Latinoamérica

Pamela Damia

Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay, dijo que desea aniquilar a un partido de izquierda y a las organizaciones campesinas con el pretexto de buscar a los responsables del asesinato de un suboficial de policía, sospechoso de trabajar para narcotraficantes
Un comunicado que circuló por internet el 10 de febrero, desde Villa Elisa, Paraguay, realizado por familiares de los dirigentes del Partido Patria Libre (PPL), al que Duarte Frutos considera un grupo criminal vinculado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) más que un partido político (aunque actualmente no actúen en este plano), hizo ruido una vez más en la relación que mantiene el gobierno con la problemática de los campesinos.
Lo cierto es que las denuncias se extendieron y, al día siguiente la Plenaria Popular Permanente, un espacio que nuclea a la mayoría de las organizaciones campesinas del país guaraní, también se hizo presente en el diario nacional Última Hora para condenar las amenazas a lo que para ellos significa la lucha por la tierra.
Un punto clave en esta problemática son las declaraciones que el presidente de Paraguay efectuó a los medios locales en contra del Partido Patria Libre (PPL), algo que los analistas y las organizaciones campesinas entendieron como un mensaje de "criminalización" a todo el espectro del movimiento popular paraguayo.
Con el pretexto de buscar a los responsables del asesinato del suboficial Oscar Antonio Noceda, sucedido el 7 de febrero, en el asentamiento `Yvy Marane’y` de la colonia Sargento José Félix López, en el departamento de Concepción, que, se sospecha, según los comunicados antes mencionados, trabajaba con narcotraficantes, el Presidente dijo que no pararía hasta aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre en Paraguay.
El policía Noceda venía trabajando en los últimos meses en una investigación para detener a los supuestos extremistas de izquierda que estarían operando en la zona. Luego de su asesinato, en un operativo efectuado por fuerzas militares y policiales, detuvieron a dirigentes campesinos de la Organización Campesina del Norte (OCN) y, según ellos, realizaron todo tipo de procedimientos ilegales: detención y allanamientos sin orden judicial, interrogatorios sin presencia de autoridades, maltrato y torturas físicas y psicológicas, sembrando la paranoia en la población civil. Los miembros y dirigentes de la OCN, de funcionamiento legal y de larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pequeños productores campesinos y los Sin Tierra, fueron objeto de todo tipo de violación a sus garantías constitucionales.
El procedimiento final fue la detención de seis activistas en Puentesiño, acusados de transgredir la Ley 1.910, por transportar municiones, pólvoras y sustancias tóxicas sin la licencia correspondiente: Alejandro Ramos Morel, Celzo Sebastián Zárate Cardozo y Pablo Román Cristaldo Mieres (quien es hermano del prófugo Cristaldo Mieres acusado del asesinato de la hija del ex Vicepresidente Raúl Cubas).
Además, fueron detenidas Viviana Elizabet y María Rosa Villalba Ayala, ambas hermanas de Carmen Villalba quien está condenada por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y del prófugo Osvaldo Villalba.
"Creemos que los asesinos son elementos residuales de Patria Libre, un grupo que ha hecho una opción por el crimen [...] Porque las personas que fueron detenidas con proyectiles y explosivos pertenecen evidentemente a este sector. Son familiares de los que encabezaron el crimen, el secuestro, en nuestro país", declaró Duarte Frutos".
En éste marco, el periodista Guido Rodríguez Alcalá realizó en Última Hora una columna publicada el 10 de éste mes, donde comentó que la actitud del gobierno con respecto a un grupo supuestamente guerrillero y vinculado a Patria Libre le parecía poco seria y que, a todas luces, era parte de la estrategia electoral para su campaña por la presidencia de la ANR (Asamblea Nacional Republicana o Partido Colorado) la que, por otro lado, consiguió el último domingo.
Para ver que Duarte Frutos no da puntada sin hilo, cabe aclarar que el presidente paraguayo podría intentar la reelección de su cargo para el 2008. El diario nacional ABC publicó hoy mismo la noticia de que Frutos propuso a otros dirigentes de su partido una consulta popular o referéndum a realizarse en forma conjunta con las elecciones municipales de noviembre próximo para saber si la ciudadanía esta a favor o en contra de la reforma de la Constitución Nacional.
Pero continuemos con Alcalá: "La pertenencia a un partido no es evidencia de criminalidad. Patria Libre es un partido legalmente reconocido y ha participado en elecciones, lo cual desmiente su "opción por el crimen" (…) el parentesco no es evidencia de afiliación, no es evidente que los parientes de Carmen Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, por ser parientes, sean también afiliados de Patria Libre" argumentó Alcalá. Y continuó: "Pero, ¿por qué los llevaron presos? ¿Fue por el parentesco o por llevar explosivos y proyectiles?".
A su vez, el 14 de febrero, la dirección política del Partido Patria Libre, Juan Francisco Arrom (Secretario General y actualmente refugiado político en Brasil) y José Rodríguez (Secretario General Adjunto) le dieron su respuesta, en una carta, al presidente aduciéndole que deberá demostrar sus expresiones con pruebas fehacientes o de lo contrario presente renuncia a su cargo y asuma las responsabilidades penales por sus graves expresiones que hieren los principios constitucionales de la libertad política e ideológica del país.
Por otro lado, aclararon que el PPL no promueve actividades delictivas ni guerrilleros. "Consideramos esos hechos desacertados a la coyuntura histórica que vive el país el hecho de formar grupos aislados para encarar una lucha de carácter guerrillera", rezaba la carta dirigida al presidente.
Existen muchos puntos oscuros en este entramado, pero más allá de lo que hace o deja de hacer el PPL, es harto conocido que existen incontables antecedentes por parte de muchos de los gobiernos liberales (actuales o no) de toda América Latina, que ante un hecho delictivo buscan culpar y vincular a las organizaciones populares con grupos "terroristas" para usar un término de moda. Y Paraguay no es la excepción de éste estigma, dada su gran experiencia de movimientos sociales organizados, donde los campesinos, que representan el 50 por ciento de la población del país, son la vanguardia de los sectores más empobrecidos y quienes no encuentran en el estado la solución para vivir dignamente. Esto se traduce a que no poseen su razón de existir: la tierra.
Por ello, el periodista de Última Hora, se preguntó: "habiendo tantos delincuentes comunes en el país, ¿por qué culpar a la FARC?. Buscar guerrilleros puede ser práctico durante la interna partidaria, pero no resuelve el problema".
Entonces, los dirigentes del PPL convocaron a todo el movimiento social del país a rechazar en forma categórica "a toda acción fascista y reaccionaria vinculada a los poderes que intenten provocar seudos levantamientos guerrilleros aislados para justificar una masiva represión estatal contra las fuerzas populares, con el único objetivo de abortar el surgimiento de nuevas alternativas políticas contrarias a los intereses de los grupos corruptos que detentan su poderío económico".
Además, condenaron la acción de la policía para con la ONC: "Un hecho delictivo criminal no puede ser utilizado por el Gobierno para descargar, una vez más, la furia del aparato represivo del Estado sobre un gremio campesino como la Organización Campesina del Norte, constituida legalmente y de larga y reconocida trayectoria en la defensa de las reivindicaciones del sector agrario".
En éste sentido, Cristina y Marina Arrom, familiares de Juan Arrom, quien fuera torturado y desaparecido junto con otro dirigente del PPL, Anuncio Martí, en 2002, supuestamente por fuerzas paramilitares de Paraguay, pidieron a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, su intermediación en los casos de aquellas personas más desprotegidas, que no tienen acceso a un debido proceso y una defensa digna. Además pidieron que visiten el país para corroborar las denuncias de las organizaciones campesinas y populares, conversar con todas las personas que han sido y continúan siendo torturadas en el país y sometidas a procesos al margen de la Ley y el Estado de Derecho. Para que no haya más impunidad.
pdamia@perio.unlp.edu.ar
Agencia Periodística del Mercosur       

Fuente: lafogata.org