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Agremiados del Sntssa de Oaxaca se unen a maestros; paran labores
Octavio Vélez Asensio
La Jornada
El biólogo Ramiro Aragón, tras ser detenido y con huellas de tortura en su
rostro Foto Octavio Vélez
Oaxaca, Oax., 16 de agosto. Alrededor de 5 mil agremiados a la sección 35
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa)
iniciaron este miércoles un paro indefinido de labores, con el cual se sumaron a
las protestas del movimiento magisterial y popular que exige la destitución del
gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
La suspensión originará la cancelación de al menos 20 mil consultas y servicios
administrativos en 15 hospitales, 650 centros de salud y en seis jurisdicciones
sanitarias de la entidad, informó Marcos Villanueva Coronado, secretario general
del Sntssa, organismo afiliado al Frente de Sindicatos y Organizaciones
Democráticas de Oaxaca (FSODO), y adherido a la Asamblea Popular del Pueblo de
Oaxaca (APPO). Indicó que unos 500 médicos y enfermeras ofrecerán servicios de
urgencias y hospitalización en los nosocomios afectados.
Los trabajadores del sector salud se sumaron al plantón indefinido del
movimiento magisterial y popular en el centro histórico, después de realizar una
marcha por las principales calles de esta capital. Marcos Villanueva indicó que
Ruiz Ortiz "ha dado muestras de incapacidad para resolver los conflictos
políticos que vive Oaxaca, y ha privilegiado la represión".
Los trabajadores del sector salud también solicitaron rezonificación salarial,
la liberación de plazas en el recién inaugurado Hospital de Especialidades, y la
regulación de contratos.
A su vez, el secretario de Salud estatal, Martín Vásquez Villanueva, dijo que el
gobierno estatal está preparado "ante cualquier eventualidad", y así los
oaxaqueños "pueden tener la certeza de que contarán con los servicios médicos
cuando los requieran".
Boicot a Elektra
Mientras, el movimiento magisterial y popular bloqueó sucursales bancarias y
de la tienda Elektra, en esta capital y en las principales ciudades de la
entidad. "Se obstaculizó el pasó al establecimiento por ser propiedad de Ricardo
Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, quien tiene una actitud entreguista
al gobierno de Ulises Ruiz", explicó el secretario de Prensa y Propaganda de la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel
Rosas Romero.
El movimiento magisterial y popular liberó esta noche a los dos agentes de la
Policía Ministerial (PME), Joaquín Jiménez Ogarrio y José Luis Díaz Cruz, que
habían retenido la mañana del martes pasado por presuntamente haber ingresado al
domicilio de uno de los dirigentes de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio,
ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec.
Los agentes fueron trasladados a bordo de una camioneta de un lugar desconocido
y entregados a personal del hospital de la Cruz Roja.
Jiménez Ogarrio dijo que no sufrieron agresión alguna durante su captura y que
no van a presentar alguna denuncia penal por su retención.
"Nos trataron bien, no nos hicieron nada; además fue una confusión, ya hablamos
con la gente y nos creyeron que no íbamos a agredir a nadie", señaló.
Jiménez Ogarrio hace 10 años participó en investigaciones para detener a
miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Antes de la liberación de los dos agentes, la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) había informado que ya integraba las averiguaciones previas
correspondientes por supuesta privación ilegal de la libertad y recaba mayores
indicios, incluso para iniciar una indagatoria por el presunto delito de
secuestro.
Para este viernes, el movimiento magisterial y popular tiene programado un paro
cívico estatal y el cierre de carreteras, con la participación de los sindicatos
afiliados al FSODO y las organizaciones adheridas a la APPO.
Inestabilidad en todo México, dice Ruiz García
En tanto, inició el Foro Nacional Construyendo la Democracia y la Gobernabilidad
en Oaxaca, en el que participan intelectuales, dirigentes de organizaciones y
activistas. A la apertura asistió el obispo emérito de San Cristóbal de las
Casas, Samuel Ruiz García.
El jerarca católico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas, dijo que "no hay algún lugar" en México donde no exista
"inestabilidad, situaciones conflictivas". Señaló que tales situaciones "están
en todas partes y esto (el conflicto político social en Oaxaca) es parte de lo
que estamos viendo".
Consideró que el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada no cambió nada a
México durante su sexenio, "y esto lleva a lo que tenemos ahora: un sistema de
concentración de poder económico y político, y a una creciente línea de
deterioro".
Exigen la liberación del biólogo
Por otra parte, el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural
y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), que encabeza el pintor Francisco
Toledo, exigió a las autoridades federales y estatales la liberación del biólogo
Ramiro Aragón Pérez, detenido y presuntamente torturado por la Policía
Ministerial del Estado, junto con los profesores Elionai Santiago Sánchez y Juan
Gabriel Ríos.
"Conocemos al biólogo como un investigador académico que ha hecho aportaciones
importantes al conocimiento y la conservación del patrimonio natural de Oaxaca,
particularmente en el estudio de aves silvestres", señaló el organismo en una
carta abierta.
Y deploró "la forma como fue detenido y golpeado" Aragón Pérez junto con los
maestros cuando participaban en una brigada móvil del movimiento magisterial y
popular, que indagaba el paradero del dirigente de la APPO, Germán Mendoza Nube.
En tanto, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz confió en que el magisterio oaxaqueño
actúe con madurez y responsabilidad e inicie el ciclo escolar el próximo lunes,
tal como lo marca el calendario oficial, para no afectar al millón 300 mil
alumnos de la entidad.
En entrevistas concedidas en el Distrito Federal, el mandatario estatal rechazó
que exista ingobernabilidad en el estado, y asentó que no renunciará ni
solicitará licencia a su cargo, y cumplirá con el mandato constitucional que le
otorgó el pueblo oaxaqueño.
Destacó que su gobierno ha aplicado la ley contra "algunos dirigentes" que han
cometido delitos, y se continuará con esa tónica para garantizar el estado de
derecho.
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