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Según un reciente informe de Intermón Oxfam titulado "Municiones: el combustible de los conflictos", España es el primer país exportador de municiones para armas ligeras al Africa Subsahariana, donde vende por valor de 1,2 millones de euros, casi el doble de lo que vende Francia (670.000) y el triple de lo que vende Estados Unidos (435.000)

En total, el valor medio anual de sus exportaciones españolas de municiones es de 8,7 millones de euros, muy encima de lo que exportan grandes potencias como el Reino Unido, aunque muy detrás de Estados Unidos, que vende cada año por valor de 110 millones de euros.

El principal comprador de municiones españolas es Ghana, a donde, en 204, se exportaron 37 millones de cartuchos "para caza", un concepto que Intermón Oxfam viene poniendo en duda en todos sus informes. Estas exportaciones españolas son significativas porque Ghana es miembro de la Comunidad Económica de África Occidental que decretó en 1998 una moratoria sobre la importación, exportación, producción y distribución de armas pequeñas y ligeras, así como sus municiones. Inclumple sus compromisos y España se aprovecha de ello.

El informe de Intermite Oxfam pone de relieve que la inmensa mayoría de la producción de municiones, el 83%, está fuera de control, algo que muestra la clara responsabilidad de los Estados en su comercio ilegal, puesto que la producción de municiones no suele ser una actividad privada ni carente de control, sino todo lo contrario. Es lógico pensar, entonces, que son los propios Estados quienes ponen fuera de control la producción que se realiza, normal y lógicamente, bajo su estrecha supervisión.

La magnitud de ese comercio y del arsenal que existe en el mundo queda patente en un dato estremecedor proporcionado por el informe: sólo en Ucrania y Bielorrusia hay 3 millones de toneladas de balas.

Por lo que se refiere a España, los datos no pueden extrañarnos, sabiendo que en los últimos años nuestro país está incrementando enormemente el gasto dedicado a la industria y la investigación militar.

La investigación militar subió en los presupuestos de 2006 un 26,6%, respecto a 2005. En total, alcanzó un volumen de 1683,89 millones de euros, sólo 200 millones menos que lo dedicado a educación (1.88,15 millones de euros) que sólo subió el 16,6% respecto al año anterior.

Uno de los problemas que plantea la producción armamentista española destinada a la exportación es que, en su gran mayoría, se destina a países que mantienen conflictos bélicos, guerras civiles o enfrentamientos sanguinarios, lo que efectivamente obliga a calificar a España como una de las fuentes de combustible que avivan los conflictos y la violencia en el mundo, incluso en lugares en donde no se respetan los códigos de conducta internacional. De hecho, España es, para nuestra vergüenza, una de las grandes suministradoras de material antidisturbios a países donde hay dictaduras o regímenes represores de su población.

De hecho, aunque España se obliga teóricamente a respetar las normas internacionales sobre comercio de armas, los investigadores independientes demuestran que se producen violaciones de esas normas en una tercera parte de las exportaciones españolas, lo que también nos lleva a decir que España no sólo es fuente de violencia sino que, además, en demasiadas ocasiones lo hace saltándose a la torera las leyes internacionales.

Actualmente, casi el 15% del presupuesto del Estado español se dedica a gasto militar, unos 58,10 millones de euros diarios. Eso es más de lo que gastan juntos los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y Cultura, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente.

España es hoy día el segundo país del mundo que más proporción de su PIB dedica a inversión militar, por detrás de Estados Unidos, y el segundo de la OCDE que menos gasta en relación copn el PIB en I+D civil, lo que contrasta con la constante llamada a incrementar los recursos dedicados a la investigación y la innovación para modernizar nuestra estructura productiva y hacerla más competitiva.

Si el gobierno de verdad quisiera impulsar el potencial investigador y la innovación en la economía española no elaboraría unos presupuestos en los que se dedique a la I+D militar 3 veces más dinero que a investigación básica, 7 veces más que a la dedicada a proyectos sanitarios, 22 veces más que a la I+D agraria y 31 más que a la oceanográfica y pesquera.

El resultado del continuo incremento del gasto es que sólo 5 empresas vinculadas a la industria militar se reparten el doble de lo que reciben todas las Universidades y el CSIC por I+D civil.

España se ha convertido en una potencia dentro de la industrial militar mundial, en una campeona a la hora de fabricar medios de destrucción y muerte. Una estrategia que es muy rentable para las empresas implicadas en esa industria pero que es muy costoso e improductivo para la economía española: ni siquiera genera más empleo o ingresos que otras actividades, es inflacionista y obliga a que el Estado renuncie a gastos muy necesarios en el campo del bienestar social.

Y, sobre todo, una estrategia moralmente muy poco compatible con el discurso pacifista que quiere impulsar la alianza entre las civilizaciones. No se puede estar pregonando la paz mundial y, al mismo tiempo, dedicando cada vez más dinero a fabricar instrumentos de agresión y medios para que se materialice la violencia.

Es cierto que este gasto militar tan elevado y en continuo incremento es una herencia, un lastre pesado que recibió el gobierno de Rodríguez Zapatero, que empezó con un acto tan simbólico como ordenar la vuelta de las tropas desplazadas de Irak. También es cierto que cambiar esa inercia es difícil y que obliga a tomar decisiones importantes y que no serían bien recibidas por la cúpula militar y por los industriales que se benefician del gasto. Pero eso no puede servir de excusa permanente. Si Zapatero quiere protagonizar un liderazgo de tintes progresistas no puede limitarse a efectura cambios que se encuadran en las formas o en el dominio de la retórica sino que ha de imprimir modificaciones profundas en este tipo de asuntos. Los gastos militares son uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrenta el desarrollo social, por no decir el más grande. Un gobierno que los incrementa como hace el español no es un gobierno pacifista ni tiene nada de progresista.

Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: www.juantorreslopez.com. 

Fuente: lafogata.org