Argentina: La lucha continúa

 Emilio Marín
La Arena

Los organismos de derechos humanos y partidos políticos democráticos ya comenzaron sus reuniones con vistas a la conmemoración crítica de los 31 años del golpe de Estado. Y los defensores del terrorismo de Estado, también están en lo suyo, en minoría.

Las organizaciones sociales y políticas suelen dejar para el último minuto la decisión sobre iniciativas, perdiendo el tiempo y dando razón a la reconvención unamuniana de "argentinos a las cosas".

Pero en cuanto a los aniversarios del golpe del 24 de marzo de 1976, la planificación está comenzando con mucha antelación. Esta semana se hicieron reuniones por separado de dos bloques de organismos de derechos humanos, que organizan una marcha y acto para cuando se cumplan treinta y un años de la infausta jornada.

De un lado se dieron cita los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y del otro Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, etc. Si esta división persistiera, lo que no sería deseable, habrá dos actividades sucesivas en la Plaza de Mayo.

Pero si ese fuera el resultado final, no sería para creer que todo está perdido. Aún ante esa división y realineamiento, los que marchen con uno u otro conglomerado, seguirían firmemente unidos en el repudio a la interrupción del orden constitucional, y en el reclamo de juicio y castigo a sus responsables. Otro tanto con la demanda de aparición con vida del testigo Julio López, punto en que hay total coincidencia en uno y otro rincón del espectro humanitario.

Es obvio que mucho mejor sería que la unidad tantas veces declamada en torno a los derechos humanos se viera plasmada en un documento y actividad unificada.

Es que, aunque parezca increíble, hay sectores ultraconservadores que insisten en su visión sesgada de que aquí no hubo genocidio, una manera de beatificar al videlismo. Así lo proclamaron los militares y civiles que en octubre último hicieron su acto a favor de la amnistía en la Plaza San Martín. Y lo acaba de reiterar por medio de un editorial "La Nación", que ayer sentenció: "la utilización del término ´genocidio´ para los hechos de nuestra historia reciente implica ya un desvío conceptual".

La conocida posición del matutino que apoyó al golpe se reiteró a raíz del discurso de Cristina de Kirchner en París, que había comparado el exterminio llevado a cabo por el nazismo con el terrorismo de Estado en nuestro país. La senadora había advertido que en Argentina se quiso "implantar también un determinado modelo económico y social de exclusión", afirmación igualmente rechazada por el vocero de la Sociedad Rural y avalista del plan económico de su ex titular, José A. Martínez de Hoz.

Quienes se obstinan en no llamar a las cosas por su nombre estarán afligidos por que el Consejo de Ministros del gobierno español reimpulsó el pedido del juez Baltasar Garzón, quien en 2003 había solicitado la extradición de 40 militares argentinos. Los cargos de la petición eran genocidio, terrorismo y torturas. Conviene recordar que el represor Miguel Etchecolatz fue condenado en setiembre último por un tribunal platense a reclusión perpetua por delitos cometidos "en el marco del genocidio". Los negadores de este fenómeno vienen perdiendo la partida política, jurídica y mediática, además de la que más importa, la de la opinión pública.

Unidad y fricciones

Por unos días Buenos Aires pareció Washington. Es que hubo una sucesión de aterrizajes de personajes de primera línea de la administración Bush, siempre acompañados por el embajador Earl Wayne.

Ya se objetó, en la edición de ayer, el lobby del diplomático a favor del fondo de inversión Eton Park, que tenía casi todo abrochado para quedarse con la línea de transporte eléctrico Transener hasta que chocó con la negativa del ente regulador, ENRE.

Ante la reacción de Néstor Kirchner, quien deploró las presiones del embajador, uno de los visitantes trató de salir de la metedura de pata. Nicholas Burns, número tres del Departamento de Estado, declaró antes de dejar Buenos Aires que se había tratado de "un completo malentendido" y se había acordado "dejarlo atrás".

De todos modos el antecedente quedó para que los argentinos refresquen con qué clase de intereses se confronta cuando está de por medio la embajada de Estados Unidos. Hoy fue Eton Park, ayer Monsanto y mañana el Citibank u otra multi. Al igual que un viejo colonialista británico que acuñó el dicho, Washington tampoco tiene amigos sino "intereses que defender". Y éstos no son solamente económicos sino también geopolíticos.

Por eso Wayne, Burns, el encargado de las relaciones hemisféricas Thomas Shannon y el procurador general Alberto Gonzales, tuvieron una ajetreada agenda en torno a la "lucha contra el terrorismo". No pasó desapercibida la recurrente atención de todos ellos a la causa AMIA, que concitó sus alabanzas hacia la colectividad israelita, la justicia doméstica y el gobierno de Kirchner.

El objetivo político de esa campaña no es otro que crear mejores condiciones para cercar y eventualmente atacar militarmente a Irán. El atentado a la mutual judía pretende ser utilizado como argumento central de la Casa Blanca para justificar una eventual agresión contra los persas.

En cuestionar a Irán, el gobierno argentino no necesitó aprietes de los gestores de Bush pues ya estaba en esa posición desde setiembre último, luego del pacto con el Congreso Judío Mundial. En cambio los visitantes norteamericanos no tuvieron plena satisfacción en su misión de agrietar el vínculo Buenos Aires-Caracas. Esta relación seguirá firme, más que nada por una necesidad financiera de Kirchner y como una forma de mostrar que sus reservas tercermundistas no fueron totalmente sacrificadas en el altar de Wall Street.

El otro punto de fricción fue meneado por Burns ante al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales: la ministra Nilda Garré dejaría sin efecto la alianza con la OTAN, amarrada durante el menemismo. Esto alarmó a los enviados estadounidenses, tranquilizados luego por el canciller Jorge Taiana. Habrá que aguardar los resultados para saber si efectivamente Argentina dejó o no de ser "aliado especial extra OTAN", un certificado de obsecuencia expendido en 1998 por William Clinton.

Diálogo no es igual a negociación

El jefe de Gabinete está como chico con celular nuevo repitiendo la expresión "diálogo". Lo hizo a raíz de su encuentro en la Casa Rosada con los funcionarios de EEUU y luego de su audiencia con los titulares de cinco entidades agropecuarias que hasta ahora tienen una mala relación con el oficialismo. Alberto Fernández manifestó a varias radios que había coincidido con sus interlocutores en que en el tiempo inmediato anterior les había faltado "diálogo". Se supone que ahora lo tienen y en consecuencia estaría asegurado un futuro mejor.

Pero en política las cosas no son así. Muchas veces el diálogo precede a la confrontación, o dicho en otros términos, diálogo no es sinónimo de negociación y menos aún de un efectivo acuerdo. En nuestro país se suele hablar hasta por los codos y no por eso se llegan a resoluciones de diferendos.

Un caso paradigmático sobre los límites de una y otra cosa está dado por la situación de tirantez con Uruguay por la implantación de Botnia en la cuenca del río Uruguay. Hace más de una semana el canciller español Miguel Angel Moratinos anunció con bombos y platillos en Madrid que los dos gobiernos en disputa abrirían un diálogo a instancias del facilitador español. Pero aún no hubo tal conversación y menos aún un arreglo, por lo que los vecinos entrerrianos cortaron ayer durante cuatro horas los tres puentes que comunican con el vecino país. Y eso, ya se sabe, disgusta mucho en Montevideo.

La pulseada del gobierno y las organizaciones patronales del campo se asemeja: que haya habido una primera reunión con Fernández no significa que se esté por fumar la pipa de la paz.

Por supuesto, que el Ejecutivo haya sacrificado a Miguel Campos como secretario de Ganadería y ahora esté en su lugar el productor ovino de Santa Cruz, Javier de Urquiza, favoreció el clima de la reunión. Esa fue una clara concesión del gobierno.

Pero los popes de la Sociedad Rural, CRA y Coninagro -en esto no pesa tanto la opinión de los de la Federación Agraria y FAN- no van a firmar cualquier papel que les ofrezcan en Balcarce 50. Menos ahora que se sienten en mejor situación tras haber ablandado la dura posición oficial y causarle la primera baja al equipo económico.

El punto clave para la evolución del conflicto son las retenciones a las exportaciones, en particular los últimos aumentos de cuatro puntos a la soja. Los productores quieren percibir íntegro el precio internacional de ese grano, del trigo, el maíz y la carne, en una pretensión sectorial que hasta el momento el gobierno negó con justas razones.

Habrá que ver si el Estado se mantiene en esa tesitura, en aras de los intereses del conjunto de la sociedad o si, como en las relaciones con la superpotencia, se baja de las posturas nacionales y entra en un regateo menor. Lo peor de todo es que una eventual concesión al mal llamado "campo", siendo gravosa, tampoco le garantizará el apoyo de esas entidades agropecuarias a su gestión. Ya se sabe que la Rural y CRA son hacienda de Mauricio Macri y otros candidatos de derecha civil, a falta de los comandantes de 1976.   

Fuente: lafogata.org