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El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, anunció este miércoles aquí un plan de emergencia para movilizar -utilizando aviones y vehículos militares y transportistas libres- a cientos de pasajeros varados desde el martes en diferentes ciudades del país por el paro decretado por el poderoso gremio del transporte interdepartamental de pasajeros.
La suspensión del servicio se amplió 48 horas más y los empresarios anunciaron la posibilidad de convertir en indefinido el paro transportista.
"Nosotros no vamos a facturar, se lo decimos abiertamente al gobierno, ya que nos ha desafiado, lo desafiamos, a ver qué hace para imponernos, con la policía; ¿qué va a hacer?, ¿va a querer muertos?", cuestionó el presidente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia -que en realidad aglutina a los dueños de los autobuses-, José Luis Cardozo.
"Si el gobierno quiere que tributemos todos, que empiecen a tributar los cocaleros, el cato de coca, que (el presidente) empiece por su sector" aseveró, en alusión a que el mandatario boliviano continúa siendo dirigente de los cocaleros.
Los empresarios camioneros se mantienen en un régimen impositivo especial que, de acuerdo con información gubernamental, les permite tributar, en conjunto, sólo 14 mil 878 bolivianos (unos mil 860 dólares) anualmente.
A partir del primero de mayo, los empresarios del transporte interdepartamental, "flotas" le denominan a estos autobuses, deberán ingresar al régimen impositivo general y emitir facturas, con lo que se espera que ese sector aporte al menos 19 millones de bolivianos (unos 2 millones 375 mil dólares) al año.
Cardozo anunció también que su organización va a actuar conjuntamente con la Central Obrera Boliviana, de Jaime Solares, y en un inopinado salto pasó de la negativa a entregar facturas a exigir que el gobierno de Morales "cumpla con su compromiso al pueblo boliviano de nacionalizar los hidrocarburos".
Aseveró que los transportistas van a dejar de operar en las terminales de autobuses para hacerlo en las calles, porque "el pueblo no tiene por qué pagar el derecho de uso de las terminales", que es de 2.50 bolivianos (unos 30 centavos de dólar).
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, dio a conocer el plan de emergencia en los momentos en que desde la contigua ciudad de El Alto se aprestaban a salir rumbo a las urbes de Cochabamba y Oruro autobuses independientes escoltados por la Unidad Operativa de la Policía Nacional.
También se dispuso un "puente aéreo" a cargo de Transportes Aéreos Militares, que con dos aviones realizó el traslado de pasajeros del aeropuerto de El Alto a la ciudad de Santa Cruz (a dos horas de vuelo), para lo cual cobró un pasaje de sólo 150 bolivianos (18.75 dólares).
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, informó que el gobierno está dispuesto a discutir y negociar cualquier tema y anunció que se elaborará una norma para "regular" el precio de los pasajes, ante la especulación que se registra, sobre todo en las denominadas "épocas altas".
Llamó también a la ciudadanía a manifestarse contra la "intransigencia de algunas dirigencias sindicales".
Se informó, en otro orden, que la Superintendencia de Transportes solicitó a la fiscalía de La Paz el comienzo de procesos legales contra los responsables de la suspensión del servicio de transporte público e impedir el libre tránsito.
Por otra parte, Rada expresó la preocupación del gobierno por los conflictos suscitados en la provincia de Gran Chaco de Tarija, fronteriza con Argentina, donde desde hace cinco días hay bloqueos carreteros que han ocasionado el desabastecimiento de diesel en la ciudad de Montero.
Los bloqueos han impedido también el paso de maquinaria para reparar ductos de gas dañados por derrumbes ocurridos a causa de las lluvias de los últimos días, lo que también ha ocasionado desabastecimiento de gas natural.
Las carreteras están obstruidas en Villamontes, Campo Pajoso (a unos 15 kilómetros de la ciudad de Yacuiba) y en el puente internacional que une a las poblaciones Salvador Mazza (Argentina) y San José de Pocitos (Bolivia).
Los chaqueños exigen que se reconozca que el cantón Ivoca, donde está el megacampo hidrocarburífero Margarita, se ubica en la provincia Gran Chaco y no en la contigua de O'Connor, ambas de Tarija.
En el trasfondo está el manejo de los ingresos que percibe la provincia por la operación del campo en cuestión.
Rada aseveró que si bien el problema es local y el prefecto Mario Cossío no está logrando resolverlo, el gobierno central decidió coadyuvar con los esfuerzos de la prefectura tarijeña para encontrar una solución del conflicto.

Fuente: lafogata.org