Latinoamérica

La disputa entre Argentina y Uruguay continúa sin destrabarse. En el ambiente de "unión nacional" que aquí reina, los opositores a la construcción de las plantas de celulosa encuentran cada vez menos espacio.
Para peor, el gobierno prepara un ajuste a la ley de indeseables de 1936 que se podría haber aplicado a los activistas de Greenpeace.
Todo indica que Argentina y Uruguay deberán encontrar una fórmula más o menos digna que les permita salir de la espiral de enfrentamientos que tienen como eje la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos y como telón de fondo los trancazos que padece la integración regional. Pero que sean los jueces del Tribunal Internacional de La Haya, los obispos del Vaticano o incluso la Academia de Ciencias de Venecia, como propuso en su momento el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, los que decidan el conflicto, estaría demostrando, entre otras cosas, que la integración regional está casi en coma.
Quienes consideran que la extrema tensión debería descomprimirse en algún momento con un acuerdo entre ambos mandatarios (que deberían verse en Santiago de Chile el 11 de marzo) apuestan a que, de este lado del río, operadores como el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, o la senadora socialista Mónica Xavier puedan ir preparando el terreno para que la eventual cumbre tenga éxito.
Pero por el momento cada uno se mantiene en sus trece. Uruguay no parece dispuesto a suspender ni siquiera por un día la marcha de las obras de Botnia en Fray Bentos, mientras en Argentina el gobierno nada hará para impedir que los manifestantes de la provincia de Entre Ríos levanten el bloqueo de los puentes entre ambos países (ahora no sólo está cortado el que une a Fray Bentos con Gualeguaychú sino el de Paysandú-Colón).
El discurso que pronunció esta semana ante el Congreso de su país el canciller argentino Jorge Taiana (véase nota adjunta de Fabián Kovacic) aclaró por completo, por si aún había dudas, que la interpretación que hace Buenos Aires de las negociaciones desarrolladas en los dos últimos años para la instalación de las plantas es muy diferente a la uruguaya. El lunes 13 el presidente Tabaré Vázquez envió una carta a su par Néstor Kirchner solicitando el levantamiento de los piquetes que afectan seriamente a la economía uruguaya, aunque al cierre de esta edición no se conocía respuesta alguna y en el gobierno tampoco la esperaban.
En este contexto, trascendió ayer jueves que el gobierno uruguayo enviará al Parlamento un proyecto de ley de ajuste de la vieja ley de indeseables (esa que fuera aplicada por ejemplo contra activistas obreros europeos en los años treinta) que permitiría expulsar a eventuales manifestantes extranjeros que llegasen al territorio nacional para, por ejemplo, "alterar el orden público" o entrometerse en los asuntos internos del país.
En declaraciones publicadas por el diario El Observador, el ministro interino del Interior, Juan Faroppa, puso como ejemplo de "nuevas causales" de "alteración del orden público" las manifestaciones contra las plantas de celulosa realizadas por activistas de Greenpeace, esos a los que el 15 de enero el presidente Tabaré Vázquez tratara de "patoteros". Según Faroppa, los detalles de la norma serán definidos por la Presidencia de la República.
DISCURSO ÚNICO En un marco en el que el sistema político aparece casi como un solo hombre detrás de Vázquez y los editoriales de la prensa conservadora lo apoyan como nunca, a los ambientalistas y otros opositores a las papeleras y al "modelo forestal" les cuesta cada vez más hacerse oír. Grupos como Guayubira o el Movides de Fray Bentos se quejan de que ocupan cada vez menos tiempo de antena o espacio en la prensa y sostienen que han comenzado a padecer las presiones ejercidas desde el poder.
El jueves 2 el maestro Gonzalo Abella, que rechaza la construcción de las plantas de celulosa, fue invitado a hablar por segunda vez en radio Imparcial sobre temas ambientales. En una de las tandas, la periodista Lilián Gallup volvió con la cara desencajada y le dijo que la directora de la emisora le había reprochado haber llevado a "ese hombre que habla contra las plantas de celulosa cuando el gobierno había pedido expresamente colaboración en las radios en una cruzada nacional". Luego fue muy difícil hablar del tema, y cuando entraron llamadas del público la periodista hacía largas introducciones tomando distancia.
Otro episodio: la "proscripción" de que fue objeto el ingeniero, productor rural y periodista César Vega, animador del programa Del agro en 1410 am Libre. Vega, conocido opositor a las plantas de celulosa y al "modelo forestal", había sido invitado a participar de una charla sobre el tema que se desarrollaría el miércoles 14 en la Coordinadora B del Frente Amplio (Juan Paullier y Maldonado). La charla tuvo lugar, pero a Vega se lo "desinvitó" y no hubo debate ni preguntas en voz alta.
El Partido Socialista tiene previsto para este fin de semana un encuentro regional titulado "Cumpliendo con el país productivo". Uno de los temas centrales será el de las plantas de celulosa, pero sólo fueron invitadas autoridades de gobierno nacionales o locales. Cuando BRECHA le preguntó al secretario general del ps, Eduardo Fernández, si se escucharían opiniones críticas, éste contestó extrañado: "¿Acaso debemos invitar al enemigo a nuestra casa?".
De este marco chovinista no pudo escapar siquiera el pronosticador del tiempo de Canal 10 quien, en una de sus bromas habituales, dijo esta semana que en el río Uruguay apareció una especie nueva, el "ambientalitus rompecocus". En el oficialismo algunas voces -tibiamente- críticas intentan hacerse paso. Esta semana se conoció un informe del Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculado al mpp, que estaba sepultado debajo de otros papeles, en el cual se formulan moderadas observaciones al "modelo forestal" definido años atrás y no cuestionado por el actual gobierno.
LA CLASE OBRERA ENTRE EL AMBIENTE Y EL LABURO Los sindicalistas de la construcción y de la metalurgia no la tienen fácil.
En dos industrias fuertemente golpeadas por el desempleo y la crisis, el anuncio de la llegada de empresas de producción de celulosa que en los momentos pico de labor podrían emplear hasta a 6 mil personas, y durante 30 meses, fue recibido con alborozo. ¿Cómo abordar, en ese contexto, el tema de las consecuencias ambientales de estos emprendimientos, un tema en el que otros sindicatos ponían énfasis? Antes de adoptar una posición al respecto, en 2003, los dirigentes de ambos gremios discutieron el asunto. Según explicó a BRECHA Carlos Rossi, del sunca, se estudió la seriedad, el grado de compromiso, la tecnología disponible y las posibilidades de control social que presentaban ambos proyectos, el de Botnia y el de ence. En diciembre de 2005 recibieron la visita de representantes de los sindicatos finlandeses. Luego, por amplia mayoría, el Consejo Directivo Nacional del sunca resolvió respaldar los proyectos que tendrían lugar en Fray Bentos.
El representante del sindicato en el plenario departamental de Río Negro del pit-cnt, Carlos Maneyro, que a su vez lo presidía, no estuvo de acuerdo. El dirigente local interpretó que había que aplicar la resolución del VIII Congreso de la central, que se había pronunciado, en uno de sus documentos, en contra de la instalación de las plantas. A diferencia de la mayoría de los fraybentinos, Maneyro adoptó un punto de vista contrario a la instalación de las fábricas de celulosa.
La dirección del sunca le envió una carta anunciándole que no lo consideraba más su representante. Los directivos del gremio dicen que tienen una buena relación con Botnia. El 80 por ciento de los 1.200 trabajadores que laboran en la construcción de la obra son afiliados al sindicato, explicó Rossi. Una posición similar a la del sindicato de la construcción fue tomada el año pasado por los metalúrgicos del UNTMRA.        
 
  Fuente: lafogata.org