Latinoamérica

Mario Osava
IPS

Las prisiones de Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, subvierten su función. En lugar de apartar criminales para que no amenacen a la sociedad, sirven de cuartel general y campo de reclutamiento para poner en jaque una metrópoli entera y una decenas de otras ciudades.
El crimen organizado y conducido desde dentro de las cárceles aterroriza a los 11 millones de habitantes de Sao Paulo desde hace dos meses. Su ofensiva de esta semana logró paralizar en la víspera el transporte urbano de pasajeros repitiendo así lo ocurrido en mayo, cuando incendió decenas de autobuses.

Una docena de las 16 empresas locales se negaron a poner sus autobuses en las calles, alegando que acumulan una pérdida de 11,5 millones de reales (cinco millones de dólares), con más de un centenar de vehículos destruidos. Se estima que más de dos millones de personas quedaron sin transporte ese día, afectando todas las actividades de la ciudad.

Los más de 100 atentados perpetrados el miércoles y el jueves, que dañaron también edificios bancarios, sedes policiales, supermercados y otras tiendas comerciales atacados a tiros o con bombas, se extendieron a 45 ciudades de la región metropolitana y del interior del estado de Sao Paulo, diseminando el miedo en especial en municipios donde se ubican las 144 cárceles del distrito.

El estado de Sao Paulo fue "rehén" de grupos organizados entre los 140.000 presos, y las autoridades "parecen no saber qué hacer" para superar la crisis, dijo a IPS el diputado Ítalo Cardoso, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa estadual.

Es consecuencia de la política adoptada en Brasil de promover un aumento "exagerado y explosivo" de la cantidad de presos sin que el Estado mejorara su "capacidad de administrar los presidios superpoblados", evaluó Sergio Mazina Martins, vicepresidente del no gubernamental Instituto Brasileño de Ciencias Criminales (IBCCrim).

El clima de "guerra civil" tiende a expandirse a otras partes del país, ya que se trata de una política nacional. Sao Paulo es pionero en este problema sólo porque está en "la línea de fuego" tanto por ser la mayor concentración urbana del país como por llevar a cabo un encarcelamiento masivo e indiscriminado, apuntó.

Según datos de la Secretaría de Administración Penitenciaria, las cárceles del Estado de Sao Paulo tienen una población cercana a las 140.000 personas, más de 50 por ciento más de su capacidad locativa. La cantidad de presos se duplicó desde 1998 y se estima que aumenta a razón de 1.000 personas por mes.

De esa forma "se amontonan los presos" en condiciones de vida indignas, tal como ocurre en el presidio de Araraquara, ubicado a 280 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, que retiene a 1.400 personas en un edificio parcialmente destruido por una rebelión de hace un mes, recordó Mazina Martins.

El problema se profundiza porque no se comprende la función de las prisiones, que se deberían limitar a los "casos excepcionales" de delitos graves y a una "permanencia lo menor posible" para que el Estado tenga condiciones de administrar las instituciones y poblaciones carcelarias, opinó.

Unos 600 presos en Araraquara esperan hace más de seis meses respuesta a sus pedidos de libertad condicional a la que tienen derecho, señaló el diputado Cardoso, quien advirtió que el Poder Judicial es demasiado lento y no atiende a la mayoría de los detenidos. Los presidios podrían tener su población mucho más reducida si se aplicara efectivamente la legislación.

Marcos Camacho, alias Marcola y considerado el líder del grupo del crimen organizado llamado Primer Comando de la Capital (PCC), dijo que esa ola de violencia sólo tendrá fin cuando se cumpla correctamente la Ley de Ejecución Penal, que rige la aplicación de las sentencias, los derechos y los deberes de los presos.

La advertencia del jefe del PCC, que se supone es el coordinador de los atentados en el estado de Sao Paulo, fue realizada el 8 de junio, cuando prestó testimonio ante miembros la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre tráfico de armas, de la Cámara de Diputados.

La violación de derechos como torturas, revistas humillantes y maltratos, frecuentemente denunciados por familiares de detenidos, acaban por ayudar al reclutamiento del PCC, que se presenta como protector de los presos y de sus parientes. Las noticias dan cuenta de que el grupo generalmente distribuye alimentos a familias muy pobres de los reclusos.

Con la población carcelaria bajo su dominio, el PCC y otros grupos criminales prácticamente obligan a los nuevos detenidos a adherir al "partido" que, según sus "estatutos", lucha "contra la opresión carcelaria". Antiguos aliados y los liberados componen la red externa movilizada en las ofensivas actuales y en la obtención de fondos.

De esa forma, las cárceles dejaron de ser un factor de seguridad para la población, ampliando la inseguridad al "nutrir la criminalidad", sostuvo Mazina Martins.

Las organizaciones criminales intentan incluso doblegar a los agentes penitenciarios, blancos de la ofensiva de mayo y ahora de una "caza" específica que ya costó la vida a seis de esos funcionarios del sistema paulista.

Reducir el encarcelamiento a casos que representen una real amenaza a la sociedad, ampliar el uso de penas alternativas, mejorar las condiciones carcelarias, con oportunidades de trabajo y estudio, programas sociales en beneficio de los presos y sus familias son "medidas a mediano plazo" que recomienda el diputado Cardoso.

A corto plazo, la aplicación de la Ley de Ejecución Penal podría aliviar la tensión, reduciendo la población hacinada en las cárceles, concluyó.

Fuente: lafogata.org