Argentina: La lucha continúa

Isidoro Gilbert
La República
 
Hugo Moyano, el influyente secretario general de la CGT, fue implicado judicialmente por haber participado, en los años 70, de las operaciones ilegales de la Alianza Anticomunista Argentina, la tétrica Triple A, cuyo destape judicial generó un vasto debate sobre el papel que pudieron haber tenido en esa presencia precursora del terrorismo de Estado tanto Juan Perón como su esposa, Isabel, que heredó su presidencia cuando él murió, el 1 de julio de 1974.
 
Un ciudadano que en los 70 activaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, de raíz trotskista, acusó a Moyano ante el juez Norberto Oyarbide que sigue el caso de la Triple A. Es que el camionero participó en Mar del Plata del CNU (Concentración Nacional Universitaria), una de las ramas de entonces para asesinar a disidentes de izquierda. En los 70, Moyano militó en la Juventud Sindical Peronista, ligada a José López Rega, "el Brujo", entonces ministro de Bienestar Social e implementador de la Triple A. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que el gobierno no ha empujado la sustentación de la causa Triple A pero que tampoco la condiciona. Es que la oposición cree lo primero y el peronismo ortodoxo se siente afectado: supone que es la "izquierda" del peronismo la que promueve la revisión histórica. "No jodan con Perón", han dicho, con fuerte dejo autoritario, como lo calificó el general Juan Jaime Cesio, uno de los escasos militares opuestos a la dictadura.
Fue hace poco sacado del ostracismo por Kirchner.
 
Una ley olvidada de alfonsín ampararía a Isabel Perón

¿Podrá ser procesada Isabel Perón? ¿Hubo algún pacto, cuando salió el país de la dictadura, entre el flamante presidente Raúl Alfonsín y el peronismo, derrotado en las urnas en octubre de 1983? Alfonsín lo niega, pero lo cierto es que el decreto por el que ordenó, un gran mérito suyo, procesar a los jefes de la dictadura, marcó una raya: para atrás del 24 de marzo de 1976, día del golpe terrorista, no entraba en la investigación judicial y de un organismo, la Conadep, creado para dar su visión sobre la represión ilegal.
 
Pero Página/12 reveló el texto de una vieja ley casi olvidada, impulsada por el gobierno de Alfonsín en 1984 como una amnistía especial para Isabel Perón. La norma estableció que los jueces "carecen" de legitimidad para investigar a la ex presidenta por los delitos previos al golpe de Estado de 1976. Esa ley, que aún sigue vigente, puede ser usada ahora por sus abogados defensores para impedir la extradición a Argentina en el marco de la reapertura de las dos causas que pesan en su contra. La ley fue sancionada el 23 de mayo de 1984 y establece que la ex presidenta no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político, como prevé la Constitución, sino destituida por "un acto de rebelión".
 
La ley fue el resultado de un proyecto "negociado" entre los jefes de los bloques radical y justicialista de la Cámara de Diputados. Afirma Página/12 que se trataba de una amnistía especial para la ex presidenta, a cambio de la cual ella se comprometía a regresar a Argentina para desautorizar a los opositores a Alfonsín dentro del PJ. Es probable que Alfonsín haya tenido en cuenta sólo juicios contra Isabel por peculado, que ya habían sido denunciados en 1975, y no ampararla por la Triple A. Oyarbide espera la pronunciación de la Cámara Federal porteña, que debe confirmar o rechazar la resolución de "imprescriptibilidad" de los crímenes de la Triple A. Si esa instancia confirmara ahora la resolución del juez, también la ley de la amnistía especial se caería.

Fuente: lafogata.org