El magistrado Gustavo Mirabal fue alertado unos diez días antes de que su vida corría peligro. Un abogado relacionado con integrantes de las Fuerzas Armadas fue el portador del mensaje amenazante. El jurista será interrogado en sede penal.

Walter Pernas
Brecha

"Usted es un objetivo militar inminente", le dijo el abogado al juez Gustavo Mirabal en los días previos a la Semana de Turismo. El domingo 16 el magistrado penal de segundo turno sintió el zumbido de una bala que pasó a centímetros de su cabeza.
Al percibir el sonido del proyectil, le pareció que el aire de la rambla del Buceo se cortaba, y en ese preciso instante se acordó de las más que sugestivas palabras del abogado. Sentado junto a su cuñado en un muro bajo, y de espaldas al mar, Mirabal se quedó callado.
—¡Eso fue una bala perdida! ¡O no perdida...! –dijo su cuñado. No hablaron más, se levantaron y caminaron nerviosos hasta la casa de la suegra del juez.
Cuando llegaron, los ravioles estaban servidos. El magistrado se sentó a la mesa, pero no comentó nada. Su cuñado tampoco. Ni siquiera hablaron entre ellos. Mirabal comió y se retiró del lugar. Luego telefonearía a la casa del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Daniel Gutiérrez para informarlo del hecho.
Este ministro, que es enlace formal del máximo órgano judicial con los jueces penales, ya había mantenido un contacto con Mirabal. Unos diez días antes del disparo el juez le había informado a Gutiérrez acerca de la extraña conversación con el jurista.
Gutiérrez –tras el primer informe de Mirabal– le había preguntado al juez si quería que el caso fuera presentado ante el Ministerio del Interior y el juzgado penal de turno. Mirabal prefirió dejar el caso por sentado ante la SCJ y no ir más lejos. Pero el zumbido de la bala cambió las cosas.
La SCJ informó al ministro del Interior, José Díaz –que ordenó vigilancia personal para el juez–, y la sede penal de décimo turno, a cargo del magistrado Rolando Vomero, abrió una investigación.
En esa indagatoria, el abogado portador del mensaje amenazante se transformó en un testigo calificado. Ayer, jueves 20, la Policía procuraba ubicar al jurista a fin de interrogarlo, dijeron a BRECHA fuentes del Ministerio del Interior.
El nombre del abogado se mantiene en reserva por parte de las fuentes judiciales y gubernamentales consultadas por BRECHA, pero el relato de los hechos denunciados fue verificado por fuentes independientes.
Testigo calificado. Según denuncia relatada por la SCJ ante las autoridades del Ministerio del Interior, y ahora que es parte del expediente penal, los hechos sucedieron de la siguiente manera:
Mirabal había accedido a mantener un encuentro con el jurista luego de que éste insistiera reiteradamente: "Tengo información muy importante para usted; es urgente". Cuando el hombre llegó, se sentó frente al juez y le contó que en una reunión de amigos a la que había asistido surgió una discusión sobre el tema de las investigaciones por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. El jurista precisó que en el grupo que polemizaba había "militares" y que en determinado momento la charla se centró sobre "el juez Mirabal".
El abogado comentó entonces en la ronda que "conocía" a Mirabal y que lo consideraba "un buen tipo", tras lo cual un militar dijo: "¿Mirabal? Mirabal es un objetivo militar inminente; si es su amigo avísele que se cuide".
Y eso hizo. El abogado logró reunirse con el juez y le trasmitió el mensaje, pero además esgrimió algunas acciones que Mirabal "podría realizar" para tratar de "calmar los ánimos".
En la extraña charla el abogado dejó traslucir que mantenía contactos fluidos con militares cercanos a Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, para quienes la justicia había habilitado la extradición a Chile a fin de ser indagados por el caso del asesinato de Eugenio Berríos, ex agente de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Mirabal fue el juez que concedió la extradición en primera instancia, y su fallo fue ratificado por el tribunal de apelaciones y por la SCJ.
El abogado le sugirió al juez que la mejor forma de aquietar las aguas sería elevar un escrito al Poder Ejecutivo en el que –sin dar marcha atrás en su decisión– precisara que el gobierno tenía la potestad de aplicar el artículo 7 del tratado de extradición con Chile, a fin de impedir el envío de los militares a los tribunales trasandinos. El contenido del escrito sería interpretado como una forma de invitación o apoyo tácito a la medida gubernamental pretendida por los integrantes de las Fuerzas Armadas.
"Eso jamás lo voy a hacer. Puede estar Sarli o quien sea esperándome abajo con una metralleta...", respondió el juez al abogado.
No fue una metralleta lo que se utilizó el domingo 16 en la rambla del Buceo. Probablemente el atentado se realizó con un arma tan o más poderosa que una pistola nueve milímetros, pero la presunción más fuerte de la Policía es que se usó un caño con silenciador.
El arma. El miércoles 19 la Policía inspeccionó el lugar del atentado junto al cuñado de Mirabal. Los oficiales verificaron que el proyectil probablemente se haya "perdido en el mar". Además, los especialistas policiales indicaron que no se usó un revólver calibre 38 o 22, porque "para que se escuchara el zumbido, el tirador debía estar a menos de 25 metros de distancia" y la zona estaba despejada en ese radio, según la denuncia. Una pistola nueve milímetros puede producir el zumbido a 50 metros de distancia, y cualquier otra arma de mayor calibre, a más distancia, según entiende la Policía. Si se empleó un silenciador en un arma potente, el francotirador pudo apretar el gatillo incluso desde los edificios erigidos en la rambla y Luis Alberto de Herrera.
La sede penal de décimo turno recibirá en los próximos días la declaración –probablemente por oficio– del juez Mirabal. Comparecerá el cuñado del magistrado, y fundamentalmente se buscarán pistas a partir del interrogatorio judicial al abogado portador del mensaje amenazante.
El juez Vomero y la fiscal Olga Carballo solicitarán naturalmente al jurista que identifique a las personas que participaron de la reunión donde surgió el dato sobre el peligro para Mirabal. Y fundamentalmente procurarán obtener el nombre del integrante de las Fuerzas Armadas que calificó al juez como "objetivo militar inminente" a fin de indagarlo.
Casualmente, Vomero fue el primer magistrado que estuvo al frente de la investigación por el secuestro de Berríos. Era el titular de la sede de Pando cuando se produjo un atentado a balazos contra ese juzgado. Corría el año 1993 y la efervescencia militar en aquel momento surgió porque los militares Casella y Radaelli eran indagados por el caso.
Instigación. Por otra parte, la indagatoria por el atentado a Mirabal no estará ausente del contexto de la interna militar en que se produjeron los hechos.
Además del expediente de extradición por el caso Berríos, Mirabal está a cargo de varios juicios por detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, incluido el caso de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
En los últimos meses –y sobre todo en las últimas semanas– el Centro Militar y el Círculo Militar esgrimieron que las acciones judiciales contra los militares constituían una "amenaza a la paz pública". El ex jefe de Inteligencia del Ejército durante la dictadura Iván Paulós advirtio en varias oportunidades que él "actuaría con hechos" ante esta situación, pero que ahora no tiene "el mando" para llevar adelante esas prácticas. Amenazas de ese tipo fueron expuestas a viva voz ante la prensa e incluso, en diciembre de 2005, ante un grupo de cadetes del Ejército que presenciaban una conferencia del ex jerarca militar en el Ateneo de Montevideo.
Ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial adoptaron medidas respecto de estas amenazas, que además pueden constituir atentado contra la Constitución e instigación al delito. nRespaldo y repudio
La Suprema Corte de Justicia declaró su "total respaldo y solidaridad" hacia el juez Gustavo Mirabal, del que destacó sus "excelentes condiciones técnicas y morales que le han prestigiado en el ejercicio de la judicatura".
La corporación sostuvo su "profunda convicción de que actos intimidatorios de cualquier tipo ejecutados con la intención de amedrentar a los jueces de la República (...), no afectarán en lo más mínimo la independencia de este poder del Estado y de sus integrantes, base fundamental del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática". El máximo órgano judicial indicó que tiene "confianza" en que las autoridades encargadas de la investigación del caso "extremarán los esfuerzos encaminados al esclarecimiento del hecho y la aprehensión de sus autores".
Por su parte, la Asociación de Magistrados declaró su "más enérgico repudio ante cualquier interferencia contra el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales". Y confió en que "se trate de un hecho aislado, que no altere la cultura de respeto a las instituciones democráticamente constituidas y a las reglas básicas de la convivencia pacífica". La asociación brindó un mensaje de "total solidaridad y apoyo" a Mirabal, "un juez de probada rectitud y honorabilidad en el ejercicio de su función". Y apeló a la "sensibilidad del cuerpo social para desalentar todo intento de incidir o de afectar el normal desempeño de la administración de justicia".