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Medio Oriente - Asia - Africa
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El terrorismo estatal contradice la juridicidad
Athemay Sterling
"Todos los servidores públicos
Deben atender y despachar con
Prontitud y eficacia las solicitudes
De información, trámite o gestión
Que ante ellos realicen las organizaciones
De derechos humanos"
Directiva Presidencial 07 sep 09 de 1999 (1)
El gobierno nacional debe "(.) tomar acciones para que sean procesados y
sancionados aquellos servidores públicos que no guarden el respeto debido al
trabajo de los defensores de derechos humanos y otros grupos (.)" indicación de
la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (3) que junto a la
Directiva Presidencial O7 de septiembre 09 de 1999 para nada han servido cuando
se trata de la protección a los ciudadanos y organizaciones defensoras de
derechos humanos que el estado pretende caracterizarlas como opositoras
políticos y objetivos de guerra desconociendo por lo tanto el supuesto estado de
derecho que dice el gobierno representar, ejercer y defender.
Parece ser que el Estado, su régimen político, sus Instituciones y sus agentes
en un grave despropósito jurídico han interpretado al revés la Directiva
Presidencial 07-09/09/99, puede ser, o también que ya no existe seguridad
jurídica, ni credibilidad en lo prescrito constitucional y legalmente por parte
de las autoridades; no se puede entender diferente cuando se conoció el
"allanamiento voluntario" realizado por agentes del Estado al Semanario VOZ, la
Verdad del Pueblo, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,
CPDH, a Sinaltrainal, el apabullante despliegue militar en el allanamiento de la
sede nacional de la UP, y al robo de los discos duros a Codhes con la
información sobre el desplazamiento forzado, delito de lesa humanidad que sigue
impune en Colombia. (4)
Acciones cruentas de allanamiento realizadas sin orden judicial. Parece ser que
estas "órdenes" emanadas de la justicia ya no hacen falta, pues la juridicidad
no existe, sólo es formal, señorea el autoritarismo y/o terrorismo estatal que
no requiere, ni le hace falta juridicidad alguna, ni siquiera le incomoda la
legislación imperante, pues en la práctica la desconoce; es toda una
ilegitimidad del mismo estado: como el alacrán que él mismo se inocula de
veneno, así es el estado autoritario: él mismo, para imperar, se inocula
terrorismo estatal, creando inseguridad jurídica, inseguridad democrática,
inseguridad social, inseguridad callejera, inseguridad laboral, inseguridad
prestacional, inseguridad personal, inseguridad ciudadana, inseguridad total.
El CPDH (5) , filial de la FIDH, con sede en París (6) surgió en 1979 como una
Organización permanente defensora de los derechos humanos en la época del
"Estatuto de Seguridad" cuando Colombia sucumbía en la más feroz vulneración a
los Derechos Humanos; de esa época a hoy le han sido asesinados más de medio
centenar de sus integrantes, muchos víctimas del desplazamiento forzado, del
exilio, el destierro, las amenazas, y una y otra vez ha sido declarado objetivo
militar por los enemigos de la democracia; y hoy el continuismo del terrorismo
estatal lo asedia, tal como lo hace con Codhes y las demás organizaciones
defensoras de los derechos humanos.
La libertad de prensa es entorpecida por estas acciones cometidas contra el
Semanario VOZ, la Verdad del Pueblo, (7) prensa alternativa que con sus
denuncias sobre la vulneración a los derechos humanos de los residentes
Colombianos lo ha hecho merecedor de ser también objetivo militar, víctima del
terrorismo de estado; el Director Abogado Carlos Lozano Guillén, sus
periodistas, corresponsales, colaboradores, en todas sus etapas, como Voz de la
Democracia, Voz Proletaria y ahora VOZ la Verdad del Pueblo han sido y son
amenazados, desplazados y perseguidos políticos, también muchos fueron
asesinados en el genocidio al Partido Comunista Colombiano (8) y a la Unión
patriótica, cuya casa y sede nacional fue allanada este domingo en apabullante
operativo militar(9); y hoy con sus 2353 ediciones hebdomadarias ha construido
la más grande hemeroteca de denuncia a la vulneración de los derechos humanos en
Colombia como auténtico periódico alternativo.
El Centro de Derechos Humanos e Interpretación Política de la Universidad
Santiago de Cali (10) en cumplimiento de sus funciones coadyuva con todo respeto
las mismas exigencias del CPDH: de una investigación inmediata y con resultados
por parte de los órganos de control, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior de estos hechos que
son a todas luces condenables y haya una sanción a los responsables; igualmente
solicitamos cesen los hostigamientos oficiales contra el CPDH, VOZ, CODHES y
demás Organizaciones que defendemos los derechos humanos; de manera similar, en
el marco de los Tratados Internacionales, la Constitución Política y la Ley
exigimos todas las garantías para el desarrollo de nuestra labor y efectivas
medidas de protección y seguridad para nuestros miembros.
(1)
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