El Revolucionario
Periódico de la Organización de Trabajadores Revolucionarios

En poco más de un mes habrá terminado el gobierno encabezado por Néstor Kirchner, el presidente que dijo al asumir que no iba a criminalizar la protesta ni a reprimir con "esta policía de gatillo fácil". Cuatro años y medio después, es necesario hacer un balance de la situación que en materia represiva y de derechos humanos le deja a su sucesora esposa. Los datos concretos demuestran que no hubo, desde 1983, un gobierno más represor, y a la vez más efectivo para disimular ese carácter. También  nos permiten asegurar que, en adelante, sólo podemos esperar más ataques a los trabajadores y el pueblo. Tendremos que prepararnos para enfrentarlos.
Preparando el terreno Durante sus primeros meses en la casa rosada, Néstor Kirchner se dedicó a generar expectativas y captar consenso en muchos sectores populares. A través de hábiles operadores como Oscar Parrilli, Carlos Kunkel o Alberto Fernández, desarrolló un sistemático plan de cooptación que absorbió buena parte de las organizaciones "piqueteras" y de derechos humanos. Con nombramientos, subsidios y fotos en el salón blanco por una parte, y un discurso que prometía el oro y el moro a todo el que se acercara a visitarlo, fue tejiendo una red de alianzas que, en el campo de los derechos humanos, dio su primer fruto importante en diciembre de 2003, cuando en el marco de la marcha de la resistencia Hebe Pastor de Bonafini expresó su alegría por "la fluidez de un contacto, antes imposible con los gobernantes de turno, y la apertura de una expectativa nueva en la Asociación , que esperamos no ver defraudada". La metamorfosis de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue acompañada sin chistar por el conjunto de su organización, desde la que no se alzó una sola voz de protesta hasta estos días, cuando la filial Alto Valle (Río Negro y Neuquén) hizo público un comunicado marcando su disconformidad con el giro progubernamental que convocó a votar por Cristina.
Paralelamente a las incorporaciones al partido de gobierno de referentes de luchas importantes del pasado y de organizaciones como las que formaron el esperpento llamado Libres del Sur, Kirchner supo utilizar los medios de comunicación para demonizar a los que, como dijo gráficamente Aníbal Fernández en octubre de 2003, "sacaran los pies del plato". La reactivación económica, aunque para pocos, fue suficiente para que los sectores medios se olvidaran del efímero "piquete y cacerola". Para mediados de 2004 la "opinión pública", cuidadosamente construida por el aparato mediático del gobierno, reclamaba mano dura frente a todo tipo de protesta, y silenciaba, como pocas veces antes, el crecimiento imparable de la represión policial en las barriadas populares. A partir de represiones masivas como la de la legislatura el 16 de julio, o la de Plaza de Mayo el 31 de agosto, se empezó a hacer más visible el carácter represor del gobierno. Sin embargo, para muchos, esos hechos marcaban "un giro" en su política, y no el paso siguiente en un plan cuidadosamente desarrollado desde el primer día de gobierno.
Los números del "gobierno de los derechos humanos" cantan En estos cuatro años y medio, el kirchnerismo logró batir todos los records anteriores en materia de represión y persecución política, con el mayor número de presos políticos acumulados desde 1983. Creció a ojos vista la represión "legal" a través de causas criminales en las que jueces y fiscales endilgan a los militantes delitos cada vez más graves. El poder legislativo dictó una ley represora tras otra. La sanción, hace unos meses, de la nueva "ley antiterrorista" fue el más reciente acto de una larga serie de reformas que, con la excusa doméstica de la "inseguridad", o la internacional del "terrorismo", fue dando a los ejecutores del plan más y mejores herramientas para reprimir. La represión directa a los petroleros en Santa Cruz, a los docentes neuquinos con el asesinato de Fuentealba, a los trabajadores pesqueros de Mar del Plata o la ocupación del hospital Francés por gendarmería, son sólo algunos hechos salientes de una política constante.
En las barriadas populares, el gatillo fácil mata un pibe día por medio; la aplicación de la tortura en cárceles y comisarías es tan sistemática como silenciada y las detenciones arbitrarias son la regla, igual que las extorsiones y el fraguado de causas penales. El aparato de seguridad del estado recibe permanentes aportes de capital con millonarias compras de pertrechos y sus agentes son los únicos empleados públicos que han visto crecer sus sueldos casi al ritmo de la inflación. La imposición de control social ocupa también a la prefectura y la gendarmería, que patrullan barrios enteros, mientras aprenden de los policías a gerenciar el tráfico de drogas, el robo y contrabando de autos y la prostitución, entre otros muchos delitos.
Nada ha sido tan efectivo para ocultar esta realidad como el uso que el gobierno, y Kirchner en particular, vienen haciendo de los juicios contra los represores de la dictadura. Se han propagandizado como "el gobierno de los derechos humanos" con iniciativas como el cierre de la ESMA y su conversión en Museo de la Memoria ; el descuelgue de los cuadros de los genocidas en las escuelas militares; la anulación de las leyes de impunidad, y la promoción oficial de la reapertura de los juicios de los '80, en los que el gobierno participa como querellante a través de la secretaría de DDHH. Pero éstas no son medidas que puedan "balancearse" con los hechos represivos, compensando de alguna manera las torturas, el gatillo fácil, los presos políticos o la militarización de ciudades y provincias enteras como el caso de Santa Cruz. La tan cacareada "política de DDHH" del gobierno se limita a quienes ningún servicio útil pueden prestar hoy al estado, salvo ser condenados como representantes de una "derecha" de la que se esfuerzan en distinguirse, y a la que le endilgan la desaparición de López, la muerte de los tres policías en La Plata , las amenazas a los encuestadores oficiales en el tramo final de la campaña presidencial y la inflación. El gobierno no necesita hoy vejestorios como Etchecolatz, Von Wernich, el Turco Julián o Jeringa, y sí, en cambio, precisa el consenso que esas pocas condenas le dan para gasearnos, torturarnos y fusilarnos "en defensa de las instituciones democráticas".
Lo que se viene La "profundización del cambio" nos promete más de lo mismo. Crecerá la miseria, crecerán las luchas, y crecerá la necesidad del gobierno de la nueva presidenta de reprimir a mansalva, tanto preventivamente para impedir la organización, como para disciplinar a los que se obstinen en resistir la explotación. Una señal clara de la previsión oficial de que tendrán que reprimir más y con mucha fuerza surge de la asignación de partidas en el presupuesto para el año 2008. Como dice el mensaje que acompañó el proyecto al congreso, se hizo "un esfuerzo de asignación selectiva de los gastos", es decir, más plata para lo más importante.
Sobre un total estimado de $161.486,5 millones para todo el año, los servicios de "seguridad y defensa" tienen reservados $9.950,8 millones, con un aumento respecto de 2007 de 14,9%.  El ministerio del interior, que maneja la policía federal, gendarmería y prefectura, tiene destinados $328,2 millones, más del doble del año anterior, para adquirir bienes de uso, es decir, armamento, sistemas de comunicaciones y material rodante. Para el ministerio de educación, en cambio, el monto de inversión previsto es de $36,8 millones, casi diez veces menos. El rubro "seguridad interior" tiene asignados más de 4 millones de pesos para gastos generales. Vivienda y urbanismo, apenas tres millones(1). Para los espías de la SIDE se dispuso la cifra récord de $627 millones para partidas secretas,  con un incremento del 35%, superando los montos totales de educación y salud(2).
Así las cosas. El próximo 10 de diciembre, además de la banda presidencial, a Cristina Fernández, Néstor Kirchner le traspasará el garrote para reprimir al pueblo.
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NOTAS 1) Ver http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2008/mensaje/mensaje2008.pdf 2) Es el mayor fondo destinado a gastos secretos desde que se sancionó la Ley de Inteligencia en 2002.