Argentina: La lucha contin�a

Eva Orifici tiene 57 a�os y estuvo desaparecida durante dos meses en 1976. Fue maestra toda su vida, al igual que su marido, y siempre particip� en el sindicato que agrupa a los docentes en la provincia de Buenos Aires, Suteba. Tiene dos hijos, Mart�n, de 33, y Marcos que tiene 22. Manuel Gon�alves tiene 30, su identidad recuperada y una hija peque�a. A los dos los une el hecho de haber pesado para que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti no asumiera su banca de diputado, ella a trav�s de su testimonio y �l como convocante de testigos �entre ellos Luis Gerez� para que declararan en el Congreso. El secuestro de este hombre hizo que ambos sintieran de cerca la amenaza. De hecho, Orifici tiene custodia desde que le dejaron un mensaje intimidatorio luego de la desaparici�n de Jorge Julio L�pez. Pero ninguno de los dos piensa en cambiar de rumbo. "La intenci�n es meternos miedo, pero lo �nico que van a lograr es que el pedido de justicia se redoble", dice Manuel
Eva vive en Del Viso junto a su marido, Ra�l Alberto Marcino, con quien form� parte del listado de personas desaparecidas en la �ltima dictadura. "Nos secuestraron a los dos el 29 de marzo de 1976. En aquella �poca viv�amos en Escobar, a dos cuadras de la comisar�a. Nos llevaron en un celular hasta el patio trasero, donde el represor Luis Patti tomaba parte del registro de trabajo. Ah� estuvimos con Enrique Tomanelli, Gast�n Gon�alvez, y el periodista de Escobar Tilo Wenner, que todav�a siguen desaparecidos."
Manuel recuper� su identidad hace unos a�os a trav�s de las Abuelas de Plaza de Mayo y con ella a su familia biol�gica. Adem�s, el Equipo Argentino de Antropolog�a Forense identific� a su pap�, enterrado como NN en el cementerio de Escobar. De la desaparici�n de Gast�n Jos� Gon�alvez est� acusado Patti. "Es muy doloroso lo que pas� con Luis (Gerez), porque yo lo fui a buscar para que testifique en el Congreso. Recuerdo bien que sali� temblando despu�s de declarar, lo que me caus� mucha culpa, pero enseguida se acerc�, me abraz� y me dijo que me agradec�a por haberle dado la oportunidad de contar lo que le hab�a pasado."
Los dos por separado se detienen a pensar cuando se les pregunta si les produce miedo lo que est� sucediendo con los secuestros de los testigos en causas de derechos humanos, pero no dudan en su respuesta. "La preocupaci�n m�s vale que la tenemos, pero el acompa�amiento de los compa�eros y de la familia es lo que nos mantiene firmes. El impacto es muy grande porque estamos reviviendo la historia 30 a�os despu�s. Pero nosotros ya declaramos e hicimos lo que ten�amos que hacer", dice Eva con firmeza. Manuel va a�n m�s all�, "por supuesto que lo que est� pasando est� directamente ligado con la intenci�n de meternos miedo, pero lo �nico que van a lograr es que el pedido de justicia se redoble".
La sensaci�n de que a�n quedan activas estructuras ligadas a la represi�n, cuyos integrantes se resisten a ir a juicio, hace que la sensaci�n de exposici�n de los testigos de las causas sobre el terrorismo de Estado se potencie. "Ya pasamos por dos situaciones de gravedad. El 8 de julio fuimos a reconocer el centro clandestino de detenci�n de Campana, el campo del Tiro Federal, y al d�a siguiente, para mostrarnos que conoc�an nuestros movimientos, entraron en nuestra casa y nos robaron todo, hasta los documentos. Despu�s, en octubre, sufrimos una amenaza m�s directa. Est�bamos en la casa de gobernaci�n bonaerense junto a un grupo de compa�eros por el caso de Jorge Julio L�pez, cuando llamaron a casa y nos dejaron un mensaje intimidatorio", cuenta Eva con cierto desconsuelo.
Los involucrados en esos procesos debaten sobre el tipo de protecci�n que el Estado deber�a brindarles. La discusi�n est� signada por el hecho de que ser�an protegidos por la misma instituci�n que los secuestr� y tortur� durante la dictadura. "La polic�a en la puerta de tu casa es algo que los testigos no ven con buenos ojos, sobre todo porque son parte de la fuerza contra la que tienen que testificar. Nosotros tuvimos algunas reuniones entre los que estamos impulsando la causa y nos pusimos de acuerdo con el gobierno bonaerense para que cuando aparezcan las pulseras de protecci�n, todos las vamos a usar", asegura Manuel.
Orifici relata que "cuando recibimos la amenaza, al d�a siguiente nos comunicamos con la secretar�a de Derechos Humanos, y fuimos a hacer la denuncia a la UFI 2. El fiscal nos puso custodia. Nos asignaron un patrullero con dos agentes de la Polic�a frente a casa durante las 24 horas. Se cumpli� durante un tiempo. Despu�s qued� un polic�a, y m�s tarde �l mismo hac�a un rond�n cada tanto. La Polic�a Bonaerense nos plante� que ten�an mucho trabajo, as� que nos ofrecieron custodia din�mica: una parte de la custodia se hac�a cargo la comisar�a de la zona, y parte el cuerpo de custodia de personas de San Isidro". Eva detalla indignada que tuvo que ir a quejarse porque "yo fui directora de escuela durante 15 a�os y s� que para cada designaci�n tiene que haber una documentaci�n. No puede ser que venga cualquier persona disfrazada de polic�a y me diga muy suelto `yo soy su custodia�. Nosotros no tenemos por qu� ir a pedir una mejor protecci�n. El Estado tiene la obligaci�n de cubrir nuestra seguridad".
Gon�alvesz propone con claridad que "el problema est� en los tiempos que se toma la Justicia para avanzar con estas causas. Nosotros ya pasamos por dos juzgados federales y dos C�maras y viene para largo. Se les otorga un margen de acci�n demasiado extenso". Y advierte lo que puede suceder en zonas m�s desprotegidas del pa�s. "Lo que m�s nos preocupa es que si pasa esto con las causas de la provincia de Buenos Aires, no queremos ni imaginarnos lo que suceder� si alguna familia se presenta en Salta o alg�n otro lugar del interior".

Fuente: lafogata.org

������