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Medio Oriente - Asia - Africa
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Etiopía: Preocupación ante los juicios políticos a activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas
Gloobal Hoy
Desde las elecciones parlamentarias del 15 de mayo de 2005 la represión se ha
instalado en Etiopía. En junio y en noviembre de 2005, dos olas de represión de
las protestas por las elecciones llevaron a la muerte de al menos 100 personas,
incluyendo a manifestantes desarmados, estudiantes y niños. Miles de personas
han sido detenidas.
El 21 de diciembre de 2001, se negó la libertad bajo fianza a 131 personas y se
les acusó formalmente de crímenes como conspiración y levantamiento armado,
intento de subvertir la Constitución, alta traición y genocidio. Se les dio
hasta el 28 de diciembre para presentar sus alegatos. De acuerdo con el código
penal etíope, las sentencias máximas para estos crímenes van desde 25 años de
prisión hasta la pena de muerte.
Los nombre y actividades de la mayoría de los acusados se desconocen, pero de
acuerdo a la información recibida, habría 2 adolescentes de 14 y 15 años, 10
parlamentarios electos y líderes de la Coalition for Unity and Democracy (CUD),
al menos 12 periodistas, 2 activistas contra la pobreza, Daniel Bekele y
Netsanet Demessie de Actionaid Etiopía, una ONG internacional dedicada a la
lucha contra la pobreza, y Mesfin Woldemariam, ex-presidente de Ethiopian Human
Rights Council (EHRCO), organización miembro de la FIDH en Etiopía.
El 28 de diciembre de 2005 el juez de Tribunal Supremo Federal de Addis Ababa
liberó a dos acusados, que se enfrentarán a acusaciones diferentes, y mantuvo en
prisión preventiva a los 129 acusados restantes, incluyendo a los dos
adolescentes, durante 7 días más, hasta el fallo pendiente sobre sus peticiones
de libertad bajo fianza. 32 de ellos que viven en el exilio serán juzgados sin
estar presentes. De acuerdo con nuestra información no se permite a los acusados
que se reúnan con su abogados.
La FIDH considera que estas acusaciones son desproporcionadas y que son, de
hecho, formas de silenciar a la oposición y a los activistas de los derechos
humanos.
La FIDH está asimismo extremadamente preocupada sobre la situación de los
miembros de EHRCO y temen por su integridad física y psicológica. De hecho,
desde la ola de represión de noviembre, la FIDH ha sido incapaz de contactar con
sus miembros y no tiene información sobre su paradero.
Así, la FIDH urge
Al Gobierno etíope a que:
Asegure la liberación de todos los prisioneros, defensores de los derechos
humanos y periodistas detenidos de forma ilícita.
Garantice juicios justos a los demás detenidos, como estipula el Artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado en 1993, y a que
respete en particular los derechos a ser informados inmediatamente de la
naturaleza y causa de las acusaciones en su contra, a tener el tiempo y las
facilidades necesarias para la preparación de su defensa y a comunicarse con sus
abogados, y a ser juzgados sin retrasos indebidos,
Cumpla cos sus obligaciones internacionales bajo el Artículo 6(5) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que excluye la imposición de la
pena de muerte a menores de dieciocho años, y más generalmente a cumplir con las
Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de su libertad
(1990) y con las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de
los condenados a la pena de muerte (1984),
Se abstenga de aplicar la pena de muerte y ratifique el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a
abolir la pena de muerte,
Garantice, en todo momento, las libertades de opinión y de expresión, al igual
que el derecho a celebrar manifestaciones pacíficas y asambleas políticas, de
acuerdo con la Constitución Etíope y con los instrumentos internacionales y
regionales ratificados por Etiopía, y en particular el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los
Pueblos,
Garantice en todas las circunstancias la integridad física y psicológica de los
defensores de los derechos humanos en cumplimiento con los instrumentos
internacionales, en especial con la Declaración sobre los Defensores de Derechos
Humanos adoptada por la Asamblea General de NU en Diciembre de 1998.
A las Naciones Unidas a que:
Establezca inmediatamente una comisión independiente de investigación para
investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de
seguridad de Etiopía en relación a las elecciones del 15 de mayo de 2005, de la
cual debería ser parte el Representante Especial del Secretario General para los
defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre tortura y trato o
castigo cruel, inhumano o degradante y un miembro del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria.
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