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La Corte Constitucional de Colombia reveló el texto del fallo que condiciona las rebajas de penas a los paramilitares que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
La decisión, que mantenía en vilo el proceso de paz entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe con los principales grupos paramilitares de derecha, deja en firme los apartados de una ley que permite rebajar las penas de prisión a 5 y 8 años.
Sin embargo, la Corte dice que si los paramilitares se quieren beneficiar de esas rebajas, tienen que confesar todos sus delitos y reparar a sus víctimas con todos sus bienes.
Aunque los condenados sólo cumplan 5 o 8 años de prisión, la Corte deja vigentes las penas de 30 y 40 años que pesan contra muchos miembros de los grupos paramilitares, como una forma de presión para que honren todas las obligaciones.
De esa forma, las condenas largas solo se extinguirán al final de los 5 u 8 años de las penas alternativas.
"Límites"
La Corte precisa que el tiempo de pena será el que se pague en cárceles y no en las zonas de concentración que preparó el gobierno para los paramilitares mientras se desarrollaban las negociaciones.
También, amplió la definición de víctima y dijo que es cualquier persona que haya sufrido el daño de una manera directa.
En diálogo con la BBC, la abogada Paula Torres, de la Fundación Ideas para la Paz, destacó que el fallo vincula la ley de beneficios a los paramilitares con los principios de justicia transicional.
"Al tener en cuenta esos principios, la Corte impone límites a esas negociaciones, a través del derecho a la verdad, como punto fundamental. De esa manera, si los que se acojan a la ley de justicia y paz no confiesan todo, pierden los beneficios jurídicos", dijo la abogada.
Además, la Corte derogó dos disposiciones, por la forma irreglamentaria como fueron aprobadas por el Congreso: una que concedía una rebaja general de penas en un 10% y otra que equiparaba el delito de concierto para delinquir con la sedición.
Lo anterior podrá ser subsanado por el gobierno mediante un nuevo proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso.
Aún no se sabe si el fallo, de 337 páginas, logrará desempantanar las negociaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mediante las cuales se logró la desmovilización de unos 30.000 de sus integrantes.
Paramilitares en silencio
A mediados de mayo pasado, cuando se produjo la decisión de la Corte, los jefes de las AUC reaccionaron duramente. Uno de ellos, Ernesto Báez, expresó que el tribunal le había dado un golpe mortal al proceso de paz.
Por el momento, no ha habido declaraciones públicas de los jefes de las AUC sobre los alcances de la decisión de la Corte.
El investigador Gustavo Duncan le dijo a la BBC que el fallo desempantana el proceso con los paramilitares porque logra "agilizar los acuerdos a los que ya se había llegado con los grandes jefes paramilitares".
Y advierte que independientemente del fallo de la Corte, "los resultados hubieran sido los mismos".
Duncan explicó que las estructuras sociales en las regiones del país, el narcotráfico y otros fenómenos propician el surgimiento de ejércitos privados.
Ya se ha denunciado el surgimiento de unos 25 nuevos grupos paramilitares en el país. El gobierno y la Fiscalía han dicho que los perseguirán implacablemente, pero Duncan no es optimista.
"Sabemos que esto no va a salir bien", concluyó el investigador.  

Fuente: lafogata.org