Pablo Ramos
APM

La discusión versa sobre cómo el Estado mide la variación de precios. Pero más de fondo no se discuten las causas de la inflación ni de la consecuencia de la aplicación de las recetas ortodoxas.
La definición más difundida de inflación es "el alza generalizada y sostenida en el tiempo de los precios de una economía", aunque también se acepta como válida "la pérdida de valor de la moneda en relación a los bienes y servicios". Se trata de una convención mensurable, de la que no existe una fórmula universal, sino que distintos países utilizan métodos igualmente diferentes. Esta definición es el punto de partida para dos cuestiones que tienen a la variación de los precios como central en Argentina. La primera, más coyuntural, se refiere a la intervención que el gobierno del presidente Néstor Kirchner hiciese en el organismo encargado de medir la inflación. La segunda, más estructural, versa sobre el debate extendido sobre las causas de la misma.
La economía argentina entró en recesión en 1998, y luego en depresión hasta el año 2002. A partir de ese año, inició un proceso sostenido de expansión de todas sus componentes, es decir, el consumo, la inversión y el comercio exterior, y con una caída importante en la cantidad de desempleados y pobres. La tasa promedio de crecimiento desde esa fecha es del 8 por ciento, y este período es el de mayor crecimiento en casi 200 años de existencia independiente.
No obstante, las medidas de política económica tienen sus consecuencias. En nuestro caso, Argentina volvió a padecer una tasa de inflación "molesta" tras una década de índices cercanos a cero y hasta de deflación. Con este escenario de "deja vu", ciertos fantasmas sobrevolaron nuestras pampas, Patagonia, chaco, puna y Cuyo, y nuestra memoria colectiva recordó aquellos años de hiperinflación, o el casi medio siglo de inflación alta, una de las causas (¿o consecuencia?) de nuestro atraso.
Decimos "molesta" porque lejos se encuentra de los índices de antaño. Se trata de guarismos que no superan en ningún caso el 15 por ciento anual, en un país que ha registrado iguales magnitudes por día. Pero el contexto tampoco es el mismo. En la actualidad, el mundo entero atraviesa por un período de baja inflación, y Argentina se encuentra en el selecto "top ten" de la inflación alta.
Una de las características de la inflación es que permite que todos podamos explayarnos sobre su magnitud. En buen romance, cualquier paisano opina sobre su valor con aires de exactitud. Pero en todo el mundo existen organizaciones que la miden en forma seria y confiable, y se debe admitir que es una tarea para personal muy calificado. Arribar a un simple "1,7 por ciento" que aparece en una planilla es el fruto de cientos de horas/hombre de trabajo estadístico y de campo.
Hecha esta aclaración, debemos admitir como verdaderamente válido que la sociedad "siente" cuando hay inflación, aunque no pueda magnificarla. Y esto es lo que ocurre hoy en Argentina.
Cuando esta variable macroeconómica comenzó a evidenciar un alza singular, la administración Kirchner recurrió a métodos perimidos (léase acuerdos de precios) que no dieron resultados. El paso siguiente de la Casa Rosada fue intervenir el organismo estatal encargado de medir la variación de precios, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), al denunciar la existencia de una mafia que manejaba esa dependencia.
No hace falta aclarar que a la fecha de publicación de este reportaje no se han producido detenciones de los "capos di tuti i capi" que tergiversaban las cifras oficiales… ni siquiera de perejiles (NdeR: falsos culpables). Pero se ha hecho un daño cuya reparación no podemos aventurar cuánto va a costarle a la sociedad argentina. El Indec era, hasta su intervención en enero pasado, un instituto respetable y respetado, con personal de carrera y concursado… Nadie dudaba de las cifras del Indec, ni existían razones para hacerlo.
La política de contención de precios del actual gobierno se basa en el control de aquellos precios que puede manejar discrecionalmente, y el acuerdo con los distintos gremios que no puede controlar directamente. Ergo, las tarifas de los servicios públicos y de los insumos energéticos (derivados del petróleo y gas natural) se mantienen congelados desde la década de los noventa; el resto de los precios se encuentran "acordados" (alimentos, vestimenta, servicios básicos, etc.).
Una máxima en Economía es que "todos los hechos pueden evitarse, excepto sus consecuencias". El Ministerio de Economía congeló las tarifas, acordó precios y… hubo desabastecimiento y subas. Fue entonces que la Casa Rosada apeló al "plan B": designó al frente de la Secretaría de Comercio Interior a Guillermo Moreno, uno de los más fieles y fanáticos laderos del presidente. Su misión es acordar y controlar a los formadores de precios.
Como miembro de la Organización Mundial del Comercio, Argentina se define como una "economía de mercado". En consecuencia, tiene prohibida la aplicación de controles de precios. Para cumplir con este precepto, la Secretaría de Comercio recurrió al eufemismo de "acuerdo de precios". En teoría, las empresas adhieren en forma voluntaria… pero en realidad existen advertencias que rayan la amenaza.
No obstante, los precios suben y no paran. Y la situación actual es tal que algunos valores se encuentran entre los más bajos del mundo (el boleto de tren, el pasaje en ómnibus de corta distancia, los combustibles, las tarifas eléctricas), mientras que los alimentos y los alquileres de viviendas suben y erosionan el tibio incremento del poder adquisitivo de la población.
Además, cuando Argentina renegoció la salida de su moratoria de su deuda pública, ofreció a los tenedores de bonos canjearlos por otros de distintas características. Entre ellos, los llamados Discount y los Par y Cuasi Par (todos en pesos) se ajustan, además, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), cuya base es el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que todos los meses emite el Indec.
Como consecuencia, cuánto más alta es la inflación, más intereses pagan los bonos nominados en pesos. Ergo, cuanto más alta sea el alza de precios, aumenta la deuda pública nacional.
Como último cuestionamiento, el IPC sirve para determinar el valor de dos "canastas" de consecuencias importantes. La canasta básica total incluye los bienes y servicios básicos para sobrevivir; el valor de la misma va a definir la línea de la pobreza: las familias que se encuentren por debajo de ella (que no alcancen a cubrir la canasta básica con su ingreso total mensual) serán consideradas pobres. Por su parte, la canasta básica de alimentos define la línea de indigencia: las familias que no la alcancen, serán definidas como indigentes.
Entonces, además de las consecuencias universales que la inflación produce (redistribución regresiva del ingreso, erosión de los salarios, incertidumbre), debemos mencionar también al aumento de la deuda pública, de la pobreza y la indigencia.
Debido a este cóctel explosivo es que la Casa Rosada decidió dejar de lado cualquier estrategia de control de la inflación y directamente "operar sobre" el IPC. Desde la intervención del Indec, los empleados de ese organismo denuncian arbitrariedades y manejos discrecionales de los números otrora irreprochables. El gobierno desplazó a Graciela Bevaqua, al frente del área Precios del instituto, y nombró como interventora a Beatriz Paglieri, que responde a Moreno.
El caso más resonante fue cuando el Indec difundió el dato del IPC correspondiente a la ciudad de Mendoza para el mes de agosto, y que ascendía a 1,5 por ciento. Pero la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de esa provincia desmintió el dato, y lo mensuró en 3,1 por ciento. En setiembre pasó exactamente lo mismo.
Luego, se sucedieron las promesas gubernamentales de "normalización" del Indec. Se consultaron a especialistas de España, Ecuador y Estados Unidos, cuando los especialistas mundiales coincidían en que la metodología del IPC era la mejor de toda América Latina. La única crítica que podría realizarse es que las mediciones no eran nacionales, sino por conglomerados urbanos. Más allá de lo mencionado, no existían otros cuestionamientos.
Pero ¿cuáles son las causas de la inflación? Las Ciencias Económicas han transcurrido la mitad de su existencia en este debate. Enfoques monetaristas, keynesianos, estructuralistas, marxistas… todos tienen algo de razón. En Argentina hoy debemos mencionar algunos motivos "objetivos".
En primer término, la política monetaria expansiva. Para estimular las exportaciones y contener las importaciones, se ha determinado sostener un tipo de cambio alto (un dólar a tres pesos con veinte centavos). Como consecuencia, Argentina suma seis años de alto superávit comercial. En condiciones normales, este azul en el saldo provocaría una revaluación del peso. Pero como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no lo permite, adquiere estas divisas y emite moneda nacional. Es lo que en el enfoque monetarista se define como abundancia de los medios de pago. Y según esa misma orientación académica, esta es la causa principal del alza de precios.
En segundo término, la magnitud del crecimiento económico. Ya en 2005 comienzan a observarse distintos cuellos de botella. La depresión iniciada en 1998 llevó a que las industrias tuvieran un exceso de capacidad instalada. Pero el crecimiento fue tal que, a pesar de las inversiones realizadas, la demanda superó a la oferta en distintos rubros. El primer sector en acusar recibo fue el energético, donde el gobierno nacional recurre en forma sistemática a distribuir subvenciones para incrementar la oferta energética. Esta sería una causa de la inflación basada en un enfoque keynesiano (por John Keynes), cuya solución sería un incremento de la oferta vía mayores inversiones.
En tercer término, tendríamos que mencionar la conformación del mercado argentino. Su característica primordial es su alto grado de oligopolización y, en menor grado, de cartelización. Como consecuencia primera de estas características debemos citar que la competencia no existe, y que ante un aumento de la demanda, sólo se atina a incrementar los valores de los bienes y servicios. Es decir, que como consecuencia, sólo se propone como respuesta la suba de los precios hasta que estos enfríen la demanda. El caso de la carne vacuna es clarificador: los productores hasta la fecha no han propuesto otra cosa que se les permita subir el precio del producto hasta valores internacionales. Aquí encontramos causas que se encuadran en el enfoque estructuralista.
¿Qué propone el gobierno? Estimular la inversión para incrementar la oferta general de bienes y servicios. Una de las herramientas para lograrlo es contener la tasa de interés, aunque esta alternativa se torna inviable en un contexto de inflación alta. Los tipos de interés que hoy pagan las instituciones financieras son negativos. ¿Quién va a querer realizar un depósito por el cual se le devuelva menos de lo depositado? La otra herramienta es recurrir a la chequera para distribuir millones de dólares en subsidios (aunque se distorsione aún más la economía) Y continuar con su política de "maquillar" los índices inflacionarios.
¿Qué propone el bloque neoconservador? La vieja receta monetarista: enfriar la economía vía un aumento de la tasa de interés. O lo que es lo mismo, frenar la creación de empleo y la suba de salarios. Así se maneja la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, por ejemplo (aunque en contextos muy diferentes).
Lo cierto y concreto es que la inflación esté entre nosotros. En un país con una memoria inflacionaria susceptible es lógico que este calentamiento provoque algo de pavor. Pero lejos estamos de reproducir episodios hiperinflacionarios, aunque tampoco debemos pensar que vamos a regresar a las épocas en las cuales los precios eran estables, pero más altos que en Londres. Tokio o Nueva York. Ni mucho menos tapar el sol con las manos, o lo que es lo mismo, manipular los números. Porque en Economía todo puede evitarse, salvo las consecuencias.
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