El gobierno de ex militantes de la izquierda uruguaya (socialistas, tupamaros y comunistas) se ha convertido, de hecho, en abogado de las empresas Botnia (finlandesa) y Ence (española).
Algo más racional que el amor y el odio deben explicar el cerrado pacto del gobierno de Tabaré Vázquez con las empresas contaminantes, los grupos inversores internacionales y los intereses de los gobiernos y grandes corporaciones enemigas de la humanidad.
Eso no sería posible sin la conjunción de por lo menos tres factores.
En primer lugar, el grado de vulneración en que dejaron a la nación uruguaya los últimos gobiernos de derecha. Luego, el carácter y definición política del régimen de centro izquierda del Frente Amplio. Y tercero, la estafa política masiva montada sobre las ilusiones de un pueblo que quiere otra cosa.

El Uruguay que recibió el gobierno del Frente Amplio está diezmado por la dependencia financiera, económica y política. El Estado uruguayo es más débil y dependiente hoy que antes del gobierno de Luis María Sanguinetti, y más aún si la comparación se aleja hasta el régimen de Juan María Bordaberry, a comienzos en 1973.
Esto vale para Argentina, Brasil, México o Chile y el conjunto del continente. Las únicas excepciones relativas son, Cuba, que conserva un alto grado de independencia heredada del triunfo revolucionario de 1959-1962; y la Venezuela bolivariana, donde un proceso político muy avanzado y un gobierno nacionalista de izquierda, han logrado la independencia política y una ruptura relativa de la dependencia económica.
En Uruguay, esa indefensión nacional es verificable mirando los pactos que la atan a los Estados Unidos, a la Unión Europea y secundariamente a grupos financieros y empresarios de Brasil y Argentina.

El problema no está en que los malos sean malos, es que aquellos que se dicen buenos hacen lo mismo o casi lo mismo que los malos. Y creen que nadie se dará cuenta nunca. La digna actitud de intelectuales como Galeano y Abella, de corrientes políticas frentistas como el 26 de Marzo, el ex Senador Elio Sarthou y una decena de sindicatos y organizaciones ambientales, indican que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
El control imperialista de Uruguay no sufrió ninguna mengua ni fisura con la llegada del Frente Amplio. Eso no lo convierte en un gobierno igual al de Batlle (agente directo de Washington), pero, aunque suene feo, esa distinción no se transforma en diferencia.
El político uruguayo que certificó esta cruda sujeción semicolonial fue el presidente Tabaré cuando era candidato: 'los inversores y empresarios pueden estar seguros que van a tener reglas claras, precisas y estables'. El otro político que lo llevó hasta el límite del ridículo ideológico fue el ex comandante tupamaro Mujica, hoy senador: 'En los sesenta nos proponíamos transformar el mundo, ahora nos conformaríamos con arreglar una vereda'. La vereda no tiene la culpa.
En estas dos expresiones está concentrado el programa y la definición política del gobierno uruguayo. Y con gobernantes así, por supuesto que Uruguay (y cualquier país) puede ser territorio para cualquier emprendimiento multinacional lesivo de la soberanía, contaminante o no, sin que importen las consecuencias de morbilidad y mortalidad en la población.
Y si alguien dudara aún de esta combinación perversa, recordemos la forma grotesca de esta genuflexión política pocos meses atrás: Todo el mundo se enteró de las negociaciones 'secretas' (más bien mojigatas, pusilánimes y vergonzantes) del gobierno con las autoridades comerciales de EEUU para pactar un TLC (Tratado de Libre Comercio). O sea, seguir el mismo rumbo de Uribe en Colombia, Toledo en Perú, Lagos en Chile o los gobiernos del istmo centroamericano que firmaron su 'pequeño ALCA'.
No hacía falta que el 'secreto' lo develara un bicho reaccionario como el senador estadounidense Mel Martínez: Ya estaba inscripto en el Pacto de Inversiones que el régimen de Tabaré había acordado con Washington, días antes de la cumbre de Mar del Plata, en octubre de 2005 y que el Parlamento uruguayo sancionó el 28 de diciembre de 2005: 'El tratado Uruguay-Estados Unidos había sido firmado por el anterior gobierno conservador de Jorge Batlle...' (Ver Argenpress.info del 28/12/05)       La resistencia interna a la firma de este pacto, mostró que el gobierno de Tabaré no es igual al anterior, pero que, en el mejor de los casos, está sometido a las mismas ataduras y buena parte de su dirigencia quiere seguir siendo dependiente de Washington, como el irascible Batle.
Este precedente tiene a su vez otro precedente. En junio de 2003, Tabaré Vázquez fue visitado por Ratto Chiarlo, el jefe del FMI, y Tabaré le garantizó 'seguridad jurídica en los compromisos con los organismos internacionales', en caso de que alcanzara la presidencia. La alcanzó y cumplió, esto no se le puede negar.

Desgraciadamente, también es un hecho político el alto nivel de ilusión que pesa hoy en la población media uruguaya. Y este es el tercer aspecto que sostiene el empecinado compromiso del gobierno con las inversiones internacionales contaminantes.
Pero cuando un gobierno usa el masivo voto popular (esperanzas e ilusiones) para hacer lo contrario de lo indicado en el voto, a eso se le llama estafa política. Más grave es si esas ilusiones expresan profundas necesidades sociales -como el empleo y cosas parecidas-.
Cerca del 64 por ciento de los uruguayos apoyan al gobierno en su defensa de las inversiones contaminantes. El resto no está en contra. Sólo una minoría de la población resiste. A lo más que llegan los uruguayos en este momento, es a ejercer el sagrado derecho a la duda sobre lo que pasa y lo que piensan. Pero no más. Por ahora. Este conservadorismo político es el dato clave sobre el que se monta la gran estafa política.

El gobierno les ha hecho creer a los uruguayos, y estos quieren creerlo, que las papeleras darán trabajo. Pero esta es una media verdad. La otra mitad es que destruirá muchos otros. A estas alturas, nadie desconoce que por cada empleo abierto en las dos papeleras, se perderán alrededor de 5 en el turismo y sus ramas conexas. Porque para producir 4 empleos hay que destruir 10 hectáreas de tierra fértil y sus fuentes de agua. Esto, en un país chiquito que vive de la explotación de la tierra, es casi un crimen de lesa humanidad.
      Pero ocultan algo más grave: Las papeleras se irán del país cuando les de la gana, eso es lo que garantiza el Pacto de Inversiones firmado. Y eso ocurrirá cuando les baje la tasa de ganancia, cuando le crezcan los costos laborales, fiscales, ambientales, o cuando 'el mercado' no les brinde los mejores precios y decidan que el país 'no tiene las suficientes garantías jurídicas'. Más de 300 inversiones internacionales se fueron del Mercosur entre 1999 y 2002 según el Banco Mundial, y los gobiernos ni los frenaron ni repusieron los empleos.
Aquello de que el capital no tiene patria, no es juego; ni siquiera se deja seducir por paisajes tan encantadores y gente tan distinguida como los que pueblan la nación uruguaya.
Pero esa es la realidad hoy, aunque nos disguste. La gente cree que serán una fuente de trabajo, no una fuente de destrucción de todo, incluso del trabajo. La gente piensa que las plantas contaminantes contribuirán al 'desarrollo industrial' del país, y también creen que no es tan verdad que contaminen, y que si lo hicieran, el gobierno de Tabaré sabrá que hacer para regular y controlar. La gente confía en el gobierno. Y aunque el gobierno no confía en la gente, monta su estafa sobre esta confianza.

Hay algo más grave y delicado. Sectores del gobierno utilizan esta conciencia media actual, para azuzar las peores expresiones de nacionalismo reaccionario, es decir: aquel que intenta enfrentar a pueblos hermanados por su historia anticolonial, su naturaleza compartida y sobre todo: por ser ambos víctimas del mismo opresor.
Ya se escuchan en medio políticos y periodísticos de Buenos Aires, voces que advierten del riesgo de choque bélico 'como ocurrió entre Ecuador y Perú' en 1994. Ya se sabe que en Uruguay, algunos llevan la campaña del gobierno hasta el límite de su imaginación: 'si cruzan el puente los vamos a cagar a palos'.
Lo que no esperaban, ni Tabaré, ni Kirchner, ni las empresas contaminantes, es que un pequeño pueblo sobre un pequeño puente en el sur del mundo, pudieran generar tamaño lío internacional. Eso es Gualeguaychú.
Menos sospecharon, que lo hicieran con una democracia de masas ejemplar, al estilo de las mejores prácticas aparecidas en años recientes en Bolivia, Venezuela y Ecuador, o en la Buenos Aires de las asambleas barriales.
Un lío que hizo brotar todas las porquerías del capitalismo en su fase actual: destrucción del ambiente natural y de la naturaleza humana misma, saqueo de recursos, súper explotación de trabajadores, concentración de riqueza, postración de la soberanía nacional y vulnerabilidad de los nuevos regímenes de la izquierda descremada.
Esta nueva/vieja izquierda tranquiliza su alma con algunas veredas, claro, siempre que los fondos vengan del Banco Interamericano de Desarrollo, de alguna ONG platuda, y si no, directamente de las tropas yanquis. ¿O no es eso lo que está ocurriendo en Barahona (Santo Domingo), ocurre en Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y también en la Paraguay de Duarte Frutos?