En la noche de ayer se conoció la decisión por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia uruguaya de conceder la extradición a Chile de los tres militares implicados en el secuestro del bioquimico y agente de la DINA pinochetista Eugenio Berríos, asesinado en nuestro país en 1992.
Se trata de el coronel retirado Tomás Casella, el coronel Wellington Sarli y el capitán Eduardo Radaelli (estos dos aún en actividad), quienes son reclamados desde Santiago por "asociación ilícita" y "secuestro". Los tres ya fueron procesados en rebeldía en Chile en diciembre de 2003.
En el día de hoy el abogado de los militares, Amadeo Ottati, será notificado de la resolución, la que posteriormente pasará al Tribunal de Apelaciones que otorgó la extradición en segunda instancia, y luego al Juzgado penal que la otorgó primera. Cuando el juez Gustavo Mirabal sea notificado del fallo, ordenará la detención inmediata de los militares, que deberán aguardar en prisión el momento de viajar.
De todas maneras, nadie descarta que su abogado presente algún otro recurso para dilatar ese momento, ya que no para impedir la extradición, pues la resolución de la Suprema Corte es inapelable.
Las fuentes militares del diario El Observador aseguraron que -como no podía ser de otra manera- "el fallo será acatado y no existen riesgos de insubordinación". También informaron que el Ejército Nacional (el pueblo uruguayo, en definitiva) se hará cargo de los gastos derivados de la defensa de los tres militares ante la Justicia chilena.
  AYUDAMEMORIA En octubre de 1991, Eugenio Berríos (bioquímico y agente de la policía secreta pinochetista) es sacado clandestinamente de Chile para evitar su citación por la justicia en la investigación del asesinato de Orlando Letelier. En noviembre la justicia chilena dictó su auto de procesamiento por homicidio. El 12 de ese mes, ya se encontraba Montevideo, primero en un hotel, luego en un departamento. Exactamente un año mas tarde, Berríos llamó a la embajada chilena solicitando un salvoconducto para volver a Chile y declarar ante la justicia, pero fue ignorado. Tres días mas tarde, se presentó en la comisaría del balneario Parque del Plata (en el departamento de Canelones, al este de Montevideo), y denunció estar siendo secuestrado por militares chilenos y uruguayos y que "Pinochet me quiere matar.
Mientras los policías tomaban su denuncia, la comisaría fue rodeada por vehículos militares, de uno de los cuales descendió el coronel Tomás Casella y reclamó a Berríos, alegando que era un amigo suyo y "estaba mal de la cabeza." El oficial policial a cargo ordenó una pericia psiquiátrica somera e inmediata, durante la cual Berríos se desdijo de sus denuncias y dió como resultado que el chileno estaba en sus cabales. Puestas así las cosas, se solicitaron directivas al Jefe de Policía de Canelones, el coronel del ejército Ramón Rivas, quién ordenó anular la denuncia asentada por Berríos arrancando la página del libro de partes diarios. Finalmente, Casella se llevó a Berríos a la casa del coronel Eduardo Radaelli, lugar del que había escapado.
El 24 de marzo de 1993, el general Augusto Pinochet visitó Uruguay, y Tomás Casella fungió como su edecán, acompañándolo en su periplo por Montevideo, Piriápolis y Punta del Este. Hacia fines del mes de mayo, un policía de la comisaría de Parque del Plata envió cartas a varios parlamentarios relatando lo sucedido allí con Berríos. Juan Andrés Ramírez, el ministro del Interior del presidente Luis Lacalle (Partido Nacional) se manifestó sorprendido por los acontecimientos, y el 6 de junio destituyó al jefe Rivas. Dos años más tarde, el 14 de abril de 1995, se encontró un cadaver semi enterrado en las dunas del balneario El Pinar. Seis días después, un estudio antropométrico estableció que el esqueleto era el de Eugenio Berríos. Desde entonces hasta hoy, la justicia uruguaya no pudo averigüar quién cometió el crimen.
Sin embargo, y a pesar de que hasta hace pocos meses nunca pudo contar con la colaboración de su par uruguaya -que negó reiterados pedidos de compartir información basándose en el secreto del presumario- a 1.400 kilómetros de distancia del lugar de los hechos, la justicia chilena esclareció el caso.
Hoy día, los asesinos de Berríos están presos en Chile, y la justicia de ese país ha solicitado la extradición de sus cómplices uruguayos, los coroneles del ejército Tomás Casella y Wellington Sarli y el capitán Eduardo Radaelli.
Según se pudo determinar en la investigación efectuada en Santiago de Chile, estos tres oficiales tuvieron activa participación en mantener a Berríos secuestrado, y -por lo menos- facilitaron las condiciones para el crimen.