Latinoamérica

Frederic Leveque
http://risal.collectifs.net

El acceso, en enero de este año, de Evo Morales a la presidencia de la República Boliviana ha puesto al « cambio » en el orden del día, en el país más pobre de América del Sud. El nuevo gobierno es el producto de cinco años de poderosas movilizaciones populares que le dieron un mandato: el de responder a las reivindicaciones exigidas por los movimientos sociales (las guerras del agua de El Alto y de Cochabamba, la guerra del gas, las movilizaciones de los cultivadores de coca, etc.) y de empezar un proceso de transformación, de reversión de las políticas neoliberales puestas en ejecución desde hace una veintena de años.

Lo sabemos, la problemática de los hidrocarburos –nacionalizados el último primero de mayo–, la convocatoria de la asamblea constituyente –sus miembros serán elegidos el próximo mes de julio– o todavía la extradición del ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada por su responsabilidad en las matanzas de la guerra del gas (octubre de 2003) son en el centro de las preocupaciones populares. En cuanto al endeudamiento externo del país, mismo teniendo un peso importante sobre las finanzas públicas, no parece ser un tema que haya merecido la atención.

Un poco de historia

Fue cuando el país se encontraba bajo el yugo de la dictadura militar, en los años 70, que la deuda exterior del país hizo eclosión, fundamentalmente a causa de créditos contraídos a altas tasas de interés y a corto plazo, con bancos internacionales privados, y esto ocurrió a pesar de los importantes ingresos financieros debidos a los altos precios de sus productos de exportación. Entre los años 1970 y 1980, la deuda externa pública se sextuplicó. Al igual que Argentina, la dictadura gozó del apoyo de hecho de los organismos financieros, bancos particulares internacionales y del gobierno de los Estados Unidos. Esta época de endeudamiento desmedido y de corrupción comprometió el futuro del país.

Bolivia volvió a la democracia en 1982, anticipándose a sus vecinos sudamericanos. Pero ese retorno a la democracia representativa fue casi concomitante con la implantación de políticas neoliberales a partir de 1985, con la introducción de la « Nueva Política Económica » –la « primera generación » de ajustes estructurales–, un programa que, según el FMI, « rompió con la tradición de varias décadas de ‘capitalismo de Estado’ de Bolivia, eliminando los controles de precios y tasas de interés, unificando la tasa de cambio, liberalizando el comercio, permitiendo a los bancos operar con monedas extranjeras, aumentar las tarifas del sector público, etc. ». Esta era está simbolizada, entre otras, por el desmantelamiento de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el debilitamiento fatal del histórico y poderoso movimiento de los mineros.

Veinte años bajo la batuta de las instituciones financieras

Según el estudio «Bolivia’s Challenges» de Mark Weisbrot y Luis Sandoval (2), « en el curso de los últimos veinte años, Bolivia ha operado continuamente en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (a excepción de un período de ocho meses). En parte por los requerimientos de esos acuerdos con el Fondo, que ha coordinado su política (…) con el Banco Mundial Y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Bolivia ejecutó algunas de las más profundas reformas estructurales en América Latina » Y sin embargo, la situación social del país no ha mejorado. El ingreso per cápita es en Bolivia de 2.800 dólares frente a una media de 8.200 de América Latina. Alrededor del 63% de la población boliviana vive debajo de la línea de pobreza.

Desde la entrada del país a la era de todo al mercado, las instituciones de Washington han « acompañado » las contrarreformas neoliberales fuertemente criticadas actualmente.

Ejemplos :

- El presidente del CADTM Bélgica, Eric Toussaint, ya ha detallado en esta misma revista (3) la implicación del Banco Mundial en la privatización de la empresa pública municipal Samapa de El Alto –la ciudad ‘vanguardia’ de la guerra del gas de octubre de 2003, situada en las proximidades de La Paz. Esta privatización que benefició a Aguas de Illimani (Suez) ha sido realizada en el cuadro de una renegociación de la deuda boliviana en 1996. El mal servicio y las tarifas de esta empresa han empujado a la población alteña a salir a las calles , a principios del año 2005 para exigir su expulsión. El conflicto aún no ha sido resuelto.

- El FMI también ha presionado en favor de la « capitalización » del sector hidrocarburos en el curso del primer mandato presidencia de Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997). Esta privatización « a la boliviana » y la liquidación generalizada de las empresas del Estado han tenido consecuencias sobre el Tesoro Público. De acuerdo con las estimaciones del ministerio de Desarrollo Económico, el Estado boliviano perdió 3.152 millones de dólares entre 1996 y 2006, lo que significa que por cada dólar que recibía el Estado, perdía dos (4). Entre 1980 y 1986, frente a la violenta imposición del neoliberalismo, el conjunto de ingresos del estado por la venta de bienes y servicios representaba en promedio 77% de los ingresos públicos anuales. Entre 1997 y 2004, después de la «segunda generación » de ajustes estructurales, los ingresos del Estado por ese mismo sector de bienes y servicios no llegaba a más que el 19% por año. Ese proceso ha fragilizado al Estado boliviano que aumentó su dependencia de los créditos y donaciones del extranjero y de la recaudación de impuestos : Actualmente, las inversiones públicas representan el 7% del PIB y solo el 50% son financiadas con recursos internos (5).

El fracaso de la iniciativa PPTE

La deuda pública de Bolivia asciende hoy a 6,7 mil millones de dólares. Más del 70% de esta deuda, a saber 4,7 miles de millones, es externa, o sea "debida" a acreedores extranjeros. De este importe, 4,2 mil millones "vuelven" a instituciones financieras internacionales. Esta deuda es entonces más del 90 % multilateral.

Porque fue una alumna disciplinada cebada con la amarga mermelada del Consenso de Washington (6), Bolivia gozó de varias anulaciones, reducciones y reescalonamientos de deudas entre 1986 y 1995 que ascendieron, según el Banco mundial, 1,74 mil millones de dólares.

Al igual que cuarenta y tres otros países, de los cuales tres son latinoamericanos (Nicaragua, Honduras, Guayana), Bolivia está considerada como un "país pobre muy endeudado" (PPTE, por sus iniciales en francés) y participó con este título en la iniciativa de reducción de la deuda a todos esos países, lanzada por el G7 en 1996 en la cumbre de Lyon. El vicepresidente de la época y el candidato de la derecha en las elecciones de diciembre de 2005, Jorge Quiroga, se había regocijado por la iniciativa: "gracias a esto, podremos aportar grandes mejoras en los dominios de la salud, de la educación y del nivel de vida de los que viven debajo del umbral de pobreza. " Ahora lo sabemos, fue un fracaso.

Como lo ha repetido varias veces el CADTM, esta iniciativa no apuntaba a liberar a los países en cuestión de la carga de la deuda sino a hacerla « sostenible ». « La diferencia es de tamaño: vamos a anular justo lo que hace falta para hacerles pagar lo máximo de sus posibilidades. (...) La iniciativa PPTE está destinada ante todo a garantizar la perennidad de los reembolsos y a disimular el fortalecimiento del ajuste estructural bajo una apariencia de generosidad. ", había escrito Damien Millet (7).

Al final, el país andino llegó al " punto de terminación " del proceso y gozó de dos reducciones de deuda (Iniciativa PPTE e Iniciativa PPTE reforzada) que se elevaban en total y para todo a cerca de 1,2 mil millones de dólares, una suma mucho inferior a los nuevos créditos contraídos - 3.490 millones de dólares - y al servicio de la deuda (8) por el que ha pagado -1.953 millones de dólares -, durante el mismo período.

Sin embargo, y a pesar de esta falsa generosidad de las instituciones financieras que oculta la violencia de la regresión social empleando términos amables como la « lucha contra la pobreza », « la situación fiscal se deterioró precipitadamente, nos dice el FMI, con un déficit que alcanzaba el 7 % en 2001, el 9 % en 2002 y el 8 % en 2003, financiados en parte mediante el aumento rápido de la deuda interna y en parte por nuevos préstamos multilaterales. »

Tanto el servicio como el monto (10) de la deuda exterior retomaron su aumento. Este último hasta alcanzó un nivel histórico de alrededor de 5 mil millones de dólares. Las reducciones no pudieron garantizar el "sostenibilidad" de la deuda boliviana. Para el FMI, la causa principal es el alto déficit público financiado principalmente con nuevas deudas sin concesiones con tasas de interés escasamente favorables. Fue sin embargo el FMI el que "sugirió" las autoridades bolivianas que se librasen de su principal fuente de rentas - los hidrocarburos - o a comprometerse en la costosa vía de la privatización de la Seguridad Social en 1998 (11).

A partir del año 2000, el ajuste estructural perdió de su vigor mientras que el movimiento social lo ganaba. Recordaremos a este respecto la tentativa del gobierno boliviano de imponer un nuevo impuesto en febrero de 2003 con el fin de reducir su déficit público para recibir la bendición del FMI (12). Esta medida provocó la rebelión de una parte de la policía y de la población –un episodio sangriento conocido con el nombre de impuestazo o Febrero Negro– Que obligó el gobierno a dar marcha atrás. Debilitado, el gobierno continuó, sin embargo, obedeciendo a los órdenes terminantes del Fondo firmando un acuerdo stand-by (13) con éste, en marzo de 2003, determinando un marco para la estabilización macro-económica y la continuación de contra reformas y para gozar de apoyos internacionales.

Ya reacia a ver al Estado afectar a sus magros ingresos para agradar al FMI, la población movilizada devolverá meses más tarde a Gonzalo Sanchez de Lozada a los Estados Unidos, en el curso de acontecimientos conocidos bajo el nombre de la guerra del gas. A partir de este momento, los movimientos sociales van a levantar el estandarte de la nacionalización de los recursos naturales que forman parte del imaginario sindical y popular; una reivindicación se extenderá progresivamente y convertirá en factor de conflicto y de acumulación de fuerzas para la "nueva izquierda indígena" encarnada entre otros por Evo Morales.

La iniciativa multilateral de reducción de la deuda.

El 11 de junio de 2005, cinco días después la caída del gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), los ministros de las Finanzas del G8 anunciaban una decisión "histórica" de anulación de la deuda multilateral a un conjunto de « países pobres muy endeudados » bien disciplinados, en el que figuraba Bolivia. Esta medida, confirmada en la cumbre de G8 un mes más tarde, en Gleneagles (Escocia), permitió al Estado boliviano ver anulada su deuda multilateral con el FMI –alrededor de 233 millones de dólares, el 4,7% de su deuda pública externa– el mes de enero último. Ocurrirá lo mismo con su deuda con el Banco Mundial –de alrededor de 1,5 miles de millones de dólares–, desde el primero de julio próximo. En total la reducción de la deuda con estos dos organismos debería elevarse a cerca de 1,7 mil millones de dólares, es decir el 34 % del total del endeudamiento del país existente a fines del año 2005.

En cuanto al servicio de la deuda, que todavía aumentó en 2005, " Bolivia debería dejar solamente de pagar por término medio entre 2006 y 2015 un poco más de 60 millones de dólares ", subraya la Fundación Jubileo en su último boletín (14). Esto se explica porque la mayor parte de los créditos que serán anulados son con concesiones, es decir contraídos en condiciones muy favorables mientras que los préstamos menos ventajosos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –se puede sin embargo pensar que ésta va posiblemente también a anular una parte de sus acreencias (15)– y de la Corporación Andina de Fomento (CAF, siglas en español) no forman parte de la iniciativa. El servicio de la deuda continuará acaparando un importe importante de recursos públicos - cerca de 370 millones de dólares en 2005 (16)–, « porque la mayor parte de los pagos está destinada a la CAF - el 47 % del total pagado en 2005–, que no anulará su crédito » (17).

Una respuesta política

Podemos por cierto regocijarnos del hecho de que el nuevo gobierno boliviano goza de una reducción de deuda desde su entrada en funciones, sobre todo si ignora los consejos poco concluyentes en términos sociales del FMI (18). Pero, más allá de los cálculos de boticarios sobre la reducción de deuda real de la que se benefició este efervescente país andino, la hemorragia financiera que representa la deuda no ha parado.

La apuesta no es tanto saber si esta deuda es "sustentable", si Bolivia tendrá la capacidad de reembolsarlo y de asumir sus empeños financieros. El problema fundamental es saber si Bolivia debe proseguir el reembolso de deudas, que, a ejemplo de otros países vecinos, ya han sido reembolsadas, que son en parte odiosas por lo menos e ilegítimas y que organizan la transferencia de recursos hacia los bancos, países e instituciones del Norte.

En vez de limitarnos a analizar la deuda como una cuestión económica, sería más acertado de tomarla por lo que es: un instrumento de dominación política. Podemos por cierto satisfacernos con la abundancia de discursos antiimperialistas, de la recuperación por el sector público del control de recursos naturales en Venezuela y en Bolivia en el nombre de la soberanía y de la dignidad, de la denuncia de los proyectos de libre comercio, pero tales acciones carecen de coherencia si, paralelamente, uno de los principales instrumentos del neoliberalismo usados en el subcontinente no es desmantelado. Pero, hoy, pese a que la coyuntura que parece favorable –precios de materia prima y reservas de divisas en alza, gobiernos de izquierda y de centro izquierda en los países « de peso », etc.–, no parece que se este diseñando alguna estrategia común entre los países sobre el no pago, sobre la renegociación de las deudas ni sobre la realización de auditorias. Pese a que la historia Latinoamericana ya ha mostrado el éxito de estrategias comunes para enfrentar a los acreedores (19).

¿ En marco de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), un proyecto de integración basado sobre cooperación, la solidaridad y la complementariedad entre países lanzada por el presidente venezolano Hugo Chávez y a cuál se adhirieron Cuba y Bolivia, no sería acertado al menos de colocar el tema en el centro del debate? ¿ No sería factible hace una auditoria de estas deudas, como lo prometió Chávez en ocasión del último foro social mundial? ¿ El proyecto de crear un Banco del Sur, impulsado una vez más por el presidente venezolano, es se transforma en algo poco realista si los países concernidos no enfrentan agrupados la hemorragia de divisas?

1. FMI, Bolivia: Ex Post Assessment of Longer-Term Program Engagement—Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion, abril 2005.

2. Mark Weisbrot, Luis Sandoval, Bolivia’s Challenges, Center for Economic and Policy Research, marzo 2006 :

3. Ver «Les autres voix de la planète», n°26, marzo 2005: .

4. Citado en "Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza", informe de Intermón Oxfam. Mayo 2004:

5. Ver .

6. " La expresión ' consenso de Washington ' fue acuñada por J. Williamson (1991). Este último enumeró diez medidas, que mantienen su actualidad, aplicadas sobre los PED (países en vías de desarrollo) y que constituyen el paradigma a partir del cual las políticas de desarrollo son pensadas desde hace una veintena de años.

1. La disciplina presupuestaria. Los déficit presupuestarios engendran inflación y huida de capitales; 2. La reforma fiscal. El sistema fiscal debe tender a tener el universo imponible más amplio y índices marginales de deducción moderados; 3. La política monetaria debe conducir a tipos de interés positivos y remuneradores en términos reales. Las tasas deben ser reguladas para desanimar la huida de capitales y estimular el ahorro; 4. El tipo de cambio debe ser flexible, competitivo y favorecer la acumulación de excedentes comerciales; 5. La política comercial. Apertura y liberalización de las importaciones. Las restricciones cuantitativas deben ser eliminadas y los derechos de aduana moderados; 6. La inversión directa extranjera no debe sufrir ninguna traba a la entrada (política de atracción); 7. La privatización; 8. La desregulación: derogación de diferentes reglamentación sobre la inversión, los precios, el crédito... y la supresión de las rentas de situaciones o institucionales; 9. La supresión de las subvenciones públicas a las actividades productivas en provecho de las actividades sociales y educativas; 10. La promoción de los derechos de propiedad. "

Extracto de Medí Abbas, La CNUCED XI: Du consensus de Washington au consensus de Sao Paulo?, Chronique n°21, Observatoire des Amériques, julio 2004.

7. Extacto de Damien Millet, L'initiative PPTE: entre illusions et arnaques, www.cadtm.org , diciembre 2003.

8. Suma de los intereses y la amortización del capital.

9. « La deuda interna de Bolivia aumentó de manera preocupante, de tal modo que el pago de los intereses y de las amortizaciones llegó a representar el doble del importe pagado a los acreedores exteriores. E 2003 y 2004, el servicio de la deuda interna acaparó cerca del 25 % de las rentas del Estado, recursos que harían falta para los gastos y las inversiones públicas .»

Extracto de: El FMI y la recuperación de la soberanía económica de Bolivia, Fundación Jubileo, .

10. Monto total de las deudas.

11. La privatización del sistema de las pensiones engendró grandes costos de transición. El gobierno gasta actualmente el 4,1 % del producto interior bruto al año para las pensiones, es decir más que todo déficit del sector público. La privatización de la Seguridad Social es responsable de una gran parte del déficit público y de la acumulación de deudas.

12. " Todo comenzó el 9 de febrero cuando el gobierno anunció un " impuestazo sobre el salario " para reducir el déficit fiscal por orden del FMI. Es un impuesto (impuestazo) sobre el salario o sobre el carburante (gasolinazo), decía el presidente. El déficit fiscal había crecido al 8,5 % a causa de la privatización del servicio de las pensiones, y el FMI exigía su reducción al 3,5 % para otorgar nuevos créditos. El gobierno presentó la medida como una gran idea: " en lugar del gasolinazo que afecta a todo el mundo, vamos a afectar solamente a los asalariados que no son una mayoría. (…) " Extracto de Pabo Solón, Radiografía de un febrero, a OSAL, n°15, enero-abril de 2003.

13. El Acuerdo de confirmación, o Stand-By Arrangement, es, según el FMI, una facilidad creada en 1952 según la cual un país miembro puede utilizar los recursos del FMI hasta un importe especificado para superar dificultades de balanza de pagos a corto plazo o de naturaleza coyuntural. Los pagos se hacen normalmente por tramos en intervalos trimestrales, bajo reserva para que el país satisfaga los objetivos a los que se ha comprometido, por ejemplo que alcance los objetivos monetarios y presupuestarios fijados. Estos criterios permiten a la vez al país miembro y al FMI evaluar los progresos cumplidos por el país en la aplicación de las políticas y pueden señalar la necesidad de recurrir a otras medidas correctivas. Los acuerdos de confirmación se refieren en general a un período de uno o dos años (pero pueden ser prorrogados y durar hasta tres años). Los reembolsos se hacen sobre un período de 3 años y 3 meses a cinco años. El período normal de reembolso es reducido a 2 ¼ - 4 años, si la posición exterior del país le permite un reembolso anticipado de su deuda.

14. Ver:

15. Bolivia tiene una deuda con el BID de 1, 6 mil millones de dólares, que es el 32% del total de su deuda pública externa.

16. Bolivia pagó por servicio de la deuda 319,7 millones de dólares en 2000 ; 268,3 en 2001; 260,5 en 2002 ; 274,9 en 2003 y 277 en 2004.

17. Según la Fundación Jubileo, Bolivia ha rembolsado a la Corporación Andina de Fomento 174 millones de dólares en 2005, es decir casi 70 millones por encima de lo pagado en 2004.

18. El gobierno boliviano ha hecho saber que no firmará ningún acuerdo con el FMI. El acuerdo stand by cerrado en marzo de 2003 entre le gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada y la institución de Bretton Woods llegó a su término el 30 de marzo último.

19. Ver sobre este tema, Eric Toussaint, Les crises de la dette extérieure d’Amérique latine au XIXe & XXe siècle, www.cadtm.org , mayo 2003.

Frédéric LEVEQUE es miembro del CADTM y coordinador de la revista electrónica RISAL (http://risal.collectifs.net)

Guillermo F. Parodi es profesor universitario, miembro del Observatorio Internacional de la Deuda y de los colectivos Rebelión y Tlaxcala , la red de traductores por la diversidad lingüística.

Fuente: lafogata.org