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Este lunes, 27 de febrero, una delegación no gubernamental presentó ante el Comité Internacional contra el Racismo de las Naciones Unidas (CERD) un informe shadow (informe sombra) sobre la existencia de discriminación en El Salvador contra poblaciones indígenas y migrantes nicaragüenses por parte del Estado salvadoreño. Un informe shadow es un contrainforme al reporte oficial que cada Estado firmante de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial debe presentar ante el CERD cada dos o cuatro anos. El Salvador no había presentado un informe desde 1995, hace 10 años.
En su reporte, el gobierno salvadoreño afirma que en El Salvador la población indígena se encuentra dispersa entre la totalidad de la sociedad salvadoreña y que por ello no existe racismo en el país, así como tampoco es necesaria una legislación especial para proteger los derechos de los indígenas. También la delegación oficial salvadoreña afirmó ante el CERD que no piensan ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque eso violentaría el derecho a la igualdad contemplado en la Constitución de la República de El Salvador.
La delegación no gubernamental estuvo integrada por Gustavo Pineda (asesor legal de comunidades indígenas en El Salvador); Flor Maria Mendoza (migrante nicaragüense en El Salvador en los últimos 10 años); y Celia Medrano, encargada de la oficina de derechos humanos del Programa Centroamérica de la Federación Luterana Mundial.
Han afirmado también que el reconocimiento moral y económico para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de hechos perpetrados contra poblaciones indígenas, como el genocidio en las poblaciones de Izalco de 1932 y la masacre de Las Hojas en 1982, es imposible puesto que está vigente una ley de amnistía general que impide la investigación y resarcimiento en estas situaciones.
Tales afirmaciones provocaron serios señalamientos por parte de los diferentes miembros del CERD, quienes le han recordado al gobierno de El Salvador que diferentes estudios revelan la existencia de al menos un 12 por ciento de la población salvadoreña es indígena, algo que la delegación gubernamental no pudo negar frente al Comité.
Para la delegación no gubernamental que presentó el informe shadow es importante que El Salvador ratifique el Convenio 169 de la OIT; que reconozca la existencia y derechos específicos de los pueblos indígenas legislando especialmente para ello e impulsando políticas estatales concretas; que reconozca que El Salvador es país receptor de población migrante (en especial hondureña y nicaragüense) y aplique medidas especificas para la garantía de esta población en particular situación de vulnerabilidad.     

Fuente: lafogata.org