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Primera Voz de 1410 AM

''La destrucción de los documentos a que hace referencia'' el comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández, ''se adecua a la figura prevista en el artículo 244 del Código Penal'', siendo un ''delito de naturaleza grave, con una pena importante de acuerdo'' a lo ''que efectivamente se haya destruido'', explicó el abogado encargado de llevar el caso a la Justicia, Gustavo Salles en el programa Mundo Cañón de 1410 AM Libre.
El 1º de marzo asumió como principal de la Armada Juan Fernández y realizó unas declaraciones que ni él mismo se imaginó las consecuencias que tendrían. Las mismas lo van a llevar ante los magistrados, porque les va a tener que explicar qué archivos de la dictadura se destruyeron, cómo fue el procedimiento y qué autoridad gubernamental impartió las órdenes. Él sólo se metió en esa historia sin imaginar que a un abogado se le podría ocurrir tomar sus palabras y hacer una denuncia para que explique qué sabe y que amplíe qué fue lo que sucedió, más allá de que el comandante en jefe de la Armada tenga o no responsabilidad en la destrucción de esos archivos. El abogado que decidió llevar esto a la Justicia es Gustavo Salles.
Mundo Cañón- ¿Dónde se encontró con esa información, lo vio por televisión, lo leyó en la prensa? Gustavo Salles- No, yo estaba mirando el informativo. En el propio noticiamiento que le doy a los dichos del comandante en jefe digo que fue en vivo, en vivo naturalmente por los medios televisivos.
MC- ¿La acción que presentó ante la Justicia la pensó en ese momento o dijo la Justicia tendría que tomar cartas en el asunto? GS- La exclamación fue esa, pa' mirá la Justicia debe actuar en ese sentido.
No sólo la Justicia, esto fue dicho en presencia del señor presidente de la República, el señor vicepresidente de la República, la señora ministra de Defensa, el señor ministro del Interior. Había autoridades nacionales con el deber jurídico de actuar de inmediato. Lo que se estaba poniendo de manifiesto por parte del comandante en jefe de la Armada era naturalmente un hecho con apariencia antijurídica.
MC- ¿Penalmente puede configurar algún delito específico? GS- ¿Respecto a quién? MC- A los dichos de Fernández. No los dichos, sino los hechos que relata.
GS- Naturalmente el noticiamiento nuestro a la Justicia penal es en función de entender que de haberse verificado en la práctica la destrucción de los documentos que hace referencia el señor comandante se adecua a la figura prevista en el artículo 244 del código penal, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos. Es un delito de naturaleza grave, con una pena importante de acuerdo al tipo de documento que efectivamente se haya destruido.
MC- ¿En este noticiamiento agregó cintas de audio, video o eso corresponde al juez corroborarlo? GS- No, no agregué material porque jurídicamente estos hechos encuadran dentro de lo que se conoce como hechos de notoriedad pública, en la medida que fueron difundidos por todos los medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos, está por demás evidenciada la realidad, la verificación empírica de los dichos del señor comandante en jefe.
MC- Le hago esa pregunta porque hay una frase que no pudimos comprobar basándonos en las grabaciones del propio departamento informativo de la radio y en las declaraciones transcriptas en la página de Presidencia, en donde se encuentra el discurso de Fernández y también la conferencia de prensa. Cuando dice ''fueron sucesivas autoridades y directivas del Poder Ejecutivo'' nosotros no las pudimos encontrar por ningún lado. Eso no está transcripto en Presidencia y no tenemos audio que lo corrobore, sí vi recortes de prensa que hacen referencia a la frase. (*) GS- Naturalmente el material que manejo es el de la prensa, tanto oral, escrita como televisiva, por lo tanto, en las transcripciones que yo realizo en el noticiamiento no hago referencia a esa frase por no haberla encontrado transcripta, pero todo ese tema debe ser debidamente investigado por la Justicia. Hay una cosa importante, la actuación nuestra que es sencillamente darle noticia a la Justicia constituye una suerte de subrogación a la inoperancia, a la desidia que mostraron las autoridades competentes frente a los graves dichos del señor comandante en jefe. Lo que hubiese correspondido conforme a derecho es que el presidente de la República, que escuchó el discurso, o si no escuchó esa parte después tomó contacto a través de la prensa, hubiera empezado una investigación en el plano administrativo, de ha ber efectuado la denuncia pertinente a través de los órganos correspondientes de la fiscalía. Nada de eso aconteció.
MC- ¿Qué lo obliga a hacer eso? GS- Lo obliga los deberes como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de las tres fuerzas, su condición de presidente de la República, lo obliga su condición de primer presidente de una fuerza progresista que llega al gobierno en función de la muerte, tortura, desaparición de los militantes históricos de esa fuerza. Lo que quiere decir que no tiene sólo una obligación jurídica sino ética y moral. Lo obliga la necesidad de mandar un mensaje a las Fuerzas Armadas, después de los delitos abominables que cometió durante la época de la represión y nunca pasó por la Justicia. Es necesario que sepa que no es una fuerza impune. Lo obliga las palabras que él y sus discursos ha pronunciado, diciendo que no se deja patotear, pero refiriéndose a los luchadores sociales y medio ambientales y sin embargo sí se deja patotear por las declaraciones de los militares.
  A todo esto yo quiero contextualizar las declaraciones del señor comandante en jefe de la Armada, con las declaraciones del señor comandante en jefe del Ejército. Le voy a recordar que el comandante en jefe del Ejército dijo que no correspondía, más o menos en estos términos, pedir perdón porque entendía que los delitos que se le endilgaban a las Fuerzas Armadas no estaban probados. Esto constituyó una verdadera provocación y un insulto al intelecto y al raciocinio de los uruguayos, que estamos viendo por la televisión como aparecen los esqueletos, en este caso el del luchador social marxista señor Ubagesner Chaves. Que el señor comandante en jefe frente a la plena prueba de los homicidios abominables que cometió la dictadura diga frente a los uruguayos que no está plenamente probado es una provocación, que entiendo que entra dentro del calificativo de patotear que utilizó el señor presidente de la República.
MC- ¿También llevaría al comandante en jefe del Ejército ante la Justicia por esos dichos? GS- No, porque entiendo que la censura para con las declaraciones del señor comandante en jefe del Ejército son de naturaleza ética y moral. Estando el señor presidente en conocimiento de esas declaraciones tiene la responsabilidad política y jurídica de ser él el que encauce los dichos de sus subalternos, por algo tiene o tenía, no sé a esta altura del partido, un 54% de la población que le da su apoyo. Yo, Gustavo Salles no soy nadie, no existo, soy un mero ciudadano de a pie. Aquel que tiene la responsabilidad política aquel que conquistó la expectativa de toda una masa de gente excluida que está esperando un cambio en el país fue el doctor Tabaré Vázquez, no fue el doctor Gustavo Salles, por lo tanto la responsabilidad la tiene el doctor Tabaré Vázquez.
MC- Le quiero agregar algún elemento a las palabras de Fernández que hablan del Poder Ejecutivo. Si uno lee textualmente esa frase, ''hace ya más de diez años'', por ende deja afuera a la segunda presidencia de Sanguinetti y la de Lacalle si uno se atuviera a eso. Nosotros hablamos con Lacalle que nos contaba que tuvo una conversación con Fernández de quien dice ser su amigo y tener un gran conocimiento de la persona. Nos decía que nunca había dicho esas palabras.
GS- ¿Cuál? MC- Las que directivas del Poder Ejecutivo ya hace más de diez años le ordenaron que saque y se eliminen archivos.
GS- Eso puede ser probable, pero quiero decir algo. Primero, con respecto a los parámetros cronológicos que manejó el señor comandante en jefe de la Armada nacional no vinculan para nada, ni obligan para nada la investigación judicial. La investigación judicial se realizará de aquí en más en función de los distintos testimonios que se brinden en el expediente presumarial.
Que el señor comandante en jefe haya dicho, quince, veinte o cuarenta años no interesa. Será el juez que profundizando la investigación y de conformidad con los testimonios que se vayan incluyendo en el expediente podrá ir conjeturando una situación del panorama cronológico temporal en el que debe insertar los pretendidos que se necesitan.
MC- Las palabras que dijo Fernández: ''órdenes del Ejecutivo de destruir cosas''. ¿Le merece una condena? GS- En absoluto, que quede muy claro. No estoy denunciando al comandante en jefe de la Armada Nacional, lo que estoy haciendo es dando noticiamiento de las palabras del señor comandante que hacen referencia a la pretendida consumación de un delito en el seno de su fuerza. Al contrario, bienvenidas sean las declaraciones del señor comandante, que permiten que la Justicia ingrese al seno de las Fuerzas Armadas de nuestro país a investigar delitos.
Todo lo contrario, no las censuro, ojalá todos los comandantes en jefe de las distintas fuerzas sean tan diáfanos y espontáneos como lo ha sido el comandante en jefe de la Armada. Les puedo garantizar que muchos otros elementos de juicio tendría la población para evaluar y enjuiciar moral y éticamente lo que fue el proceder de las Fuerzas Armadas institucionalmente a lo largo de la historia del Uruguay.
MC- ¿Tiene plazo la Justicia para actuar sobre este tema? GS- No, las investigaciones presumariales no tienen un plazo establecido.
Funcionarán de conformidad con los elementos de prueba que se vayan sustanciando y diligenciando, con el grado de espíritu de colaboración y esclarecimiento que muestre cada uno de los operadores que sean llamados a declarar.
(*) Al final del reportaje, la producción del programa Primera Voz de 1410 AM Libre aportó la grabación de marras (nota de Comcosur)                    

Fuente: lafogata.org