámara de Diputados abordaría el proyecto de la tucumana Stella Maris Córdoba (Frente para la Victoria). A pesar de presiones como la ejercida por Susana Trimarco, que en diciembre concurrió al recinto para reclamar la sanción de la ley, ésta nunca llegó a discutirse sobre tablas (en el pleno): fue retenida en la Comisión de Justicia.

Lo que ahora discuten legisladoras, legisladores, asesoras y asesores en la Comisión de Legislación Penal es el texto que sacarán adelante. Influyó la difusión del informe de la OIM por parte de los medios nacionales.

El objetivo de la mayoría es compatibilizar la propuesta de Senadores con la iniciativa de la legisladora tucumana para evitar que ésta última transite el trámite parlamentario requerido para la sanción definitiva, ya que incurrirían en nuevas demoras.

Si modifican la iniciativa, que ya cuenta con una media sanción, bastaría con la aprobación de Diputados y la confirmación de Senadores, por eso la unificación de ambas iniciativas también se está negociando con los representantes de la Cámara alta.

La propuesta de la diputada nacional intenta llenar el vacío legal denunciado por el informe de la Organización Internacional de Migraciones. 'Se trata de un delito nuevo, tal vez por eso existe un vacío legal en nuestro país y por lo tanto no está tipificado.

En Argentina se aprobó en 2002 la Ley que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado y el protocolo de Palermo, específicamente referido a la trata de personas en mujeres y niños, sin embargo todavía no tenemos una ley antitrata', explicó la legisladora.

'Esto nos brinda la oportunidad de tomar la iniciativa -continuó- y de profundizar el debate para que cuando se apruebe en el Congreso de la Nación, el proyecto que se apruebe constituya la mejor herramienta para combatir este fenómeno, prevenir a los sectores vulnerables y asistir a las víctimas y sancionar a los victimarios'.

La kirchnerista Córdoba propone castigar con hasta 20 años de presión a los tratantes de niños, niñas y mayores de 18 años; es decir que sanciona la captación, transporte o traslado de las víctimas en el país, desde éste hacia el exterior o en forma inversa, mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o medios de intimidación o coerción para su explotación comercial.

Establece también que el delito se configura con o sin el consentimiento de las víctimas y que éstas no podrán ser castigadas por infracciones cometidas durante el tiempo en que estuvieron en condiciones de esclavitud. En síntesis, fija sanciones más severas para reprimir el delito de trata y la creación de un organismo de aplicación de la ley.

'Es necesario un fuerte rol del Estado -precisó la legisladora-. Esto es la definición de objetivos, diseño y ejecución de una política de prevención y protección a las víctimas, y sanción del delito, desplegando una acción interdisciplinaria y multisectorial.

Y cumpliendo la función de articulador entre los diferentes niveles gubernamentales de coordinación interestatal y cooperación regional e interregional.

Por eso sostenemos la creación de un organismo específico que sea el órgano de aplicación de la ley, ya que para llevar adelante un plan de acción antitrata se involucran actividades de diferentes sectores del Estado nacional: Ministerio del Interior, Migraciones, Fuerzas de Seguridad, Organismos de Inteligencia; Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y otros. Le incumbe también al Estado garantizar la sustentabilidad en el tiempo de las medidas y programas implementados'.